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Universidad de Texas

Austin

Cátedra Nuevo Mundo

18 de febrero de 1997

Prof. Marta Luján (Argentina),

Directora y Presentadora del Conferencista.

 

La democracia en América Latina

  Introducción 

La casi totalidad de América Latina, con la excepción de Brasil, fue territorio misional en lo político y religioso del Reino de España (Castilla), entre 1492 y 1825, mediante una ocupación, pacífica cuando se pudo y violenta cuando fue necesario, de todos los espacios, edificios y objetos que encontraron o avistaron los súbditos a quienes se encomendó el proceso de imposición de la nueva cultura europea.  

 

Los visitantes llegaron, en años y siglos distintos, a tierras de lo que hoy son veinte países, con su idioma, religión, costumbres y el espíritu municipalista castellano. Por supuesto, resaltaron los excesos de la violencia humana y el acoso a la cultura nativa.

 

España impulsó un proceso civilizatorio soportado en el sistema de cabildos y en la creación de curatos católicos, además de ejercer la autoridad mediante Virreinatos, Audiencias Reales, Intendencias y Comandos Militares.  

 

La primera fase o etapa, no precisamente planificada con metas y objetivos, se cumplió en medio de la mayor informalidad, porque se trató más bien de una exploración, y se requirieron dos siglos para percibir la nueva cultura expresada en conglomerados estables y elementos identificadores de la hispanidad. Especialmente en catolicismo, la evangelización corrió con más suerte que la municipalización o siembra de la idea política del gobierno vecinal.  

 

El siglo diecinueve irrumpió con la mayoría del territorio sin ser ocupado o sometido, con una cultura nativa desaparecida, con predominio del mestizaje y con pocas comunidades aborígenes o nativas. 

 

Es la centuria de las luchas por una separación del Reino, por la conquista de la Independencia, cuyo desarrollo enfrenta a facciones en las que con frecuencia  no estaban bien delimitadas las fronteras de la militancia. Los nativos comparten la defensa del sistema monárquico y a la vez se unen a los movimientos de emancipación. Iban y venían, de acuerdo a la recluta de quienes ocupaban sus lugares de residencia.  

 

Se trataba de sociedades inmaduras, no articuladas ni vertebradas, en las que no había una propuesta alternativa al régimen español, distinta y bien pensada, y el Reino no acertaba en su proyecto de una verdadera y justa nueva sociedad.

 

El proyecto civilizatorio europeo se impuso, pero no fructificó, no triunfó. Y eso ocurrió porque se requería una trasplantación socio – humana (con poblamiento e inversión económica) y España no estaba en condiciones de hacer algo distinto a lo que hizo en más de tres siglos de coloniaje. 

 

El fracaso de la nueva civilización como generadora de bienestar y avance humano dejó mucho descontento y abrió las puertas de la lucha violenta para obtener la separación del Reino.  

 

La vida independiente constituyó una meta de españoles e hijos de españoles, porque ya no se podía hablar de nativos al haber sido aniquilados por la conquista violenta, en contra de españoles que detentaban el poder en nombre de un lejano monarca. 

 

Todo el proceso hispano había comenzado con la sola voluntad de obtener bienes materiales, en medio de la aventura, y terminaba con la rebelión de las élites locales ya crecidas en vigor político y material, dejando secuelas que irán imponiendo estilos, conductas y modos de vida que permiten anclar las sociedades americanas en el atraso social. 

 

Uno de estos exponentes es el militarismo – caudillismo, especie de escuela social itinerante que ha dejado aventajados alumnos en todos los países y que aún perturba la consolidación de los sistemas políticos.  

 

El militarismo es un resabio de la lucha emancipadora. Representa la justificación del hombre fuerte al frente del poder y se ampara en la enseñanza de la historia escolar, en la que son los hombres a caballo los héroes, mientras la civilidad es sólo una excepción que se confunde con el uniformado. 

Derivación del militarismo es el caudillo, hombre providencial que se llega a confundir con el militar, por su inclinación a ejercer el poder de las armas mediante ejércitos propios, y que disfruta de amplias  parcelas geográficas donde ejerce dominio.  

 

Militares y caudillos fueron los padres de la independencia americana. Por eso me resulta fácil sostener y argumentar que se trata (hoy) de una heredad del proceso libertario. Ahora, debe quedar claro que la presencia militar – caudillista en la arena política no ha sido un hecho aislado o circunstancial, sino que se trata de algo recurrente y en algunos países permanente.

 Vida política independiente

Los héroes de la independencia americana prolongaron su protagonismo más allá de los campos de batalla al sumergirse en la vida política, y como la heroicidad era un hecho social reconocido o admirado, aprovecharon su popularidad para intervenir hasta en la contienda presidencial. Bien temprano el civil quedó postergado en su aspiración política y muchos optaron por mantenerse  en las Universidades y Escuelas, o vaciaron su vitalidad en las letras, dejando el oficio para quienes ya estaban acostumbrados al polvo de los caminos y al andar en constante diatriba.

  

En aquellas ciudades incipientes no era fácil borrar el relato de los vencedores en la guerra contra el reino español, circunstancia que convirtió la política en una verdadera lucha violenta, en la que quienes se enfrentaban lo hacían pretendiendo destruir al enemigo, aniquilarlo, como si se tratara de una pelea por la vida individual y no una competencia humana por el adelanto de la sociedad global.  

 

Esa convicción es una pesada herencia cultural, de mucha influencia nociva hasta nuestros tiempos, porque aún ocurren campañas políticas con atentados, asesinatos y descalificaciones insólitas.  

Todos los países de herencia española asumieron el presidencialismo y el federalismo centralizado, con escasos aires autonómicos en provincias, estados y regiones, lo que llevó a la anulación – que no desaparición – del municipalismo colonial.

