Conferencias Discursos Folletos Historia Libros Periodismo Política Prólogos Tauromaquia
Fundación Casa Mocotíes

 

Política

 

 


CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA


Se trata del más novedoso instrumento de política internacional, con vigencia a lo interior de las naciones latinoamericanas, destinado a fortalecer la institucionalidad democrática, a evitar las alternaciones del hilo constitucional y a promover la justicia social dentro de los estados contratantes.


La Carta Democrática Interamericana fue aprobada por aclamación de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Lima, el once de septiembre de 2001.


Los antecedentes de este documento los encontramos en la propia carta fundacional de la OEA, en la que se proclama que la democracia representativa es el elemento indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo en América, en lo cual está comprometido el interés del organismo continental.


Esto quiere decir que para ser miembro del organismo se debe tener a lo interior de cada nación un sistema de libertades ciudadanas, un régimen de partidos políticos, un estado de derecho y de justicia, y mecanismos de protección de los derechos humanos.


Por tal razón, la carta de la OEA es determinante es que se busca una igualación social en democracia, con lo cual se dejan abiertas las puertas para una convivencia ordenada y civilizada entre todas las naciones americanas.


En la búsqueda de esa estabilidad político –institucional, la OEA ha celebrado numerosas reuniones, de variado tipo, desde las reglamentarias hasta eventos de estudio y discusión, en las que se ha buscado uniformar criterios y dar lecciones en procura de consolidar el régimen democrático.


Durante la Tercera Reunión Cumbre de Presidentes, Mandatarios y Jefes de Estado de América, celebrada en Québec durante los días 20 al 22 de abril de 2001, los líderes nacionales asistentes estuvieron de acuerdo en aprobar una “cláusula democrática” dentro del documento final, en la cual se establece que cualquier país que involucione democráticamente, es decir que rompa el velo constitucional, queda marginado de estas reuniones.


Como se trata de una reunión de consulta y acuerdos, y la Cumbre no es una instancia jurídica internacional, los mandatarios también acordaron continuar las conversaciones a objeto de darle mas sustento a la cláusula.


Por eso se promovió con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que si es un mecanismo reconocido internacionalmente y con vigencia institucional sustentada por las leyes internas de treinta y cuatro países, una vía para hacer que la disposición de defensa de la democracia tenga un mejor soporte.


En Québec los Jefes de Estado dejaron un documento de base que luego fue reformado por el Consejo Permanente de la OEA y que, finalmente, reunió el consenso en Lima, sin ninguna disensión.


Para los Cancilleres del sistema hemisférico no se trataba de una materia difícil o desconocida, puesto que es un documento que precisa disposiciones contenidas en la Carta de la OEA y que simplemente crea un instrumento básico que concuerda con los postulados asumidos dentro de la legislación nacional por treinta y cuatro naciones americanas.


Con anterioridad, dentro de los mecanismos regionales y subregionales de integración se había acordado crear cláusulas idénticas, pero igualmente con el defecto de quedar atrapadas dentro de las acciones protocolares y en entidades carentes de la fuerza y vigencia institucional como la ONU y la OEA.


La Carta Democrática Interamericana tiene la virtud de reafirmar la convicción continental de que la democracia participativa conduce a la consolidación de la libertad y a la solidaridad entre los pueblos, pero muestra la robustez de un avance teórico al propugnar que el crecimiento económico y el desarrollo social, basados en la justicia y la equidad, y la democracia son interdependientes.


Es decir que no deja el concepto en el mero ejercicio de las prácticas cívicas de la democracia, sino que afirma, sin temor, que todo el entramado democrático no tiene otra finalidad que facilitar el desarrollo y la justicia social, al mismo tiempo que desarrollo y justicia nutre a la democracia, en un nuevo concepto científico – político de la interdependencia.


En ese mismo sentido queda claro que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para consolidar la democracia, cuestión que es una responsabilidad común y compartida de los estados americanos.


De esta manera se refuerza la solidaridad de las naciones en la lucha contra la pobreza, que no es otra cosa que una solidaridad que terminará por afirmar y consolidar el sistema democrático de gobierno, siempre en consonancia y adecuación a los principios de la Declaración Americana de los Derechos Humanos.


En este sentido y como condición necesaria para alcanzar un estado de conciencia sobre la solidaridad y el compromiso democrático, la motivación de la Carta, o lo que sería en una ley nacional la exposición de motivos, plantea la conveniencia de que se utilice la educación como el medio eficaz para que los ciudadanos asuman sus responsabilidades en el proceso de la toma de decisiones en cada uno de los países.


Precisamente, uno de los anexos de la Carta de la OEA, el Protocolo de San Salvador, dejó en manos de los estados el compromiso de respetar los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos de cada país, todos perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático.


Otras reuniones anteriores celebradas en Santiago, Nassau y Managua (1991, 1992 y 1993) señalaron la obligación de los estados de promover acciones nacionales para fortalecer el sistema de gobierno al mismo tiempo que trató sobre la acción colectiva en caso de interrupción del proceso democrático, sostuvieron la conveniencia de brindar asistencia a los estados que demanden ayuda para fortalecer sus sistemas y proclamaron que la democracia, la paz y el desarrollo constituyen partes inseparables dentro de la solidaridad americana.


Esas citas de cancilleres mostraron el criterio unánime de que el trabajo de la OEA no constituye una acción exclusiva en casos de interrupciones democráticas, sino que se trata de un desempeño novedoso y creativo dirigido a prevenir las causas de los problemas que afectan el sistema democrático.


Queda bien sustentado el compromiso de la OEA de ejercer acciones de carácter permanente en todos los países para profundizar los conceptos democráticos, para crear nuevos niveles de percepción de la vida política y para incentivar estudios e investigaciones en materia de ciencia política con aplicación nacional.

La democracia y el sistema interamericano
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, es el texto del primer artículo de la Carta Democrática Interamericana.
Cada gobierno no solo tiene la necesidad de ser fruto de un proceso electoral democrático, sino que adicionalmente debe promover la democracia y defenderla, cuestiones que, como veremos luego no se trata de simples enunciados porque la democracia resulta esencial para el desarrollo social, político y económico.


Propugna la carta que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y de los regímenes constitucionales, pero advierte que el sistema se refuerza y fortalece gracias a la participación de los ciudadanos, en un marco de legalidad.


Los elementos fundamentales de esa democracia representativa son:
 

o Respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.


o Acceso al poder y sujeción al Estado de Derecho.


o Celebración de elecciones periódicas libres, justas, con sufragio universal y secreto.


o Régimen plural de partidos y organizaciones políticas.


o Separación e independencia de los poderes públicos.

Corresponde a los gobiernos, como uno de los componentes del ejercicio de la democracia, la trasparencia y probidad en sus actuaciones, la responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos, el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.


Este aspecto resulta de especial importancia debido a que se creyó, durante años, que la democracia era inherente a los partidos, al régimen plural de vida política, con descuido de la función gubernamental como eje de la satisfacción ciudadana.


En América se entendía que el ejercicio de la tarea opositora por parte de los partidos era el único castigo, con sus críticas y cuestionamientos, al gobierno de turno, cuando éste no actuaba apegado a la trasparencia y probidad, cuestión que terminó por constituir un atentado contra la salud democrática y logró ahuyentar las masas electorales.


La insatisfacción del electorado no demoró en constituir un conglomerado mayoritario que se alejó de las prácticas electorales y dejó con su ausencia la expresión del mayor desencanto político, jamás visto en América.


Uno de los aspectos relevantes de la carta lo constituye su pronunciamiento sobre la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado (especialmente de los cuerpos militares) a la autoridad civil legítimamente escogida por el pueblo soberano, en medio de un estado de derecho respetado por todas las instancias de cada país.


A los partidos políticos y a “otras organizaciones políticas” se les reafirma su rango legal y se ubica su fortalecimiento como prioritario para la democracia, en una clara alusión a la crisis generalizada que se vive en América y que demanda soluciones específicas en cada conglomerado nacional.


“Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y trasparente de financiación de sus actividades”, dice el Artículo 5.


Las campañas electorales han llegado a constituir en muchos países uno de los eventos de mayor dispendio de recursos, sin que se pueda comprobar su eficacia en el arrastre de masas y de convocatoria a las urnas electorales de las mayorías.


Si en todos los países hoy contamos con las mayores cifras de abstención, es bien razonado que le carta llame la atención sobre esos elevados costos, puesto que no se corresponden con los reducidos ingresos de la militancia partidista y los partidos no disponen de empresas propias que les generen dinero en buenas cantidades.


América mantiene un historial de campañas dispendiosas que en varios países han sido financiadas por la presencia de los poderes irregulares: narcotráfico, guerrilla, paramilitares, contrabando, tráfico de armas y corrupción administrativa.


La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo se considera un derecho y una responsabilidad, con lo cual se busca disminuir el peso del “estado paternalista” que todo lo da y se afirma la responsabilidad global del pueblo soberano de coadyuvar a la solución de los problemas.


Tratándose de una condición para el pleno ejercicio de la democracia, queda en manos de gobiernos y pueblos fomentar diversas formas de participación para fortalecer la democracia.

La democracia y los derechos humanos
El ejercicio de los derechos humanos, consagrado en todas las doctrinas jurídicas nacionales por ser objeto de tratados o convenciones de validez universal, requiere la presencia de un sistema democrático de gobierno.


Solo bajo la conducción de gobiernos democráticos los pueblos de América pueden tener garantizados esos derechos, puesto que en otros modelos de gobierno (por ejemplo donde no hay estado de derecho y seguridad jurídica) es imposible generar los mecanismos de perfeccionamiento, protección y / o denuncia.


El interés que se le da a los derechos humanos tiene su razón de ser en que estas conquistas de la sociedad civilizada son el sustento de la credibilidad de los ciudadanos en la vigencia y validez democráticas. De otra manera no tendría sentido vivir en democracia y tener detrás de sí acciones que atentan contra la vida y contra uno de los principios humanos de aceptación universal.


Dentro de los mismos derechos humanos corresponde a los estados evitar todo tipo de discriminación, trátese de tipo étnico y racial, de género, por intolerancia social, de tipo cultural, religioso o económico.


También son inherentes al sistema democrático los derechos de la clase trabajadora, en cuanto a su agremiación y mejoramiento de la calidad de vida, aspectos que son leyes nacionales en todos los países debido a la suscripción de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


Al evitar las discriminaciones, los sistemas democráticos se consolidan en su defensa de la igualdad ciudadana y crean sustento para que todos los hombres y mujeres puedan asumir con responsabilidad el papel que les corresponde en la toma de decisiones de los asuntos públicos, lo que se viene denominando como la participación.

Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
El más novedoso concepto de ciencia política es vertido en el documento al sostener que la democracia es interdependiente con el desarrollo económico y social, con lo cual se está diciendo que si no se logra la superación de los niveles de calidad de vida, si no se alcanzan estadios mas elevados en la economía y en la sociedad, en esas mismas medidas disminuirá la fuerza y el vigor de la democracia. Se trata de un aserto de mucha base de comprobación si observamos los panoramas nacionales de la democracia en América Latina.


Bien lo dice el texto:
“La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia”.


Por ello la carta demanda de los treinta y cuatro países suscribientes adoptar y ejecutar todas las medidas que sean posibles, dentro de cada contexto específico, para generar empleo productivo, reducción de la pobreza y erradicación de la pobreza extrema.


Busca la OEA que los países mantengan un equilibrio macroeconómico para fortalecer la cohesión social, es decir la armónica realización de sus fines, y la propia democracia. Esta no estará ajena a los peligros de no alcanzar los parámetros de desarrollo y calidad de vida que permitan a la ciudadanía un feliz desenlace de sus actividades.


En todo esto es fundamental considerar que la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales están directamente relacionados con el desarrollo integral, el crecimiento económico con equidad y la consolidación de la democracia.


Uno de los compromisos asumidos por los estados es el de asumir periódicamente una revisión de sus estrategias y logros, a objeto de intercambiar experiencias que lleven a la implementación de nuevos ensayos de desarrollo social, para así fortalecer la unidad continental y avanzar en los procesos de integración multinacional.


Destaca igualmente que dentro de los derechos sociales de los ciudadanos de América existe la conservación del medio ambiente, para lo cual hay numerosos tratados y convenciones vigentes, y se resalta el papel de la educación (universal, gratuita y de calidad) como elemento clave para fortalecer las instituciones democráticas.

Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática
Los gobiernos pueden solicitar al Secretario General de la OEA asistencia especializada para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática, cuando lo consideren necesario y el organismo podrá disponer de visitas para apreciar la situación y tomar las medidas convenientes. De todo ello se elevará un informe al Consejo Permanente, a los fines de tomar decisiones.


Este aspecto tiene que ver con las situaciones en que pueden verse envueltos los países ante inminentes ataques a la institucionalidad o golpes de estado, frente a lo cual denunciarán sus inquietudes y solicitarán que se tomen medidas preventivas o asistencia especializada a objeto de evitar un desenlace fatal.


Si un gobierno es depuesto, el régimen que lo sustituya no tendrá cabida dentro de los organismos continentales ni podrá asistir a los eventos y jornadas que se realicen, pudiendo disponer la OEA de otras acciones que pueden ser conminatorias, de acuerdo con la carta fundacional.


En estos casos, cualquier estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones convenientes que en primer lugar son las gestiones diplomáticas (buenos oficios). Si estas no resultaren, se convocará un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para decidir otras medidas previstas en la Carta de la OEA y en el derecho internacional.


Cuando no surtan efecto las medidas, se dispondrá de la suspensión de la membresía del Estado, aprobada por dos terceras partes de la asamblea y con vigencia inmediata de tal medida.
No queda el estado miembro suspendido ajeno a las obligaciones del derecho internacional, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Al mismo tiempo se mantendrán las gestiones para que se pueda restablecer la democracia.


De restablecerse el sistema de gobierno legítimo, cualquier estado miembro o el Secretario General podrá proponer el levantamiento de la suspensión, con lo cual el país en cuestión regresa al sistema interamericano y puede continuar dentro de todos los procesos de integración donde esté involucrado.

La democracia y las misiones de observación electoral
Una de las actividades de mayor importancia en los últimos años ha sido la de Misiones de Observación Electoral, debido a la alta capacitación de los funcionarios que contrata la Organización de Estados Americanos, dentro de América y en otros continentes.


Los estados pueden solicitar a la OEA el envío de misiones de asesoría para el fortalecimiento del sistema democrático y para el desarrollo de las instituciones, al igual que para la realización de las elecciones.


En el caso de las misiones de asesoría y observación electoral es indispensable la solicitud y luego la firma de un convenio que identifique el alcance y la cobertura de la misión, al mismo tiempo que el estado receptor se comprometa a brindar las condiciones de seguridad necesarias y los recursos para el desplazamiento de los asesores y observadores.


Estas misiones se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada. Para ello existen manuales de procedimientos y requisitos para la selección de los miembros (asesores u observadores) que se contraten.


Cuando un grupo de trabajo de asesoría u observación no encuentre las condiciones para ejercer su actividad, deberá informarlo al Secretario General y éste podrá disponer del envío de una misión específica para restablecer el ambiente indispensable para cumplir con el objetivo.

Promoción de la cultura democrática
Dentro de los órganos de apoyo de la Secretaría General de la OEA se encuentra la Unidad para la Promoción de la Democracia, cuyo objetivo fundamental es desarrollar programas y actividades destinados a promover los principios y prácticas democráticas para fortalecer la cultura democrática en los ciudadanos de las naciones del continente.


El Artículo 26 de la Carta Democrática Interamericana anuncia la prosecución de estos programas, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos.


Destaca que los estados miembros mantendrán consultas y cooperación con la OEA a objeto de intercambiar experiencias en esta materia y que se tomarán en cuenta las iniciativas de la sociedad civil.


“Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil”, dice el Artículo 27.


Allí mismo queda asentado que los programas prestarán atención especial a la niñez y juventud, en la búsqueda de una temprana concientización sobre los valores democráticos, incluyendo la libertad y la justicia social.


La Carta Democrática concluye con el compromiso de los estados de promover una igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de los respectivos países, como elemento fundamental para el ejercicio de la cultura democrática.


Este documento representa un gran reto a los partidos políticos de América Latina, y en nuestro caso de Venezuela, ya que los obliga a someter sus actuaciones no solo a las pautas constitucionales y legales sino que implica un concepto mas avanzado constituido por la obligación de atender el desarrollo económico con equidad y el combate de la pobreza (con la eliminación de la pobreza crítica) como los grandes estandartes de la democracia.


Se interpreta que la democracia con pobreza no es legítima ni viable. Por esa razón, corresponde a los partidos ( ... y otras organizaciones políticas. Ver Artículo 5) trabajar para su erradicación, lo cual no es otra cosa que enfrentar de manera plena la democracia, más allá del signo electoral que han tenido los organismos políticos en la historia reciente.


Y es que igualmente la transparencia en el ejercicio de la función pública demanda de los partidos no descuidar el frente administrativo y social, donde generalmente han estado los desaciertos que terminaron por disminuir su credibilidad y su aceptación en las comunidades de América.


Este documento se puede conceptuar como el de mayor influencia e incidencia en la vida de los partidos del continente. Dada su reciente aparición, los años venideros nos darán a conocen el grado de acierto de la institución partidista en ajustarse a estos nuevos retos y compromisos derivados de nuestra legislación interna vigente.

Subir

 


LEY DE EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

(Anteproyecto no culminado -  1993)

 

Contenido General  (Con  títulos, capítulos y secciones provisionales)

 

·          Título I.-   La institución de la Presidencia.

-    Capítulo I.- Disposiciones Generales.

·          Título II.-  De los procedimientos para asumir el Poder.

-    Capítulo I.- De la Elección Presidencial

-    Capítulo II.- Acreditación del Presidente Electo.

-    Capítulo III.-Juramentación y toma de posesión

·          Título III.-De los actos administrativos

·          Título IV.-De la Responsabilidad del Presidente

-         Capítulo I.-Dirección general de la administración pública

-         Capítulo II.-La seguridad y defensa nacionales

-         Capítulo III.-La política exterior de la República

-         Capítulo IV.-El sistema y régimen económico

-         Capítulo V.-El régimen participativo y social

-         Capítulo VI.-Unidad de la Nación

-         Capítulo VII.-Comando militar

*    Título V.-De las ausencias

-         Capítulo I.-Viajes al exterior

-         Capítulo II.-Enfermedad

-         Capítulo III.-Juicios penales y / o administrativos

-         Capítulo IV.-Otros

·          Título VI.-De la suspensión del ejercicio

-     Capítulo I.-Privilegios

-         Capítulo II.-Inmunidades

·          Título VII.-Calificación de la ausencia

-         Capítulo I.-Consulta al Tribunal Supremo de Justicia

-         Capítulo II.-Ante - juicio de existencia de méritos o razones

·        Título VIII.-Renuncia del  Presidente

·        Título IX.-Del manejo de los recursos secretos  o gastos de seguridad y defensa

·        Título X.-Mensajes  a la Asamblea  Nacional

·        Título XI-Recursos parlamentarios ante el Presidente

·        Título XII.-Recursos parlamentarios del Presidente

·        Título XIII.-Del uso de los símbolos patrios

·        Título XIV.-De la publicidad de la gestión presidencial

-         Capítulo I.-Visitas

-         Capítulo II.-Inauguración de obras y apertura de servicios

-         Capítulo III.-Reuniones y otras  actividades

·        Título XV.-Protección del Presidente al finalizar su gestión 

          / Ver Ley del 15.12.64  (GO 27.619)

·        Título XVI.- DiputaciónVitalicia.

·        Título XVII.-Residencia del Presidente

-         CapítuloI.-Inviolabilidad

-         Capítulo II.-Registro domiciliario

-         Capítulo II.-Allanamiento de  la inmunidad  y anulación de privilegios.

·        Título XVIII.-Del cambio de nacionalidad

·        Título XIX.-Del Ministerio  de la Secretaría

·        Título XX.-Casa Militar

·        Título XXI.-De la Dirección  de la Secretaría  Privada

·        Título XXII.-Sobre  el Comando General de la Fuerza Armada Nacional

·        Título XXIII.-Promulgación  de  leyes

·        Título XXIV.-Concesión de   indultos

·        Título XXV.- Cambio de penas.   Se trata de la facultad para que mujeres  condenadas            cumplan la pena en centros de beneficencia.   (Artículo 18 del Código Penal)

 

Exposición de Motivos

 

1.-       Criterios generales seguidos  para elaborar  el Proyecto de Ley

2.-       Los objetivos que se espera alcanzar

3.-       Los problemas que se pretende resolver

4.-       La explicación, alcance y contenido de las normas propuestas

5.-       La incidencia  presupuestaria

 

 

Título I

La institución de la Presidencia

Capítulo I

Disposiciones  Generales

 

Artículo 1.-      La presente ley tiene por objeto definir las funciones  y responsabilidades y normatizar el ejercicio de la función pública conocida como Presidencia de la República.

Artículo 2.-      La Presidencia de la República  es la mas alta responsabilidad que ciudadano alguno pueda asumir mediante elecciones libres, directas y  democráticas, para dirigir los supremos intereses nacionales en función de la prosperidad de todos los hombres y mujeres residentes en el territorio nacional.

Artículo 3.-      Para ser Presidente de la República  se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta  y cinco años de edad, de estado seglar, residente en el territorio nacional y elector en el último proceso celebrado ,  y no haber sido condenado mediante sentencia definitivamente firme,  por  tribunales ordinarios, a pena de presidio o prisión superior a tres años.

Artículo 4.-      El Presidente de la República es aquel ciudadano elegido por mayoría  en las elecciones nacionales convocadas al efecto, proclamado y acreditado  como tal por el Poder Electoral, juramentado por el Poder Legislativo y posesionado en la sede presidencial permanente en presencia del Poder Judicial.

Artículo  5.-     A los efectos de esta ley, también es Presidente de la República  aquel ciudadano que cubra las vacantes temporales  o definitivas del  mandatario electo, previa  elección por el Poder Legislativo.

Artículo 6.-      Todos los venezolanos deben respetar  al Presidente de la República y colaborar    para el exitoso desempeño de sus elevadas funciones.

Artículo 7.-      El Presidente de la República es el Jefe del Estado, Primer Magistrado Nacional,  responsable de la Hacienda Pública Nacional  y custodio del legado histórico del Libertador  Simón Bolívar.

 

Título II

De los procedimientos para asumir el Poder

Capítulo I

De la elección presidencial

 

Artículo 8.-      La elección presidencial es un acto público realizado de manera simultánea en toda la jurisdicción de la República, en una fecha ampliamente difundida,  mediante un solo instrumento de votación, con acceso a todos los electores hábiles y  de conformidad con las normas constitucionales y legales.

Artículo 9.-      Corresponde al Poder Electoral  la organización y desarrollo de la elección presidencial. Todas las ramas del Poder Público prestarán la  colaboración que les sea solicitada.

 

Capítulo II

Acreditación del Presidente Electo

 

Artículo 10.-    El Poder Electoral realizará un acto de proclamación de los resultados  oficiales y definitivos de la elección presidencial, y entregará al ciudadano que haya sido Electo Presidente de la República la correspondiente acreditación. Copias de esta credencial se entregarán a los representantes de los Poderes Públicos, en el mismo acto.

 

Capítulo III

Juramentación y toma de posesión del Presidente Electo

 

Artículo 11.-    El ciudadano proclamado y acreditado por el Poder Electoral como Presidente de la República Electo prestará juramento público de hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y leyes vigentes en Sesión Especial, convocada a ese solo efecto,  de la Asamblea Nacional,  dentro de los diez dias siguientes al inicio de las sesiones ordinarias  del año en que comience el período constitucional.

Artículo 12.-    En caso de no ser posible prestar el juramento ante el Poder Legislativo, se hará ante el Poder Judicial, en Sesión Plenaria del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente convocada  al efecto, dentro de los siguientes cinco dias al término del plazo previsto  en el artículo anterior.

Artículo 13.-    Cuando el Presidente Electo no se juramentare  dentro del lapso legal establecido, el  Presidente  saliente,  cuyo período ha finalizado, consignará sus poderes ante el Presidente del Poder Legislativo. A falta de éste, lo hará ante el Presidente del Poder Judicial. En cualquier  caso, se convocará sesion especial  para atender  unicamente ese efecto.

Artículo 14.-    Las formalidades  correspondientes, de orden protocolar, logístico y de seguridad, serán contempladas  en el Reglamento Interior de la Asamblea Nacional y asumidas, si se tratare del caso, por  el Poder Judicial.

Artículo 15.-    El Presidente Electo podrá designar Comisionados  Especiales a los efectos de atender las relaciones con la Asamblea Nacionalo con el Tribunal Supremo de Justicia, en relación a las formalidades de que trata el artículo precedente.   

Artículo 16.-    La Asamblea  Nacional designará una Comisión Especial de cinco miembros para participar oficialmente al Presidente Electo la fecha, hora y lugar de la juramentación.

Artículo 17.-    La recepción de la Comisión Permanente  estará a cargo, en forma  indelegada, del Presidente Electo.

Artículo 18.-    El Presidente Electo podrá solicitar, previa argumentación, que el acto en el que  prestará juramento se realice en sitio distinto a la sede principal del Poder Legislativo.

Artículo 19.-    La decisión corresponderá tomarla  al Poder Legislativo y tendrá carácter  inapelable.

Artículo 20.-    En caso de aceptarse la petición del Presidente Electo, la organización del acto y su realización estará a cargo del Poder Legislativo.

Artículo 21.-    Una vez  juramentado el Presidente, dirigirá un mensaje  al país para reafirmar los principios constitucionales de la República, la vigencia del Estado de Derecho y enunciará los aspectos principales que guiarán la acción del gobierno.

Artículo 22.-    Concluído el acto protocolar, el Presidente  de la República tomará posesión formal de su cargo en la sede presidencial en presencia del Presidente del Poder Judicial y con asistencia, como testigos, de los titulares de las otras ramas del Poder Público.

Artículo 23.-    El primer acto administrativo del Presidente de la República será la designación  y juramentación de los integrantes del equipo de ministros, con apego a la normativa vigente.

 

Título III

De los actos administrativos

 

Artículo 24.-    El Primer Mandatario Nacional emitirá  Decretos  para disponer asuntos de carácter general o específico. Estos constituyen  las decisiones  de mayor jerarquía como actos administrativos. Su vigencia será la prevista en el texto y en  su defecto  la fecha de publicación en la Gaceta Oficial.

Artículo 25.-    Cuando un Decreto haya requerido una opinión o dictamen de un despacho ministerial, o se encomiende su ejecución a un Ministerio o despacho de su adscripción, el Ministro correspondiente deberá  refrendarlo para que surta pleno efecto.

Artículo 26.-    Los Decretos  podrán ser emitidos desde el despacho presidencial o sometidos a la consideración del Consejo de Ministros.

Artículo 27.-    En los casos en que un Decreto sea aprobado en Consejo de Ministros, todos sus integrantes  deberán refrendarlo, para que surta pleno efecto, y serán solidariamente responsables.  

Artículo 28.-    Los Decretos que no involucren otros Ministerios, por no tratar materias de su competencia, deberán ser refrendados por el Ministro  de la Secretaría de la Presidencia.

Artículo 29.-    El Presidente de la República puede solicitar a cualquier Ministro que refrende un Decreto.

Artículo 30.-    Todos los Decretos  deberán ser numerados en forma correlativa, durante cada ejercicio administrativo.

Artículo 31.-    La orden de publicación  de un Decreto en la Gaceta Oficial será emitida por el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, sin demora o atraso algunos.

Artículo 32.-    En los casos en que se presenten  errores  o defectos en un Decreto, que no afecten el fondo de la materia tratada,  la modificación  o aclaratoria se hará mediante resolución del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, publicada enla Gaceta Oficial.

Artículo 33.-    La nulidad de un Decreto deberá intentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 34.-    La derogatoria de un Decreto no podrá hacerse mediante otro Decreto, sino mediante Ley aprobada por el Poder Legislativo que trate sobre la misma materia y supla suficientemente la normativa decretada.

Artículo 35.-    El recurso de nulidad podrá ejecerlo cualquier ciudadano o persona interesada en la materia que  trate el Decreto.

Artículo 36.-    Cuando el Poder Ejecutivo intente  un recurso de nulidad  de un Decreto, deberá hacerlo por via del Ministerio de la Secretaría de la  Presidencia, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República.

Artículo 37.-    Cualquier ciudadano que demuestre interés en la materia podrá ejercer el recurso de explicación mediante petición hecha al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

 

Título IV

De la Responsabilidad del Presidente

 

Capítulo I

Dirección General de la Administración Pública

 

Artículo 38.-    El Presidente de la República es igualmente el Jefe del Estado, concebido éste como una sola unidad territorial y  de gobierno, Administrador de la Hacienda Pública Nacional y Director en grado de jefe superior de la administración pública nacional, en los términos consagrados en la Constitución y leyes.

Artículo 39.-    La ejecución de las decisiones y disposiciones presidenciales se hará por intermedio de la Vice – Presidencia Ejecutiva, de los Ministros y de los altos funcionarios nacionales.

Artículo 40.-    Corresponde a los poderes de los Estados, Municipios y Parroquias cooperar con  el ejercicio de la responsabilidad presidencial, en consonancia con los altos objetivos de la nación.