 

Los niveles central y regional en las inconexas repúblicas del siglo XIX y bien entrado el XX dejaron el poder en manos de caudillos, que en casi todos los casos eran militares, con o sin escuela, y cuando se trataba de civiles, éstos asumían grados militares no legales y hasta usaban ropa e insignias militares.  

 

Gobernadores, Presidentes de provincias, Regentes o Jefes Civiles, con pomposos grados militares, dejaban el municipalismo como el campo de acciones de ciudadanos notables que nunca intentaban disputar el verdadero poder, el de los caudillos y caudillitos dueños de tierras, ganados, armas y  obreros trocados en soldados. 

 

            Esto mantuvo y consolidó un atraso cultural y político, de mala influencia hacia adelante y no dejó que el sistema partidista pudiese asumir los aires de la modernidad en el siglo veinte y el papel de escuelas masivas de política, civilidad y ciudadanía. Lo último era necesario para cambiar los criterios generalizados sobre la política, por supuesto equivocados, y generar corrientes de participación auténtica en los asuntos públicos o cívicos.

  Dictaduras militares 

Herederos de la fama de los libertadores, nombre de todos los que sobrevivieron en los combates – esporádicos y nunca planeados o concertados – contra España, estos señores pasaron a ser las élites nacionales por voluntad propia, por tener la destreza bélica y conservar el uso de las armas, y en razón del atraso social, humano y cultural.

 

Vino luego el intento de organizar ejércitos institucionalizados y escuelas. Esto hacía que nuevos hombres aprendieran teoría de estado, gerencia de conflictos y, sobre todo, disciplina y orden, tan vitales en sociedades rurales desasistidas de estos aspectos. 

 

Los países aceptaron esta preeminencia militar, en ausencia de proyectos de sociedades creados por los civiles, lo cual generó la idea de que los herederos de la gloria nacional no podían quedar sólo con la vida de los cuarteles, especialmente por previsibles nuevos conflictos o desórdenes.

Los gobiernos militares, impuestos por la violencia del Golpe de Estado o, simplemente, por el derroche, ineficiencia y desorden en el poder de civiles, fueron aceptados en todas las sociedades, donde tuvieron cabida, como un mal necesario.  

 

Varios países, como Bolivia y Ecuador, mostraron sucesión de golpes militares, y sus liderazgos civiles han tenido que ejercer el poder en medio de amenazas veladas y abiertas, haciendo concesiones a quienes detentan el monopolio de la Fuerza o el uso de la violencia institucionalizada.  

 

Todos los dictadores militares han gobernado soportando su gobierno en la defensa de la libertad, la soberanía y como “atención a un reclamo popular”, habiendo casos en los que se ha predicado la defensa de la legítima democracia, mediante una separación artificial de los poderes, constitución o carta fundamental aprobada en parlamento controlado o sumiso y, sobre todo, una gran publicidad de las acciones administrativas. 

 

Los gobernantes de esta categoría o grupo han actuado de manera personalizada, es decir, haciendo que un individuo sea el centro del protagonismo, o mediante juntas. En este último caso, algunas veces se han alternado en la presidencia, dando paso a la representación de los sectores militares a los que pertenecen, como son los casos del ejército de tierra, aviación y fuerza naval. 

 

La pureza en el manejo de los dineros públicos, asunto en el que los militares critican a los civiles, no ha sido uno de los elementos fuertes o sólidos de las dictaduras, pero han podido mantenerse ante la feliz circunstancia – para ellos – de que no funciona la autonomía de control parlamentario y de investigación de los órganos contralores, además del silencio  de los medios de información pública. 

 

De carácter crítico resulta el tema de los derechos humanos, al lado del Estado de Derecho. Ambos se reblandecen ante el mismo hecho de que el poder ha sido usurpado o mediatizado y ante la inexistencia de mecanismos institucionalizados de protección. 

 

América Latina tiene una amplia historia de gobernantes militares que cubre la mayor parte de sus ciento ochenta años de vida independiente, con ejemplos muy recientes como el de Chile (1973 – 1989), Perú hoy con Alberto Fujimori patrocinado por sectores militares, y debo resaltar dos intentos de golpe a Venezuela en 1992, sin dejar de mencionar la siempre crítica situación de Bolivia y Ecuador, o las tragedias humanas de la violencia militar en Guatemala y El Salvador.  

 

Las dictaduras han dejado un efecto nocivo en las sociedades, porque sus principios no son democráticos, pero su influencia en la ciudadanía hay que verla en otra perspectiva, en la de las características de las ciudadanías con posterioridad a la existencia de estos regímenes. 

 

En primer lugar se observa que durante la dictadura las sociedades se sumergen en un letargo donde domina la baja participación y se anula el concepto partidista, con lo cual pierde dinamismo el sujeto político, se provoca desmotivación y se ahuyentan los mecanismos de agrupación política voluntaria, refugios de la autonomía activa. 

 

Al concluir esta etapa de dominio hay un renacer de las libertades, una revitalización de la voluntad política, se renueva o refresca el liderazgo, se crean nuevos partidos y reaparecen los que estaban en la clandestinidad y se incrementa el interés por lo público. 

 

La comunidad nacional se ocupa de reinstitucionalizar el sistema político y para ello se reafirma el papel garante de la misma Fuerza Armada que sometió a los ciudadanos mediante la dictadura, creándose – generalmente – un espacio temporal de perdón y olvido para la mayoría de los incursos en atropellos, con lo cual opera la impunidad y se deja dentro de los cuadros militares a personas que son factores de peligro institucional.  

 

Lo curioso del caso es que luego del regreso al sistema democrático, dictadores han conservado fuerzas especiales, comparten espacios de poder, tutelan los gobiernos – con alguna discreción – y hasta han promovido candidaturas presidenciales o parlamentarias. 