 

Capítulo II

Seguridad y Defensa Nacionales

 

Artículo 41.-    Es responsabilidad del Presidente de la República la Seguridad y Defensa Nacionales, entendidas como procesos que buscan la consolidación de la paz, armonía ciudadana, fortalecimiento de la identidad y aseguramiento de la promoción del ser humano de manera integral.

Artículo 42.-    La Secretaría Permanente del  Consejo Nacional de Seguridad y Defensa actuará como órgano auxiliar y de planificación del Presidente de la República.

Artículo 43.-    El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa tendrá a su cargo la función asesora del Presidente de la República.

Artículo 44.-    El Presidente de la República  podrá convocar a reuniones extraordinarias al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en las oportunidades en que así lo juzgue conveniente a los intereses de la patria.

 

Capítulo III

Política Exterior

 

Artículo 45.-    Es responsabilidad del Presidente de la República el mantenimiento y acrecentamiento de las relaciones diplomáticas, económicas, políticas y sociales de la República Bolivariana de Venezuela con los países del mundo, y  la suscripción de los acuerdos y tratados necesarios para tales fines.

Artículo 46.-    En el uso de esta responsabilidad, el Presidente podrá designar nuevas misiones permanentes en cualquier país para fines distintos a los meramente diplomáticos, y podrá crear instituciones especializadas para el seguimiento de tratados o acuerdos.

Artículo 47.-    Corresponde al Presidente velar por el cumplimiento de los tratados y acuerdos vigentes, y especialmente  por las acciones y actividades que sean necesarias para fortalecer el sistema de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Comunidad Andina de Naciones y los acuerdos de integración.

 

Capítulo IV

El sistema y régimen económico

 

Artículo 48.-    Es de la responsabilidad del Presidente de la República asegurar que el  régimen socioeconómico se fundamente en los principios constitucionales y que permita la participación de los ciudadanos en su concepción y desarrollo.

Artículo 49.-   La iniciativa privada propendrá  al alcance de los grandes objetivos socioeconómicos y podrá elevar iniciativas de inversiones mixtas a la consideración presidencial.

 

Capítulo V

El régimen participativo

 

Artículo 50.-    Es obligación del Presidente de la República establecer mecanismos idóneos de participación, solidaridad ciudadana y responsabilidad colectiva en los términos previstos en la Constitución.

Artículo 51.-    La empresa privada y los particulares colaborarán con las decisiones presidenciales, en esta materia, a objeto de facilitar su desarrollo.

 

Capítulo VI

Unidad de la Nación

 

Artículo 52.-    La Unidad de la Nación es un concepto social y jurídico que implica la conservación del territorio y la coherencia afectiva entre los ciudadanos.

 Artículo 53.-   Corresponde al Presidente de la República disponer de acciones y planes que faciliten la unidad territorial, geográfica y de sus recursos naturales,  y que eviten la dispersión  de la fraternidad, identidad y conciencia de patria libre y democrática.

 

CapítuloVII

Comando Militar

 

Artículo 54.-    El Presidente de la República es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.  Todos los militares activos o en disponibilidad  deben obedecerle y cumplir sus disposiciones, órdenes y voces de mando sin retardo ni excusa de ningún género.

Artículo 55.-    Corresponde  al Presidenete de la República  mandar, gobernar,  organizar, administrar y distribuír  la Fuerza Armana Nacional, en todo el territorio nacional.

Artículo 56.-    Todas las designaciones, ascensos y cambios militares serán efectuados por disposición presidencial.

Artículo 57.-    En caso de emergencia nacional o conflicto interior o exterior, el Presidente de la República  podrá disponer de ascensos, pase a disponibilidad o retiro, cambios en los mandos de unidades, modificación de jurisdicciones o tareas de cualquier unidad y dijar los límites de los teatros de operaciones, en el momento en que lo considere conveniente.

Artículo 58.-    En los casos señalados en el artículo anterior, la suprema dirección general de las operaciones corresponde al Primer Mandatario.

Artículo 59.-    La Junta Superior de la Fuerza Armada  Nacional es el principal órgano asesor del Presidente de la República en materia militar. 

  

Título V

De las ausencias 

Capítulo I

Viajes al exterior

Artículo 60.-    El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional para cumplir misiones oficiales o visitas privadas. En ambas circunstancias deberá acreditar la justificación de la ausencia ante la Asamblea Nacional y recibir el permiso correspondiente, siempre y cuando el viaje tenga una duración superior a cinco dias.

Artículo 61.-    Las ausencias serán cubiertas por el Vice – Presidente o Vice – Presidenta Ejecutiva, cualquiera sea su duración  o distancia.

Artículo 62.-    En los viajes al exterior fomará parte de la comitiva oficial un representante de la directiva de la Asamblea Nacional o el Presidente de la Comisión de Política Exterior. Será potestad del primer mandatario que otros parlamentarios integren la delegación.

 

Capítulo II

Enfermedad

Artículo 63.-    En caso de que una enfermedad impida el ejercicio de la primera magistratura se aplicarán los procedimientos previstos en la Constitución y si llegase a declararse la vacante absoluta, mientras se mantiene la enfermedad del mandatario, todos los gastos personales y familiares serán cubiertos por el Gobierno de la República.      

 

Capítulo III

Juicios penales o administrativos

Artículo 64.-    Cuando por sentencia firme el Presidente deba cumplir una pena que impida el ejercicio del mandato se aplicarán las disposiciones constitucionales. Si al lado de la pena privativa de libertad se dispone la cancelación de dinero, reparación de daños o costas procesales, su cobertura será atendida  recursos personales o familiares del  mandatario.

 

Capítulo IV

Otros

Artículo 65.-    En los restantes casos previstos en la Constitución, muerte, destitución, abandono, renuncia o declaratoria de inhabilidad  o incapacidad, regirán las disposiciones vigentes. Todos los órganos del Poder Público serán informados en forma suficiente por el Vice – Presidente o Vice – Presidenta de la República.

 

Título VI

De la suspensión del ejercicio 

Capítulo I

Privilegios

Artículo 65.-    Cuando el Presidente de la República sea destituído por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o declarada su incapacidad física o mental, cesarán todos los privilegios  conferidos a su alta investidura y se dará por concluída su relación laboral con el Estado venezolano. Quedan a salvo las previsiones establecida en el Artículo 63.

 

Capítulo II

Inmunidades

Artículo 66.-    El ciudadano que haya sido destituído de la Presidencia  no podrá ausentarse del territorio nacional por un lapso de  un  mes, salvo aprobación de la Asamblea Nacional, y durante el mismo lapso no podrá realizar operaciones de enajenación de bienes, recibir donaciones o realizar movilizaciones de dinero entre cuentas.

 

Título VII

Calificación de la ausencia

Capítulo I

Iniciativa

Artículo 67.-   La calificación de la ausencia del Presidente corresponde al Poder Judicial y el procedimiento  puede ser iniciado por  la Asamblea Nacional, mediante decisión tomada por mayoría calificada, o por un número de ciudadanos equivalente  al uno por ciento de la votación válida durante  la última  elección presidencial.

  

Capítulo II

Solicitud  al Poder Judicial

Artículo 67.-    El procedimiento iniciado por la Asamblea Nacional será presentado ante el Poder Judicial mediante una Comisión Especial, con las formalidades que imponen el respeto y cooperación entre los Poderes, mientras que la iniciativa ciudadana será presentada como una demanda judicial, sujeta al trámite previsto en la ley.

 

Capítulo III

Actuación del Poder Ciudadano

Artículo 68.-    A los fines de obtener la calificacion de la ausencia u obtener la destitución presidencial, el Poder Ciudadano podrá constituírse en parte acusadora ante el Tribunal Supremo de Justicia, por decisión propia o por solicitud de ciudadanos en número equivalente al uno por ciento de la votación válida en la última elección presidencial.

 

Capítulo IV

Ante juicio de Mérito

Artículo 69.-    El ante juicio de existencia de méritos o razones , en razón de  una solicitud del Poder Legislativo o de una acusación interpuesta  por el Poder Ciudadano, ante el Tribunal Supremo de Justicia   , conteniendo la documentación  alusiva al hecho o hechos que se reputan delictivos, es un procedimiento especial, ajeno al proceso o juicio.

Artículo 70.-    El  Tribunal Supremo de Justicia, en sesión plenaria, declarará mediante sentencia si hay lugar para abrir el proceso. Tal declaratoria no prejuzga  sobre el resultado de la causa y en modo alguno puede producir efecto penal.

Artículo 71.-    La documentación  que acompañe una petición  de declaratoria de méritos o razones deberá servir para  determinar que el delito que se pretende imputar permite abrir la causa.

Artículo 72.-    El Tribunal Supremo de Justicia podrá admitir documentación adicional remitida por el Poder Ciudadano dentro de la semana siguiente a la introducción del escrito acusatorio que solicita la declaratoria de existencia de méritos.

Artículo 72.-    El Presidente de la República, si asi lo estima conveniente,  al enterarse de que cursa una actuación en su contra en el máximo tribunal, tiene el derecho de enviar  escritos o documentos relacionados  con los hechos imputados, pero sin que proceda una defensa en los términos legales y procesales vigentes.

Artículo 73.-    La normativa legal referida al ante juicio de mérito comprende igualmente el Artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  el Artículo 87 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público; los Artículos  361 y siguientes  ( Libro Tercero. Título III.  Capítulos I y II ) del Código de Enjuiciamiento Criminal; y los Artículos  42, 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

  

TítuloVII

Renuncia del Presidente

Capítulo I

Procedimiento

Artículo 74.-    La carta o documento de renuncia del Presidente de la República será presentada a la Asamblea Nacional y se admitirá en sesión plenaria convocada para el mismo dia de la recepción, a  ese solo efecto, sin debate. El mandatario podrá hacer uso de la tribuna de oradores para justificar las razones de su determinación. En este caso se aplicará el tiempo previsto en el Reglamento Interior de la Asamblea Nacional para intervenciones de sus miembros.

Artículo 75.-    De inmediato se convocará a una nueva sesión especial, con asistencia de representantes de los otros Poderes Públicos, para tomar el juramento como nuevo Presidente de la República a  quien ejerza las funciones de Vice – Presidente Ejecutivo o Vice- Presidenta Ejecutiva.  Ejercerá el mandato en los términos constitucionales vigentes.

Artículo 76.-    El acto de salutación y reconocimiento del nuevo mandatario será realizado posteriormente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, con la siguiente precedencia: Poderes Públicos, Cuerpo Diplomático, Consejo de Estado, Consejo Federal de Gobierno, Conferencia Episcopal Venezolana, Fuerza Armada Nacional y Academias Nacionales.

 

Título VIII

Del manejo de los recursos secretos

Capítulo I

Imputación presupuestaria

Artículo 77.-    Los recursos económicos secretos, destinados exclusivamente a gastos de Seguridad y Defensa, serán imputados al presupuesto anual del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y  su ejecución será consultada al Presidente de la República. También manejará recursos secretos el Ministerio de la Defensa, con idéntica  obligación consultiva.

 

Capítulo II

Control

Artículo 78.-    Los recursos secretos serán sometidos a un régimen de control distinto al ordinario.

Artículo 79.-    Corresponde al Contralor  General de la República, en forma personal e indelegada,  el control y examen de las erogaciones que de esos recursos secretos se hagan, en consonancia con la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.

Artículo 80.-    Los Ministros, cuyos despachos tengan a su cargo gastos destinados a la Seguridad y Defensa del Estado, darán cuenta  al Presidente de la República, en forma  permanente de los objetivos alcanzados con su inversión y de las medidas  establecidas para su correcta aplicación.

Artículo 81.-    El Presidente de la República  podrá solicitar, cuando así lo considere conveniente y necesario, informes sobre las órdenes de pago relativas a gastos de Seguridad y Defensa, aprobadas por el Contralor General de la República.

 

Capítulo  III

Responsabilidades

Artículo 82.-    El manejo irregular o fraudulento de los recursos de Seguridad y Defensa acarrea responsabilidad penal, civilo administrativa,  o la concurrencia de varias de ellas, en razón del tipo y número de disposiciones transgredidas conla incorrecta  disposición.

Artículo 83.-    El Contralor General de la República  podrá disponer de investigaciones posteriores y selectivas  sobre el uso de los recursos de Seguridad y Defensa.

Artículo 84.-    La Asamblea Nacional podrá solicitar información a nivel de detalle, a través de su  junta directiva, pero los elementos recibidos no serán impresos y distribuídos.

 

Capítulo IV

Reglamentación

Artículo 85.-    Un reglamento único establecerá las formalidades ministeriales de registro y control interno de los gastos secretos, y en base a ellas los funcionarios responsables  darán cuenta al Presidente de la República.

 

 

Título IX

Mensajes a la Asamblea Nacional

Capítulo  I

Fechas

Artículo 86.-    El Presidente de la República, dentro de los diez primeros dias siguientes a la instalación del primer período de sesiones  ordinarias de cada año de la Asamblea Nacional, en sesión especial convocada a ese solo efecto, presentará el Mensaje a la Nación para dar cuenta  de los aspectos políticos y administrativos de su gestión, durante el año inmediatamente anterior.

Artículo 87.-    El mensaje correspondiente al último año del período constitucional  deberá ser presentado dentro de los cinco primeros dias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional.

 

Capítulo II

Obligatoriedad

Artículo 88.-    El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio de la República o de la ciudad de Caracas en la fecha en que la Asamblea Nacional haya dispuesto recibir su mensaje.

Artículo 89.-    Cuando razones de salud impongan la ausencia del Presidente, el mensaje podrá ser presentado por el Vice – Presidente Ejecutivo o la Vice – Presidenta Ejecutiva, previa participación y acuerdo con la directiva parlamentaria.

 

Capítulo III

Contenido

Artículo 90.-    El mensaje presidencial deberá contener una exposición sobre el cumplimiento de los  aspectos principales del Plan de Desarrollo Económico de la Nación y podrá servir para anunciar nuevas decisiones administrativas.

Artículo 91.-    La Presidencia de la República podrá hacer uso de aspectos del mensaje, textos, estadísticas o gráficos, para fines informativos, publicitarios, edición  de libros y folletos, y otros que considere conveniente,  con circulación en la misma fecha de su presentación o posteriormente.

 

Título X

Recursos parlamentarios ante el Presidente

Capítulo I

Interpelaciones

Artículo 92.-    El Presidente de la República no será objeto de interpelaciones por parte del Poder Legislativo en Cámara Plena, a través de Comisiones Permanentes, Sub – Comisiones Permanentes,  Comisiones o Sub – Comisiones Permanentes u otros entes parlamentarios.

Artículo 93.-    Lo anteriormente señalado no evita que el mensaje anual del primer mandatario pueda ser  objeto de un debate en cualquier instancia legislativa.

 

Capítulo II

Interrogatorios o preguntas

Artículo 94.-    Cuando una materia requiera respuestas por parte del primer mandatario, previa aprobación de la mesa directiva de la Asamblea Nacional, se remitirá  la preguntas o el interrogatorio al Presidente, quien emitirá su contestación a través del Ministro  de la Secretaría de la Presidencia.

Artículo 95.-    El Ministro de la Secretaría de la Presidencia podrá dar respuestas orales ante la Comisión Permanente, Comisión Especial o ente que remita los requerimientos.

Artículo 96.-    En cualquier caso, el interrogatorio o las preguntas dirigidos  al Presidente buscarán conocer  la exactitud de un hecho u obtener información objetiva y precisa sobre asuntos de alto interés público nacional.

 

Título XI

Recursos parlamentarios del Presidente

Capítulo I

Derecho de palabra

Artículo  97.-   El Presidente de la República tiene derecho a intervenir en cualquier debate parlamentario y a ser recibido por una Comisión Permanente, cuando así lo solicite.

Artículo 98.-    Igualmente tiene la potestad de solicitar un Derecho de Palabra en cámara plena para referirse a una determinada materia de alto interés nacional.

Artículo 99.-    La solicitud deberá ser hecha ante la mesa directiva  de la Asamblea Nacional por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al dia y hora propuesto por el mandatario para su asistencia a la sede legislativa.

Artículo 100.-  La respuesta será emitida por la Presidencia de la Asamblea Nacional en el lapso de veinticuatro horas siguientes a la recepción  de la comunicación oficial.

 

Título XII

Uso de los símbolos patrios

Artículo 101.-  El Presidente de la República hará uso de los Símbolos Patrios, elementos identificatorios de la nacionalidad venezolana, mediante el izamiento diario de la Bandera Nacional en su despacho oficial;  con la colocación del Escudo de Armas de la República en colores en el papel de su correspondencia, informes y documentos oficiales; y le serán rendidos honores mediante la entonación del Himno Nacional en los actos oficiales y en los casos previstos en la ley.

Artículo 102.-  Corresponde a la Presidencia de la República y en forma concurrente a los Ministerios de Relaciones Interiores y Justicia, Defensa y Educación, al igual que a las Gobernaciones de los Estados y Alcaldías de los Municipios, velar  por la observancia patriótica del respeto quemerecen los símbolos patrios.

 

Título XIII

Publicidad de la gestión

Capítulo I

Visitas

Artículo 103.-  Las visitas del Presidente de la República podrán ser publicitadas en los medios locales  donde ocurran, mediante avisos, cuñas en medios radioeléctricos o anuncios de calle, unicamente a los efectos  de dar a conocer a los ciudadanos las actividades que se realicen y las posibilidades  de acceder a ellas de manera libre.

Artículo 104.-  Queda prohibido hacer uso de conceptos publicitarios utilizados en la campaña electoral.

Artículo 105.-  No está permitido sufragar con fondos oficiales la promoción de aquellas visitas a las que acuda el Primer Mandatarioen razón de sus creencias ideológicas o políticas. 

             

Capítulo II

Inauguraciones

Artículo 106.-  La publicidad de obras y servicios  iniciados, en construcción, por inaugurarse o inaugurados por el Presidente de la República solo contendrá elementos informativos como el plano de ubicación, los sitios de acceso, los beneficios que tiene para la comunidad y todos los detalles de cómo los ciudadanos pueden acceder a ellos.

Artículo 107.-  No se permite la personalización de la publicidad ni el uso de consignas electorales o partidistas.

 

Capítulo III

Reuniones

Artículo 108.-  Se podrá utilizar publicidad para promover aquellas reuniones en las que resalte como importante la participación del  Presidente de la República y que permitan acrecentar el prestigio de la nación.

Artículo 109.-  No está permitido que particulares o grupos políticos quebranten las normas de este Título mediante la contratación de avisos, cuñas y anuncios financiados con recursos privados.

 

     Capítulo IV

Uso de medios oficiales

Artículo 110.-  Los medios de comunicación social propiedad del Estado venezolano darán cumplimiento de las presentes normas de manera total y evitarán que los particulares y grupos políticos puedan financiar espacios que las quebranten.

Artículo 111.-  Toda la información que presenten los medios oficiales estará dirigida a promover  la orientación de los ciudadanos sobre los beneficios directos de la gestión gubernamental, y en modo alguno a personalizar  la inversión hecha por el Estado venezolano.

 

Título XIV

Protección al finalizar gestión

Capítulo I

Beneficios laborales

Artículo 112.-  Quien haya ejercido la Presidencia por un período completo o por mas de la mitad, en los términos consagrados en la Constitución y leyes, será objeto de los beneficios laborales vigentes y de las disposiciones contempladas en la Ley de Pensiones para los Ex Presidentes de la República.

Artículo 113.-  La atención de este asunto estará a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y no será transferido a otro despacho gubernamental.

 

Capítulo II

Diputación Vitalicia

Artículo 114.-  Los ciudadanos que hayan desempeñado la Presidencia de la República por elección popular durante un período o hayan cubierto una ausencia absoluta por más de la mitad del período serán miembros de la Asamblea Nacional en condición de Diputados con carácter vitalicio e indelegable, a menos que hayan sido condenados en el desempeño de sus funciones.

Artículo 115.-  El Ex Presidente de la República prestará juramento ante la Cámara en sesión ordinaria, por una sola vez.

Artículo 116.-  En el caso de quienes hayan ejercido  la  Presidencia por dos períodos, no se requirirá doble juramentación.

Artículo 117.-  Los Diputados Vitalicios no estarán sujetos al régimen de asistencia obligatoria a las sesiones, ni formarán parte de las Comisiones o Sub – Comisiones Permanentes.

Artículo 118.-  En caso de considerarlo necesario, los Diputados Vitalicios podrán formar parte del Grupo Parlamentario de la entidad de donde son nativos.

Artículo 119.-  Los Diputados Vitalicios gozarán de todas las prerrogativas de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones y podrán asumir tareas institucionales propuestas por el Presidente de la Asamblea Nacional.

Artículo 120.-  A los fines de su remuneración, los Diputados Vitalicios podrán optar entre los beneficios de la Ley de Pensiones para los Ex – Presidentes o las asignaciones salariales del Poder Legislativo.

Artículo 121.-  Dentro de los recintos parlamentarios se dotará a los Senadores Vitalicios de las oficinas, personal y facilidades que les sea necesario para el desempeño de sus funciones.

Artículo 122.-  A los efectos  de los debates y votaciones se observará lo previsto en el Reglamento Interior de la Asamblea Nacional. 

 

Título XV

Residencia del Presidente

Artículo 123.-  La residencia oficial del Presidente de la República estará ubicada en el Distrito Metropolitano de Caracas, pero podrá establecerse en forma temporal en cualquier lugar de la República.

Artículo 124.-  La temporalidad a la que se refiere el artículo anterior nunca excederá el término de cinco días.

Artículo 125.-  La administración y custodia de la residencia oficial estará a cargo del Ministerio de la Secretaría y de la Casa Militar, respectivamente.

Artículo 126.-  El primer mandatario nacional podrá celebrar los eventos, jornadas, foros y reuniones que estime convenientes en los recintos de la residencia oficial, incluyendo recepción de mandatarios y reuniones ministeriales.

 

Título XVI

Residencia de Ex -  Presidentes

Capítulo I

Ubicación

Artículo 127.-  Los Ex – Presidentes de la República residirán en cualquier lugar de la República.

Artículo 128.-  La residencia de un Ex – Presidente, a los fines oficiales, será aquella que acredite en el momento  de juramentarse como Diputado Vitalicio.

Artículo 129.-  Un Ex – Presidente de la República podrá residir en el exterior de Venezuela, pero no  podrá hacerlo en los seis meses siguientes a la conclusión de su mandato.

Artículo 130.-  El establecimiento de la residencia fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, por mayoría simple de votos.

Artículo 131.-  Los  Ex – Presidentes de la República que fijen su residencia fuera del país deberán acreditar su ubicación ante la misión diplomática  o representación consular mas próxima posible.

 

Capítulo II

Inviolabilidad

Artículo 132.-  El hogar de los Ex – Presidentes de la República es inviolable y estará protegido por las disposiciones constitucionales relativas a los integrantes de la Asamblea Nacional.

Artículo 133.-  Los funcionarios que violen estas disposiciones legales serán destituídos de sus cargos y sometidos a las penas previstas en la ley.

 

Capítulo III

Registro domiciliario

Artículo 134.-  Si un juez ordena una visita domiciliaria a una residencia de un Ex – Presidente, deberá comunicarlo de inmediato a la Asamblea Nacional y su directiva lo participará al Tribunal Supremo de Justicia, para  su aprobación.

Artículo 135.-  Una Comisión Especial de tres diputados de grupos electorales distintos presenciará las actuaciones judiciales en el hogar del  Ex – Presidente, podrá solicitar que en el acta se incluyan menciones o detalles de interés y elaborará un informe que será aprobado en la  Cámara y remitido al Poder Judicial para incluírlo en el respectivo expediente.

 

Capítulo IV

Allanamiento de la inmunidad

Artículo 136.-  En caso de que sea declarada sentencia  para el allanamiento de la inmunidad de un Ex – Presidente, se  mantendrán los privilegios logísticos y administrativos consagrados legalmente hasta tanto haya decisión  definitiva e inapelable.

Artículo 137.-  Una Comisión Especial de tres diputados, de grupos electorales distintos,  presenciará las audiencias y actuaciones judiciales correspondientes, y emitirá opinión a través de un informe parlamentario que será elevado al Poder Judicial.

 

Título XVII

Cambio de nacionalidad

Capítulo I

Prohibición

Artículo 138.-  El Presidente de la República en ejercicio no podrá renunciar a la nacionalidad venezolana ni adoptar otra, pero podrá hacerlo, en uno u otro sentido, seis meses después de haber concluído el mandato.

Artículo 139.-  De esa decisión personal, el Ex – Presidente deberá informar a la Asamblea Nacional y ésta lo participará al  Poder Ejecutivo, a los fines legales correspondientes.

Artículo 140.-  En caso de renuncia a la nacionalidad venezolana se perderá la condición de Diputado Vitalicio y ésta no podrá ser recuperada posteriormente.

 

Título XVIII

Ministerio de la Secretaría

Título XIX

Casa Militar

Título XX

Dirección de Secretaría Privada

Capítulo I

Denominación por colocar

Artículo 141.-  Como oficina administrativa y de apoyo secretarial funcionará una dependencia denominada Dirección de Secretaría, cuyo titular ostentará el cargo de Secretario Privado del Presidente de la República.

Artículo 142.-  Esta oficina estará al servicio inmediato del Primer Mandatario y se ocupará de sus asuntos personales, de la correspondencia particular  oficial, de la recepción y respuesta a peticiones, de la recepción de solicitudes de audiencias, reuniones y visitas, del archivo y demás asuntos que le encomiende  el Presidente.

Artículo 143.-  Los asuntos que involucren otros ministerios y despachos autónomos serán competencia del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

Artículo 144.-  La Dirección de Secretaría tendrá cuenta diaria con el Presidente de la República y de las decisiones  y órdenes conservará detallada menciónen el archivo correspondiente.

Artículo 145.-  El archivo contentivo de los asuntos personales del Presidente estará separado del correspondiente a los efectos oficiales, pero se conservará una indicación de su índice, en forma clara,  en la Dirección de Secretaría.

Artículo 146.-  El Presidente de la República podrá disponer, al término de su mandato,del traslado de su archivo personal a cualquier lugar del país.

Artículo 147.-  En observancia de la Ley  Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Presidente de la República procederá a dictar un Reglamento para el adecuado funcionamiento de la Dirección de Secretaría.

 

Título XXI

Sobre el Comando General de la Fuerza Armada Nacional

Título XXII

Promulgación de leyes

Título XXIII

Concesión de indultos

Título XXIV

Cambio de penas en mujeres

 

 

Subir


LOS GASTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Elementos preliminares para su análisis

Informe presentado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados
Caracas, 14 de marzo de 1994

Introducción


Los ahora llamados “Gastos de Seguridad y Defensa” corresponden a lo que en el pasado se conoció como “Gastos Especiales” o “Partidas Especiales”, cuyo examen y control se mantuvo al margen del mecanismo normal dispuesto legalmente, y cuyo destino estaba en manos de los Presidentes de la República.

Se trataba de dineros imputados al presupuesto anual, establecidos de manera precisa, pero ajenos al régimen de revisión previa y posterior a que estaban sometidos los restantes capítulos de la ley presupuestaria.

La experiencia llevó a la creación de una identificación distinta, durante la etapa democrática. Se buscaba superar la ya deteriorada creencia de que la famosa “Partida Secreta” no era otra cosa que la caja chica de los mandatarios de turno.

Fue así como surgió la denominación con la que ahora se conoce, en la cual se busca disminuir su atención y se procura dar un uso conforme a la legislación, puesto que ningún gasto debe ser genérico, sino específico, y en el caso que tratamos era costumbre darle la más variada como disímil utilización.

En la etapa democrática, con la perfección de los mecanismos de elaboración presupuestaria y de control de la inversión, se pretende que gastos disminuyan en la cuantía de la libre disposición y que mediante la creación de normas haya un control directo por mano del Contralor General de la República.

Sin embargo, es bien conocido que estos gastos no siempre son destinados a cuestiones inherentes, en estricto sentido, a Seguridad y Defensa, sino que con ese nombre se encubre el pago de servicios que nada tienen que ver con la denominación jurídica o con los elementos teóricos y doctrinarios envueltos en las dos palabras.

Es así como los gastos de hospitalización y mortuorias de Presidentes de la República, de Senadores, de Diputados, de dirigentes políticos y personalidades, han sido cubiertos por esta vía.

Peores cosas han ocurrido. Hasta Generales que van al retiro solicitan apoyo para sus planes en la vida privada. Casas de partidos políticos y campañas electorales también han sido apoyadas con estos gastos.

En fin, ha sido tradición, ya histórica, la imputación presupuestaria o legal de estos gastos de manera correcta, pero ha sido incorrecto el uso y destino final en los hechos de la vida pública venezolana.
 

La Seguridad y Defensa

Son numerosos los estudios hechos sobre Seguridad y Defensa, a un punto tal que no se puede obviar ningún aspecto de la vida pública del país, sin que se vincule con esta cuestión.

Los puentes, utilizados para cubrir desniveles en terrenos, tan inadvertidamente utilizados por nosotros, deben ser objeto de planificación especial, pensando que en algún momento podrán ser de frecuente uso defensivo; la seguridad hospitalaria también se incluye; no se olvida el suministro de agua; la alimentación; la educación; la electrificación y sus redes; las telecomunicaciones; en fin, toda nuestra vida toca con la Seguridad y Defensa.

Si eso es así, todo el Presupuesto Nacional, toda la estrategia como país, se basa en la seguridad y defensa, como un concepto global. En efecto es así. Aunque hay autores que buscan ubicar esta temática, en el estricto plano militar.