 

En conclusión, la clase militar sabe actuar para conservar su espacio social y sus privilegios, los aumenta y mejora durante la dictadura, retrocede en el protagonismo cuando lo cree prudente y ejerce una tutela institucional sobre el liderazgo civil – en nombre de un apego constitucional – cuando éste ejerce el gobierno.

 

 Una de las expresiones de este tutelaje es el hecho de que en todos los países la Fuerza Armada hace un despliegue inusual durante las elecciones, como si no se tratase de un proceso de civiles y asumiendo que ante conflictos posibles, ellos pueden imponer el orden, restaurar la paz o hacer respetar la Constitución. 

 

Otra de esas expresiones la constituye la Fiesta nacional de cada país. El hecho civil de la declaración de la independencia es obviado para hacer del principal acto anual nacional la expresión del poder bélico, mediante la exhibición de los materiales de guerra con clara ostentación del modernismo y de la capacidad de cada aparato para producir muerte y destrucción. 

 

Y para que no haya una disminución del respeto al sector militar o decaiga la admiración, los programas de educación en historia local siguen hablando de las hazañas guerreras y en países como Venezuela hay una cátedra obligatoria de instrucción premilitar.

  La Democracia

Treinta y dos países de América Latina y El Caribe están conducidos por gobiernos de origen democrático, en una clara demostración de avance hacia un sistema uniforme de vida en libertad, de prácticas políticas civilizadas y de respeto a las normas de la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde se plantea la obligación de mantener un régimen libre y sin opresión a la ciudadanía.  

 

La democracia latinoamericana está soportada en los partidos políticos, como elemento institucional que canaliza la participación que agrupa de manera voluntaria a los ciudadanos que comparten un mismo signo ideológico, que ejerce la intermediación ante el gobierno y que realiza campañas electorales periódicas para producir la alternabilidad en el poder y en la representación popular.

 

En algunos países hay reconocimiento constitucional y en otros legal, lo cual hace que se trate de órganos con base jurídica y personalidad dentro del Estado de Derecho. 

 

El sistema democrático ha registrado avances, si lo observamos dentro de la globalidad continental, especialmente en cuanto a la desaparición de violencia decimonónica, a la apertura y amplitud partidista, a la modernización de los mecanismos electorales, a la difusión de numerosos medios de comunicación y al respeto a los resultados electorales. 

 

Uno de los aportes valiosos de los últimos tiempos ha sido la inversión de recursos, en buena cantidad, por la Organización de Estados Americanos para lograr elecciones libres y transparentes, cuestión que se ha reflejado en mayor confianza de los actores políticos en numerosos países.  

 

Las misiones de la O.E.A. producen orientaciones y recomendaciones a los órganos electorales de las naciones visitados, convocan reuniones de discusión, celebran diálogos y, sobre todo, generan credibilidad hacia el sistema comicial en los partidos políticos y candidatos. 

 

Nuestra democracia latinoamericana posee todas las formalidades que se requieren para alcanzar como régimen esta denominación, pero, por supuesto, también ofrece fallas y carencias que le restan vigor para su consolidación, plena estabilidad y expansión. 

 

Una de estas fallas es la eficiencia en el gasto del tesoro público para generar riqueza, promover el dinamismo de la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la mayoría de los cuales, hoy, vive en situación de pobreza. 

 

La oferta electoral, elaborada por expertos en mercadeo político y no por los mismos candidatos previo conocimiento de los recursos, hace que las ciudadanías piensen en que el político conoce sus problemas y que, además, los solucionará, por lo que al ocurrir lo contrario se produce el desencanto, la abstención luego de la emoción por la política, la apatía y más adelante el silencio. 

 

Y ante ese panorama de menos electorales motivados, los nuevos candidatos optan por duplicar las promesas, hacen despliegue publicitario costoso, apelan al mensaje subliminal con imágenes, luces y colores, llevando las campañas hacia lo banal, en lugar de convertirlas en Fiesta de la civilidad y la participación. 

 

La democracia como sistema social no se decreta, sino que es Fruto de la convicción generalizada de los hombres y de las mujeres, y ante el desdibujamiento suscitado por las campañas pierde vigor y entusiasmo. 

 

Quedamos, así, en una encrucijada. Los gobiernos deben ser más eficientes y deben reducir con vigencia los niveles de desigualdad humana, los partidos deben ser más responsables en la oferta electoral y los dirigentes están llamados a actuar con mayor sensatez. 

 

Al lado de ellos, los medios de comunicación social – cada día más urgidos por la ganancia empresarial y no por el beneficio social – pueden jugar un papel útil para orientar a la ciudadanía, elevar sus niveles de conocimiento y crear un mayor valor en la conciencia popular de la actividad política.  

 

Hoy en América Latina se ha impuesto la idea de que los medios son los grandes defensores del pueblo (entiéndase las mayorías impotentes) frente al poderío de los políticos, a quienes periodistas y dueños buscan destruir en nombre de a honestidad administrativa, de la moral y de los principios éticos, trayendo consigo condenatorias públicas que la mayoría de las veces no se corresponden con los posteriores dictámenes tribunalicios. 

 

 Se ha descubierto que detrás de cada denuncia o escándalo ha existido una motivación personal, empresarial, partidista o política, mientras el medio de comunicación busca conservar el interés del pueblo que dice defender ante el coloso Estado – Nación y ante la poderosa dirigencia política. 

 

Tenemos así una democracia imperfecta, con vicios, padecimientos y errores, pero vivimos en momentos de cambio y transición hacia el nuevo siglo, y eso – en países donde las mayorías aparte de pobres también son jóvenes que acceden al estudio – es un siglo de esperanza de que podemos cambiar y revertir tendencias históricas.

  Cultura política 

Centenares de millones de seres humanos no saben con exactitud lo que es democracia, con todos sus valores y características. Y no tendrían por qué saberlo, puesto que no habiendo – la mayoría – asistido a la escuela, no habiendo sido adoctrinados por los partidos o por los medios de comunicación social, y no habiendo presenciado campañas civiles, esa exigencia del saber social no cuenta para ellos.

 

La democracia es mucho más importante que lo que suponen los hombres y mujeres dedicados a la política y su dimensión histórica es tan grande que nunca se podría dejar solo para su implementación y desarrollo a los políticos. 

 

En la escuela de primeras letras, después de la enseñanza hogareña de igualdad y libertad conquistadas por los héroes, el niño debe aprender democracia a través de sencillos programas que enseñen amistad, fraternidad, tolerancia, convivencia, diversidad cultural, respeto a las minorías, derechos humanos y civiles, justicia, rectitud, prudencia, solidaridad, participación, importancia de la norma y la ley, y otros.

 

Los medios de comunicación son un baluarte para promover valores, cohesión social y participación, porque conservan aún credibilidad y penetración, especialmente el medio televisión. 

Enseñar democracia no es una prioridad para los gobiernos, pero si es una prioridad para los países, además de que numerosos tratados y acuerdos internacionales contemplan esa obligación o compromiso. 

 

Una de las bases de sustento de la paz y convivencia pacífica es lograr que los ciudadanos conciban la democracia de manera coherente, integral y unitaria, dejando atrás la sencilla idea de que democracia es el gobierno o su existencia y la realización de elecciones. 

 

En América Latina se cree en democracia por su asociación con libertad, pero se desconfía de los gobiernos por haberse asumido hace tiempo que constituyen el centro del quehacer nacional y el principal dispensador de un bienestar social que no termina de llegar. 

 

Revertir esa creencia es una necesidad social. Y para ello no puede existir mejor campo que el de la escuela, mejor instrumento que los medios comunicacionales y mejor demostrador que el gobierno, concebido en su clásica división de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.  

 

La madurez democrática es un gran logro, alcanzable, y representa la meta más estimada de una sociedad que pretenda asumir el desarrollo como un proceso de corresponsabilidad, sin exclusión, derrotando el pesimismo de las masas desposeídas de bienes y desalentados por su propia ignorancia política, y que quiera anticiparse a conflictos jamás pensados.

  Baja calidad de la dirigencia

 Un problema que no tiene solución fácil es la existencia de unos cuadros dirigenciales que en promedio exhiben baja calidad intelectual, en convicciones y en cuanto al desempeño de la gerencia partidista y del Estado, nación o país. 

 

No es fácil la solución porque el accionar político es voluntario y no requiere previamente una formación, pero si esa formación existiera – como ocurre en varios países – la concurrencia también es voluntaria, además de que un dirigente formado o capacitado – por ese solo hecho – no tiene garantizado que podrá ocupar un cargo en su partido o dentro de los cuadros del gobierno. Por eso, la calle es la gran academia política. 

 

Lo determinante es el liderazgo, es decir, la ascendencia, credibilidad y arrastre dentro de un segmento de electores, con lo cual se puede acudir a un proceso electoral interno o externo. Dentro del primero está la posibilidad de sumar fuerza para el segundo, y esto es básico para ser nominado a posiciones de gobierno desde las cuales se aspira fortalecer el liderazgo.

Los deficientes niveles de la dirigencia han incidido en que la democracia pierda brillo social, atractivo permanente y que aumente los números de la abstención al lado del descenso de la militancia partidista. 

 

Al hacer mención de la baja calidad mencioné las convicciones. Se trata de lo siguiente. Muchos dirigentes no están completamente convencidos de los principios de la democracia. Es más no los practican en sus hogares ni en sus propios partidos. De allí que promuevan la presencia de élites en la vida partidista y en la administración pública, en la búsqueda de una perpetuación nociva, porque uno de los atractivos democráticos es la alternabilidad o relevo en todas las posiciones. 

De la misma manera se impide el cambio generacional, no se producen las reformas y modificaciones que refrescan el sistema, y se suscitan vacíos que aumentan la deserción de los ciudadanos. 

 

A pesar de esta situación, en todos los países hay procesos de votación y se cambian los gobiernos, resultando nuevos hombres y mujeres como los favoritos del electorado. Esto no quiere decir que exista una perfección del sistema. No. Operan los mecanismos, pero la dirigencia conserva sus deficiencias.

 

Buena parte de sus fallas se cubre con campañas electorales, internas y externas, caracterizadas por el color, los sonidos, las imágenes y mensajes de fina elaboración publicitaria, cuya creación no es fruto del talento partidista, sino de agencias especializadas. 

 

La política como un servicio social, al cual todos estamos convocados pasa, entonces, a ser una arte de creación ajeno al hombre o mujer político y una técnica con ribetes académicos e intelectuales, cuyos autores pertenecen  a empresas o consorcios mercantiles.  Esta circunstancia  sería útil en sociedades muy desarrolladas pero no tiene sentido en países donde aún tenemos elevadísimos niveles de pobreza, ignorancia y marginalidad, en los cuales la democracia no se consolidará solo porque se realicen periódicas elecciones. 

 

Hay un elemento que podríamos asumirlo hoy como esperanzador. En casi todos los países funcionan escuelas universitarias de ciencias políticas, de las cuales está egresando un crecido número de jóvenes que buscan desempeñarse como asesores o consejeros, además de ser autores de obras y profesores. 

 

La perspectiva para los próximos años es la de un mercado profesional saturado para los politólogos, aún cuando aparecen nuevos partidos, hay más electores y más empresas y entidades de gobierno quieren conocer análisis especializado. 