Otros analistas, más afincados en conceptos de la ciencia política, entran en el plano jurídico-político y sus explicaciones las sustentan en nuestra carta magna, para justificar la Seguridad y Defensa aplicable a la soberanía territorial, como concepto originado en la existencia de un sistema democrático y no como expresión de fuerzas militares protegiendo hitos o demarcaciones limítrofes.

Por último, nuestra legislación ubica la responsabilidad de la seguridad y defensa en todos los ciudadanos, cualquiera sea el lugar en que se encuentren, advirtiendo que las previsiones en ese sentido son de orden permanente.

Queda claro que estamos ante un campo sumamente amplio, pero también complejo y polémico. Partiendo de esta premisa, podemos poner en duda la correcta denominación de los llamados gastos de seguridad y defensa, pues son de tan corta monta las asignaciones presupuestarias que no alcanzan ni para cubrir los supuestos previstos en la legislación específica.

En consecuencia, ante un campo tan vasto, son tan disímiles las materias inherentes que los destinos de los gastos podrían prestarse a polémicas muy controvertidas.
 

Defensa de la democracia

Nuestra estrategia como país, nuestra proclama constitucional, afinca su base en la defensa de la sociedad, de la dignidad humana, en la seguridad social, en el desarrollo de la economía al servicio del hombre, en la igualdad socio-jurídica y, entre otros, en la sustentación y promoción de la democracia.

En efecto, la Constitución de la República-documento organizador de la sociedad nacional- señala que se busca:

“Cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las Repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional, sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumentos de política internacional;


Sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra;

Y conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la Nación, forjado por el pueblo en sus luchas por la libertad y la justicia y por el pensamiento y acción de los grandes servidores de la Patria, cuya expresión más alta es Simón Bolívar, el Libertador,…”

La defensa y promoción de la democracia no sólo nos obliga a mantener el régimen dentro de nuestras fronteras, lo cual de por sí es una contribución por la vía del ejemplo, sino que crea la obligación de ayudar a las demás naciones, especialmente las de este continente, en un fin de la comunidad internacional como es la consolidación del régimen de libertades.

La extensión pacífica de la democracia es asumida por los venezolanos como fórmula que contiene tras sí el respeto recíproco de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la preservación de los derechos del individuo y de la sociedad, el repudio a la guerra, la conquista y el predominio económico.

Estas circunstancias de orden constitucional no hacen otra cosa que establecer jurídicamente una ligazón entre la defensa del régimen democrático y la seguridad y defensa. De tal manera ocurre esa unión que el enunciado legal pasa a ser asunto de primaria importancia en nuestro destino como República.

Volvemos, en consecuencia, a la parte inicial. Si las teorías sobre Seguridad y Defensa irradian su influencia a numerosas áreas del quehacer ciudadano, es la defensa de la democracia un propósito que nos vincula a todos, los ciudadanos residentes en el territorio nacional.

Surge, adicionalmente, otro elemento que refuerza un señalamiento anterior. No es entonces correcta la denominación de los Gastos de Seguridad y Defensa, a menos que hayan sido concebidos tácitamente para ser dirigidos específica y concretamente a la Defensa de la Democracia, asunto con el cual estamos obligados de manera definitiva.

Es de tal naturaleza esa obligación que la hacemos en nombre de nuestros héroes y de nuestro héroe máximo, el Libertador, por cuanto al buscar el acrecentamiento del patrimonio histórico nos estamos reforzando en la hermandad de las patrias liberadas por nuestros ejércitos y estamos señalando además la idea de la expansión de un patrimonio moral generado por el propósito independentista.

Responsabilidad del Presidente de la República

 

La Constitución no indica expresamente la responsabilidad del Presidente de la República en la disposición de los Gastos de Seguridad y Defensa, pero sí señala como primera atribución del primer magistrado la de “Hacer cumplir esta Constitución y las leyes;”.

Al Presidente corresponde, por tanto, la dirección de la estrategia nacional pautada en la Constitución, con todo lo que tiene que ver con la expansión pacífica de la democracia en todos los pueblos del mundo, pero especialmente en nuestro continente.

Es un deber supremo del Presidente propender a la defensa de la democracia y a partir de allí buscar su mejoramiento, consolidación, su perfeccionamiento y, por supuesto, su expansión pacífica.

La Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (26.08.76) establece:
Artículo 5.- El Presidente de la República es la más alta autoridad en todo lo relacionado con la seguridad y defensa de la nación.

De esa manera el primer mandatario está obligado a asumir una responsabilidad plena en la materia, pero en una circunstancia tal que no hay un fundamento legal que especifique modos y maneras precisos que no hagan viciar de nulidad sus procederes.
 

La Territorialidad

 

En Venezuela no hemos formalizado normas que identifiquen el uso de los recursos de seguridad y defensa dentro de jurisdicciones ubicadas más allá de nuestras fronteras.

Es así como los gobiernos se ven precisados a actuar al margen de la ley, o más bien al margen de costumbres sanas, cuando cancelan cuentas en el exterior para gastos de hospitalización y mortuoria de un expresidente; para apoyar la democracia en Centroamérica a través de funcionarios electorales, de expertos en proselitismo, técnicos en organización de campañas o funcionarios policiales.

La técnica es muy sencilla. Se imputan unos gastos supuestos a la partida correspondiente con comprobantes nacionales y las facturas correspondientes (emitidas en el exterior) no ingresan al expediente.

El examen de las cuentas no es riguroso, por carecer de pautas legales o reglamentarias que obliguen a una revisión como se hace en otras áreas de la administración pública.

Los recursos, de hecho, se invierten en el exterior. Muchas veces en asuntos que nada tienen que ver con Seguridad y Defensa. En otros, como en Centroamérica, si. Pero sin que haya pautas precisas y mecanismos que evalúen el rendimiento de ese gasto..

Todo lo anterior se corresponde con una situación de altísima hipocresía y hasta de una insensatez asombrosa. Tenemos por delante el compromiso de defender la democracia. Eso no puede ocurrir solamente con el envío de una misión de personalidades a la toma de posesión del Presidente de Panamá, por ejemplo. O con la publicación de aviso de saludo en el primer diario de ese país. Eso podría ser atendido por el Jefe de la Misión Diplomática. La defensa institucional, proyectada hacia todo el continente y hacia todo el mundo, es más que esa formalidad.

Otros países lo hacen de manera clara. Incluso con debates derivados de las campañas electorales. En Alemania unificada discuten hoy sobre los planes de cooperación con América. ¿Cuáles planes? Los de fundaciones ocupadas de la defensa de la democracia. En Venezuela estaban invirtiendo en 1993 cerca de cien millones de bolívares en promoción de la democracia. Eso no es un secreto.

Venezuela, tarde o temprano, para preservar sus mercados comerciales, su hermandad bolivariana, su propósito de orden constitucional, su prestigio y su influencia moral e histórica, deberá regimentar su presencia en la defensa democrática continental.

De esa manera podemos tener más presencia en las cuestiones trascendentes de cada régimen. Pero es más, experiencias novedosas de otros países – como el régimen municipal peruano- podrían acrecentar nuestra valoración del gobierno local, en lo que sería un feed- back (retroalimentación) bien interesante.

No sólo podemos enseñar, también podemos aprender.

Allí podría estar un campo de acción para las misiones diplomáticas. De hecho, otros países lo hacen. En Venezuela, la Embajada alemana tiene que ver con los planes de cooperación. Lo mismo ocurre con las misiones diplomáticas de Francia, España, Estados Unidos de América y Comunidad Europea.
 

El sistema de control


La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (14.12.84) pauta lo siguiente:

Artículo 28.- Los gastos destinados a la Defensa y Seguridad del Estado, calificados como tales en el Reglamento que dictará el Ejecutivo Nacional, quedan exceptuados de las disposiciones de control establecidas en esta Ley, pero las órdenes de pago correspondientes serán revisadas por la Contraloría con el fin de determinar si están debidamente imputadas a créditos del presupuesto o a créditos adicionales legalmente acordados, si existe disponibilidad presupuestaria y si se han cumplido los requisitos legales sobre su ordenación.


El Contralor, o el Director General de la Contraloría, verificarán personalmente que la respectiva orden de pago corresponda realmente a gastos considerados como destinados a la defensa y seguridad del Estado.


Los ministros cuyos despachos tengan a su cargo los gastos a que se refiere este artículo, quedan obligados a controlar el empleo de los fondos correspondientes y responderán personalmente de las decisiones que adopten en relación con dichos fondos.
 

Ley de la Presidencia de la República.-


Es necesario legislar sobre el Ejercicio de la Presidencia de la República (Ver Diario “Frontera” – 05.01.94) para clarificar situaciones, atribuciones y deberes como éste de la disposición de los recursos de Seguridad y Defensa.

Allí podría culminar el entramado debate de argumentos sobre la responsabilidad presidencial en asuntos tan delicados como los que venimos tratando.

Por esa razón propuse públicamente y me propongo hacerlo con mayor formalidad que se analice la pertinencia de un cuerpo legal que podría contener los aspectos siguientes:


Disposiciones Generales
Elección Presidencial
Toma de Posesión
Responsabilidad del Presidente
Las Ausencias
- Viajes
- Enfermedad
- Juicios al Presidente
- Otros

Suspensión del Presidente
- Privilegios
- Inmunidades

Calificación de ausencia
- Consulta a la Corte Suprema en caso de juicio
- Renuncia del Presidente
Manejo de los recursos secretos (Gastos de Seguridad y Defensa)
Mensajes al Congreso de la República
Interpelaciones al Presidente de la República
Senaduría Vitalicia
Protección al finalizar el mandato
Residencia del Presidente
Cambio de nacionalidad
Dirección de secretaría
Uso de los Símbolos Patrios.

  

Subir


EL PARLAMENTARISMO COMO NECESIDAD SOCIAL
 


El parlamento se puede entender, de una manera simple, como una de las ramas del poder público de una república, país, nación o reino. Constituye una instancia de diaria actividad y cuyo origen popular obliga a una permanente consulta con los ciudadanos.


Es decir que la delegación que hacen los electores para que determinados hombres y mujeres se conviertan en sus parlamentarios o legisladores se renueva, revalida o legitima en la medida en que los mandatarios acudan a la fuente de su mandato.


Un parlamento es esencialmente la mejor representación de una comunidad geográfica o territorial, porque sus miembros son electos por regiones o zonas, en las cuales están obligados a permanecer para ser las correas del engranaje de participación y consulta permanente.


Es, entonces, la más clara representación popular y la que mejor expresa el criterio de la soberanía delegada, pero nunca anulada –en algunos casos es mediatizada- por el ejercicio de un mandato público con fines muy concretos.


Se le conoce también, en numerosas cartas fundamentales o constituciones, como el Poder Legislativo. Suele recibir nombres como Asamblea, Congreso, Cortes o Duma.


Por ahora, nos interesa tratar sobre la institución parlamentaria – mas bien parlamentarismo – concebida como un recurso de la sociedad dirigido a permitir la interrelación humana reglada y que como tal está al alcance de las individualidades o personas naturales.


En consecuencia, no se trata del eje legislativo – normativo de una sociedad nacional, del órgano que legisla, sino de algo de mayor dimensión o alcance, que termina por involucrar al parlamento en la acepción vista al comienzo.


Este novedoso concepto involucra como elemento determinante la necesidad que tiene una comunidad, o conglomerado humano, de contar con normas o reglas de aceptación general para conducir el accionar de seres y grupos, disímiles en motivación, pensamiento, intereses y razones.
Las normas demandan para su aprobación, promoción y aplicación elevados niveles de aceptación, conocimiento y especialmente convicción de su utilidad práctica.


La sociedad debe tener como valores que la identifican: una gran tolerancia, respeto solidario e inclinación natural a compartir responsabilidades u obligaciones, por estar persuadidos sus ciudadanos de que el bien general exige permanencia y estabilidad en el régimen integrador, o sea la legislación, y voluntad invariable de acatamiento.


Estamos, entonces, ante conceptos unificadores que vienen a ser, en primer lugar, la convicción y luego la voluntad de asegurar el destino social mediante acuerdos consensuados que permitan crear derechos y obligaciones (deberes), entre todos, para evitar la dispersión, el desorden y la anarquía.


En consecuencia, la institución parlamentaria no es una estructura material, una edificación o un centro de reuniones, sino que más bien está constituida por un aliento espiritual que induce a los hombres y mujeres a la integración humano – social para preservar la vida, los bienes, el hábitat, la paz y asegurar o consolidar el desarrollo.


En una sociedad nacional, en un conglomerado estructurado como país, existe el elemento íntimo, espiritual o psicológico, en sus habitantes. Este genera una actitud personal, y luego colectiva, en pro del consenso (o acuerdo) para dar lugar a la norma integradora, englobante y globalizante.


La norma debe contemplar proyección o promoción de todos los intereses legítimos, individuales y colectivos, pero sus enunciados dentro del país concreto no pueden ser totalizantes, en cuanto que no acaben o agotan la materia tratada o abordada, sino que deben estar influidos por la generalidad y ajenos a la especificidad, a lo particular y a lo casuístico.


Por eso, la integración nacional contempla la posibilidad de que los Estados, Provincias, Departamentos o Regiones, a partir de la norma nacional, tengan su propia base jurídica, específica, de la cual dimanará la disposición mas detallada que regirá en los Distritos, Municipios, Cantones o Parroquias.


La institución parlamentaria, por tanto, no está constreñida a tener despliegue en el centro o sede principal de la sociedad, en la capital del país, sino que está presente o vigente, como derecho social, en todos los conglomerados menores como Estados, Municipios y Parroquias, y a partir de allí en otras divisiones territoriales como las Secciones o los Sectores (Comunidades, Aldeas, Barrios y Urbanizaciones).


El ejercicio de la institución parlamentaria o parlamentarismo, la conservación de sus prerrogativas y su promoción como uno de los derechos socio – individuales, forman parte de la soberanía popular, que nunca es cedida ni renunciada por ser inherente a la condición humana.


La soberanía reside en el pueblo y su realización o ejercicio real por parte de ese pueblo ha sido postergada o eliminada en virtud de la existencia de la representación o delegación que se hace mediante elecciones, en la mayoría o casi totalidad de los países.


Los representantes asumen la soberanía como una totalidad, es decir concentran el mandato y se constituyen en el soberano, de tal suerte que el ciudadano no cuenta en el momento del diálogo o de la discusión de una norma, aún cuando en su interior exista una inclinación a procurarse mecanismos de organización y dirección de la vida en sociedad.


Este derecho, en consecuencia, amerita ser protegido por normas específicas en los ámbitos, nacional, regional y local. La protección implica su difusión y enseñanza desde la familia, la escuela y la sociedad misma.


Para un pleno y recto ejercicio de este derecho es conveniente que la familia tenga prácticas parlamentarias dentro de lo sencillo y cotidiano de su accionar, que la enseñanza escolar se junte con acciones que ratifiquen la lección y que opere una promoción informativa y publicitaria.


Es decir, que todo ciudadano y ciudadana sepa de qué se trata y que los organismos e instituciones lo promuevan a través de ejemplos y actividades específicas.


 
Subir


El concejal: una función de servicio público

         La función concejil  es  de antigua data. Vino con la colonización española. Los cabildos constituyeron la base  de la  implantación del nuevo régimen político con  el que se  implantó el  Poder de la  Corona en  América.

         Los primeros concejales  cumplían,  en tan reducido medio colonial, las funciones  conocidas en España, donde también se les llamó Regidores. El trasplante no resultó del todo exitoso, porque  se trataba de una tierra en la que los nativos tenían otras formas de gobierno, de vecindad y de autoridad.

         No obstante,  en los dos siglos anteriores, que son los que se corresponden  con la vida republicana,  los señores del Concejo, Cabildo o Ayuntamiento se conocen con el nombre de  concejales.

         Poco se usa  la palabra edil, proveniente  de la expresión Cámara Edilicia, a su vez derivada  de la función administrativa municipal de Roma antigua, donde al administrador – equivalente  hoy al Alcalde – se le llamaba Edil.

         En nuestro medio venezolano, los concejales constituyen la base de la soberanía popular,  miembros  del sistema local de gobierno y representantes del electorado  y de quienes no lo son, pero que  tienen la calidad  de vecinos o habitantes de una jurisdicción municipal.

         El  concejal  es miembro igualitario  de la Cámara o Concejo y sus funciones aparecen delimitadas en la Ley Orgánica de Régimen  Municipal vigente  y en la nueva Ley  que está por aparecer.

         Corresponde a los concejales velar por la recta administración el municipio, por ejercer funciones de control y supervisión, tanto de los asuntos internos del  gobierno local como de los servicios públicos  y, en general,  representar y hacer valer los  intereses y valores  de la comunidad.

         Es decir,  se trata de una función amplia, en la que destaca  el  papel de promotores  de la participación  y el protagonismo   de la comunidad en todos los asuntos  públicos.

         Para entender claramente cuál es la función de un concejal, vista desde la perspectiva de los vecinos, podemos afirmar:

§        El Concejal, una vez  electo y posesionado,  debe ser un estudioso de la materia  municipal, tanto  legal como reglamentaria  y ordenativa. Es decir  que  debe posesionarse de los conocimientos de las leyes y sus reglamentos y de toda la normativa aprobada en las ordenanzas dictadas por  la  Cámara del  Municipio donde actúe.

§        Por supuesto, debe ser  un cabal conocedor  de todos   los contenidos de la  Constitución  de la República Bolivariana  de  Venezuela.

§        Para esto no se requiere ser un experto en derecho, ni abogado, sino  poseer  buena voluntad para el estudio y capacidad de comprensión.

§        Es de tanta importancia la base legal que debería existir en cada municipio una Escuela  de Concejales,  y dentro de ella una Sección o Ciclo de Formación para los Miembros de las Juntas Parroquiales.

§        Lo conveniente es que en estos tiempos  de  Campaña Electoral los aspirantes, todos,  deberían comenzar a prepararse para llegar a la función  concejil   sin cargar con la ignorancia y el desconocimiento.

§        Instalado en la Cámara, el Concejal debe saber que hay un régimen interno, mediante el cual se normatiza la actividad  de la Cámara. Este  se llama  Reglamento Interior y de Debates. Si no lo conoce y maneja, es difícil que pueda participar  en las sesiones o reuniones.

§        En  la  Cámara se conforman comisiones de trabajo, que vienen a ser las especializaciones del trabajo concejal.

§        Pero un concejal debe conocerlas todas,  o, por lo menos, saber de qué se trata, para poder derivar los planteamientos que reciba de manera acertada.

§        Una vez  instalada la Comisión  se debe hacer un programa de trabajo para todo el año vigente.

§        Veamos un ejemplo. Se trata de la  Comisión de Suministro de  Agua. Los concejales  deben hacer una planificación basada en informes técnicos, para saber la  capacidad del acueducto, su grado de potabilidad, su extensión  y alcance.  Sobre la base de esta revisión tienen que planificar las expansiones de los servicios y deben tomar previsiones para futuras urbanizaciones o barrios.

§        No pueden esperar  a que haya nuevos sectores poblacionales, protestando en la calle, para ir  a estudiar el problema.  Deben andar adelantados en la planificación  de todas las necesidades de ese servicio.

§        El Concejal  debe   tener por norma la elaboración de informes. De todas las materias,  tanto para hacerlos del conocimiento de la Cámara a  la que pertenece, como  de las Juntas Parroquiales y de las Asociaciones de Vecinos.

§        En esa  labor, debe  tomar en cuenta  la necesidad de celebrar  Cabildos Abiertos en todas las comunidades, por lo menos dos veces al año.

§        Un concejal puede tener un cuerpo de asesores, permanente y gratuito,  sostenido por la buena voluntad de los vecinos, especialmente de los profesionales y los técnicos, y se puede reunir con ellos cuantas veces quiera.

§        Ese  es el cuerpo de asesores, que no tiene por qué ser necesariamente pagado por la administración  municipal.

§        Las comunidades  deben ser visitadas por lo menos una vez al mes, para conversar con los vecinos,  y escuchar sus opiniones. No obstante, cabe destacar que el contacto directo con los habitantes no elimina  la necesaria función de las Asociaciones de Vecinos, que son los centros de discusión y debate del barrio o sector.

§        De allí surgen las propuestas y peticiones, a los  concejales y a la Cámara como tal.

§        El buen concejal no es el que más habla  a través de la radio, televisión  o aparece en los periódicos, sino el que más iniciativas lleva a la Cámara y más soluciones logra para los problemas de la comunidad.

§        Ser un buen concejal es un reto para sostener la democracia y para consolidar  una nueva etapa del gobierno  municipal, caracterizada por las nuevas pautas constitucionales, en las que los habitantes son los protagonistas y el representante electo un intermediario para el eficaz funcionamiento de la administración.

§        Corresponde al elector,  analizar cuál de los concejales que se está postulando para la reelección ha cumplido con estas pautas de trabajo, para decidir su voto.

En el caso de los nuevos aspirantes,  es  conveniente que los electores evalúen  las posibilidades que tiene  de cumplir fielmente con las normas legales, reglamentarias y ordenativas, y aportar  al bienestar colectivo.

 Subir


 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2008-2012:

  HAGAMOS TODOS DE TOVAR UN MUNICIPIO  DE PRIMERA

Resumen general de programa de gestión municipal

2008 - 2012 

INTRODUCCIÓN 

La vida municipal es nuestra prioridad. Se trata de un legado histórico. No somos los primeros habitantes, ni el entorno de suelos, bosques y aguas  es el mismo de hace años. Todo cambia. La transformación es innegable. Con nosotros o sin nosotros se produce el cambio urbano y rural.

         Así ha pasado. Por supuesto, el resultado no es la mejor expresión de un municipio y de una ciudad. Los planes urbanos y  de ordenación del territorio no han sido el remedio aplicado. Por ello hemos cambiado en medio de improvisación, informalidad  y empirismo.

         La dimensión política  de la planificación, soportada en la  ingeniería y la arquitectura, teniendo a la educación como estandarte, ha sido la gran ausente.

         En el ahora, nos corresponde asumir la gerencia municipal partiendo del hecho sabido de que enfrentaremos un problema, social, político y  cultural, más que técnico y constructivo.

         Lo social está impregnado  de los más disímiles criterios sobre la forma de vida, el espacio, el entorno y las soluciones disponibles, especialmente  de vivienda, lugares de recreación y vialidad, y como telón de fondo la falta de empleo.

         En lo político destaca la vieja creencia del gobierno, en cualquiera  de sus niveles, alcanzado como  trofeo en una contienda electoral y la certeza  de que  la cercanía al mandatario permite dividendos personales, dejando  de lado lo comunitario o colectivo.

         Cultura es una interacción de factores personales, ambientales, educativos y de la sociedad, que aumenta o disminuye la comprensión  de la actividad pública como un servicio vocacional a la sociedad y no como un paso  de ascenso social o  de lucro.

         Una de  las circunstancias culturales del momento venezolano es la internalización  de la informalidad, en mucho dada por la pobreza y  a la vez generadora  de inseguridad, aunque con ribetes de libertad y libre albedrío, sin norma ni concierto.

         Esa informalidad tiene que ver con la ausencia de oportunidades, y hasta de esperanza, suscitadas por la convicción de que el Estado no ofrece una positiva expectativa de futuro, tal como lo manda la carta  magna.

         No obstante,  lo relevante del asunto es que se trata de una enorme porción del conglomerado poblacional a la que debemos mejorar para evitar  que tengan una visión pesimista o negra del  futuro.

         En esos parámetros está ubicada la idea del cambio total, la cual constituye una invitación abierta para que todos intervengamos en el modelaje del nuevo tovareño y en la construcción del futuro deseado.

         Ese propósito es posible impulsarlo desde el Municipio, desde la  Parroquia, desde los Consejos Comunales, desde la  Cámara de Comercio, desde los colegios profesionales, desde las instituciones religiosas, educativas y sindicales, desde las ligas y clubes deportivos, desde los servicios de comunicación social,  contando con un Alcalde  de recta intención, buenos deseos y visión compartida de lo que debe ser la vida tovareña en  los años  venideros.

         Asumo como bases  de nuestra actuación la Constitución de la República, la legislación nacional vigente, la Constitución del Estado y el cuerpo normativo municipal, todo lo cual nos obliga a un gobierno plural, participativo, incluyente y honesto, con periódica  rendición de cuentas, soportado en los acuerdos dentro del Consejo de Planificación y animado por el deseo y meta de hacer de Tovar un municipio de primera.

         De las leyes nacionales destaco en primer lugar la del Poder Público Municipal y la novísima Ley de Contrataciones. Esta  última nos lleva a un sistema planificado de compras y contratos, a lo cual daremos un estricto cumplimiento.

 

GESTIÓN DE PROYECTOS

Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

         Dos vertientes confluirán en la acción del nuevo gobierno municipal: la gestión  de proyectos ante todas las instancias posibles y la ejecución del presupuesto conjunto, derivado  del situado  constitucional, ingresos propios y créditos adicionales.

         A) En el primer aspecto, debo destacar no como un anuncio sino como un logro el hecho de que ya está en nuestro medio, con dos carreras profesionales, la bicentenaria  e ilustre Universidad de los Andes, cuya iniciativa he gestionado personalmente junto  a una parte de mi equipo de colaboradores, desde hace un año.

         Ubico  a la Universidad  de los Andes como el eje fundamental en la generación  de empleo directo e indirecto en todo el Valle del Mocotíes y su zona de influencia.

         Coincidirá el nuevo gobierno municipal con la apertura de dos nuevas carreras y con el comienzo de los trabajos de la Ciudadela Universitaria en el sector de Cucuchica.

         Al lado  de ello hemos comprometido al Rector y al Consejo Universitario para impulsar  los proyectos de:  

Ø     Reordenamiento del Territorio, con su definición de cuencas, sub cuencas y espacios aprovechables, lo que nos llevará a planteamientos concretos sobre las dimensiones del  desarrollo municipal, especialmente en la  definición  de las zonas forestales, acuíferos  y en nuevas hectáreas que podemos incorporar  a la  producción  de alimentos.

Ø     Plan Rector del Desarrollo Urbano, para enfrentar el empirismo, la improvisación y la informalidad del pasado.

Ø     Construcción del parque recreativo en la meseta La Galera, acorde con  la declaratoria  de patrimonio ambiental, de lo cual ya tenemos el primer esbozo de proyecto.

Ø     Puesta en valor del  casco histórico de la ciudad, donde se incluye la recuperación   de la viaje casa de Domingo Caro, cuna  de la ilustre tovareña Mercedes Pulido de Briceño, ex subsecretaria general de la Organización de Naciones Unidas y sede de la Ruta del Arte.

 En el mismo orden de gestión de proyectos impulsaremos vías alternas entre El Corozo y El Llano, específicamente la ampliación de la ya existente entre la calle nueve y  Los Limones, y las nuevas entre Las Colinas y Los Naranjos, y  Monseñor Moreno y Las Colinas,  sin dejar  de mencionar los posibles enlaces entre La  Vega y Tacarica, y El  Peñón o La Jabonera   y San Pedro.

     Expresión de la desidia y apatía es la inconclusa avenida entre Vista Alegre y el Gimnasio Cubierto Monseñor Pulido Méndez, obra de gobierno sin dolientes en una ciudad que no tiene salidas para su ya caótico servicio vial. El gobierno municipal se ocupará de  ir donde sea necesario y  de gestionar lo conducente para que la obra  se termine.

     Para anticiparnos  al crecimiento poblacional, desde el primer día empeñaremos nuestro esfuerzo en mejorar el servicio de agua de consumo, mediante  proyectos ante organismos nacionales para asegurar  las seis fuentes existentes, buscar  nuevas opciones y comprometer a la ciudadanía en un mejor uso y custodia  del vital líquido.

La Universidad de los Andes tiene comprometida la gestión de una asesoría especializada y la vamos a aprovechar en procura de la elaboración de los proyectos.    

         B) Los recursos ordinarios del situado y  los locales de ingresos propios son pequeños, pero no por ello vamos a perder la motivación  de invertirlos con apego a las prioridades y a la pulcritud. Nos servirán para reinvertir en micro créditos en algunos sectores, mejorar el mercado municipal (cableado e iluminación)  y asumir los servicios públicos como la base  de nuestra acción directa.

         En ese sentido debemos mejorar la recolección de basura con la incorporación de una unidad con gran capacidad de transporte de desechos hacia el relleno sanitario de Onia, buscando evitar los viajes de unidades menores que se  pueden ocupar para incrementar las horas del servicio  urbano.

         En paralelo proponemos la participación ciudadana  mediante propuestas de reciclaje, clasificación y disposición, en procura de disminuir el gasto del tesoro municipal en la materia.

         Es ahora compromiso municipal el alumbrado público. Cero oscuridad es una meta sensata  y necesaria. Nos proponemos mejorar la iluminación de la  carrera cuarta, en su zona centro, para rescatar la visual nocturna y ofrecer el rostro  de una ciudad moderna con cableado oculto y mejoras para el desplazamiento peatonal. 

 

CAPITAL CULTURAL 

         Tovar tiene los elementos histórico – tradicionales para ser la capital cultural del  Estado Mérida y en paralelo cuenta con más de cien creadores, en diferentes ramas del arte y la literatura,  para consolidar una  de las ideas que nos dará mayor presencia  en Venezuela.

         Empleo, publicidad y nuevos ingresos serán los réditos de  este programa, para cuya implementación  hemos venido hablando con líderes  de la vida pública de  Mérida, quienes comparten  esta visión del modernismo  tovareño y la idea de vivir en una ciudad abierta al mundo.