 

Si las escuelas se abren, especialmente en cuanto a costos, para captar y promover dirigentes partidistas, o si éstos se motivan a estudiar, y muchos jóvenes universitarios se inclinan por la actividad política como campo de despliegue de su vocación de servicio, podríamos estar a las puertas de una auténtica renovación del liderazgo, de una elevación de los niveles del enclave dirigencial y en la posibilidad que la dirigencia política no sea fruto de la casualidad o de una necesidad material del individuo.  

 Partidos Políticos 

Los aspectos que hemos enumerado antes nos permiten una idea clara de la sociedad latinoamericana en la que se desenvuelven cerca de cien importantes partidos y unos quinientos pequeños. 

 

Una primera revisión arroja debilidad social que se expresa en debilidad institucional del partido como agente de promoción y realización de la democracia, en circunstancias de mayor dificultad si tomamos en cuenta que el quehacer político no implica una remuneración económica ni supone la seguridad social (salud, alimentación y jubilación) para sus practicantes.  

 

A los partidos se les enrostran los defectos de las sociedades donde actúan, se les acusa permanentemente de su poco arraigo, se les atribuye baja credibilidad, se habla de sus incoherencias ideológicas y – para no abundar más – se insiste en la inexistencia de prácticas democráticas en su seno.

 

Politólogos, analistas y periodistas han ayudado a develar los males de los partidos, y hasta han promovido la antipolítica, pero no han concebido acciones o proyectos para su revitalización y cambio, permitiendo que en buena parte el papel que les está reservado sea asumido por los medios de comunicación social.  

 

Numerosas veces, luego de enumerar los defectos del partido como institución, autores de trabajos apenas admiten que se trata de un mal necesario en la sociedad. 

 

No dicen que el partido es la expresión de la sociedad en la que actúan y que si esos partidos están enfermos o contaminados es porque esa sociedad, nación o país, también lo está. 

 

Es forzoso expresar que debido a esta situación la democracia se ha conflictuado y el campo partidista no es un escenario fácil ni normal. Al contrario, su desempeño se hace en medio de las peores críticas, con la impotencia de su poco arraigo y sin el reconocimiento social que merecen si es que realmente se desea una sociedad democrática. 

 

El bajo arraigo partidista, siendo una realidad, no podemos ocultarlo. De setecientos millones de habitantes de América Latina se ha estimado en cuarenta y nueve millones los ciudadanos afiliados a partidos, pero de estos se calcula en dos millones las personas que de una u otra forma actúan directamente para beneficiarlos, mediante cotizaciones o aportes de trabajo, bien como dirigentes y activistas o como asesores.  Bajo apoyo real.  

 

Ahora consideremos las sociedades donde actúan esos partidos. De los setecientos millones, sólo acuden a procesos electorales ciento treinta millones (18,6%). 

 

Los partidos andan mal en una sociedad latinoamericana donde la adhesión electoral a la democracia es baja,  además  de crítica e inconforme. Es sensato pensar que en un escenario de tal crisis, la institución partidista difícilmente puede marchar bien.

  Gobierno y oposición 

Los dos polos clásicos de la política se nos presentan como extremos irreconciliables que buscan la victoria con armas letales, uno para conservar el poder y otro para conquistarlo, sin medir consecuencias y sin analizar que el daño hecho al contrario pudiera afectar al propio sistema democrático. 

 

Es natural, en nuestro medio, que se procuren crisis constantes, especialmente de gobierno para debilitar su apoyo popular y abrir espacio nuevo a los opositores, lo cual – se ha probado – crea desánimo en el ciudadano y es una causa cierta de las elevadas cifras de abstención electoral. 

 

La recurrencia de cambios en el mando ha enseñado que los pueblos están votando contra lo que consideran malos gobernantes para suplantarlos por quienes se han hecho conocer como buenos opositores, en la perspectiva de que muestren en el poder que no incurrirán en los errores que criticaron. 

 

Las campañas electorales tienen como elemento central la negación de bondades dentro del gobierno por parte de la oposición y el despliegue abusivo de recursos oficiales por parte de los mandatarios. 

 

Ambas son aberraciones que no ayudan a elevar la cultura política de los ciudadanos. Los pueblos deben votar por la certeza o convicción de que un partido, grupo o equipo interpreta mejor sus sentimientos como sociedad, posee personas calificadas y su oferta es superior, y no sólo para castigar con su voto lo malo que pueda haber observado en los gobernantes.

 

Convicción debe prevalecer sobre disgusto. Relaciones Partido – Gobierno  

Las buenas relaciones entre un gobierno, o más bien entre la rama ejecutiva del poder público y el partido político que la sustenta – y que como un colectivo ganó las elecciones que dieron lugar al mandato – se presenta como uno de los anhelos para la estabilidad político – social y la gobernabilidad, sin que hoy podamos afirmar que es un logro. 

 

Con mucha facilidad ocurren hechos que conducen a la falta de armonía en esa relación, especialmente por el hecho de que en los partidos hay tendencias o sectores que disputan la supremacía del poder interno. 

 

Cuando un sector conquista la candidatura presidencial, el trofeo más codiciado, otros actúan como opositores y debido a que el liderazgo vencedor accede a los cargos relevantes en los poderes ejecutivo y legislativo, suele ocurrir que los rivales se esmeran en obtener los cargos partidistas y desde allí se ocupan de actuar en disonancia con los compañeros que desempeñan la función administrativa. 

 

También los cargos y curules parlamentarios permiten desplegar acciones y asumir posiciones que van en contra del gobierno. Ya la historia regional nos ofrece muchos casos en los cuales los propios partidarios de un Presidente han resultado sus más enconados rivales. Dominio de pasiones sobre principios. Ausencia de convicción real  en el dirigente. Baja calidad política y humana. 