         Nuestro criterio participativo, consustancial con nuestro pensamiento,  propiciará  la inclusión y motivará  a  más personas  a iniciar   su presencia dentro de las artes.

         Un mayor elemento humano será generado   por la Licenciatura en Arte de la Universidad de los  Andes.

         Tres grandes eventos son parte de nuestro patrimonio cultural: el Festival  del Violín, la Bienal  de Artes y el Festival de Teatro. Otros  tres los  asomamos como nuevas opciones  para  copar el calendario: Festival de  Danzas Folklóricas, Encuentro de Música Popular y Canciones  de Protesta,   Certamen Internacional de Poetas y Feria del Libro Universitario de la ULA.

         Avalaremos la promoción del Orfeón Municipal, como idea sustentada por el gran número de aficionados, estudiantes y admiradores del canto, y la creación de una imprenta municipal para fines culturales de todo el Valle del Mocotíes, Murmuquena  y Guaraque.  

 

SALUD PREVENTIVA 

         Con el apoyo de la Facultad de Medicina de la ULA y el trabajo investigativo del Licenciado Jairo Castillo hemos logrado un acertado diagnóstico del tema de la salud en el Distrito Sanitario y en nuestro  municipio.

         Es  de nuestra competencia la salud preventiva, y en ello cumpliremos,  pero  también será  propósito paralelo gestionar mayores servicios, más profesionales  y más especialistas, y consiguientemente la elevación  de la categoría de nuestro bien reconocido Hospital San José.

Nos comprometemos a crear incentivos especiales  a médicos si con ello logramos que profesionales calificados vengan a  presentar  servicio en los institutos  públicos. 

 

DESARROLLO RURAL 

         El Instituto Municipal Agropecuario  será el órgano de asistencia integral  a los pequeños y medianos productores, mediante créditos, promoción de la micro empresa, vías  de penetración, asistencia técnica. apoyo legal y un mejor aprovechamiento  y ampliación del parque de maquinaria pesada, para convertirnos en municipio productivo.

         Podemos  tener un mayor número de  hectáreas  en producción, autoabastecernos y  lograr una mayor riqueza y  calidad  de vida en las  zonas rurales.

         Para ello invitamos a  todos los Consejos  Comunales a presentar  ideas, asumiendo el compromiso de formular los proyectos dentro  de la  Alcaldía para emprender la búsqueda del financiamiento en las fuentes del  Estado y  de la República. 

 

MUNICIPIO DEPORTIVO 

         El prestigio del  deporte tovareño es nacional  y más allá  de la patria.  El hijo ilustre Johan Santana nos da una proyección que nunca imaginamos. Todos los días el nombre de Tovar  o  el gentilicio están en la prensa.

         En la ruta de  Santana también están  Oswaldo Sosa, Winston Márquez, Julio Puente y Michel Acevedo, pero  junto a ellos también abren camino  de éxito en otras especialidades:  el querido Campeón Mundial Eduardo Castellanos, que gana carreras todos los meses dentro y fuera del país, el discapacitado olímpico Víctor Hugo Márquez y la  campeona panamericana, la biatleta Sandra Sarmiento.

Tenemos las condiciones y los buenos entrenadores para crear una escuela  de  talentos  de alta competencia y en ello comprometeremos  recursos y acciones,  a lo cual  vamos a agregar una organización eficiente de clubes y ligas, salón de la fama, selecciones permanentes, mejoramiento del personal de técnicos y árbitros, ligas estudiantiles, promoción de juegos  de mesa y tradicionales, estadio de béisbol menor, convenios con empresas  públicas y privadas, una de ellas El Vigía Fútbol Club,  y campeonatos nacionales.

      Apoyaremos la  Vuelta en Bicicleta como un evento insignia y elaboraremos un proyecto para realizar  la Travesía Municipal en Bicicleta Montañera, como una importante novedad que busca la plena integración municipal.

         Hoy, desde  este escenario público,  ofrecemos a la fundación y a la familia  Santana Araque, la suscripción de un convenio para el Museo Johan Santana,  como una institución  de servicio público y de conservación  de la nueva identidad tovareña, la  cual gira alrededor de nuestro nuevo ídolo. 

 

TRANSPORTE  PUBLICO 

         Esta materia demanda una atención especial, en coordinación con el órgano nacional,  para lograr mejoras en el servicio, extensión  de horarios, más capacidad y nuevas inversiones.

         Una oficina municipal tratará este asunto, para crear un mejor clima de trabajo, de prestación del servicio, apoyo a los servidores  con micro créditos para repuestos y reparaciones,  y  buscando la  generación de nuevos empleos. 

 

SEGURIDAD  PUBLICA 

         Corresponde a la autoridad municipal presidir, por delegación del  Señor Gobernador el Comando Unificado de Seguridad.  Eso haremos. También gestionaremos mejores condiciones sociales y familiares para los servidores en esta materia e incentivos para que su vocación de servicio no se disminuya ante las adversidades.

         Buscaremos el sitial de municipio seguro, en todos los sentidos para que todas las grandes acciones puedan estar coronadas del mayor éxito. 

 

VIVIENDA 

         El déficit viviendístico está en dos mil quinientas unidades, pero con cada día se suman nuevas peticiones. En un plazo de cuatro años se puede mitigar el déficit. Aquí  es  fundamental la participación del sector privado.

         Coyserca, grupo tovareño de los hermanos Molina Sánchez emplazado en Valencia, tiene proyectos para ochocientas viviendas, en tanto que otros dos empresarios  locales proyectan trescientas más.

         Anuncio mi apoyo a la empresa privada en este sentido y de la misma manera gestionaremos y apoyaremos a las Organizaciones Comunitarias de  Vivienda (OCV) como instrumento de agrupación de interesados con fines de  disminución de costos  y de alcance  de un mayor número de soluciones.

         Asimismo, vamos a  asimilar la experiencia que en materia de vivienda ha tenido el vecino municipio Zea, mediante la  asesoría  del señor Fredy Guédez, alcalde durante tres quinquenios. 

 

CONSEJOS COMUNALES  

         Envío un mensaje de fraternidad a todos los ciudadanos tovareños involucrados en la acción comunitaria de los consejos. Mi experiencia en el manejo de proyectos ante el fondo de  descentralización me hizo conocer las sentidas aspiraciones  de muchas comunidades que aspiraban a un manejo directo  de los recursos  de proyectos aplicados en su entorno geográfico.

         Los invito a  hacer buena la palabra de la  coordinación indispensable dentro del  Consejo Local de Planificación, previa discusión en cada sector para hacer realidad el presupuesto participativo, en procura de que no solo disfrutemos  de los recursos ordinarios, sino que también podamos encontrar y diversificar las fuentes del  financiamiento.

         Profesionales con experiencia los sumaremos para elaborar con acierto los proyectos que consideren necesarios los Consejos  Comunales. 

 

TURISMO 

Con  los enunciados anteriores, con nuevas inversiones en materia  de hotelerìa y posadas, podemos asumir una propuesta de turismo  basada en el hecho religioso, cultural, deportivo, estudiantil, ambiental  y de eventos.

Tenemos bellezas escénicas aprovechables, museos o galerías, eventos deportivos y populares más allá del Estado, un prolijo calendario eclesial y cultural,  y numerosas iniciativas institucionales, además del ya clásico ferial de  septiembre.

Impulsaré la conversión de nuestro bello templo de Nuestra Señora  de  Regla  en Basílica Menor, como expresión reafirmante de adhesión tovareña al culto mariano.

La festividad septembrina tendrá por objetivo fortalecer la economía local, preservar la identidad cultural, incentivar la integración y evitar la fuga  del capital familiar de los tovareños.

Disponemos de caminos tradicionales  que pueden ser rutas para caminatas de salud y paseos en caballos, en medio de vegetación  y paisajes inigualables.

Podemos ofertar servicios de salud privados, dentro de programas conexos con el turismo nacional e internacional, aprovechando las condiciones climáticas de nuestros lugares parameros.

Vamos a equiparnos  en lo que nos  falta, hagamos publicidad y convirtamos el turismo una fuente de empleo y de mayor riqueza para los tovareños.

 

 OTRAS  INICIATIVAS

          Queremos  que la Alcaldía sea una fuente de servicios y de apoyo, con eficientes dependencias,  donde el  ciudadano pueda  recibir facilidades para sus gestiones ante organismos  nacionales, sin tener que viajar a las capitales del estado y del país.  Dos ejemplos, la recepción de reclamos sobre  servicios públicos y  el trámite de prestaciones o pensiones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

 

         Hago solamente mención  de otras iniciativas:

Ø     Consejo Municipal de Desarrollo, con órgano asesor y de consulta, integrado por tovareños que han sido  ministros, gobernadores y alcaldes.

Ø     Ruta Estudiantil hasta Bailadores y Mérida, iniciativa solicitada por los  jóvenes.

Ø     Proyecto  de la  Escuela de Albañilería, al que agregaremos  Plomería y Mecánica, oficios indispensables en la sociedad.

Ø     Asesoramiento y apoyo a pequeñas y medianas iniciativas de cualquier tipo, para fomentar la economía popular.      

Ø     Televisión Municipal de servicio público, con productora de videos, escuela de futuros profesionales y transmisión de los juegos donde intervienen Johan Santana, Oswaldo Sosa, Winston Márquez y Julio Puente.

Ø     Agencia de noticias para medios de  Mérida, Venezuela y el exterior.

Ø     Sitio interactivo en Internet, con diálogos  semanales entre el  Alcalde y los ciudadanos.

Ø     Apoyaremos la  empresa privada que promueve el nuevo cementerio.

Ø     Embellecimiento  de la ciudad e identificación de los sitios y lugares del municipio.

Ø     Apoyaremos las iniciativas en pro de la identidad  que con  gran sentido tovareñista promueve la  Biblioteca  Mario Rosales Altuve.

Ø     Reformularemos el papel del Cronista Municipal para que sea el guarda y custodio  de la identidad local y la historia reciente.

Ø     Daremos fuerza y vitalidad  a la  Escuela Taurina Municipal y buscaremos   acuerdos con  su similar  de Madrid. Queremos nuevos y muchos émulos de Nerio Ramírez “El Tovareño”  y Rafael  Orellana.

Ø     Promoveremos la creación  de la Casa Tovar en todas las capitales  de los estados venezolanos, como centros  solidarios, de promoción integral del municipio y auspiciadotes de la feria nacional de la tovareñidad.

Ø     Apoyaremos iniciativas en beneficio de los ciudadanos de la tercera  edad y sumaremos al voluntariado a decenas  de jubilados.

Ø     Celebraremos como  un éxito colectivo de los tovareños el cierre   de cada año escolar, imponiendo condecoraciones y premios en efectivo. a los alumnos excelentes.

Ø     El plan vacacional, para estudiantes carentes  de  recursos, será  una actividad destinada a fortalecer la identidad municipal y  zonal.

Ø     Gestionaremos la creación de un Comedor Popular por parte del organismo nacional de nutrición.

 

 Reflexión final

          He presentado  un esbozo de la  futura acción de  gobierno en el  Municipio Tovar. No  es un catálogo de problemas, sino una visión  global,  asistida  por el diálogo en más  de mil quinientas  visitas familiares, conversaciones, entrevistas y una  investigación de  opinión realizada por el Licenciado Alcedo Zerpa.

         Nos  anima la rectitud y la buena intención. Podemos mejorar la propuesta o enriquecerla con nuevos aportes. No poseemos la única verdad, sino una parte  de ella.

 

Vamos  todos a construir  ese futuro que añoramos.

Tovar, 9 de agosto  de 2008.

NILSON GUERRA ZAMBRANO

Subir


CRISIS POLÍTICA Y EDUCACIÓN

PARA ALCANZAR  UNA DEMOCRACIA EFICIENTE

No bastan gobiernos de origen legal - electoral, la estabilidad política y la felicidad social requieren ciudadanos y pueblos democráticos, activos y responsables, afirmados en la convicción sólida de sus ideas y en una elevada cultura de participación y compromiso solidario. NGZ.

 

Índice

 Introducción

Capítulo I

Ciudadanía mayoritaria pobre e inculta

Partidos ineficientes

Desencanto social

Capítulo II

Educación sin objetivos democráticos

 Medios  de comunicación  social

La participación

Capítulo III

 El nuevo liderazgo

Educación para vivir en democracia

El compromiso democrático

Cierre

 Estabilidad y consensos

 

Introducción

            La democracia es un sistema  de gobierno, de una sociedad humana, que a través  de los años y por la vía de un proceso educativo y social, propicia la  adhesión de los ciudadanos y genera un compromiso comunitario, lo que hace que el ejercicio democrático diario constituya un modo de vida consciente y compartido.

            Ese modo de vida se caracteriza por el estado de derecho, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la participación, la corresponsabilidad, la promoción del hombre y la familia, el desarrollo económico sustentable y la conquista de mejores condiciones humanas para todos.

            Las características de la democracia le son intrínsecas y cada una de ellas es una meta  para cuyo alcance están comprometidos todos y cada uno de los  individuos. Por ello la búsqueda, preservación  y consolidación es un objetivo personal y, como tal, comunitario.  Es decir, que no excluye a ninguno de los ciudadanos.

            Por lo tanto,  en la sociedad democrática no puede haber personas al margen, separados, que, por ejemplo, no estén interesados  en el uso, disfrute y respeto de la libertad y los derechos humanos o que nieguen su creencia en (y adhesión a) la igualdad, la solidaridad y la preeminencia de la ley.

            La democracia deja de ser un simple enunciado teórico o una propuesta constitucional como aspiración, anhelo o ilusión, para pasar a ser convicción profunda que mueve la voluntad de los hombres y mujeres para consolidarla o perfeccionarla.

            No obstante sus bondades, el accionar del sistema conlleva actuaciones e implica posiciones de los estamentos del gobierno en cuya ejecución puede haber errores humanos que le restan fuerza al proceso de promoción de la democracia. Esta situación  debe ser revertida mediante los mecanismos de prevención y control de conflictos, entre los cuales destacan la información u orientación, la consulta o diálogo y, de carácter previo y permanente, el sistema educativo.

            Elemento principal es la conciencia, la convicción y el compromiso de los ciudadanos, debidamente capacitados y organizados, cuya motivación les llevará a buscar soluciones inmediatas  y a crear mecanismos permanentes para evitar errores y deterioro del sistema.

            El sistema democrático presupone el gobierno, especie de amplia dirección o coordinación, no como un reducto pequeño de privilegiados o burócratas, triunfadores  de elección que conquistan un botín, sino como la expresión organizada de la sociedad, como un compromiso de todos y como un modelo  de  participación. Tres características básicas, cuya ligazón está constituida por el deseo general de hacer permanente realidad sus postulados.

 

            La sociedad puede tolerar la debilidad o incomprensión de los ciudadanos en cuanto a conciencia y compromiso por breves períodos  de tiempo, pero no puede darse el lujo de la eternización de tales defectos debido a que siendo intrínseca la participación responsable de todos, se generan vacíos nocivos para la salud democrática.

            Es  allí donde juega un papel muy determinante la enseñanza  de la democracia, la cual debe alcanzar el fomento de los valores y su ejercitación práctica, y no constituir simplemente  un aporte de información y contenidos teóricos a manera  de conocimiento o  cultura general.

            Si el sistema educativo, apoyado por el proceso social que incluye  la acción de gobierno, no revierte la debilidad ciudadana, llegamos al desencanto social permanente y al cuestionamiento de la misma viabilidad del sistema.

            El comportamiento de todos los ciudadanos, para que efectivamente funcione la sociedad democrática, debe estar revestido de conocimiento sobre los objetivos principales o prioritarios de la sociedad, de su papel personal – el del ciudadano – en el modelo social democrático, y de la importancia, validez y vigencia de su participación responsable. Todo lo anterior aceptado voluntariamente.

            En ese sentido, el proceso formativo tiene que incluir lecciones teóricas y ejercicios prácticos  de real incidencia en la comunidad, para que se perciba el objetivo concreto de cada expresión o contenido, y para que se pueda  superar la distancia entre el texto y la realidad.

            El ciudadano democrático sabe cual es su papel o actuación ante una  u otra situación concreta, y lo sabe  en circunstancias de convencimiento personal y de plena disposición para proceder, y nunca archiva su formación para mantenerla como un  conocimiento intelectual de esporádico uso.

            Si en el proceso de enseñanza hablamos de una comunidad vecinal, junta o consejo comunal, o de un grupo de trabajo para fines sociales, esa instancia debe existir en el mismo lugar donde se está enseñando, o crearse en el más breve plazo, para que la lección se interiorice con la ejercitación directa, con la observación en sitio y con intervención provechosa.

            Y eso no puede ser de otra manera  porque la democracia está requerida de una labor constante de los ciudadanos para que sean  preservados y acrecentados los objetivos, para mantener los valores y para aumentar la comprensión y el entusiasmo de vivir en un  régimen democrático.

            Hoy contamos con sistemas sociales  llamados democráticos en gran número. Unos y otros difieren. Todos tienen expresiones o elementos  democráticos. No obstante, el logro de su consolidación, en todos, demanda  la elevación del  nivel cultural  y una apropiada educación  para aprender  a vivir  en democracia. 

                      

CAPITULO I  

Ciudadanía mayoritaria pobre e inculta

              Universalmente una mayoría de ciudadanos  vive en condiciones de pobreza. Los medidores aceptados para conocer las cifras  incluyen la educación, hoy inexistente en muchos lugares e insuficiente o deficiente en otros. Esto, de por sí,  hace que miles  de millones no participen eficazmente del sistema político y, por supuesto, al no beneficiarse menos pueden comprender de qué se trata cuando hablamos de democracia.

            En los países donde la  educación tiene amplia cobertura, en ninguno es unánime o total, no son prioritarios los programas de formación para la democracia,  pero se viene desarrollando como hecho importante la enseñanza e investigación  de la ciencia política a nivel superior, generando un recurso humano capacitado que puede  asumir el rol magisterial.

            Una mayoría poblacional no conoce sino superficialmente lo que es el sistema. Es un reto incorporar este inmenso sector a la vivencia democrática real y directa mediante la  educación especializada, y esto tiene una incidencia social importante,  porque esos ciudadanos, ubicados al margen, que ni siquiera son electores, podrían sumar sus voluntades para convertirse en practicantes de la democracia.

            Es por este motivo que el ejercicio de las prácticas electorales democráticas – sustento de la representación y delegación del poder soberano – es una actividad de minorías, a las que también hay que restarle los que votan  para protestar contra todas las opciones  o que lo hacen compelidos por la norma legal de obligatorio cumplimiento.

            A pesar de ello, el sistema sigue vigente y, por muy deslegitimado que pueda estar, conserva su base legal,  la presencia  de los poderes e instituciones y el aporte de credibilidad que le dan los medios o servicios de comunicación social, al informar y dar a conocer las ejecutorias de los mandatarios y  de los demás actores de la vida pública.

            Dentro del segmento poblacional de votantes, minoritario en comparación con la población  total de un país,  los niveles  de cultura política suelen ser bajos. Y no tienen por qué ser altos, pues al ciudadano se le ha brindado una visión  social muy corta de manera informal y las más de las veces adquirida por la propia  intuición personal.

            Es por ello que se cree que el director, ejecutor y conductor de la democracia es el Poder Ejecutivo, y más específicamente el Presidente de la Nación o República. Se impone la simpleza de la apreciación que da el acto electoral, donde por la preponderancia y el peso de la campaña, se puede pensar  que se elige al único líder y  a su vez al único responsable de todos los asuntos.

            Cualquier campaña, en cualquier lugar, centra su promoción en el candidato a Presidente y tanto se personaliza la proyección que el votante enfoca hacia él sus aspiraciones y anhelos.

            Una campaña, y esto todas lo tienen en común,  evita pedirle al ciudadano otra cosa que no sea el voto. No  se le pide sumarse  a una campaña masiva de reforestación o de limpieza  de cauces de agua, parques, calles, jardines y áreas verdes,  por ejemplo. El votante asume que votar  es su único  y a la vez valioso aporte, por lo que en caso de ganar el candidato a quien apoya, habiendo dado el aporte pedido, aspira a una  contraprestación personal, traducida en dispensa  de bienestar, posiciones, ventajas o privilegios.

            Hay ignorancia sobre los fines y propósitos del poder público. Por eso, cuando se da la  insatisfacción personal,  el votante opta por castigar al gobernante en la siguiente elección, sin aceptar la validez y utilidad de cualquier ejecutoria  de la administración pública o la limitación existente para no haber atendido su personal deseo.

            La ciudadanía inculta en lo político asume que el mandatario es un dispensador de favores personales, que el sistema está basado en el acto electoral y no conoce los beneficios de la participación política y menos del compromiso de aporte personal y comunitario.

            Y  cuando el ciudadano acude al recinto electoral poseído por el deseo de solución de su personal aspiración o asumiendo que el voto le da derecho a obtener atención a un problema específico, individual, está ejerciendo una presión no conveniente sobre el candidato porque desdibuja la imagen del aspirante y empuja a convertir la campaña  en un torneo de promesas no siempre fáciles de cumplir y, sobre todo,  de asuntos tan específicos y puntuales que será difícil recordar.

            Debo sostener que son muchos los casos en los que los propios candidatos animan sus campañas con un populismo que se aprovecha de la ignorancia popular y hacen de los electores sujetos comprables o manejables  con la promesa no pensada  o estudiada y menos planificada como solución a futuro.

            Esa siembra de engaño  es un mal  que no se ha curado todavía. Sigue infestando políticos. Las secuelas son altamente nocivas para la supervivencia del sistema democrático porque abren las puertas para su degradación, pues nunca un mandatario populista ha enfrentado los problemas reales, y siempre ha terminado en manos de manejadores o manipuladores de la opinión pública.

            El populismo ha fortalecido la  idea de que el gobierno puede y está obligado a satisfacer desde las necesidades primarias hasta las referidas  a vivienda, recreación y servicios, sin mediar la corresponsabilidad de los individuos.

            Hay dos aspectos involucrados en esta errada creencia.

1. El elector  asume supuestos falsos al imaginar el gobierno como una agencia de reparto  de bienes.

2. Partidos y dirigentes, envueltos en el objetivo de ganar, ilusionados con la victoria y presionados por sus patrocinantes, no escatiman recursos desmedidos e irracionales para asegurar los votos.

            Los cordones de miseria de América Latina, que tanto afean las capitales y ofenden la dignidad humana, tienen mucho que ver con el reparto de ladrillos y láminas para techo  que ocurre durante las campañas electorales y en el ejercicio mismo del gobierno.

            Una solución habitacional, aunque sea un reducido rancho, se ha tomado como un problema menos  en la puerta de la oficina de un candidato o de un funcionario de gobierno.

            No es fácil analizar y comprender los problemas sociales y de pedagogía política presentes en una campaña electoral, pero es necesario identificarlos para que en los programas educativos el docente pueda asumirlos a plenitud, como los objetivos de la materia. De esa manera la comprensión permitirá al educando salir del estado de ignorancia, en la asignatura de mayor influencia social: la política como parte del desarrollo de la sociedad  democrática.

 

Partidos ineficientes

 

            Los partidos constituyen una institución fundamental en el desarrollo de las sociedades democráticas, pues se trata de los órganos especializados en la cuestión política, en el quehacer político directo. Para ello se valen de un cuerpo dirigencial que ejerce la representación de una identidad colectiva, que es compartida por militantes – en muchos casos registrados o acreditados – simpatizantes, adherentes y amigos.

El siglo veintiuno se ha abierto con nuevas crisis del partido político como el instrumento clave del ejercicio de la política, por variadas razones.

a) La función clásica de agrupación de ciudadanos se la están disputando otras entidades (gremiales, profesionales, económicas, sindicales, vecinales, comunitarias, etc.)  que procuran la defensa de sus intereses sin la intermediación partidista.

b) La orientación política viene siendo asumida por los medios o servicios de comunicación social, al ofrecer investigaciones, reportajes, opiniones e informaciones, de la diversidad del pensamiento político – social sin exigencia alguna al lector, oyente o televidente.

c) La participación asume cada día más las formas directas, gracias  a la municipalización, parroquialización y creación de comunas, y existe un avance modernista con el gobierno electrónico.

d) La promoción y organización de las campañas electorales es ahora una función mercantil  de agencias o compañías publicitarias, y de oficinas de politólogos.

Y como para que no quede un hueso sano en el cuerpo partidista, sus dirigentes han asumido el papel en medio de interminables pleitos personales y tendenciales que frustran la hermandad y solidaridad de que se hace mención privilegiada en los estatutos, normas y reglamentos internos.

Si al partido se le ha despojado de sus cuatro funciones clásicas o principales, si su dirigencia no es compacta y de armonioso comportamiento, si se han alejado los militantes, si los medios de comunicación  buscan restarle credibilidad para retener  poder o influencia, este organismo social está  a punto de sucumbir totalmente.

Con todo este grave problema existencial, ahora hay gobiernos que promueven un relacionamiento directo con el pueblo, en el mismo momento o tiempo en el que no hay un debate que busque solución o desde ya un replanteamiento de la institución partidista  o su reacomodo en una sociedad cada vez más asumida por organizaciones y grupos que antes de empezar a actuar  aclaran  que no son “políticos”, aunque, en muchos casos,  asumen roles y funciones del  partidismo.

Toda sociedad democrática  que procure estabilidad política permanente, y no circunstancial, debe tener partidos  políticos fuertes, esparcidos por todo el territorio, con arraigo y credibilidad, sin que su fortaleza  sustituya la democracia de ciudadanos -  porque son  éstos la fuente de poder- y menos que suplanten al Estado y  a sus instituciones.

Para ello es indispensable que la dirigencia partidista tenga una profunda convicción democrática (tolerancia, respeto, solidaridad, reglas de juego permanentes, fines sociales y no personales), una clara visión ideológica y programática, una  actuación coherente y un propósito nacional orientado, en todo momento, al fortalecimiento del Estado.

En este sentido,  es indispensable que los dirigentes asuman como tarea el desalojo de los tribunales de justicia  como parcelas de amigos, familiares y partidarios, para procurarse beneficios mediante sentencias complacientes o influidas  a distancia, y que los parlamentos sean las casas de la educación cívica – por los buenos ejemplos y modos  de comportamiento -  y de la ley, y no simples escalones – de altísima remuneración – para el ascenso social.  Digo social y no político, porque en los últimos  años, con tan malos  parlamentarios, es muy difícil que se eleve el nivel de desempeño de un congresante y  alcance  posiciones más relevantes.

Por supuesto, que en el caso venezolano se requiere un desalojo partidista  de los poderes  electoral y ciudadano, para dar paso al concepto de institución permanente o de organismo enfocado hacia fines de la  globalidad democrática y no supeditados  a una parcialidad política.

La gran crisis del partidismo se puede explicar en la inexistencia de dirigentes poseídos por un concepto  claro del Estado Social y de  Derecho, y que a la  vez alcancen  el liderazgo necesario para ejecutar los  cambios que son  necesarios para rescatar los espacios perdidos en los años recientes.

Los partidos han pasado a ser la institución más  pésimamente comprendida, tanto en su fuero íntimo como lejos de sus fronteras. Y para colmar  su lista de males a todos los de  América Latina les están ahogando los problemas financieros.

Se nos presenta una  gran paradoja. Hay partidos muy pobres en lo económico, que no pueden funcionar adecuadamente, conducidos  por  dirigentes  muy ricos, cuya fortuna ha tenido mucho que ver con el desempeño de funciones partidistas. No se trata de una invención literaria. Es una realidad que se puede comprobar documentalmente. Bastaría auditar  un catastro de inmuebles, un registro de comercio y empresa, o las cuentas bancarias, en cualquier capital  de  América Latina.

El operador  de la política  de hoy es una persona que debe manejar dinero (y en cantidades)  porque el ejercicio de la vida pública se hizo extremadamente costoso, especialmente por la tarificación de los apoyos electorales internos y externos,  y  porque las campañas obligan a un gasto enorme.

Buena parte  del gasto va  a los medios de comunicación social  (y a las agencias publicitarias), empresas que no pocas veces han ensayado  candidaturas presidenciales propias e indirectas, sin tener éxito, a pesar de que se  erigen, o intentan hacerlo,  como los  grandes electores por una pretendida influencia en quienes usan esos servicios y son a la vez votantes.

La crisis partidaria impide ocupar recursos en la formación del militante, mientras el dirigente sobrevive con su ilusión de poder y su ambición personal, descuidando su nivel intelectual  y académico. Por  esa razón,  el partido tradicional no puede  ser  hoy el vehículo para acrecentar la cultura política ciudadana y menos el modelo a seguir por quienes sean formados o capacitados  para el ejercicio diario  de la política democrática.

Esta formación permitirá fomentar nuevos criterios y mejores razonamientos de los ciudadanos, a la par  que facilitará el surgimiento de esquemas organizativos más consustanciados con las realidades y otras generaciones  de dirigentes, mejor dotados y conscientes  de las renovadas exigencias de los hombres y mujeres a quienes  representan.

La nueva dirigencia es una excelente oportunidad para enfrentar el déficit democrático, caracterizado por la existencia de mayorías que no votan, escasa comprensión del hecho político, debilitada participación, estancamiento de la descentralización como proceso de expansión - hacia sectores bajos - de cuotas de poder, escaso brillo  de los parlamentarios e ineficiencia de los parlamentos, desprestigio de la judicatura, inexistente democracia interna en los partidos y como gran telón de fondo la injusticia social.

Es también ocasión para que el dirigente pase  a ser un actor principal en la  acción social comunitaria, desde los niveles bajos, para lograr que su experiencia le permita contribuir a la reversión de los elevados niveles de pobreza, los cuales atentan contra el sentido y fin de la democracia.

Solo con una nueva propuesta dirigencial, nuevos hombres y nuevas mujeres, es posible pensar en que el  futuro nos deparará partidos más cónsonos con  los nuevos signos de los tiempos, más  abiertos hacia otros  actores de la sociedad, con nuevas formas de comunicación y representación,  más orientados hacia altos  fines nacionales y alejados del personalismo y el beneficio lucrativo del individuo.

Todo lo anterior no impide que podamos señalar, finalmente,  el exitoso papel de los partidos en América Latina, en el pasado, en la difusión e implantación del concepto de democracia y su agregado inseparable  de la participación. Una valiosa labor pedagógica, aunque – en su mayor parte – supeditada al asunto electoral.

  

Desencanto social

Una  de las consecuencias de las fallas y errores del sistema democrático, de su puesta en práctica o implementación, es el desencanto social. Este tiene  explicación en los apartes anteriores sobre ciudadanía y partidos, pero su origen es más profundo aún.

Así como los partidos impusieron los términos democracia y participación, también convencieron  a las masas de lo que es “justicia social”. Y lo hicieron de manera tal que la ciudadanía  lo ubicó como una de las condiciones intrínsecas del sistema.

Eso dio  lugar a  que el hombre humilde (o mujer) asumiera que el papel del funcionario, de cualquier nivel, es dispensar una mejor calidad de vida en forma directa y personal a quien lo solicite, es decir mejorando cada individualidad con unos  recursos  que “son de todos”  y cuya finitud o limitación nunca se ha entendido.

Con esa creencia, los  venezolanos de 1958 fueron a votar  en las primeras elecciones post dictadura en más del 95%, sin importarles si el gobierno debe ocuparse  de la política exterior, de los acuerdos comerciales integracionistas, de los asuntos territoriales contiguos, de la seguridad interna o de la protección de bosques y aguas.

El sistema  recién instalado en Venezuela comenzó  a discurrir – en pocos años – por los caminos de la reimplantación del país y de su modernización, provocando el auge poblacional, y consiguientemente la aparición de masas que no pudieron ver atendidas sus necesidades más inmediatas.

Las estadísticas de pobreza fueron subiendo y las de votantes  bajando, en proporciones alarmantes. El sistema sigue funcionando, pero no satisface a las mayorías. Se cumplen las premisas básicas  de la democracia, pluralidad de opciones e ideas,  sistema  electoral universal, separación de poderes, alternabilidad, representación y participación, sin que éstas conlleven la satisfacción de las masas sin recursos.

Surgió el desencanto social, con sus  expresiones  de desmotivación por la política, descrédito del dirigente, indiferencia y apatía. En medio de su presencia, las campañas electorales se vieron precisadas de nuevos enfoques, mayor ingenio y más ofertas concretas para volver a motivar a los electores.

La nueva oferta se basó en guardar el tema de la justicia social, que aunque lucía académico se entendía, para emplear otras palabras más directas: lucha contra la pobreza, unida a la búsqueda  de la igualdad  y,  tiempo después, se habló de la equidad.

El desencanto social no solo trajo consigo la baja  de la participación electoral, sino que provocó un vaciamiento de la militancia partidista y disminución de la fuerza de las sociedades intermedias, en circunstancias tales que se ha estimado en América Latina  que solo entre un 10 y un 15 por ciento de sus ciudadanos interviene en alguna expresión  organizada.

Incide también en el desencanto un mal de vieja  data, el de la corrupción administrativa. Numerosos gobiernos han terminado en descrédito y sus candidatos han perdido las elecciones por la perniciosa práctica de apoderarse  de dineros del tesoro, mediante numerosos subterfugios y arreglos, muchas veces difíciles de ser detectados y, peor, probados en juicio.

No obstante, los tiempos recientes muestran que los pueblos no castigan los escándalos de corrupción o no los perciben como dañinos cuando los gobiernos logran crear la sensación de progreso  y de reparto de la riqueza hacia abajo, cuestión ésta que revela la baja cultura política, un individualismo preocupante y un desprecio por la honestidad, la ética y la moral social.

La evaluación crítica  de los gobiernos, especialmente por los hechos de corrupción, se acrecienta por la interesada difusión que hacen los opositores y por el papel que juegan los medios o servicios de comunicación social, lo que propicia el conocimiento general  de la situación  y los responsables.

El auge corruptor está incidiendo en la apatía del electorado debido a la certeza que tienen los ciudadanos de que todos los gobiernos incurren en estas fallas administrativas o, al menos, a todos  se les acusa  de tolerar esas prácticas.

El sistema político enfrenta el desencanto, sin llegar a disiparlo, abriendo las puertas de las elecciones que provocan la renovación y el cambio de mandos, ofreciendo votaciones por instancias cada vez más cercanas al elector y generando la sensación de que el futuro puede ser mejor. Se impone, finalmente, un discernimiento suscitado por la experiencia inmediata que ha tenido el votante, sin que pueda negarse el papel de la publicidad y de la información periodística.

Cada elección es un alivio para el sistema democrático, pero constituye a la vez  un nuevo reto de gran importancia, porque ya han pasado muchos  procesos electorales sin que los porcentajes del desencanto se acaben o, al menos, se  mitiguen sustancialmente.

Se impone una mejor comprensión de  que el peso de la transformación, el desarrollo, modernización o cambio de un país, no puede recaer solo en los gobiernos, que, desde luego, están llamados a impulsarlo y promoverlo, sino que constituye una de las responsabilidades de la sociedad global en lo inmediato, porque no podemos mantener indefinidamente el estado de atraso de las mayorías.

  

CAPITULO II

 Educación sin objetivos democráticos

El sistema educativo formal  constituye la gran herramienta para la integración, cohesión  e igualación social, para identificar a los ciudadanos con objetivos alcanzables, para generar arraigo y entidad, para hermanar y para crear conciencia de patria dentro del dominante contexto de la integración y globalización.

Por eso, todo programa  educativo debe ser la expresión de cómo se quiere alcanzar un determinado estadio social y qué tipo de hombre / mujer, con determinadas cualidades físicas y mentales, se requiere para  asumir los retos que implica conquistar las metas del  desarrollo  humano  y material.

La  educación hace viable el ideal de país y sociedad al que aspira un colectivo nacional  y su avance marca el logro de los objetivos previamente concebidos mediante la planificación del desarrollo, porque  la sociedad no puede dejar al azar o sujeto a la improvisación el destino  de los seres humanos que la conforman.

Veamos un sencillo  ejemplo. La salud  de la población requiere un esfuerzo para planificar la infraestructura física (edificaciones con espacios para todos los servicios), estadísticas confiables y la dotación de equipos médico – científicos,  en paralelo con la  formación de médicos, gerentes, administradores, enfermeros, técnicos, inspectores, empleados y obreros.

Un valioso instrumento para esta planificación son los censos de población y vivienda, porque a la par  de identificar personas permiten saber sus edades, ocupación y ubicación. Se puede  cuantificar el recurso necesario tanto material como humano, para que esa determinada población cuente con la asistencia médica que requiere y en los espacios suficientes para que no haya dificultades.

Lo mismo puede aplicarse con los servicios  de educación, vialidad, comunicaciones, transporte, alimentos, etc. Es decir, se puede planificar su alcance y el monto de las inversiones.

La democracia requiere la transformación cualitativa – formativa  de todos los ciudadanos para que sean aptos para la convivencia democrática, porque eso facilitará la inserción y participación en el proceso de búsqueda del desarrollo social. Se puede saber cuales son las necesidades más apremiantes o prioritarias y cuanta es la población. Ahora viene la planificación.

En el caso venezolano, y podemos extender a casi toda  América Latina, por años se creyó en la unanimidad de la aceptación del sistema, luego de superada la prueba de la  insurrección armada. Y se  dejó de lado la construcción de un camino de estabilización, consolidación y proyección de la democracia mediante el proceso educativo, previamente planificado en contenido y cobertura para crear la convicción democrática en el ciudadano y para así dejar atrás la aceptación pasiva.

La educación se basó en contenidos informativos, repetitivos y memorizados, de muchas materias universales, sin posibilidad de verificación, sin debate o diálogo en el aula, sin convencimiento, con lo cual – de entrada -  se negó uno de los valores  de la democracia como es la participación, y sin que los objetivos apuntaran  a la creación de valores para el comportamiento social del educando en su entorno  familiar o humano. El educador se ocupó  de enseñar lecciones, previstas en un programa,  sin sembrar en los alumnos un espíritu  pleno de convicción democrática.

La  segunda parte  del siglo veinte encontró a nuestros países con unos elevados niveles de analfabetismo, lo que obligó a realizar campañas intensivas para dominar esta falencia. Se obtuvieron positivos  resultados, sostenidos durante  años.

Allí faltó, en paralelo, sembrar la libertad y la democracia como valores internos, para que al comprender el concepto de justicia social,  éste se asimilara con la carga  de responsabilidad y compromiso que supone para cada persona, de manera permanente.

La  misión humana relevante del educador para ampliar horizontes y el papel activo del educando fueron relegados por el peso de una relación que temprano pasó  a ser conducida por agentes del sindicalismo – influidos por el ánimo anti patronal  - y no por pensadores sociales o planificadores educativos, dentro  de un gran plan de país ubicado como el  objetivo nacional.

Por ello la formación no conllevó la inserción del educando en su ambiente comunitario, local, municipal, estadal o nacional, procurando su madurez ciudadana y enrolándolo en acciones participativas que le hicieran asimilar los criterios democráticos.

Aunque se llegó a plantear como objetivo del sistema moldear conductas, hábitos y comportamientos, el enfoque resultó más informativo que formativo, más de conocimiento que de interiorización, pues la escuela estuvo aislada de la realidad organizativa y del dinamismo social.

No operó a tiempo la interacción Estado, Familia e Instituciones para alcanzar un sistema educativo enfocado hacia la formación de ciudadanos demócratas y democratizados, lo cual  - como carencia social – le resta vitalidad al sistema  político, especialmente ahora cuando hemos llegado  a la sociedad global del conocimiento.

La educación en un país democrático, o que tiene alguno de los elementos de tal condición, debe tener objetivos claros y alcanzables para perfectibilizar  el modelo político y para hacer de sus ciudadanos personas convencidas de las bondades  de la democracia y de los deberes que les corresponden atender como demócratas.

  

Medios o servicios de comunicación social

Los medios o servicios de comunicación social constituyen un poderoso instrumento para la prosecución cultural  de los ciudadanos, más allá del sistema educativo formal,  gracias a que son veloces vehículos de la globalización y de la sociedad mundial del conocimiento, presentes en todas las sociedades.

Su acción permite que el ciudadano esté más informado, más en posesión de los elementos de una realidad cambiante, distinta  de un día para otro, lo cual no significa – necesariamente – que esa posesión de información propicie un auge  de la participación social  y del compromiso político.

En un mundo cambiante, el medio comunicacional facilita la adaptación  a los cambios, pero el ciudadano  debe estar en posesión  de unos  niveles  de comprensión originados en la  escuela, asumidos en su entorno y ejercitados de manera permanente.

Por ejemplo, no se podrá captar con exactitud  la trascendencia de los hechos o acontecimientos de la sociedad donde se está inmerso, si en la escuela la enseñanza  de los valores  y la formación de los criterios han sido pobres o nulas. Temas como  familia, ambiente, derechos humanos, participación o salud serán de difícil comprensión si no hay una base establecida en la  escuela.

Lo mismo ocurre con la política y la realización de los fines de la sociedad a partir del ejercicio gubernamental, en todos sus niveles. Si la escuela  dejó inconsistencias en temas como la paz, no violencia y tolerancia, los medios pueden exacerbar rivalidades y divisiones que son funestas para la integración y cohesión social.

El papel del medio o servicio en política puede plantearse sosteniendo que hoy informan, quedando la orientación sujeta a los criterios  de la persona usuaria, pero que no fomentan la cultura política ni estimulan la  iniciativa popular.

En el caso del medio televisivo, éste contribuye al conocimiento del  hecho, pero amontona inactivas audiencias que van quedando con el gusto  de saberlo todo, viéndolo en vivo o diferido, sin que esa circunstancia les motive a intervenir, a participar o a protestar.

Una nueva discusión está por darse entre medios y políticos, ante la evidencia cierta del colapso de la institución partidista y ante la realidad  de que aquellas masas partidizadas del pasado ahora son espectadores prendados al televisor o al transistor y conectados a Internet, que gustan saberlo todo sin actuar en la escena social, aún en la más cercana a  su lugar de residencia  o de trabajo.

Y no es que haya sido  un propósito del medio ante el partido y ante la política. Son los ciudadanos los que han emigrado del partido hacia el medio, en un grado tal que a muy pocos se les  ocurre hoy mostrarse como militantes  de algún grupo político, lo cual en el pasado era una credencial de honor. Las lealtades que se conservan tienen un alto costo económico que solo  pueden soportar agrupaciones en ejercicio del poder.

No obstante, los medios no han podido  impulsar un proyecto político propio, aunque lo han intentado varias veces en América. El ciudadano, en una elección, busca su identificación en personajes que le sean cercanos, iguales o parecidos, escucha el mensaje y decide en función de su interés, usando – en lo posible – el material o insumos que le aporta el medio y dejando de lado cualquier insinuación sospechosa de ser parcializada.

La elección supone la presencia del candidato en los medios, pero eso no es todo. Hay numerosos elementos que inciden. Veamos algunos.

·        El  activismo o acción del activista, con el consabido contacto directo o motivador, sigue vigente;

·        el saludo, diálogo y visita personal del candidato suma afectos y votos;

·         los pactos o acuerdos con gremios y sindicatos aseguran adhesiones;

·        los líderes locales o comunales aportan electores;

·        las hojitas con mensajes no han pasado de moda;

·        las llamadas por teléfono aún sirven.

·        Y como asunto colateral hay que disponer de la capacitación a electores, funcionarios y testigos, su transportación y alimentación,  y la defensa  de los votos.

Conviene dejar sentado que un renovado papel de los medios o servicios permitirá sacar del marasmo al partidismo y a la política, como hechos sociales reconocidos y acreditados, mediante una promoción de los valores democráticos, la proyección  de los nuevos liderazgos y la elevación de los niveles  de discusión y debate.

Un nuevo concepto del partidismo, más en consonancia con nuevos tiempos y tendencias, también puede ayudar  a que los medios  o servicios aprecien con mayor  interés el quehacer u oficio político, organizado sobre la idea del viejo modelo pero con inspiración de modernidad y asumiendo como válida la presencia de numerosos nuevos interlocutores y actores sociales

Los medios o servicios no son los todopoderosos de la vida pública, tampoco lo son los partidos, pero ambos conservan elementos que influyen en la política y ese es un hecho inocultable que convoca a un replanteamiento del papel de cada uno.

 La participación política

Todos los ciudadanos, incluidos los menores de edad en determinados casos,  pueden y deben intervenir en actividades políticas de elección de autoridades o representantes, a asistir a reuniones y eventos  de discusión (asambleas comunales y  vecinales o cabildos abiertos, por ejemplo), a pertenecer a grupos y movimientos, a realizar actividad vecinal o comunitaria, a emitir por escrito y verbalmente reclamos, quejas y protestas, a proponer soluciones a sus problemas,  a ser postulados para cargos, posiciones y comisiones, a contribuir en la formación de criterios comunes, entre otras opciones.

El gran objetivo de la participación es darle viabilidad y vitalidad al sistema político democrático, mediante  la operatividad del co-gobierno en todas las instancias y niveles, en procura de un mayor control de los gobernados sobre los gobernantes o mandatarios y de una concertada ejecución de decisiones tomadas por consenso o mayoría.

La participación es el instrumento para hacer de la democracia, en la realidad del hecho diario y no solo en teoría escrita, el mejor sistema de autogobierno y una forma de vida plena y total, asumida por todos. Siendo así,  si se llega a concretar, entonces, se hace fácil la tarea u oficio de gobierno.

Participar no es responsabilidad exclusiva  de los dirigentes. Siempre es bueno que estos existan. Es una obligación colectiva  que con el correr del tiempo diluirá el papel dirigencial tal como hoy se conoce, que no es otra cosa que un papel de dominio, poder, prestigio y privilegios, en lugar de constituir un servicio social.

Cada sector humano específico asume un rol participativo. Lo hace, hoy,  en la defensa de sus intereses, concretos y determinados, pero cuando la sociedad alcance un nivel superior o el estado de madurez y plenitud democrática, lo hará  en función de las conveniencias nacionales o colectivas.

Una democracia consolidada debe conservar los sectores o grupos, pero éstos – en vista del avance conceptual y práctico del sistema -  dejan atrás el criterio que les ha llevado a   asumir el rol participativo como una lucha o defensa de lo que han alcanzado o les pertenece, legal, material e institucionalmente, para desenvolverse socialmente mediante normas estables, acuerdos, aportes y contribuciones que busquen elevar la calidad de vida de todos, y no solo de aquellos  que más fuerza o influencia puedan tener.

Se trata de un nuevo estado de conciencia, gracias a  la  evolución personal del individuo y al avance de las instituciones integradoras, lo cual equivale a un adelanto del todo social basado en la confianza mutua y en el compromiso global.

El perfeccionamiento de la sociedad es el resultado de sucesivas acciones pequeñas y rutinarias en muchos casos, pero también de hechos que reciben notoriedad o que son acontecimientos. Los primeros pasan desapercibidos sin que por ello sean de  poco interés.

Una gran variedad  de personas interviene en esos hechos, tanto en unos  como  en otros, porque no se trata de una participación restringida a lo estrictamente político o dirigencial, apuntando hacia un liderazgo, no. Se trata de actuar en cada campo personal para cumplir esas tareas o realizar acciones que nos lucen sencillas, pero que impulsan – como  globalidad humana – la  estabilidad social y el cambio.

Un estudiante ayuda al colectivo social cuando aprovecha  sus horas  de clase para formarse, cuando respeta pero a la vez exige mayor nivel  a sus profesores, cuando  es honesto en sus exámenes, cuando cuida y mantiene su entorno educativo, cuando interviene en el club ecológico, cultural o deportivo, o en el centro de estudiantes.

Si analizamos el gasto hecho por el Estado en la planta física de las escuelas al comenzar cada año educativo, a causa del uso irresponsable de propios y extraños, encontramos que un buen porcentaje de ese dinero podría orientarse a otras metas humanas como la  dotación de bibliotecas, laboratorios, equipos, investigaciones y becas estudiantiles. Es, entonces, importante participar  en la custodia y mantenimiento de las instalaciones  educacionales.

Este es un buen ejemplo, pero podemos  ver muchos otros. Para abreviar cito algunos. Participa, ejerce responsablemente su rol y fortalece la sociedad:

 

 Se puede seguir buscando ejemplos, de padres y madres  de familia, jueces, ministros, parlamentarios, fiscales públicos, defensores públicos, contralores, artistas, escritores, gobernantes, entre otros.

 

Lo concreto  es que la participación no se reduce a una actuación  directamente vinculada  a la política tradicional, sino que se trata de un accionar común desde cualquier posición, porque consolidar el sistema democrático es una responsabilidad global y permanente, y no exclusiva de políticos de partidos.

 

Juega  un papel importante la organización, sectorización, institucionalización, de la sociedad, porque el agrupamiento genera identidad, facilita la inserción, establece  obligaciones consentidas y convoca grupalmente a la responsabilidad.

 

Si un conglomerado humano está organizado a plenitud, cada uno de sus integrantes conoce el rol que le corresponde, se apoya en la solidaridad del grupo y toma las tareas con el compromiso generado  por la identidad, a su vez propiciada por la unión o agrupación de sus pares o iguales.

 

La organización  no resulta absoluta, total, pero debe contener el mayor  número de grupos posible, para acreditarse la representatividad y con ello la autoridad necesaria (respetabilidad y  credibilidad) para el desempeño de las funciones en nombre del colectivo.

 

Participar se conjuga  de mejor manera dentro de una estructura organizada, porque en ella hay una clara identificación de intereses y roles, y lo que se haga en grupo obliga a  todos los integrantes, los cuales  - al integrarse -  saben que hay otros sectores o  individuos con los cuales  se comparte o se interrelacionan para hacer de la vida social un respetuoso y pacífico equilibrio que preserve la autonomía y la solidaridad.

 

Una comunidad, un municipio, estado / provincia o país organizado en sus infinitas posibilidades, presiona sobre los estamentos públicos  - los poderes o ramas del poder público – para que cambien o se transformen las estructuras oficiales o institucionales, con el objeto de que la participación, libre y responsable, adquiera la  etiqueta de eficaz.

 

La participación eficaz  es lo que le da sentido y validez a la democracia como forma de  vida, ya que su ausencia ha permitido el exagerado presidencialismo, la omnipotencia de los mandatarios, el modelo centralizado de toma de decisiones y la ejecución de éstas, y un progresivo  descreimiento en la posibilidad  que tenemos de vivir y compartir  en una sociedad cuyos  fines nos unen a todos. Es decir, en una democracia legítima.

  

CAPITULO III

 El nuevo liderazgo

La mayor tragedia de la democracia está signada por el hecho de que su realización, como proyecto social nunca acabado y siempre perfectible, ha estado en manos de hombres y mujeres no poseídos plenamente de convicciones democráticas, ni portadores de acrisoladas virtudes ciudadanas y, por otra parte,  ajenos a una adecuada formación político – gerencial.

Se trata de un verdadero drama, porque los ejecutantes  de la democracia son todos los ciudadanos, en diferentes grados  de responsabilidad. Sin embargo, la  realidad  es que un sector ubicado en la cima ha acaparado el ejercicio democrático y ha dejado para las inmensas mayorías solo el acto de la votación electoral, al no haberse dispuesto la descentralización de las competencias y la transferencia del poder  a instancias más cercanas al  individuo.

Muchísimos  de los hombres y mujeres del liderazgo han demostrado que no poseen una idea clara de qué  es el modelo de gobierno democrático, su por qué  y su cómo, en razón de lo cual con demasiada dificultad podrá darse la implantación, desarrollo y consolidación.

En las sociedades en vías de desarrollo debemos atribuir  el gran peso de esta responsabilidad  a lo que se conoce como  la dirigencia, ya que el subdesarrollo hace pensar que la conducción  de la sociedad  corresponde solo a un grupo o sector, al liderazgo conocido o al funcionariado administrativo. Y esa creencia es reforzada por los dirigentes, al asumir  la promoción de sus nombres para cargos en medio de ofertas  que los ubican como personas de mucho poder y gran capacidad de decisión.

No otra cosa  se demuestra periódicamente en las elecciones presidenciales, en las que resulta tan personalista la campaña que hace suponer a los electores  que con el ganador se asegura la conducción exitosa de la sociedad por una sola persona.

Las campañas suelen ser los torneos publicitarios – más que políticos – en los cuales el derroche de dinero no guarda equilibrio alguno ni se soporta en la razón, cuestión a  que se adiciona el origen perverso de esos fondos: los poderes irregulares. Uno de ellos, siempre solapado, el de la corrupción administrativa.

Reside en los hombres y mujeres del liderazgo una debilidad intrínseca del sistema, pero al lado de ella también está un cuerpo social de bajo nivel cultural, lo que termina por crear un círculo vicioso. Una masa inculta genera una conducción desatinada. Y esa conducción  no estimula los cambios culturales pro democracia  de la ciudadanía.

Todo lo anterior nos hace pensar en la necesidad de lograr un nuevo liderazgo social, a todos los niveles, para revertir las tendencias nocivas del pasado y para poder entrar en la fase de cambio de las estructuras mentales de las mayorías poblacionales. Esas estructuras (ideas, criterios y tendencias) han sido provocadas por comportamientos y actitudes, durante  años, de personas que carecieron de firmes principios y valores democráticos.

El nuevo liderazgo debe asumir la democracia como un medio para la realización plena de las personas, a partir de la familia y hasta la comunidad nacional o universal, fortaleciendo la libertad, fraternidad e igualdad como elementos que aseguran la   cohesión comunitaria.

Si no se entiende y asume esta premisa, con una convicción íntima y con un propósito sincero de realización, el liderazgo carece de credibilidad, arraigo y arrastre, propiciando por tanto la reedición de los errores del pasado y la parálisis del proceso de búsqueda de la democracia deseada.

Entender y asumir implica una obligación previa. Un dirigente o líder debe aceptar la primacía de los valores de carácter fundamental: el bien, la verdad, la justicia, la solidaridad  y el respeto y defensa  de la vida, al lado de los valores democráticos universales: la pluralidad, la tolerancia, la alternabilidad y la transparencia (administrativa y electoral).

Las exigencias que dan sentido a un liderazgo siempre han existido. No se trata de una novedad y, justamente, por no haber sido atendidas es por lo que no hemos alcanzado la democracia en plenitud.

Y no haberla alcanzado es un mal precedente porque la demora propicia caricaturas y falsificaciones que, a su vez, facilitan experimentos dañinos como el personalismo, el populismo y la dictadura, cuyos resultados sociales y económicos todavía se aprecian en nuestros países americanos.

En consecuencia, la realidad actual obliga a la aparición de un nuevo liderazgo que sea capaz  de reanimar las masas con prácticas moralmente admisibles, que asuma los retos o metas con afán de eficiencia, que estructure los sectores de la sociedad hoy invertebrados, que descentralice la toma de decisiones hasta niveles de vecindario y que acabe con la perversa costumbre de hacer de la democracia una conspiración de todos contra todos.

En el centro de ese programa, del que solo he trazado un esbozo, está un modelo educativo formal y no formal que impulse el colectivo social a un nuevo estado mental, una nueva conciencia, para asumir directamente los cambios que justifiquen y den legitimidad al sistema democrático.

Un nuevo liderazgo es posible, pero no es admisible que sea una copia del pasado con sus prácticas, vicios y corruptelas,  sino que constituya el fruto de convicciones y decisiones de quienes no han intervenido en la política tradicional. Ellos harán la nueva política con partidos o sin ellos, imponiendo el valor de la ciudadanía por encima de la militancia y proclamando la ética social como valor impostergable.

  

Educación para vivir en democracia

La debilidad en la posesión personal y el uso o práctica constante de los valores inherentes a la democracia, por parte de los ciudadanos, solo se puede enfrentar  - por tratarse  de un problema social – a través  de programas  educativos permanentes, de vasto alcance, y de cambios  en las instituciones públicas y privadas que constituyen el entramado social, a las cuales  acuden los habitantes de un conglomerado  de manera permanente.

Esos programas educativos están condicionados o sujetos a los grandes objetivos que se han trazado para el país, nación o república, en la delineación  dogmática  de su Constitución, Carta o Estatuto, que en el caso venezolano se llama Preámbulo.

Al leer esta parte, sobresalen o se infieren los grandes problemas que debe solucionar una sociedad concreta en la búsqueda o consecución de unos determinados estados del desarrollo humano, de felicidad de sus habitantes, para  lo cual se requiere un esfuerzo colectivo o corresponsabilidad.

El análisis teórico – práctico del “dogma social” previsto en la Constitución es lo que permite  determinar las áreas de estudio, las materias de investigación, el enfoque del programa educativo y, sobre todo, las metas que se quieren alcanzar.

Si no se plantean metas concretas, no podemos diseñar con acierto un modelo educativo destinado a un específico objetivo social, porque es  a partir  de una planeación del todo social como se pueden  definir los distintos roles de: individuo, familia, vecindario o comunidad, escuela, empresa, economía, sociedad, municipio, entidad federal o territorial, Estado, etc.

Resulta indispensable que alrededor de la tesis constitucional exista el más amplio consenso, obtenido por la participación, diálogos, debates, conversaciones, consultas, etc., previos, como elementos integradores de voluntades y como generadores de compromiso para una acción coherente del todo social.

El “credo constitucional” suele contener expresiones que apuntan a determinar  el tipo de ciudadano que  se quiere formar mediante el despliegue del  programa que representa la Constitución, para cuya completo desarrollo hay otras precisiones, pautas o líneas de acción  en las diferentes materias de interés general. Todas, en conjunto, representan el proyecto  de país y su relación con el entorno universal.

Igualmente hay enunciados sobre el tipo de institución que educa (pública, privada, concentrada, descentralizada, autónoma, etc.), sobre la igualdad de oportunidades, libre acceso y gratuidad, sobre el  financiamiento, sobre el recurso humano docente (perfil y formación) y  sobre los criterios democráticos y participativos de la enseñanza y del aprendizaje.

Con una base como la anterior, constitucional  y consentida por todos, se abre el debate y comienza el trabajo de planear contenidos educativos basados en los valores democráticos aceptados universalmente y en las características del entorno  humano – social, tomando en cuenta que cada lugar o comunidad posee una especificidad que reta  a la innovación y a la creatividad.

Libertad, igualdad, paz, ecología, tolerancia, pluriculturalidad, estado de derecho y de justicia, al lado del análisis crítico de la realidad humana (pobreza, exclusión, violencia, autoritarismo, poderes irregulares, corrupción del funcionario y de la persona, etc.),  son asuntos que bajo el paraguas de los derechos humanos constituyen prioridad en un programa educativo

Y esto es así porque la democracia no es un hecho natural  o consustancial, sino una creación humana y como tal, después de veinticinco siglos  de su génesis en Grecia, requiere enseñarse y ejercitarse para hacerla realidad y no mantenerla como una mera teoría.