 

No siendo un asunto reglado ni empujado por la ética política, las relaciones partido – gobierno han quedado sometidas al vaivén de los intereses ocultos de los dirigentes y a las conveniencias grupales, lo cual tiene su razón de ser en la debilidad institucional del partido y en la incoherencia de pensamiento y acción de dirigentes y militantes. 

 

El accionar humano, revestido muchas veces de imperfecciones y desatinos, no siempre permite dejar saber que existe un potencial partidista capaz de impulsar la consolidación y modernización del sistema democrático, a partir de instituciones partidarias unidas y cohesionadas. 

 

Queda claro que si hay partidos desajustados interiormente no será fácil que puedan ayudar a sus compañeros en la función de gobierno, porque al no ser expresión de unidad, fraternidad y cohesión jamás podrán asumir como propias las actuaciones públicas de otros.

 

Este tema pareciera ser fácil de resolver, pero no lo es. Sencillo si partimos de que un partido (también movimiento o grupo) es una colectividad pública con un sustento ideológico, doctrinario y de programa que asumen todos sus miembros al momento de incorporarse.

 

De hecho, la dirigencia y militancia – por una vieja tradición venida de la etapa colonial – jura cumplir y hacer cumplir ese soporte teórico. Difícil porque en cada persona subyace una aspiración personal distinta, una inquietud existencial, una deficiencia en cuanto a cultura política y una idea muy individual de cómo actuar en la búsqueda de su bienestar y en la obtención de los cargos o posiciones políticas. 

 

A la par de ello, el presidencialismo en América es una realidad de tanta fuerza y expresión que llega a ser más que aspiración colectiva una ambición personal, con sus normales defectos del personalismo y centralismo, dejando poco espacio para el compartir con quienes integran la cadena partidista, lo que genera disgusto e indisposición.

 

No han sido pocos los mandatarios latinoamericanos que una vez concluidos sus periodos terminan alejados de sus partidos, y sus otrora fuertes liderazgos concluyen, como sus vidas, en medio de la soledad, el olvido y hasta la persecución de quienes fueron sus votantes y amigos en una alegre campaña electoral. 

 

También hay casos en los que mandatarios conservaron un gran respeto de sus adherentes, de sus connacionales y numerosas instituciones registran sus nombres como epónimos, guardando para la historia buenos testimonios.

 

Los presidentes, en virtud del presidencialismo que muchas veces se torna en providencialismo, ocupan etapas de cuatro, cinco y más años, es decir, períodos históricos, en algunos casos periodos clave o determinantes. 

 

Lo sensato, como aspiración democrática y altamente civilizada, es que partidos y sociedad ayudaran siempre al buen gobernar, para hacer que toda etapa histórica sea provechosa y útil,  y no un tiempo que se desea olvidar.

Corrupción administrativa 

El mal manejo de los dineros del colectivo nacional, con sus muchas, variadas y hasta ingeniosas modalidades, ha desdibujado y vaciado de apoyo el sistema político democrático, creando la sensación, nefasta por lo demás, de que no hay políticos honrados y de que la política es una actividad sucia. Tan sencillo que la última expresión se escucha en todos los países.

 

 Es de tan mal crédito la actividad que en cualquier ambiente, para sostener que un proceder, decisión, sentencia o acuerdo es malo, se lo califica de político. 

 

“Ese dictamen es político”, se puede decir para descalificar el final de un juicio en tribunales, aunque se trate de un pleito de comerciantes o vecinos.

 

 Las sociedades latinoamericanas han percibido que la conquista del gobierno es un premio consistente en un botín de guerra, ante el cual se actúa sin limitación alguna y de manera rápida.

 Y de allí el germen de la corrupción, el morbo y la desdicha social, porque con los años se ha montado una estructura que prohija este mal que ya resulta difícil de vencer.

 

Los años recientes han evidenciado un auge modernista en las campañas electorales, con enorme gasto publicitario, con asesores que estimulan el mensaje engañoso y con partidos que lucen impotentes ante el poder del candidato.

 

 Las campañas han pasado a ser una inversión político – empresarial que nadie está dispuesto a perder, porque luego de los comicios se recupera, aún si los resultados no son buenos para quien haya sido objeto del patrocinio.

 

 Por ello las dos líneas identificatorias de la corrupción están en el vaciamiento ético – moral y en el elevado costo de las campañas electorales, de todo tipo, en las que ahora también aparecen contribuciones de los poderes irregulares. Estos son el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, el tráfico ilegal de armas y el contrabando.

 La pobreza

 Pensé hablar de la pobreza luego de referirme a la cultura política, pero la dejé para el final porque tiene mucho que ver con el sentido y justificación de la democracia.

 

 Siendo objetivos, debemos reconocer que al tener democracia en América Latina ya teníamos pobres. Quiero dejar sentado, por tanto, que la pobreza no es una moderna contribución de los sistemas políticos democráticos.

 

 Hemos tenido momentos en los que las democracias han logrado unas cifras sociales espectaculares, reduciendo el número de familias pobres, los excluidos, los marginados. Ha mejorado la educación, la asistencia social, se ha elevado la natalidad, es decir, se ha mejorado la calidad de vida.

 

 No obstante, hoy el panorama es desalentador. Los pobres son la gran mayoría en todo el continente latinoamericano, a pesar de que algunos países exhiben cifras de crecimiento anual. Colombia es una caso especial. Las cifras son buenas en cuanto a la macroeconomía, a pesar de la violencia, pero con cada amanecer hay más excluidos y más miserables.

 

 México, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Perú ofrecen cifras espeluznantes en lo social, al mismo tiempo que las tasas de crecimiento poblacional no se pueden detener.