Por supuesto, no se excluye el estudio de teoría del Estado, el poder y la autoridad, los fines  de la sociedad, los bienes públicos, constitución y leyes, la sociedad internacional y la integración, funcionamiento de las ramas del poder público, el tesoro nacional, la seguridad y la defensa,  y otros aspectos de interés general.

Observando este breve catálogo, no podemos dejar de pensar que la desidia, apatía y desinterés por lo político y electoral  se soporta – en mucho – en el desconocimiento de relevantes aspectos  de la vida en sociedad, necesarios para la sana convivencia y el progreso general,  que no han sido enseñados ni ejercitados.

Conviene aclarar que una propuesta educativa para enseñar a vivir en democracia, aparte  de permanente y de largo plazo – o sea  permanente de verdad – implica integración, coordinación y acuerdo entre el sector que administra la nación (gobierno  o poder ejecutivo) por tener  a su cargo la enseñanza, y los órganos electorales (Poder Electoral  en Venezuela), el Parlamento (casa de la ley y garante de la soberanía popular), los  actores políticos y la sociedad no partidizada o civil.

Este  acuerdo o consenso institucional dará sentido a los programas educativos, facilitará el financiamiento y hará que el gasto constituya una inversión social orientada, en definitiva,  a  generar la indispensable estabilidad democrática que requiere un país para su avance en todos los campos.

Estabilidad, propiciada por un nivel cultural pro- democracia y una organización social eficiente,  es el mejor incentivo para  una participación mayoritaria. Esa dinámica participativa podría hacer que se recupere el accionar  de los partidos políticos como  instituciones democráticas, lo que – en plenitud -  no fueron en el pasado y no lo son ahora.

Precisamente, han sido los partidos el centro de los mayores reclamos por el incremento de la desconfianza ciudadana en la política (que se asimila con democracia),  porque estos pretendieron suplantar la democracia de ciudadanos y sustituir al Estado para  ejercitar el poder y conducir la sociedad desde un reducido círculo conformado por dirigentes.

El sistema educativo o modelo para vivir en democracia no puede contener como objetivo que los partidos de vieja data regresen a la escena principal, porque el  éxito educacional hará que los ciudadanos opten por otros modelos asociativos o, en todo caso,  por novedosas instancias que ellos mismos podrán crear gracias al estudio y  a la  experimentación social.

Hay otros asuntos que conviene tratar. Uno de ellos  es el análisis, aunque parcial, de lo que tenemos como programas educativos. La enseñanza de la historia es inadecuada, pues  se hace en base a héroes solitarios, sin pueblo, a cuya actuación valerosa y hasta temeraria debemos “la libertad e independencia”. No hay otra cosa semejante que promueva el personalismo y el caudillismo, tan contrarios a democracia y participación.

Igualmente destaca la falta de: sensibilidad  de padres y representantes, promoción de actitudes y destrezas, participación y democracia en el aula, normas e iniciativas  de los propios educandos para su autoformación y, en fin, un estilo agradable y entusiasta – nunca aburrido- de la enseñanza.

Superados los escollos anteriores, o al menos vistos para no repetirlos como vicios, el plan  debe orientarse a transmitir el concepto de democracia no como adquisición intelectual o mero conocimiento, sino como un raciocinio que tiene aplicación práctica en la vida, que se ejercita, se practica, se observa, y que ofrece buenos resultados en el lugar concreto donde discurre la vida del educando.

Así podemos crear interés y motivación por la democracia y sus instituciones, ya que la lección se corrobora en el diario hacer, se contrasta positivamente. Lo cotidiano y el aula – u otro espacio educativo – no son polos opuestos y contradictorios, sino afortunadas coincidencias que reafirman conceptos y fortalecen criterios de vida.

La  evolución de la sociedad necesariamente es lenta, pero desplegando el programa educativo   pro democracia el avance se torna firme y sostenido hasta alcanzar una auténtica y verdadera convivencia democrática, en la que los factores fundamentales, los ciudadanos, actúan  con pleno conocimiento (saben que la democracia no es solo un modo de gobierno sino  un estilo de vida)  por estar en posesión y vivencia de hábitos y virtudes que impulsan el cambio social.

La infancia es el primer grupo de atención en un sistema educativo. Educar  a los niños para vivir en democracia es una esperanzadora responsabilidad. Su inclusión en el modelo nuevo implica dejar atrás los esquemas del regaño y el caramelo, o juguete, para lograr  que en la primera  edad se comience  a tener un pequeño grado o nivel  de convicción, responsabilidad, solidaridad y satisfacción sin egoísmo.

 Adolescencia y juventud deben encontrar respuestas a sus dudas y desconciertos, propios de la edad, mediante el logro de un arraigado sentido de lo social- trascendente, una conciencia crítica, mejor capacidad de discernimiento y compromiso con los valores de la persona y de la sociedad.

Los jóvenes de hoy están necesitados de vías y caminos para ingresar a instituciones, organismos y grupos que modelen liderazgos y que permitan canalizar energías hacia soluciones sociales o estudiantiles, en el marco de un sistema legal o sublegal (reglamentario, normativo o estatutario) que se debe asimilar o aprender como práctica y experiencia de participación.

Estando en posesión de acendrados criterios sobre bien público, solidaridad, ciudadanía, participación, pertenencia a la comunidad y no violencia, el educando llega a la  edad mayor en capacidad  de intervenir (como votante o candidato)  en todos los procesos electorales, sectoriales, locales, regionales o  nacionales.

Lo hará con un sentido crítico, con una acertada percepción de la realidad, ajeno al simplismo, sin dejarse llevar por la demagogia y la mala calidad de los candidatos, buscando  - además-  lo que  a su mejor formado juicio es  el beneficio para la sociedad o la más alta conveniencia nacional.

En cuanto a las instituciones, con las  cuales se relaciona el ciudadano, debe considerarse que su adecuación para una nueva etapa histórica es necesidad inocultable y requisito imprescindible para subsistir. Los cambios servirán para un refrescamiento, una evolución hacia  la participación directa y eficiente, acceso a la   discusión popular de las leyes, normas, ordenanzas y decretos, el inicio del control comunitario de las obras e inversiones, la iniciativa popular, la descentralización del poder y la consulta permanente.

Solo así  se hará realidad la democracia y la autodeterminación colectiva, y se dejará atrás la caricatura o imitación inauténtica en que se ha convertido nuestro modo de gobierno y vida.

 

 El compromiso democrático

La democracia restringida  a lo electoral o la ficción de sistema democrático no es una casualidad, sino consecuencia de hechos y situaciones que durante años no han permitido desarrollar culturalmente a la ciudadanía  para alcanzar una nueva  actitud ante la vida y la sociedad.

De ese bajo nivel de cultura política proviene la pasividad, el conformismo y la indiferencia, detrás  de las  cuales se ha instalado el individualismo. Este último es el gran enemigo para la auténtica formación de la voluntad colectiva sobre bases de corresponsabilidad.

Integrar la sociedad mediante la organización de base es la mejor respuesta al creciente individualismo, respuesta con ribetes de pedagogía que es también  un antídoto contra la deshumanización y contra el ejercicio omnímodo del poder por una sola persona.

El paso de una forma muy rudimentaria de democracia a un nuevo modelo, efectivo y eficaz,  implica asumir un compromiso democrático individual y colectivamente, a largo plazo y sin que exista mediatización.

Ese compromiso no es una declaración de principios o un manifiesto, al modo de las proclamas a que estamos acostumbrados, sino una convicción generada por la educación formal e informal. Fruto de esa formación es un estado mental que impulsa la acción  hacia metas sociales previamente concertadas y deseadas a plenitud.

El nuevo ciudadano, salido  del proceso educativo, es una  persona en posesión de herramientas culturales para impulsar el cambio social, dentro de una red organizada y con bien identificados fines colectivos, en la  cual los partidos pueden ser una modalidad o medio, entre otras opciones impuestas por las realidades vigentes.

Ya no se tratará de intervenir ofreciendo opiniones para la orientación de la política comunal, local, municipal, estadal o nacional, para que otros tomen las decisiones y ejecuten las medidas u  obras, no, sino que el ciudadano asumirá un rol protagónico y la ejecución directa, en medio de una vivencia de participación consciente, libre y responsable.

Esa participación no consiste en la asistencia del hombre o la mujer a una asamblea o reunión, donde se les participa en medio de una simulada consulta. Es el encuentro solidario con el otro, con el vecino, con el par o igual, asumiendo compromisos y responsabilidades concertados en comunidad, en uso y despliegue de criterios asimilados y articulados para la acción personal y colectiva.

Compromiso y responsabilidad  que se incrementarán por la vía  de la comprensión de que el esfuerzo solidario es un aporte humano y material que no se puede perder por la improvisación o el desorden, puesto que el plan participativo y comunitario se entrelaza con muchos otros de todas las instancias territoriales del país.

El avance cultural impulsará pequeños proyectos comunitarios, gerenciados y controlados por los ciudadanos del vecindario, dando lugar a una ejercitación real de los conocimientos teóricos, pero eso no solo será para un fin concreto sino  que propiciará la escuela  de las nuevas generaciones de dirigentes políticos más consustanciados y embebidos en la idea del compromiso democrático.

Si el vecindario ejecuta un proyecto con aporte solidario de mano de obra, supervisión y control, equipos, vigilancia, mantenimiento, etc., la inversión será asumida como una propiedad vecinal, especialmente en la necesidad del mantenimiento, dejando atrás el viejo paternalismo sin contraparte en el ciudadano, aquel espectador de tantas obras que se hicieron, en el pasado, para cumplir con la cuota de un patrocinante electoral.

Así como la pequeña comunidad, educada en los fines sociales y políticos, asume el reto, lo mismo diremos de la Parroquia, el Municipio o Distrito, el Estado, Departamento o Provincia y el País en cuanto a grandes inversiones económicas y los macro proyectos.

El compromiso democrático es el elemento  espiritual (nutriente, renovador e impulsor) que no ha estado en la mente y en la vida del ciudadano de América Latina, para hacer que se sienta el discurrir de la sociedad como un asunto que nos incumbe a todos y que la administración pública no es un cuerpo de funcionarios pagados para reemplazarnos en nuestras responsabilidades y hasta en nuestro modo de pensar.

En una sociedad democrática es inadmisible  - además – que el burócrata considere un privilegio el hecho de poseer un cargo, posición de servicio que transforma en beneficio personal y expresión de superioridad ante los demás ciudadanos.

Esta y otras, aún  presentes, son desviaciones corregibles dentro de la perfectibilidad del ser humano y del sistema democrático, y eso es, justamente, uno de los grandes objetivos de la educación para vivir en democracia.

FINAL

  Estabilidad y consensos

Las sociedades latinoamericanas han vivido períodos de elevada inestabilidad política y luego han podido recuperar el normal funcionamiento de la sociedad, sin que por ello se pueda afirmar que hay una consolidación del sistema político.

 Los momentos de baja tensión no son definitivos, porque la gerencia pública tradicional deja insatisfacción – dada las situaciones sociales irreversibles en  corto plazo - y porque en el caso de los perdedores electorales queda en ellos un ánimo que dispone las mentes para lanzar ataques o formular denuncias en procura de nuevos escándalos y buscando, siempre, la inestabilidad.

Históricamente, un sector político busca conmover al otro para restarle vigor electoral y esa actitud o estrategia ha permitido la renovación  o alternabilidad en los mandos ejecutivos y parlamentarios, especialmente cuando se logra desprestigiar a los mandatarios aunque ello se haga con truculencias y mentiras.

Conviene dejar en claro que la estabilidad alcanzada, que puede ser breve o prolongada, ha tenido como telón de fondo – no siempre considerado – una baja cultura política, inexistencia de educación para vivir en democracia y mayoritarios sectores humanos viviendo en pobreza.

Entonces, no estamos hablando de una auténtica estabilidad, sino de una aparente quietud  de las masas en medio de un accionar político no transparente y de baja calidad, en el que los niveles culturales no concuerdan con las exigencias nacionales de una acertada gerencia del desarrollo humano.

 En ese sentido es necesario sostener que la complejización de todas las sociedades, en medio  de una avasallante  globalización, impide mantener vigentes los criterios  de coordinación e integración social vigentes en las décadas anteriores, de acuerdo con los cuales un poder ejecutivo centralizaba todas las decisiones importantes y ahogaba con su peso político – electoral  a parlamentarios y jueces.

Los ajustes descentralizadores hacia Estados (Departamentos y Provincias) y de allí a municipios, parroquias y comunas, incorporan más ciudadanos al ejercicio del poder ejecutivo, y ese hecho descarga de peso al gobierno central y posibilita la toma de decisiones locales, en los mismos  lugares en que se debe ejecutar, sin los patrones o modelos nacionales que uniforman las soluciones.

El auge descentralizador ha venido a ser un  adecuado remedio para el cansancio e ineficacia del presidencialismo, pero no alcanza a tener el mismo efecto curativo frente al agotamiento del papel del Estado, de los partidos políticos y de los parlamentos.

Por ello se impone abordar con objetividad un debate en torno al nuevo rol del Estado, de los partidos y del parlamento, como la base para buscar nuevos elementos que ayuden a la estabilidad democrática, tomando  en cuenta  que el modelo de gobierno y funcionamiento social de la democracia puede asumir formas nuevas, inéditas y desconocidas.

De esas formas nuevas, una de ellas es la organización de la sociedad sobre la base de esquemas vecinales o comunitarios dotados de potestad  legal (sustrato legal y competencia normativa) y recursos presupuestarios, en procura de una expansión (numérica y descentralizada) de  un poder ejecutivo probadamente ineficiente.

La idea democrática, así entendida, será el eje conductor de la enseñanza escolar para aprender  a vivir en democracia, como lo he venido sosteniendo, y en su desarrollo programático deben destacar los nuevos roles de Estado, partidos y parlamentos.

En síntesis, una estabilidad a medias o estabilidad basada en  ignorancia y desarticulación social, tiene que ceder  el espacio a una estabilidad soportada por un elevado nivel de cultura democrática, una organización hacia abajo que expanda el gobierno (siendo éste ya un nuevo rol del Estado), partidos inmersos en la nueva realidad social y parlamentos igualmente descentralizados, útiles y menos costosos.

Superar la ignorancia política permitirá que los ciudadanos comprendan las situaciones y restricciones del quehacer público, y que puedan  evaluar con certeza la acción de sus gobernantes y representantes.

A partir de una ciudadanía culta y exigente, en los usos y fines democráticos, será más fácil la concreción de los consensos permanentes en todas las materias y el logro del compromiso personal de activar, o vivir, procurando el bien global de la sociedad.

NILSON GUERRA ZAMBRANO

Subir


Nilson Humberto Guerra Zambrano.  Venezuela.

 

TITULO

Programa de Formación de Periodistas en Asuntos Electorales

 

 

 

 

INDICE

1.- Diagnóstico de la situación

2.- Problemas  críticos

3.- Descripción del  programa

4.- Justificación

5.- Marco  institucional

6.- Marco teórico

7.- Objetivos

8.- Personas destinatarias

9.- Localización física y ámbito territorial

10.- Actividades y tareas / Acciones

11.- Metodología

12.- Cronograma  tipo / Calendario de trabajo

13.- Administrador del proyecto

14.- Recursos necesarios

15.- Presupuesto

16.- Evaluación

17.- Factores externos

18.- Bibliografía

 

1.- DIAGNOSTICO  DE LA  SITUACION

La  sociedad  venezolana  ha devenido  de una altísima  participación  electoral en los  inicios de la etapa democrática (95 % en 1958 – 86% en 1968) hacia una baja concurrencia en  los   períodos 1973 -  78  y   1983  - 88 (38 y 36 % de abstención),  manteniendo las cifras de ausencia siempre  cercanas al  40%  hasta mostrar   números  récord   en  las recientes elecciones del  7 de octubre de  2012 (81 % de votantes).

Los  análisis de expertos  en ciencia  política y voceros  del sector  partidista, al  igual  que  funcionarios del organismo electoral, apuntan hacia variadas  causas,  entre  las  cuales podemos señalar:

1.     Al  comienzo hubo una ilusión de progreso  y desarrollo promovida  por  los partidos políticos, pero luego las realidades de gestión provocaron desafecto a  los partidos y desencanto por la  política.

2.     El aumento  de la población electoral en los años setenta  y ochenta no estuvo acompañado  de  campañas   motivacionales del organismo electoral  y todo  se dejó  bajo la  responsabilidad  de los partidos, que únicamente apuntaban  hacia  la consecución de votos, para ganar elecciones (aunque decrecieran) sin tener metas  de crecimiento.

3.     La dirigencia  partidista no estuvo a la  altura del compromiso de sembrar la  auténtica democracia  en la conciencia  ciudadana y con el desarrollo cultural de la sociedad esos dirigentes  perdieron influencia y credibilidad.

4.     El analfabetismo influye  en  la abstención.

5.     La polarización extrema  provoca una votación masiva.

La  actualidad nacional muestra  una robustez en la participación, pero sigue siendo  alta la abstención  (19 %)  en consideración   a los primeros  años de la etapa democrática  y no se ha cuantificado la  brecha de los  no inscritos  en el Registro  Electoral Permanente, que podría ser –cálculos  no  oficiales-  de un millón ochocientas mil personas. La población  del país es de 29 millones de  personas (donde  se  incluyen  menores  de edad) y el padrón electoral tiene  18 millones.

La abstención  real  podría  estar en el  orden  del 30%.

Con cada elección nacional  presidencial el país se envuelve en una fastuosa  campaña promocional, publicitaria y propagandística que invade  los sectores sociales y que llega  cubrir todos espacios públicos del territorio, al mismo tiempo que hay  avisos, cuñas  o  mensajes en la totalidad de medios de  comunicación.

En el mismo  orden de presencia y penetración, en todos los medios hay información  política que no alcanza niveles de especialización, sino que se mantiene en la superficialidad, enfocada  hacia el show y  no hacia el logro de  una cabal  comprensión y acrecentamiento de la cultura política.

Esto  ocurre  porque los  medios no tienen un enfoque institucional – democrático en la orientación y búsqueda de una  madurez cultural  de la población,  sino que procuran  ventas  y sintonía  para maximizar las ganancias, desconociendo  que se puede alcanzar  una mejor sociedad.

Los periodistas  son un  factor relevante  a  la  hora  de asumir procesos de mejoramiento  de la sociedad   a través  de los mecanismos de la educación informal, de  tanta importancia  si consideramos que lo  formal  debe ser complementado.  

2.- PROBLEMAS CRITICOS

·        Alta abstención electoral, pese a  ser inferior a otros países.

·        Abstención recurrente  o rechazo a  la inscripción en el padrón.

·        Poca presencia del organismo electoral, en la sociedad, fuera  de los períodos  electorales.

·        Superficialidad   en la información electoral, tanto periodística como institucional.

·        No existen  programas de  radio y  TV especializados  en el  tema  electoral.

·        No hay debates  entre periodistas  sobre  la  materia electoral.

·        No hay páginas especializadas, permanentes, en  los medios impresos o  digitales sobre el tema electoral.

·        No se enseña  formación electoral  en las  Escuelas de Comunicación Social. 

·        Se  carece  de  Especialización, Maestría y Doctorado en asuntos  electorales.

 

3.- DESCRIPCION DEL  PROGRAMA

Mejorar académicamente  los periodistas venezolanos de medios impresos, ocupados de / o asignados  a la fuente política, en la  especialización eleccionaria, permitirá alcanzar una  mayor incidencia, de sus  trabajos, informes, reportajes, noticias, opiniones  e investigaciones,  en la participación  de los ciudadanos  en  los  eventos electorales.

El logro  una alta capacitación es la clave  para que el desempeño laboral, vertido en la producción de materiales periodísticos, sea siempre una expresión  de la importancia de la actividad electoral en la sociedad  venezolana, mostrando el lado  positivo de la vinculación ciudadana a los procesos eleccionarios como vía civilizada para alcanzar  los consensos indispensables para la paz, el orden  y  el progreso.

Es  conveniente  que los  periodistas que se ocupan de la fuente política, en diarios  de todo el país, avancen de manera sistemática  hacia una especialización  electoral, con  vinculación del Colegio Nacional  de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y  de las Escuelas  de Comunicación Social.

La población beneficiada directamente supera el centenar de profesionales, en veinticuatro  entidades federales o territoriales, en cada  una de las cuales  funciona una seccional del  gremio de los comunicadores sociales, creado mediante ley nacional en 1972.

Al  hablar de la centena es en referencia a los periodistas ocupados del tema político y electoral, pero, por supuesto, hay otros que  puede ser incorporados a la actividad formativa de este programa, toda vez que siempre hay rotación o cambios de manera  constante. El  gremio tiene veinte  mil afiliados.

Se espera  obtener un resultado altamente  positivo  en  la promoción  personal y laboral, una  elevación  de la calidad  de desempeño,  un mayor compromiso con el sistema democrático  y una provechosa influencia  en los lectores.

Adicionalmente, mejores periodistas serán siempre  más exigentes  con los candidatos,  a  cualquier cargo,  a  la hora  de una entrevista, declaración, reportaje o análisis lo cual incidirá en acrecentar la cultura democrática del colectivo  social.

En Venezuela se acostumbra invitar a periodistas de la  fuente  política para que actúen  como analistas en programas de opinión  de radio  y televisión, con mayor frecuencia  que  los invitados pertenecientes a la Ciencia Política  (Politólogos), lo cual significa  que hay mayor  credibilidad  en los comunicadores.

En ese  sentido,  el acrecentamiento de la formación  profesional de los periodistas servirá para  rendir mejores análisis y comentarios en esos programas, a los que suelen ser  invitados. 

4.- JUSTIFICACION  

Este  proyecto  se justifica plenamente porque busca atender, enfrentar y solucionar uno de los problemas de la sociedad latinoamericana en general  y venezolana en particular, como lo es la participación electoral, desde una óptica absolutamente  novedosa e inédita, por no tener experiencias similares.

La ausencia  de aproximaciones previas, o estudios e investigaciones, que le permitan  un soporte de  antecedentes o marco referencial le agrega  un mayor valor como premisa  de cambio  en  tan relevante  aspecto social, como es la afluencia electoral.

A esta baja numérica electoral, a manera  de análisis, debemos  unir una debilitada capacidad de compromiso  por las grandes mayorías a  la hora de integrarse  en tareas  partidistas, socio – ambientales, comunitarias o de  co-gobierno.

La ausencia de compromiso no ha sido tema de estudios sociológicos y tampoco ha forzado reportajes  de los medios de comunicación, situación  que conviene revertir mediante  producciones periodísticas elaboradas con  clara conciencia de que no solo se  trata de asomar  una realidad, sino de cambiarla. En ese sentido, la propia Sociología, como disciplina universitaria,  podrá aportar  claves.  

 Los periodistas venezolanos de los medios impresos (diarios) conservan una  gran influencia en  los otros medios (Radio, TV e Internet) debido a  que por su carácter  de matutinos imponen  la agenda noticiosa  de  cada día y tienen la singularidad de abordar  los temas con mayor profundidad.

Siendo  así, la incidencia de su mejor formación académica tendrá reflejo en  los otros medios, de manera  positiva.

Los profesionales de la comunicación social carecen de  estudio  y comprensión  del hecho electoral por no ser una materia prioritaria en la agenda de su formación profesional en las  universidades y  por la ausencia de pautas o políticas  informativas en los medios  de comunicación dirigidas a incrementar  la participación  electoral, la cual se  considera  un asunto de la incumbencia de  los partidos políticos y del   órgano electoral,  es  decir  de los entes directamente involucrados.

Los medios impresos, dado su perfil y alta incidencia  en  la radio  y la  televisión,  al marcar las agendas informativas  diarias,  podrían mejorar su desempeño para  ser auténticos promotores  de la cultura democrática.

El trabajo de los medios de comunicación, en su especialidad o fuente  política, no ayuda a incrementar  la participación, sino que más bien  la desestimulan  por el poco atractivo que ofrecen los materiales publicados, lo que obliga a  candidatos  y partidos  a  invertir  en  publicidad en esos mismos vehículos comunicacionales.

Tal pareciera que es un círculo vicioso,  en el cual los medios no quieren ser mejores en cuanto a calidad informativa para procurar  que sus páginas sean el receptáculo publicitario de los partidos, las organizaciones y los candidatos.

En Venezuela, con fundamento constitucional, existe  la corresponsabilidad social  de todos los sujetos  residentes en el territorio nacional, al mismo tiempo que los medios de comunicación, públicos y privados,  están señalados  como entes  que deben contribuir a la formación ciudadana. Ver Título III, capítulo VI, artículo 108.

De  esto  dimana  una responsabilidad pedagógica del medio  en su relación  con  los lectores,  unida  a la circunstancia de que las nuevas teorías conceptúan a los medios como servicios, entonces obligados a  ejercer un periodismo didáctico en función   de promover  un  ciudadano libre, democrático, participativo y protagónico.

5.- MARCO  INSTITUCIONAL

El proyecto se ubica dentro de  una actividad  académica de  la Organización  de Estados Americanos dirigida a  capacitar profesionales, de diferentes países de Europa y América,  en la materia de la Formulación de Estrategias para    la Participación  Electoral, lo  cual  viene a ser el cumplimiento de uno de los  objetivos de su carta de fundación y guarda  relación con lo señalado  en la  Carta Democrática Interamericana.

Desde otro ángulo  institucional, la existencia de la República Bolivariana  de Venezuela ocurre en medio de un proceso de refundación, plenamente sustentado  en las Cartas de las  Naciones Unidas y  de la OEA,  que fija entre  sus fines supremos el establecimiento  de una sociedad  democrática, participativa y protagónica para consolidar  los  valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la convivencia y el imperio de la ley.

Son  principios fundamentales el desarrollo de la persona humana, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular y  la construcción de una sociedad justa.

Coherente con el  texto refundacional  fue creado el Poder Electoral, como novedosa rama de la distribución del gobierno nación a  la que se la  asigna la función de capacitación de los ciudadanos en la materia.

6.- MARCO TEORICO

Las angustiosas situaciones vividas por las dos conflagraciones mundiales,  con secuelas de tragedia  y dolor, llevaron a la creación (26.06.1945) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como  proyecto universal  de solidaridad, paz y tolerancia.

Las  discusiones condujeron a la aprobación   de una Carta Fundacional  en la  que se  asienta  el compromiso y  obligación, a la vez,  de  respetar  la libre autodeterminación   de los pueblos (entiéndase  naciones),  el  respeto a  los derechos  humanos  y las libertades fundamentales, lo que se plasma  en el Artículo  Uno.

Tres principios fundamentales, no solo para  ser respetados  entre  los países  signatarios sino también a lo interior de cada  nación,  con lo  cual  todos los ciudadanos son objeto de protección  a los fines  de que decidan  libremente   sus asuntos,  que   no se les violen los derechos   humanos y que  todas las libertades fundamentales sean una realidad  vigente  y permanente.

Antes de  cumplirse  el tercer aniversario  de la ONU,  el 30 de Abril de 1948, se creó la Organización  de los  Estados Americanos, como un organismo  regional dentro del  órgano  mundial, proclamando que  su misión histórica  es:

“…ofrecer al hombre  una tierra  de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de  su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”.

 Y como  para que no queden dudas sobre libertad, desarrollo y aspiraciones, el documento  de creación  señala  claramente:

“La  democracia  representativa es condición indispensable para  la estabilidad, la paz y el desarrollo  de la región”.

El artículo  2 de la carta de la OEA  establece como  uno  de los objetivos:

“Promover y consolidar  la democracia representativa dentro del respeto al principio  de no intervención”.

No se deja duda sobre  el acuerdo unánime  de que la democracia  es el sistema  de  gobierno continental,  lo cual  nos lleva  directamente a pensar  en el modo de ejercerlo, dentro  de sus  muchas variantes,   mediante  el ejercicio electoral permanente, asunto que  se viene a ratificar, meses más   tarde,  el diez  de diciembre  de 1948, al proclamarse la Declaración  Universal de los Derechos Humanos.

El  artículo  21 reza:

1.-)  Toda persona  tiene derecho  a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio  de representantes libremente  escogidos.

2.-)  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad  se expresará  mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual  y por voto  secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad  del voto.

Consecuente  con lo anterior,  se  aprobó  el 15 de diciembre  de 1999  la  Constitución  de la   República Bolivariana  de Venezuela (Promulgada  el 29 del mismo mes y año) “…para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural….”

En ella  se asientan  los valores del Estado, los derechos irrenunciables, los fines y los principios, destacando la autodeterminación, la libertad, los  derechos humanos, la democracia y  el ejercicio  de la voluntad popular, entre otros veintiún enunciados.

En lo atinente  a  la  función  eleccionaria, la carta magna  crea  el Poder Electoral como  una  rama autónoma  dentro de la organización  nacional, ampliando  su  incumbencia   a las elecciones  de sindicatos y gremios.

De  esa manera, los asuntos electorales pasaron  a  tener una mayor jerarquía  institucional, con  su órgano ejecutor o director  investido  de las prerrogativas de  un Poder Autónomo.

La misma Constitución,  en referencia a  los derechos culturales  y educativos,  señala   que  los medios de comunicación  deben contribuir a la formación ciudadana, dentro de la  cual  un aspecto esencial  es el referido al  tema  eleccionario.

Quince meses  luego de promulgada  la nueva carta magna venezolana, el 22  de abril  de 2001 los  Jefes  de Estado  y de Gobierno de América, reunidos en Quebec,  acordaron   una Cláusula  Democrática para marginar  a cualquier país donde haya alteración del orden  institucional, lo que  sirvió   para que  el once de septiembre del mismo año  se aprobada en Lima,  en un período  extraordinario se  de sesiones  de la OEA la Carta Democrática  Interamericana.

Este documento asienta que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, por  ser  esencial  para el desarrollo social, político y económico.

Se  precisa que  uno de los elementos esenciales  es  la  celebración  de elecciones periódicas, libres y justas, basadas  en el sufragio universal, directo y secreto como expresión  de la soberanía del pueblo.

La  Unión  Interparlamentaria Mundial, reunida en El Cairo  en septiembre  de  1997,  adoptó la Declaración Universal  sobre  la  Democracia para  sostener que se  trata  de un ideal reconocido y  a la vez un objetivo basado en valores  comunes compartidos  por los pueblos  de la comunidad mundial.

El  texto ubica a la  democracia por encima  de las diferencias  culturales, políticas, sociales  y económicas.

Con  anterioridad,  en Venezuela se promulgó  la nueva Ley  de Ejercicio del Periodismo (22.12.1994), en la  que se destacan los fines del Colegio Nacional de Periodistas. Veamos solo  dos de ellos, los que  nos interesan.

Artículo  5.

Numeral   3.  Propender al perfeccionamiento profesional y cultural  del comunicador social.

Numeral        6.      Contribuir al fortalecimiento, ampliación  y profundización de la democracia en Venezuela.

La Ley Orgánica del  Poder Electoral (19.11. 2002) establece esta rama  institucional  como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el  sufragio y  determina   que debe garantizar  la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia  y eficacia de los procesos electorales.

7.- OBJETIVOS

General

Lograr  una mejor comprensión  del hecho electoral  como soporte del sistema democrático y  ejercicio  cívico  de la  soberanía, por parte  de los periodistas  venezolanos de los medios impresos, más allá  del simplismo, de las incidencias anecdóticas, del interés meramente partidista  o  de baja relevancia,  dotándolos de los elementos  y fundamentos necesarios para que su trabajo se  vea  complementado con una mejor visión sobre la cultura democrática,  participativa y  solidaria.

Específicos

1.     Facilitar  un manejo más profesional  de la información electoral en los medios  de comunicación.

2.     Crear conciencia de la importancia de una elección de cualquier tipo y  en todos los  segmentos territoriales.

3.     Despertar  interés  por la cobertura de las elecciones  a todos los niveles  para  generar  una cultura  de participación y compromiso.

4.     Avanzar hacia la concreción  de una especialidad o maestría profesional, dentro de las Universidades, en materia electoral.

5.     Incentivar  la creación de unidades permanentes de estudio, análisis y  proyectos conformadas  por periodistas beneficiarios del  programa.

 

8.- PERSONAS DESTINATARIAS

Periodistas profesionales venezolanos o extranjeros residentes, egresados de universidades nacionales  o extranjeras con título revalidado, que se desempeñen en la fuente política y que como tales tengan a su  cargo la  cobertura de las incidencias electorales, de variado  tipo.

Debe destacarse que en Venezuela es frecuente la presencia de mujeres en esta fuente informativa, lo que permitirá  que  se logre   una participación equitativa en cuanto al género.

Las elecciones de gobernadores (23) y  alcaldes (337) celebradas cada cuatro  años, lo que conlleva  procesos internos partidistas previos, en diferentes momentos, además  de la  existencia de Delegaciones  del Poder  Electoral, Juntas Electorales Estadales y Juntas Electorales Municipales, implican que la  información especializada  se expanda a lo largo  de cada cuatrienio, lo que le da aún más pertinencia  al programa.

 

9.- LOCALIZACION FISICA Y AMBITO TERRITORIAL

El programa se desplegará en todo  el territorio  nacional, sometido a una división  o agrupación de entidades para facilitar la asistencia  de los periodistas interesados  y / o seleccionados.

Se determinan cuatro ámbitos  específicos con las entidades federales señaladas.

1.-    Región    Central       -          Sede  Caracas

Distrito Capital, Estado Vargas, Estado Carabobo, Estado Aragua, Estado Miranda y Estado Guárico.

2.-    Región Oriental         -         Sede  Barcelona

Estado Anzoátegui, Estado Nueva Esparta,  Estado Sucre, Estado Monagas, Estado Bolívar, Estado Delta Amacuro y Estado Amazonas.

3.-    Región   Occidental   -        Sede  Maracaibo

          Estado Zulia, Estado Falcón, Estado Táchira, Estado Mérida y Estado Trujillo.

4.-    Región  Llanos             -        Sede Barquisimeto

         Estado  Lara, Estado Barinas, Estado Apure, Estado Cojedes y Estado Yaracuy.

 

10.- ACTIVIDADES Y TAREAS  /  ACCIONES

·        Utilización de  la  plataforma  informática de las Universidades con  Escuelas de Comunicación Social,  en cada región.  Existen catorce (14) Escuelas.

·        Programa  de estudios consensuado con DECO  - OEA, Colegio de Periodistas, Sindicato  de la Prensa y Universidades.

·        Encuentros quincenales, fines  de semana, con tutores, expertos, invitados especiales como Gobernadores  y  Alcaldes en funciones,  candidatos, fundaciones  ocupadas  del  tema  y Organizaciones No Gubernamentales.

·        Evaluación  continua por módulos  y  trabajo final.

 

11.- METODOLOGIA

·        Se combinan las modalidades  presencial  y no presencial, mediante  salones virtuales, con predominio porcentual  en tiempo de la segunda.

·        Dada  la  experiencia  profesional de los periodistas, se exigirá con la  solicitud de inscripción la entrega de un esbozo o boceto de un trabajo de investigación.

·        El  trabajo investigativo  podrá ser asumido mediante  las técnicas metodológicas cualitativa o cuantitativa.

·        Los participantes,  una vez definidos, recibirán  el programa  de estudios, soportado  en diez módulos de  ejecución quincenal,  con evaluaciones  constantes.

·        Cada módulo tendrá  lecturas obligatorias, lecturas referenciales y sugerencias bibliográficas, junto a las recomendaciones específicas de acceso a  trabajos en la red mundial Internet.

·        Al cierre de  cada módulo habrá una actividad obligatoria de carácter presencial,  la cual, de ser posible,    se podría transmitir  mediante  el formato de video  conferencia.

·        Se admiten como visitantes (oyentes) a  estudiantes del  último  año  de Comunicación  Social,   a profesores universitarios  y  a representantes de organismos electorales, en un número a  determinar en base  a las posibilidades logísticas.

·        Los  participantes podrán vincular a  una institución oficial o privada con su proyecto de trabajo investigativo, a los fines académicos y logísticos.

12.- CRONOGRAMA TIPO   /  CALENDARIO  DE  TRABAJO

Las actividades de planeación  comenzarán en Enero de  2013, estimándose  que para  febrero se podría trabajar sobre el currículo y en marzo se hará el anuncio  de ejecución  del programa.

A  partir de Abril,  durante cinco meses,  serán las actividades académicas.

1.     Quincena   1.                    Historia  y significado de la democracia universal.

                                              Principios y procedimientos.

2.     Quincena   2.                    OEA  y  Democracia. Carta Democrática

                                              y Declaraciones de Cumbres de Mandatarios.

3.     Quincena  3.                      Fundamentos  jurídicos nacionales.

4.     Quincena  4.                      Historia del sistema electoral venezolano.

5.      Quincena  5.                     Importancia social de las elecciones.

                                              Responsabilidad y derechos del ciudadano.

6.     Quincena  6.                      Periodismo  y educación cívica  unidos por la de

Democracia.

7.     Quincena  7.                      Campañas, medios de comunicación,  encuestas y 

                                               resultados electorales.                                           

8.     Quincena   8.                     Los programas o plataforma de  gobierno.

9.     Quincena   9.                     Ciencia económica y  planeación del desarrollo.

10  Quincena   10.                  Ciencia política y ejecución  gubernamental.

Transparencia y  buen gobierno.

 

13.- ADMINISTRACION  DEL  PROYECTO

1.     Coordinación  institucional -  OEA, Universidades  y Colegio de Periodistas.

2.     Coordinación académica

3.     Promoción y difusión

4.     Evaluación  institucional

5.     Administrador interno

6.     Responsable logístico

 

    14.-  RECURSOS NECESARIOS

     Humanos

1.     Coordinador  académico 

2.     Tres planificadores de currículo

3.     Cuatro tutores

4.     Administrador  interno

5.     Responsable  logístico

Materiales

1.     Sede física del programa

2.     Computadora fija, laptop, impresora  y papelería

3.     Servicio  permanente de Internet

4.     Dirección electrónica y sitio web propio

5.     Comunicaciones telefónicas

6.     Avisos  de prensa

7.     Boletos aéreos nacionales

8.     Cobertura hotelera y  alimenticia

 

15.- PRESUPUESTO (Expresado en  moneda venezolana (Bolívar -  4.30 por US Dólar)

 

 

A) Plantel de Recursos Humanos

1.- Coordinador institucional.  Enero a Agosto.  Bs. 10.000                            80.000

2.- Coordinador  académico.    Marzo a  Agosto. Bs. 10.000                           60.000

3.- Planificadores de currículo (3). Enero a  Marzo.  Bs. 5000                        45.000

4.- Tutores (3) Abril  a  Agosto. Bs. 5.000                                                              75.000

5.- Administrador Interno. Enero a Agosto.  Bs. 5.000                                     40.000

6.- Responsable logístico. Enero a Agosto. Bs. 4.000.                                      32.000

Total…………………………………………………………………………………………………332.000

 

 

 

B) Recursos  materiales

1.-  Uso  de  instalaciones (4)  Enero  a  Agosto.    Bs. 2.000                           64.000

2.- Materiales de  estudio, impresos  y carteleras.                                           16.000

3.- Equipos informáticos (5).  Bs.   4.000                                                               20.000

4.- Avisos  de  prensa.                                                                                                  15.000

5.- Gastos  no previstos.                                                                                              10.000

Total………………………………………………………………………………………………….125.000

GRAN TOTAL……………………………………………………………………………………..457.000

US  Dólar…………………………………………………………………………………………….106.279

 

16.- EVALUACION

A los fines  de la  Evaluación  Final, antes  del  Informe de Cierre, se crea una Comisión Especial, conformada  por  el  Coordinador  Institucional,  el Coordinador Académico, uno de los Tutores  y  un Representante  del Colegio Nacional  de Periodistas, para  considerar,  tanto  la  Eficacia  como  la  Eficiencia,  utilizando las mediciones que sean pertinentes y el  grado de  satisfacción  de los participantes.

En cuanto  a la  Eficacia  debe  observarse el logro  de los objetivos institucionales y las expectativas   de los  participantes.

En la  Eficiencia se debe analizar  la relación  entre los resultados    y  los recursos aplicados.

El Informe deberá consignarse en la segunda  quincena de septiembre.

 

17.- FACTORES EXTERNOS

Se  considerar factores externos, a considerar para tomar medidas, los siguientes:

·        Cortes de energía programados  y  apagones  no  previstos.

·        Calidad  de las  conexiones  de Internet.

·        Estado  de las carreteras entre  las   ciudades  sedes  y  las de residencia  de los participantes.

·        Estado  del  tiempo y  presencia  de  lluvias    que pueden  ocasionar retrasos.

 

 18.- BIBLIOGRAFIA

 

            Soporte  Jurídico

        

Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela. Distribuidora     Escolar, 1999

         Ley Orgánica del Poder Electoral. Editorial La  Torre,  2006

         Ley Orgánica  de Educación.  Editorial La  Torre, 2007

         Carta de la Organización de Naciones Unidas.  Web  ONU.

         Carta  de la Organización  de  Estados  Americanos. Web OAS

         Carta Democrática Interamericana.   Web OAS.

        

       Sobre Política y Educación Electoral

        

       ACE project, (s.f.). Educación Electoral. Recuperado en enero de 2009, en www.aceproject.org

       Aristóteles. La Política. Editorial Gredos, Madrid, España, 1994.

       ARISTÓTELES: Ética Nicomaquea. Editorial Porrúa, Madrid, 1995.

       ARISTÓTELES: La Política. Editorial Porrúa, Madrid, 1994.

o    Libro Primero, Comunidad política, doméstica y comunidad familiar. Páginas 45 - 53.
Libro Primero, Sobre la Felicidad. Páginas 129 a 157.
Libro Segundo, Naturaleza de la Virtud Ética. Páginas 158 a 177.Libro Tercero, Teoría general de las constituciones a partir de un análisis de los conceptos de ciudad y ciudadano. Páginas 151 a 214.

       Benjamín Constant. Del Espíritu de Conquista. Editorial Tecnos, Madrid, 1988.

       Charles Walzer. Las esferas de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, México, 2001.

       Conferencia I. Ideas Fundamentales. Páginas 29 a 65.

       Cornelius Castoriadis. Los Dominios Interiores del Hombre: las encrucijadas del laberinto. Editorial Gedisa, Barcelona, 1988.

       Cortina, A. Ciudadanos del mundo: hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid, Alianza Editorial, 1997.

       Dahl, Robert A. La Poliarquía: participación y oposición. Editorial Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1974.

       De la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos. Páginas 65 a 93.

       Fraser Nancy. Iustitia Interrupta. Siglo del Hombre y Universidad de Los Andes, Bogotá, 1997.

       Heródoto, Nueve Libros de Historia. Editorial Jackson, Barcelona, 1980.

       Iriarte, A., (s.f.). Democracia y ciudadanía. Obtenido de Insumisos.com: http://www.insumisos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=14

       John Locke. Segundo Discurso sobre el Gobierno Civil. Editorial Orbis, Barcelona, 1985.

       José Rubio Carracedo. Modelos de Ciudadanía: liberal, republicana y compleja. Publicado en Republicanismo Contemporáneo, Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, Bogotá, 2002.

       Juan Jacobo Rousseau. El Contrato Social. Editorial Altaya, 1993.

       Marshall T. H. Class, Citizenship and Social Development, New York, Anchor, 1950.

       OEA. Ciclo Electoral 2005– 2006 en las Américas: Un Balance de la Secretaria General de la OEA, Ciudad de Panamá.

       OEA. Fortalecimiento de la democracia en las Américas a través de la Educación Cívica. Judith Torney-Purta y otros. Washington 2004.

       OEA. Fortalecimiento de la Democracia en las Américas a través de la Educación Cívica.

       OEA. Jornada Interamericana Electoral. Documento de Trabajo. Noviembre 17 a 21 de 2008, México, D.F.

       OEA. Resoluciones de la Asamblea General de la OEA sobre Democracia, en www.oas.org

       ONU. Declaración Universal de la Democracia (Consejo Interparlamentario, Sesión 161, El Cairo).

       ONU (s.f.). Declaración Universal de los Derechos Humanos.

       Peña, Javier. La Ciudadanía Hoy: problemas y propuestas. Editorial Universidad de Valladolid, Valladolid, España, 2000.

       Pérez, Teodoro. Convivencia solidaria y democrática. Bogotá, ISMAC, 2001.

       Platón. Diálogos. Editorial Porrúa, México D.F., 1984.

       PNUD. La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. 2004.

       Rawls, J. Libertad, igualdad y derecho. Ariel, 1988.

       Rawls, J. Sobre las libertades. Paidos Ibérica, 1990.

       Rawls, J. El Liberalismo Político. Fondo de Cultura Económica, Bogotá D.C., 1996.

       Rawls, J. Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1997.

       Requejo Coll, Ferran. Las Democracias: democracia antigua, democracia liberal. Editorial Ariel, Barcelona, 1992.

       Restrepo, D. I. La Participación Comunitaria. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2000.

       Reyes Francisco José: Aproximación al Tema de los Valores, la Ética y la Política, en el libro Compromiso Democrático. Publicado por la OEA, SECAB y el Instituto Luis Carlos Galán, Bogotá D.C., 2000.

       Rodríguez Zepeda, J. (s.f.). Estado de Derecho y democracia. Recuperado en febrero de 2009, de Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática No. 12

       Rozo Acuña, E. Introducción a la Ciencia Política. Bogotá, Escuela Superior de Administración Pública, 1993.

       Salazar, L. y ¿?. Principios y valores de la democracia. Cuadernos de Divulgación Democrática. México, D.F., IFE - Instituto Federal Electoral, 1997.

       Salazar, Luis y José Woldenberg. Principios y valores de la democracia. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Cuaderno 1. IFE, Quinta edición, diciembre de 2001. *       Sartori, G. Teoría de la Democracia. Buenos Aires, Rei-Alianza, 1990.

       Savater, F. Política para Amador. Ariel, Barcelona, 1992.

       Thomas Hobbes. El Leviatán. Editorial Sarpe, Madrid, 1983.

       Toro, J. B. El ciudadano y su papel en la construcción de lo social. Pontificia Universidad Javeriana y otros, Bogotá, 2000.

       Touraine, A. Actores sociales y sistemas políticos en América Latina. 1987.

       Unesco. Declaración Universal sobre la Democracia. Sesión 161 del Consejo Interparlamentario.

       Weber Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Política, México D.F., 1977.

       Heródoto. Nueve Libros de Historia. Editorial Jackson, Barcelona, 1980.

       ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos­ (ONU, 1948).

       ONU. Declaración Universal de la Democracia, Consejo Interparlamentario, Sesión 161, El Cairo.

       PNUD. Informe sobre la Democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos - El debate conceptual sobre la democracia. (PNUD, 2004).

       OEA. El Ciclo Electoral 2004 – 2006 en las Américas. Un balance general de la OEA.

       OEA. Jornada Interamericana Electoral. Documento de Trabajo. Noviembre 17 a 21 de 2008, México, DF.

       Requejo Coll, Ferran. Las Democracias: democracia antigua, democracia liberal. Editorial Ariel, Barcelona, 1992.

       Salazar, Luis y Woldenberg, José, 1997, Principios y Valores de la Democracia. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Cuaderno 1. IFE. Quinta edición, diciembre de 2001.

       OEA. Fortalecimiento de la Democracia en las Américas a través de la Educación Cívica.

       Platón. Diálogos. Editorial Porrúa. México D.F., 1984.

Sobre  Educación, pedagogía y didáctica

       Comenio, Juan Amós. Didáctica Magna. Editorial Porrúa, México, 1991.

       Dewey, John. Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Ediciones Morata, Madrid, 1997.

       Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Tierra Nueva, Montevideo, 1970.

       Makarenko, Antón Semiónovich. Poema Pedagógico. Traducción del ruso y presentación de S. Telingater. Editorial Progreso, Moscú, 1978.

       Montessori, María. Formación del Hombre. Editorial Diana, México, 1988.

       Suchodolski, Bogdan. Tratado de Pedagogía. Ediciones Península, Barcelona, 1979.

       Tomaschewski, K. Didáctica General. Editorial Grijalbo, México, 1966.

       Aebli, H. Una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget. Buenos Aires, Kapeluz, 1972.

       Arnold, R. Cinterfor: Pedagogía de la Formación de Adultos. 2004. Recuperado en 2009, de www.ilo.org

       Castello, Luis y Claudia Mársico. Diccionario de términos usuales en la praxis docente. Altamira, Buenos Aires, 2005.

       Célestin Freinet. Las ideas modernas sobre los niños. Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

       Conde Silvia. “La formación de sujetos con una moral democrática”. www.jalisco.gob.mx

       Defensoría del Pueblo. Memorias del Encuentro Nacional de Experiencias Significativas de Educación en Derechos Humanos, Bogotá, septiembre 29 y 30 de 2004.

       Duart, Josep M. Aprender en la Virtualidad. Ed. Gedisa S.A., Barcelona, 2000.

       Federación Colombiana de Municipios – UNICEF. Un árbol frondoso para niños, niñas y adolescentes. Una propuesta para gobernar con enfoque de derecho. Bogotá, 2003.

       Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI, Madrid, 1970.

       Gómez-Granell, Carmen e Ignacio Vila. La ciudad como proyecto educativo. Octaedro, Barcelona, 2001.

       Herbart, J. Pedagogía General. Humanitas, Barcelona, 1983.

       IIDH. II Reunión de Unidades de Capacitación. Bogotá, julio 8-9 de 2004.

       Luzuriaga, Lorenzo. Ideas pedagógicas del siglo XX. Losada, Bs. Aires, 1968.
Ministerio de Educación Nacional. Formar para la ciudadanía... si es posible Lo que necesitamos saber y saber hacer. Serie guías N.6 MEN, 2004.

       Martínez Escárcega, R. M. Acercamiento crítico a las teorías del aprendizaje. 2 de febrero de 2009. Recuperado en marzo de 2009, de http://www.fundacionmclaren.org/articulos/martinez4.html

       Proequidad. El Taller como actividad de capacitación (Material de lectura). Bogotá, 1996.

       Registraduría Nacional del Estado Civil. COMPROMISO ÉTICO. Bogotá, 2002.

       Savater, F. El valor de Elegir. Barcelona, Ariel, 2003.

       Trilla, J. (s.f.). El legado pedagógico del S. XX para la escuela del s.XXI. Recuperado en marzo de 2009, de http://books.google.com.co/books

       Turbay, María M. Educación cívica y Capacitación electoral. En Proyecto integral para la Modernización del Sistema Electoral Colombiano. Bogotá, DAE – UNDP, Colombia, 2005.

       Zuluaga, Olga Lucía. Pedagogía e Historia. Ediciones Foro por Colombia, Bogotá, 1987.

Delors, Jacques (1996) La educación encierra un tesoro. UNESCO-   Anaya, Madrid Faure, Edgar (1973). Aprender a Ser. UNESCO, París

       Zuluaga, Olga Lucía. Pedagogía e Historia. Ediciones Foro Nacional por Colombia. Bogotá, 1987.

       Coronel, Maria Hortensia. Educación y Democracia. Correo del Maestro No. 54. México, 2000.

       Savater, F. El valor de Elegir. Barcelona, Ariel, 2003.

       Trilla, J., Coordinador (Trilla). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI.

Sobre Periodismo y  Comunicaciòn Social

       PÉREZ, Rafael Alberto, Estrategias de Comunicación, (Premio mejor libro iberoamericano de Comunicación IV Cumbre Iberoamericana), Ariel Comunicación, 4ª. Edición, España, 2008. www.rafaelalbertoperez.com / estrategias@rafaelalbertoperez.com

       BERLO, D. K. El proceso de comunicación. Introducción a la teoría y la práctica. Ed. El Ateneo. Buenos Aires, Argentina, 1990.

       FAINHOLC, B. "El conocimiento tecnológico necesario en este fin de siglo: acerca de la necesidad de las tecnologías invisibles”. Trabajo presentado en SOMECE 97. XIII Simposio Internacional de Computación en la educación, del 20 al 24 de septiembre de 1997, Toluca, México.

       ARENDT, H. «La crisis de la educación», en ídem, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, trad. Ana Poljak. Barcelona, Península, 1996, págs.185-208.

       AREA MOREIRA, M. “Los medios y las tecnologías en la educación”. Edit. Pirámide, Madrid, 2004.

       VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: TIC y un nuevo Marco Institucional. En: http://www.oei.es/revistactsi/numero2/valenti.htm

Sobre Medios de comunicación - TIC)

       CAPORALLI, Enrique Rodríguez y SÁNCHEZ, José Fernando. Medios Alternativos y Procesos de Participación. Facultad de Ciencias Humanas de Unisur. Bogotá, Colombia, 1995.

       FAINHOLC, B. "El conocimiento tecnológico necesario en este fin de siglo: acerca de la necesidad de las tecnologías invisibles”. Trabajo presentado en SOMECE 97. XIII Simposio Internacional de Computación en la educación, del 20 al 24 de septiembre de 1997, Toluca, México.

       WERTSCH, J. "La mente en acción". Editorial Aique, Buenos aires, 1999.

       DADIDOV. “La teoría de la Actividad” en Vizcarro y León (comp.). Nuevas tecnologías para el aprendizaje. Edición Pirámide, Madrid, 1997.

       Manuel Castells. "Internet y la sociedad en red". En Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Barcelona, UOC, 2001.

       Jorge Bossio. Desarrollo de capacidades en las estrategias nacionales para la sociedad de la información. En L@tin.tel Vol. 1, No. 3 (Septiembre 2005) [recurso electrónico] Disponible en: http://www.regulatel.org/publica/Revista/latintel_vol_1_no_3_(septiembre_2005).pdf.

       Asunción - Lande, N. C. Comunicación intercultural. En Fernández Collado y G. L., Dahnke. (Ed.). La comunicación humana, ciencia social. México, McGraw Hill, 1988.

       BASTARDAS BOADA, Albert. Comunicación humana y paradigmas holísticos. CLAVES de razón práctica 51, 1995, págs. 78-80.

       Durán Gondar, B. El Proceso Docente Educativo como proceso comunicativo. En Fernández González, A. M. Comunicación Educativa., Ed. P. y Educación, La Habana, 1995. Págs. 37-46, 38.

       Duval, Raymond. "Semiosis y pensamiento humano". Cali, Ed. Universidad del Valle, 2002.

       López Rodríguez, Juan Manuel. Semiótica de la comunicación gráfica. México, EdIMBA-UAM, 1992.

       Ludlow, Ron y Fergus, Panton. La esencia de la comunicación. México, Prentice - Hall Hispanoamericana S.A., 1997.

       Ojalvo Mitrany, V. Estructura y funciones de la comunicación. En Materiales del curso de comunicación educativa, Universidad de la Habana. Habana, 1995. Págs. 1-15.

       PIÑUEL, José L. y GAITÁN, Juan. Metodología General: conocimiento científico e investigación en comunicación social, Madrid, Editorial Síntesis, 1995. pág. 221.

       PRIETO, Daniel. Palabras e imágenes para la comunicación impresa. Curso a distancia en comunicación impresa, Quito, UCLAP, 1996.

       THOMPSON, John B. Ideología e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicacao de massa, Rio de Janeiro, Vozes, 1995, pág. 181

       TOMLINSON, John. Globalización y cultura, México, Oxford University Press, 1999.

       Universidad Autónoma de Santo Domingo. Comunicación social en América Latina. Facultad de Humanidades, 6 de abril de 2003.

       BOUGNOUX, Daniel. Introducción a las ciencias de la comunicación, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999.

       Bobes Naves, M. C. La semiótica como teoría lingüística. Gredos, Madrid, 1979.

Sobre  formulación de proyectos

 

.E.; DE ASÍS, A.; MELÉNDEZ, F. (COORD.) (2005): Manual de ayuda para la formulación de proyectos sociales, Fundación Luis Vives, Madrid.

ANDER EGG, E. y AGUILAR, Mª J. (1995): Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar

proyectos sociales y culturales, Lumen, Buenos Aires.

BOLUNTA (2004): Manual de gestión asociativa, Bolunta, Bilbao.

FERNÁNDEZ, M.; GÓMEZ, F.; MORELLO, J. (2005): El ciclo del proyecto: diseño, gestión y

evaluación de proyectos de inserción social de inmigrantes, Universidad Pontifi cia de

Comillas, Madrid.

GARCÍA HERRERO, G.; RAMÍREZ NAVARRO, J.M. (2006): Manual práctico para elaborar

proyectos sociales, Siglo XXI, Madrid.

MIER, I. (2007): Diseño y evaluación de proyectos sociales, Servicio de Estudios Sociales,

Fundación EDE, Bilbao.

PARADAS, C. y DE LA RIBA, F. (2000): Los proyectos: como convertir sus ideas en acción, sin

liarse como la pata de un romano, Fundación Esplai, El Prat de Llobregat.

PÉREZ SERRANO, G. (1993): Elaboración de proyectos sociales: casos prácticos, Narcea,

Madrid.

            23.11.2012

 

Subir


Distrito  Metropolitano Panamericano o

un modo distinto de Integración Intermunicipal

 

            La Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela (29.12.1999) creó los mecanismos para la existencia del Distrito Metropolitano, como instancia de gobierno intermunicipal caracterizada  por la  democracia y la participación. (Ver Artículo 171)

            Esa integración supone, en primer término, la existencia de relaciones económicas, sociales y físicas que ofrezcan las características de un área metropolitana, es decir un territorio conurbado, unido o muy cercano.

            Como  ejemplo sencillo, señalo la integración de la ciudad de Caracas por cinco sectores diferentes o municipios:  Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, entre los  cuales no hay separación urbana, aunque se preserva la distinción  entre el  Estado Miranda  y el Distrito Capital, y  entre cada una  de las entidades municipales.

            El quinteto de municipios conforma el Distrito Metropolitano de Caracas con  su gobierno elegido directamente, al amparo  de una ley  de creación soportada  en la  vigente carta republicana.

            No estando desarrolladas legalmente, con carácter orgánico, las disposiciones constitucionales en torno a los  Distritos  Metropolitanos, una ley especial (16.11.2001) se aprobó  para la creación del Distrito del Alto Apure, conformado por los municipios  José  Antonio Páez y Rómulo Gallegos, un  eje territorial que nada tiene de conurbado o unido, pero en el cual  hay relaciones e identidad que los afirman como cercanos. La disposición transitoria tercera de la  Constitución, en su numeral tres, abrió paso a este régimen especial, previendo consultas de altísimo nivel.

            En diciembre de 2011,  la Fundación  Alberto Adriani,  a la cabeza  su Presidente Román J. Duque  Corredor, planteó en El Vigía  la apertura de diálogos sobre  la creación del Distrito Metropolitano Panamericano, con una amplia argumentación soportada legalmente y basada en la evidencia  de relaciones económicas, sociales y físicas de los pueblos y ciudades del eje merideño surlaguense.