 

 Esta población, en general, no participa de las bondades del sistema democrático, tanto de los bienes materiales como de los derechos electorales, pero sigue siendo el objetivo de políticos dispuestos al engaño, a la manipulación, al populismo y la demagogia.

 

 Los pobres son un sector tan importante en número que su situación resulta un severo cuestionamiento a la vigencia misma de la democracia, porque el sistema no es una lección teórica de ciencia política sino que se trata de un modelo de conducción social, de gerencia política, destinado a generar felicidad.

 

 Democracia con pobreza no es viable, carece de sentido y nos pone en la perspectiva de su misma disolución, porque siendo ellos la mayoría, el sistema se está apoyando en minorías con alguna posibilidad de subsistencia y eso no es lo justo, ético y moral.

 

 Ante este panorama social se revalida la importancia de superar como países la herencia colonial en cuanto tenga de nocivo, elevar la cultura política, mejorar la calidad del político, ofrecer opciones para la reimplantación de los partidos, buscar más espacios de encuentro entre gobernantes y opositores y eliminar la corrupción administrativa.

 

 Y esto debemos hacerlo en el ahora, porque aún las masas pobres no se han sumado – opción posible – a proyectos que amenacen la gobernabilidad, la estabilidad y la paz.

 

Conclusión

 

 América Latina requiere una auténtica y genuina democracia desprovista de disfraces y truculencias, para afirmar sobre gobernabilidad y estabilidad programas multianuales de crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida, no sólo para algunos sectores como ahora sino para todos los hombres y mujeres.

 

 Sólo una democracia duradera podrá crear la integración subregional de pueblos y no sólo de empresarios, sólo con democracias permanentes asistidas de apoyo podemos andar en la globalización y podemos entendernos como región con nuestros ascendientes europeos y con nuestros vecinos de Norteamérica.

 

 Compartimos los valores universales de los derechos humanos, el desarrollo sustentable y el multilateralismo creemos en la cohesión social, sustentada en la justicia social, como base de la paz duradera, consideramos que la gobernabilidad  tiene mucho que ver con la equidad, aspiramos a que cada día haya más ciudadanos disfrutando de mejores servicios públicos, de seguridad social, de acceso a la justicia.

 

 El camino hay que transitarlo y en el está como uno de sus puntos fundamentales el éxito que tengamos en la educación, en la formación de personas con hábitos democráticos para que ellos sean luego gente con virtudes democráticas. De esa manera podremos revertir la visión equivocada de que la democracia es sólo un sistema de gobierno y podamos interiorizar que se trata de un modo de vida.

 

Una sociedad con ese modo de vida estará conformada por hombres y mujeres críticos, pero responsables, integrales y solidarios, convencidos de que es una buena inversión social poseer sentido ético de la vida, tener lealtad a la comunidad y preservar la fidelidad a los principios.

 

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 DE MOCOTÍES  A TOVAR:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS AÑOS DE HISTORIA

 CONFERENCIA OFRECIDA EN SESIÓN SOLEMNE DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA CON MOTIVO DE LOS CIENTO CINCUENTA AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA TOVAR,  EL DIA  JUEVES VEINTISIETE  DE ABRIL DE  DOS MIL 

      

   

La historia  documentada de los pueblos  del Estado Mérida tiene su hito fundacional en la expedición del Ayuntamiento de Pamplona, iniciada en junio de 1558,  que integraron   funcionarios municipales y ciudadanos  bajo la  presidencia   del Alcalde Juan Rodríguez Suárez.

 

Los munícipes pamploneses se reunieron a comienzos de ese año para analizar el problema económico suscitado por  el agotamiento de las minas  que afectó a la mayoría de los pioneros españoles   llegados dos  décadas antes, procedentes de Santafé  y Tunja, los  centros poblacionales más importantes.

 

El español Rodríguez Suárez propuso la preparación de un grupo de ciudadanos para ir hacia el occidente en busca de minas. En la reunión de mediados de marzo se aprobó financiar parcialmente los costos con el erario municipal.

 

Los primeros contactos se hicieron con miembros de dos fracasadas expediciones y  luego con los comerciantes. Caballos, mulas, armas, municiones y alimentos fueron el aporte de los participantes, de comerciantes y del ayuntamiento.

 

El municipio pamplonés, que  carecía de una delimitación territorial precisa,  no requirió la autorización del Corregidor de Tunja, principal autoridad a la que estaba subordinado, para ejercer lo que  sus ediles consideraron  uno de  derechos naturales: explorar los territorios vecinos.

 

 Loable propósito tenía la misión. Su éxito significaba la plena rehabilitación de Pamplona como centro fundamental del occidente en lo económico y en lo político representaba la expansión de los dominios.

 

La expedición arribó a tierras de lo que hoy es jurisdicción occidental merideña aproximadamente a mediados de septiembre. Se estima que su presencia  en  predios de “los bailadores” y “mocotíes” pudo haber ocurrido entre el veinte y el veinticinco.

 

Los hechos siguientes son mas conocidos. El arribo al Valle de San Miguel, el cruce del caudaloso  “río Guadiana” (Chama) y la fundación de la  población o ranchería con la que  el líder de la misión rindió homenaje a su tierra natal: la emérita augusta romana.

 

Declaraciones judiciales, dentro del proceso seguido contra  Rodríguez Suárez, especialmente de   su compañero Juan Román, revelan que nunca  estuvo  dentro del propósito del Alcalde detenerse para buscar minas. Su  objetivo era arribar al pié de las “sierras nevadas”.

 

Es, justamente, este proceso la base documental mas importante para entender la realidad política del centro de poder al cual estaban adscritos los  territorios andino - merideños y para proyectar sobre nuestro tiempo el origen de tan intensas rivalidades e intrigas entre alcaldes, munícipes y funcionarios de instituciones investidas de autoridad.