            La propuesta fue acogida por sectores profesionales, educativos, universitarios, gremiales y  por dirigentes políticos a título personal, especialmente del Municipio Alberto Adriani, pero sin que se llegara a  un debate intermunicipal para dinamizar la   propuesta.

            Está muy claro que desde el rio Guaruríes hasta los límites con Trujillo, sin saltar el zuliano Municipio Sucre, hay una estrecha, directa y permanente relación  humana, económica, social  y física entre cada uno de los cinco municipios merideños y que cada día cobra  más vida este acercamiento, al amparo  de mayor producción agropecuaria,  de nuevas relaciones familiares y educativas,  y al hecho de que  hay una identidad local que identifica y une.

            Los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora, Caracciolo  Parra Olmedo, Tulio Febres Cordero y Julio César  Salas tienen características urbanas parecidas, sus gentes son iguales  de facciones y lenguaje, hay desplazamiento  diario intermunicipal, una misma  religión,  la misma climatología,  un eje  vial integrador y una inclinación mayoritaria  al campo y al comercio.

            Es decir,  se cumple la formalidad constitucional de existir relaciones humanas y sociales que llevan a una integración real y hasta afectiva. No obstante  está ausente  la premisa de la unidad urbana o área metropolitana, al estilo de Caracas,  aunque  el  territorio  se asemeja a lo  que ofrecen los dos municipios apureños. Claro, se advierte que no hay un soporte constitucional específico.

            La Fundación Adriani no ha buscado un protagonismo ante esta loable  iniciativa, sino que todo  lo ha dejado para la apertura de diálogos, sin exclusión alguna y sin  pretender zafarse  de las precisiones  constitucionales, las cuales  fueron extendidas mediante la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (08 de junio de 2005 y reafirmadas el 28.12.2010), aunque sin llegar a precisar las competencias funcionales, régimen fiscal, financiero y de control  de las entidades municipales que integren  un Distrito Metropolitano, lo que  deja un buen espacio para la innovación legislativa a futuro dentro  del Estado.

            Es interesante destacar que  la nueva  ley orgánica  contempla la forma de convocar consultas populares, entre los habitantes (electores)  de los municipios interesados en conformar el Distrito Metropolitano.

            Es decir  que la voluntad popular está  de por medio y como elemento fundamental para asomarnos  a  la existencia de la nueva entidad intermunicipal,  la cual – por supuesto-  generará  un impulso superior para el desarrollo  de la zona  sur del lago.

            Los dos aspectos anteriores pasan a la competencia del Consejo Legislativo del Estado Mérida (y similares si se tratara de otras entidades federales), porque en ese cuerpo  reside la potestad de una ley aprobatoria del Distrito Metropolitano,  advirtiendo que la iniciativa puede tener variados  actores o accionantes,  como los propios alcaldes, los concejos municipales, los legisladores estadales  o el Gobierno del Estado, además   de la iniciativa popular ejercida por el 15% de los electores.

            Debo destacar además que legalmente  se puede disponer de mecanismos de organización, gobierno y administración distintos a los existentes en Caracas y Apure, atendiendo  a las específicas características de población, desarrollo, situación geográfica y otros, con  lo cual la norma constitucional  viene a constituir un gran reto  para los legisladores, particularmente para los que fueron electos  como representantes de las entidades municipales (agrupadas en circuitos) del  Estado Mérida.

            Es igualmente una convocatoria a los liderazgos municipales, especialmente de los alcaldes,  presidentes de concejos municipales, contralores  y miembros del ente local de planificación, llamados a innovar en procura de la mayor suma de felicidad  para sus gobernados.

            Estos representantes ya podrían comenzar por avanzar en la conformación de   modalidades asociativas, bajo el viejo  modelo de las mancomunidades o mediante innovadoras formas de agrupación para fines de interés público, en base a sus competencias legales. Todo con apego a la norma constitucional prevista en el Artículo  170.

            Las opiniones escuchadas, hasta ahora, se han ubicado  en extremos que nos llevan – por un lado – a la idea de la creación de un nuevo Estado Federal y  por otro a aprovechar la existencia de una Zona de Desarrollo Especial en todo el Sur del Lago, asunto, éste último, que no ha tenido aplicación concreta.

            Hay  quienes igualmente se inclinan por darle fuerza  al Distrito Metropolitano sosteniendo  que si hay una identidad merideña en los cinco municipios de la entidad, distinta a la zuliana, por lo que la propuesta les parece viable, como  solución de segundo  piso  que no afecta la federación ni  la municipalización.

            En todo caso, ante  una expresión mayoritaria del liderazgo  y del merideñismo del norte (Sur del Lago), vistas las conveniencias para el desarrollo  zonal,  bien podría el Consejo Legislativo crear una ley  que contemple un régimen  de integración  especial, sin que necesariamente tengamos  que aludir  a la expresión  constitucional de Distrito Metropolitano.

            Ha hecho muy bien la  Fundación Alberto Adriani, puesto que pone en debate una materia relevante para dinamizar la vida política, en un primer  término, pero también para dar un impulso renovador a una de las regiones económicas  más importantes de Venezuela, productora de un elevado porcentaje de la comida nacional. 

Nilson Guerra Zambrano

16/07/2013

Subir


          BUSQUEDA DE UN NUEVO PERFIL DE   PARTIDO POLITICO

                                      Razones y sentido

 

Preguntas  indispensables para el debate, como premisa inicial antes de abordar el análisis y la estrategia.

1.       ¿Conocemos  el tipo o modelo de partido que tenemos en  Venezuela?

Si. El modelo venezolano de partidos comenzó por ser de militancia registrada, con creciente  incorporación de ciudadanos, gracias  al mecanismo clientelar, populista y coercitivo, de dádivas (ayudas y cargos) y  privilegios, y ha terminado por dar paso a  grupos  selectivos y de cuadros,  sin  atribuir importancia a  la militancia numérica, debido a la dispersión de las fuerzas ante  la tendencia  ciudadana  de no someterse  a mecanismos disciplinarios, estatutarios o reglamentarios, optando por la plena libertad personal.

2.       ¿Lo conocen los ciudadanos de nuestro país?

 

Los ciudadanos de nuestro país, hoy, no están interesados en saber cómo  son  los partidos y  han pasado a  ser incansables  activistas  en campañas y elecciones, en las cuales gravitan  con  peso  definitivo los candidatos, más  allá del engranaje partidista. Hay más  de ochocientos  grupos, partidos, movimientos, alianzas, etc., legalizados   en  todo el país. La mayoría creados  en la inminencia  de campañas electorales. Durante  los comicios  municipales la  cifra, únicamente local, supera  el  millar.

 

3.       ¿Les interesa  a los ciudadanos  un nuevo partido o a qué tanta gente le interesa?

 

Un nuevo  partido, movimiento o alianza apenas  despunta como idea y anhelo, pero  los objetivos y modalidades de funcionamiento pueden ser del  interés de los ciudadanos, si  quienes lo promuevan son fieles  a lo que a  un ideal social y político concreto, interpretando el sentimiento de cambio con estabilidad, equilibrio social y crecimiento económico.

 

4.       ¿Tienen vigencia (Política, social e institucional)  los partidos o se requiere otro modelo de organización y funcionamiento?

 

La vigencia política se sostiene en el hecho de que la ley impone  un sistema de partidos, pero no hay un peso partidista social apreciable, una gravitación  en el quehacer diario. Al mismo tiempo en el andamiaje institucional no se siente o aprecia la existencia de los otrora importantes conglomerados, debido  al  surgimiento de otros soportes, especialmente en el  área comunicacional (Redes de fácil acceso e interactuación de bajo costo económico). En el  imaginario popular se dejó de considerar a los partidos como  el único instrumento  para intervenir en la política. Los hechos han demostrado  que nuevos liderazgos locales y estadales (sin previa implantación territorial) han superado a partidos políticos con más  de medio siglo de existencia.

 

5.       Entonces,  ¿Se requiere realmente su cambio o  modificación?

 

Si. Se requiere  su cambio y modificación para ajustarse a la  inquietud y deseo de la sociedad nacional, sin que por ello estemos pensando que volverán a  ser el único medio para  la  actuación política. Podrán seguir,  con  los cambios y adaptaciones, como para no terminar por desaparecer, aunque ya existen municipios  en  los cuales solo hay movimientos locales que postulan concejales y alcaldes, sumando los viejos  partidos como parte de alianzas locales.

 

6.       ¿Qué aspectos, asuntos, acciones, mecanismos, procedimientos  o normas deben cambiar?  

 

Asuntos:       Presencia útil en la sociedad,  durabilidad legal, información pública de su existencia,  documentación y funcionamiento, financiamiento, formación política e ideológica y militancia

Acciones:       Escogencia de candidatos, toma de decisiones, elaboración de programas o plataforma de gobierno  y relaciones  con la comunidad.

Mecanismos:    Consultas  con expertos en  grandes temas nacionales, declaraciones, actos  públicos,  campañas electorales, relaciones  institucionales y publicaciones.

Procedimientos:   Reuniones de dirección, acuerdos y resoluciones,  sentencias del tribunal  disciplinario,  dictámenes del consejo de  honor y consensos.

Normas:     Reglamentarias, Estatutarias y provenientes de acuerdos, sentencias, arreglos, conciliaciones y arbitraje

 

7.       ¿Se pueden impulsar  esos cambios?

Si. Es imprescindible interiorizarlos mediante estudios, análisis  y debates para luego  asumirlos como  un compromiso institucional de amplio alcance.

 

8.       ¿Estamos  convencidos  los dirigentes partidistas de ello?

Tienen que  estar convencidos plenamente. En caso  contrario, no se podrá  avanzar en procura  de  cambios y de una nueva sociedad.  Se podrá obtener una  victoria electoral, pero no habrá  el soporte partidista para la  estabilidad y el equilibrio.

 

9.       ¿Cuáles  son los  métodos requeridos para impulsar el cambio?

Diseñar   un nuevo  modelo de organización y funcionamiento que combine el apego  a la legalidad vigente con  un sentido práctico y eficaz que interprete los  nuevos  y variados  signos de los  tiempos, asumiendo como reto fundamental  la incorporación a las tareas de una masa joven, hoy, en  mucho, desorientada, desasistida y desocupada.

 

10     ¿Qué  tipo  de  relaciones nacionales, estadales,  municipales y parroquiales deben existir entre las  distintas  dirigencias  del  partido? Por ejemplo: sujeción permanente,  coordinación o concertación.

Deben  ser relaciones  de coordinación  y fraternidad, con una línea de cohesión y armonía plenas,  amparadas en un compromiso  democrático fundamental (presente y futuro) y en  una clara concepción  de lo institucional (vigencia y  proyección)como valor permanente y trascendente.

      11. ¿Hay disposición para   emprender el  camino de implementar  esos  cambios?

Si no hay sincera disposición,  voluntad férrea y decisión soportada en la idea, ni siquiera  se puede iniciar el camino.

 

 Breves   aspectos de la situación actual.

Venezuela enfrenta una de las situaciones más difíciles  de su historia desde el punto de  vista  de la  comprensión y asimilación  de los  hechos diarios (entendidos, asumidos y coleccionados solo por aproximaciones y medias verdades por los ciudadanos) debido  a la ausencia  de canales plenamente confiables y eficaces (instituciones académico - universitarias, grupos sociales organizados y estables, gremios, partidos, sociedades permanentes y servicios de comunicación social).

A lo anterior debemos unir la  especial  circunstancia de que la ciudadanía desecha la posibilidad de  estudiar, analizar y profundizar en la  realidad para vivir inmersa  en la rutina,  el sedentarismo, el simplismo, la comodidad, el facilismo y  en la lejanía  de instancias organizadas (condominios,  juntas de vecinos, consejos comunales,  comunidades educativas, gremios sindicales y profesionales, etc.)  que conlleven  compromiso y  responsabilidad.

Esto genera un estado  de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre frente al  futuro, provocando  parálisis en la necesaria acción organizativa para enfrentar las situaciones venideras y defender los intereses personales, familiares y grupales.

En el pasado,  los partidos políticos se ocupaban de la orientación política, la intermediación con las ramas del  poder público y la realización de las elecciones.  Cada casa partidista (y las había en todos los  distritos, hoy  municipios) era lugar  de  asambleas y reuniones para  la primera  función.  La intermediación  hacía que los dirigentes  representaran la  comunidad ante las sedes  del  gobierno,  en sus distintos niveles. En las elecciones estaba  el  gran momento histórico,  al procurarse el poder  por medio de  voto libre, directo  y universal.

La  velocidad  de los  hechos ocasiona que instituciones como las academias nacionales, las universidades, los partidos y los servicios de comunicación no puedan enfocarlos o  tratarlos con el debido profesionalismo, profundidad  y en los  momentos  en que, de verdad, la  sociedad está interesada  en escuchar explicaciones,  orientaciones o análisis.

Vale decir un ejemplo.  Si las academias nacionales (por mandato legal asesoras del  Estado) estudian el impacto  de la disminución de la liquidez  lo hacen cuando el tema  solo es relevante para los estudiantes  de post grado en economía, si lo hacen en la prensa, TV y radio  el tratamiento por parte del  medio  resulta muy superficial y si los partidos convocan  a ventilar el  tema,  no tienen la gente  o concurrencia que permita impactar  a la  sociedad y además  sus usuales  voceros no  son  especialistas confiables o han perdido credibilidad.

En adición no hay una relación de responsabilidades compartidas y acordadas entre academias, universidades, medios  y partidos. Tampoco la hay con  los gremios, empresas e instituciones  o fundaciones, como para generar  un nuevo marco  de inclusión y concertación de cara  a responderle  al país sus numerosas inquietudes.

Los servicios de comunicación social (impresos, radiales y televisivos) ofrecen una fragmentación y un reducido  apoyo  (en sintonía y ventas) que les lleva a  sobrevivir buscando   nichos  muy reducidos para solo conservarse activos, sin que sus públicos vayan más allá de sectores muy concretos y determinados.

Algunos han asumido papeles  en la arena política  como actores principales y  como el  eje de   grupos políticos  ya conocidos, lo que ha reducido los viejos cenáculos partidistas a un grupo  de dueños del medio comunicacional y uno o dos dirigentes, para ventilar y  decidir los asuntos de interés o conveniencias.

Los partidos  de hoy carecen  de un elemento básico, la convicción en  el interior  de sus dirigentes  de  que se trata de instrumentos útiles para  la sociedad global,  a lo que se une el complejo  de la  debilidad institucional  y el poco reconocimiento de la sociedad más allá de los ahora reducidos linderos partidistas.

La sociedad,  de ahora,  suele  debatir someramente cualquier  tema  de  actualidad, pero no se ocupa  de ventilar para  decidir y acoger  la posición  de un determinado  partido  sobre ese mismo asunto, lo cual  refleja   que esa sociedad no  los aprecia como orientadores o intermediarios confiables,  con garantía y respeto, por tener  reconocida seriedad  o  elementos eficaces  de estudio para una adecuada apreciación sobre una materia concreta.

Para mayor  complicación,  la agenda del país  cambia todos los días en virtud  del antojo  de  mandatarios, por conveniencias  de grupos  de presión  y por  el deseo  innovador  (de constante atracción) de los medios  de comunicación  social. Esto deja desasistidos  de  opción  y oportunidad  a quienes no estén  preparados para rápidas, ajustadas y bien atinadas reacciones. La agenda nacional suele  ser objeto  de interesadas  manipulaciones (cambios) y operaciones psicológicas distractoras.

Breves  ideas del partido  que puede interesar  a los ciudadanos.

Habiendo respondido  las preguntas para una puesta  en  común  y esbozados elementos que son parte  de la  situación nacional, señalo  aspectos  que pueden estar dentro  del  interés de los  ciudadanos venezolanos.

1.       Un nuevo partido  debe ser un centro  de estudio, reflexión y análisis sobre asuntos de interés vecinal, parroquial, municipal, estadal, regional,  nacional e internacional.

2.       De la misma manera  debe ser un activador  de  iniciativas en esos niveles para atender directamente  asuntos ambientales, ecológicos, agro – alimentarios, educativos, sociales, médico – asistenciales, de seguridad  de las personas  y  de los bienes.

3.       Su organización  interna no  debe  ser impuesta nacionalmente a las sociedades en sus distintos  niveles (geográficos o territoriales), sino que  el grupo central debe constituir  un eje  de trabajo e impulso  para organismos de base,  otras formas asociativas y grupos de defensa  de los intereses concretos.

4.       Los  directivos deben tener, dentro  de lo posible, especialización en áreas de interés para evitar la dispersión del discurso, la pérdida  de la credibilidad y  la superficialidad, buscando   crear  la  convicción  de que en una   futura gestión  de  gobierno, se podrá  confiar  en  los personeros oficiales, conocidos y probada capacidad.

5.       El  acceso  de los ciudadanos al  partido  debe  ser  fácil, sin obligaciones  de militancia y carnetización, aportes materiales y  cotizaciones,  buscando  que las reuniones, especialmente temáticas,  sean abiertas a todos los interesados,  que haya una interrelación  real y afectiva, y con agenda de asuntos  de interés directo.

6.       Es decir, el partido debe  ser un instrumento ágil, útil y sin mediatización o  manipulación.

7.       Por la vía del ejemplo,  una sede partidista  tiene que servir  a la comunidad para  todos sus fines,  desde  los festivos, recreativos y luctuosos  familiares, hasta para  clases universitarias,  foros, congresos, cursos, enseñanzas, charlas, conferencias, conversatorios,  eventos benéficos, actos culturales (poesía, baile, danzas, canto, etc.) centros  de acopio, exposiciones de  arte, artesanía o culinaria, sedes de campañas sanitarias, sala  de reuniones, etc.,  refugio en caso de catástrofes, de cualquier  tipo.

8.       Los servicios de asesoría profesional y formulación de  proyectos (sociales, educativos, comunicacionales, de  servicios, de infraestructura, comunales, etc.) deben estar dentro de sus posibilidades  de  apoyo a la sociedad global.

9.       Una Escuela Permanente  de Liderazgo, durante todo  el año, debe  estimular  el  interés  por la política, de modo  general, sin mediar solo  el  interés proselitista o formativo del propio  partido. Por ejemplo, se  deben formar ciudadanos para  alcanzar niveles eficaces en comunidades educativas, consejos  comunales,  juntas de vecinos, comités ambientales, clubes, ligas y asociaciones deportivas, etc.

10.   Es  indispensable, tener como elementos de comunicación  el website en  la red mundial  de información, acceso a las redes sociales, el periódico  impreso  o  la revista temática,  y un centro de  relaciones con  otros partidos  del  continente o del mundo, para las  grandes concertaciones  de  políticas globales  o para mejorar el  funcionamiento de los parlamentos regionales,  los tratados o  acuerdos  de  gran escala y organismos multilaterales.

Lo anterior no agota el debate, sino que  busca ser una base o punto  de partida para mayores discusiones, para organizar un encuentro o evento específico y para buscar puntos de concertación  y acuerdo  que se  acerquen  a la formulación  de una propuesta  clara, consensuada y acabada.

Hacia  un  partido progresista

Los   resultados de las elecciones del   14  de Abril de  2013 muestran que casi un tercio del electorado real (inscrito y no inscrito) no está  de  acuerdo con las dos opciones que  se presentaron en busca del voto presidencial.

Las cifras ofrecidas  por  el CNE muestran  la opción  ganadora con un 50,6% de los votos válidos,  a lo cual  hay que rebajar  el número  de votos nulos, si queremos ser exactos.  Si  tomamos en cuenta  la  realidad del padrón electoral, el porcentaje  ganador  es  de solo  el 39%, pero si agregamos  una cifra de dos millones  (empírica y estimada) de personas mayores de edad no inscritos, entonces el  vencedor solo  tiene un 34%.

La fortaleza del  candidato vencedor  no es la que pregonan sus voceros  y el sistema nacional de medios públicos,  porque   a los votos  señalados  por el CNE  hay que disminuir el hecho  de que numerosos venezolanos  sufragan varias veces, la votación repetida por funcionarios en mesa  en casos de ausencia de  testigos opositores  y la propia manipulación  de la plataforma tecnológica. No olvidemos, además, que el Registro Electoral Permanente nunca ha sido conocido por los actores y menos auditado. 

En  ese  escenario, hay un espacio  amplio y muy interesante para incidir con una opción distinta desde el punto de vista  partidista  y social, partiendo del  hecho de que las  deficiencias del modelo vigente se pueden superar, mediante un modo distinto de organización  y activismo político  - partidistas.

Una opción  muy clara  está  dada  por la existencia  de una amplia y bien definida  (nacional, estadal, municipal y parroquialmente) sociedad  productiva,  en todos los sectores  de la alimentación, la industria en general y / o servicios. Es una sociedad productiva que genera centenares de miles de empleos y expande la riqueza mediante sus compras y el pago de impuestos.

 En ella, un grueso número de profesionales con post  grado hace vida  en  las condiciones de empleados, planificadores, investigadores, asesores, consultores, gerentes y accionistas de empresas esparcidas por  todo  el país.

Los gremios de la producción,  hermanos bastardos de los partidos y financistas de ellos,  preservan una influencia importante en sus lugares de  funcionamiento y extienden su irradiación hacia zonas vecinas. Muchos de sus directivos podrían  ser invitados  a asumir un nuevo modelo político de organización.

Habiendo gente calificada,  con aptitud, capacidad y experiencia,  con talento y creatividad empresarial, gente que arriesga su vida, sus familias, sus capitales y, en fin, su futuro, ya es tiempo  de que dejen  de observar  a los políticos empíricos (aunque osados y atrevidos) como la única opción  nacional, porque no siendo ellos los que tienen  en vilo  sus vidas y bienes, jamás podrán asumir  una  auténtica, bien razonada y genuina  representación  de la  sociedad productiva.

No estando gente  de la sociedad productiva  en los partidos,  están otros dirigentes y personeros que  han asumido  este  papel  dirigencial (y modo de vida cuasi profesional) con más errores que aciertos, y esto es, justamente, lo que ha dado lugar a  que hoy el país se encuentre en una situación  de “noche oscura” en cuanto  a  la dirigencia  capaz  de  hacer valer el deseo  de una mejor sociedad, con mayor calidad de vida y con certeza de  futuro.

Solo  la sociedad productiva podrá salvar  a los productores y consecuentemente  a la sojuzgada y manipulada  sociedad   nacional  venezolana.

Modelo  o  propuesta  de Esquema organizativo

 

1.       Comité Central  de nueve miembros

2.       Un Presidente  Nacional

3.       Ocho  directores  nacionales 

a)    Redes Productivas

b)    Recursos Económicos

c)    Relaciones Nacionales

d)    Relaciones  Internacionales

e)   Comunicación  Social

f)    Activismo y militancia

g)   Proyectos y Asesorías

h)   Asuntos  Electorales.

4.       Secretario   General (Funcionario remunerado a  tiempo  completo. No político y  sin opción candidatural)

5.       Las  direcciones  tendrán Unidades  de Apoyo, cuyo número será determinado  en base  a  los alcances de sus metas. Por ejemplo, la  Dirección  de Recursos Económicos estará soportada por  Contraloría, Contabilidad, Bienes  materiales y Recursos Humanos.

6.        Nivel  estadal

7.       Nivel  municipal

8.       Nivel  parroquial

9.       Nivel  comunitario

Propuestas de nombres

1.       Unión Social Progresista  (USP)

2.       Avance Social Progresista (ASP)

3.       Movimiento Social Progresista (MSP)

4.       Partido  Social Progresista (PSP)

5.       Alianza  Social  Progresista  (ASP)

6.       Alianza  Progresista  (AP)

7.       Alianza  Popular  Progresista (APP)

8.       Unión, Progreso y Democracia (UPD)

 

      El camino  a seguir (ya, ahora mismo, en  2013)

                Las elecciones  municipales, previstas para el ocho de diciembre  de este año (2013), ofrecen  una excelente oportunidad para formalizar  un nuevo liderazgo  (emergente y en real prueba  comicial), debido  al  hecho muy  particular de que serán votaciones en el  segmento territorial  más pequeño  de la  sociedad venezolana, donde los candidatos son gente nativa  o residente  por  años, conocida en su desempeño  social o económico, cercana al elector,  y su triunfo  depende más  de la credibilidad y confianza personal  que del  apoyo  partidista.

                Esto en cuanto  a los concejales, debido  a  que en lo atinente  a  los alcaldes, la  oposición ya los escogió hace  dieciséis meses y  el  gobierno los escogerá en  julio.  Son los concejales los funcionarios más próximos al vecindario,  al barrio  o urbanización,   a la comunidad.

                La  sociedad productiva puede lanzar candidatos  en todos los municipios   (335) para optar  por una o dos concejalías, lo que equivale a    670 postulados o al doble  - si fuese  el  caso – por los  suplentes.   No se requiere un partido  o grupo legalizado para  auspiciar esa  nominación, sino  que se puede hacer mediante la formalidad de  Iniciativa  Propia, de frecuente uso nacionalmente.

                Los candidatos  requieren  solo su propia  carta de postulación, copia del documento de identidad y un  bosquejo  de su programa  de acción  municipal.  Deben comprometerse, en la  solicitud  de inscripción  ante la  Junta  Electoral  Municipal a  buscar su  triunfo mediante medios lícitos, al mismo  tiempo que  deben abrir libros de contabilidad para demostrar sus ingresos y egresos,  durante  la campaña.

                Esto de los libros contables, aperturados  en el momento de  la inscripción, será el primer paso de ventaja  frente  a los candidatos del tradicionalismo, desconocedores del orden administrativo  que debe regir toda actividad.

                La sociedad productiva requerirá  de uno o dos candidatos  por Municipio,  no más. Con  sus respectivo   suplente.   En  todos los  municipios hay  sociedad productiva, en  casi todos hay ganaderos,  en todos  hay  agricultores, manufactureros o comerciantes,  en todos hay banca y servicios.  Si  apeláramos – solo como ejemplo-  a los ganaderos, no es asunto difícil alcanzar un candidato  por Municipio, pero tenemos  un espectro más  amplio,    que puede incluir a  sectores  de la juventud no partidizada.

                El candidato siempre  será mejor que cualquiera   de los políticos tradicionales, debido a  su experiencia  como ganadero o productor del campo, pero además gozará de  buena reputación, medios propios, discurso original, capacidad de diálogo  y comunicación.

                Se elaborará  un Modelo Tipo de  Campaña, con pautas sencillas  y precisas,  con soporte  legal,  estrategia de promoción y asesoría permanente, así  como  evaluación.   El período de campaña será un auténtico  curso de proselitismo  electoral (novedoso  y enteramente  responsable) para reafirmar   en el aspirante su convicción  de servicio a la sociedad y de adhesión a  un proyecto global.

                El Comando de Campaña Municipal (de cinco personas) lo conformarán  otros miembros  de la Sociedad Productiva o, en el peor  de los casos, su familia, compañeros de  trabajo o sus amigos cercanos,  mientras que  los   testigos   en cada una de las mesas de votación serán militantes de la causa.   Todos debidamente  formados  y ayudados en su labor.

                Y que pasará  el ocho de diciembre  de 2013?

                Pueden pasar   muchas cosas. Una  de ellas es que se logre  el triunfo en numerosos casos,  cien o más  municipios.  Una fuerza  concejil  de semejante número es un Grupo de  Poder  Político que jamás ha  tenido un sector específico, no propiamente partidista,  en Venezuela. También podrían  ser  menos  los vencedores.

                Pero todos  habrán dado el  primer paso para un liderazgo de crecimiento  en  cada municipio,  con  votos propios y  bien ganados.  Si  se logra inscribir 335 candidatos,  con sus suplentes,  es sencillo sacar cuentas y  acreditar  más  de   trescientos mil votos. Nunca  un partido, movimiento o alianza por crearse   ha tenido una base o  soporte  semejante.

Las elecciones  presidenciales de abril pasado  (2013) se decidieron  por  un margen inferior.

                La puesta en  escena  de cada candidatura será un mensaje nuevo y  refrescante,  de cambio y renovación. Se ofrecerá una  opción de liderazgo sometida al dictamen popular,  mediante votaciones legalmente  acreditadas. Esa opción   no será circunstancial, electoral, sino permanente, hacia  el  futuro.  Cualquiera  sea el  resultado en  un específico  municipio, con toda seguridad, el  candidato y el suplente pasarán  a  ser actores sociales relevantes,  en el porvenir, para  lo  cual se les brindará  apoyo y asesoría permanentes. A los fines de tener dos  posiciones públicas, principal  y suplente se alternarán en la función edilicia. Serán dos liderazgos con criterio de unidad y sentido  de  responsabilidad social.

                Teniendo esa  base popular y concejil,  en   febrero  o  marzo de  2014,  una  Convención Nacional de nuevos líderes (ganadores y no ganadores), lanzará  el  nuevo agrupamiento  político, a partir  de lo cual se abre una nueva etapa de trabajo de legalización estadal y nacional, cuyos requisitos son igualmente sencillos, pero conllevan  a  obtención  de  firmas.

                Un partido nacional requiere  su conformación en catorce entidades   federales.  Si llegamos  a  diciembre  con el elenco  candidatural completo, no cabe duda  de que el nuevo  movimiento se legalizará en  toda  la geografía   venezolana.   Ninguna  organización en la historia  nacional ha surgido de  esta manera, mediante  este   novedoso  procedimiento.

17.04.13