 

Envuelto en confrontaciones, el ayuntamiento pamplonés no optó por formalizar la ampliación de sus dominios,  ni por continuar la búsqueda de minas, sino que se ocupó de enjuiciar al Alcalde explorador Rodríguez  Suárez, por  extralimitación de funciones.

 

En conclusión,  esta misión es el primer elemento historial de los futuros pueblos merideños, cuyos  pobladores, los indígenas o aborígenes, conocieron  sorpresivamente  al hombre español, al caballo y al poder destructor de las armas, en sus fríos aposentos durante el segundo semestre de 1558.

 

En los meses  siguientes  ya se habla de “los bailadores”, “mocotíes”, “estanques” y “ de la laguna”, para identificar cuatro centros poblados de indios, cuyas denominaciones surgen por la visita de los misioneros pamploneses.

Francisco Montoya,  el primer encomendero

El primero de noviembre de 1558 un acompañante de Rodríguez Suárez, luego de consumada la fundación de Mérida, se convirtió en el primer encomendero de los indios Mocotíes.

 

Francisco  Montoya es su nombre. Recibió una inmensa franja de territorio que incluía Acequias (cerca de Mérida), Mocotíes y se aproximaba a La Grita.

 

Montoya no es un fundador de pueblos, es un labriego que opta por explotar la tierra con la mano de obra presente. No se ocupa de la vida espiritual de los indios. Su objetivo es producir y vender alimentos.

 

Estuvo en la zona hasta su fallecimiento, en 1590. Su hijo, del mismo nombre, reclamó el título dos años mas tarde.

 

Los documentos de Pamplona no revelan pueblos, caminos,  cifras de indios,  identificación de  linderos, acreditación de   encomiendas, cobro de tributos, procuradores de indios, productos de la tierra. Temprano comenzó el desorden administrativo.

 

El Alcalde Rodríguez fue un adelantado de su tiempo. Abandonó la  reducida función municipal para convertirse en descubridor de tierras y en  promotor  de la encomienda  como una institución jurídica de protección a los  naturales de este lado del Atlántico.

 

Si Rodríguez tenía un proyecto poblador, las urgencias generadas por la exploración no le dieron tiempo para desplegarlo de manera ordenada y eficaz.

 

Por eso, los predios adjudicados  a Montoya, imprecisos y carentes de sustrato legal,  son ocupados parcialmente por las huestes de otro español, Francisco de Cáceres, el fundador de la Ciudad del Espíritu Santo de La Grita.

 

La tradición oral de la visita de Rodríguez  Suárez dejó el nombre de  “gritas” ( al igual que el de “los bailadores” y “mocotíes”)   a  la zona donde Cáceres fundó  una ciudad que alcanzó el rango de Gobernación y cuyos linderos incluyeron los llanos  sureños, el lago y la ciudad de Maracaibo.

El fundador gritense  llegó en dos oportunidades hasta “los bailadores” y “mocotíes”, para  ejercer su dominio, apaciguar a indios que impedían el paso y  dejar asentados en posesión de tierras a los primeros vecinos de su Gobernación.

 

Montoya y los gritenses compartieron espacios. Los segundos afirmaron  la autoridad nueva y  ya para 1578 no hay mención alguna de la municipalidad pamplonesa. Estos territorios son parte del Gobierno de Cáceres. Dos décadas  dominaron los  españoles de Pamplona, en lo sucesivo el dominio es de españoles de La Grita.

Los Indios Mocotíes

La denominación de Mocotíes se conoce desde 1558. No hay detalles documentados sobre el encuentro con la misión pamplonesa. Siendo servidores  de Montoya, una parte de los Mocotíes fue llevada a La Grita en 1570.  Otros,  que debieron ser los restantes,  integraron una de  las cuadras de la naciente  población de la Vera Cruz de los Bailadores, en  septiembre de 1601.

 

Para entonces ya estaban  como encomenderos Francisco Escalante, Francisco Sosa Lovera y  Rodrigo Leiva, designados por cabildo de La Grita.

 

El pueblo de Bailadores no tuvo éxito. Los encomenderos  retiraron sus indios. Por esa razón, en  febrero de 1628   se  hace la reinstalación y nuevamente acude un grupo de indios Mocotíes.

 

En los años siguientes no hay mención de los Mocotíes como parcialidad o comunidad. Los documentos hablan del “trapiche de los mocotíes”, en alusión al elemento identificador de la zona. Debió ser la propiedad del  hijo de Francisco Escalante, de los herederos de Sosa Lovera o de la nueva encomendera Teresa Duque de Castillo.

Nuestra Señora de Regla 

Una visita de especial significación aconteció en  mayo de 1644. Dos sacerdotes agustinos, Bartolomé Ortiz Donoso y Luís Jover Nava, llegaron a la zona con una imagen en madera de la  Virgen  María en la advocación  sur – española de Nuestra Señora de Regla.

 

Vinieron desde Santafé de Bogotá para construir un hospicio en el pueblo de Bailadores, gracias a la donación de tierras  hecha por el sacerdote gritense Bartolomé Carrero Escalante.

 

La obra no se realizó. Ortiz se estableció en  Mérida y Jover regresó a Bogotá. La imagen quedó en custodia en casa de  un encomendero, cuyo nombre no indican los documentos.

La fundación del pueblo

Un sacerdote franciscano llegó a Mocotíes en julio de 1709, procedente del Convento de La Grita. Esta vez no fue un predicador ambulante como Pedro Millán, Bernardino Campos y José Carrión, también conventuales  gritenses.

 

José Ceballos Obregón  se ocupó de  recoger a indios  esparcidos  por la zona y el ocho de septiembre de 1709 fundó el Pueblo de Nuestra Señora de Regla. En algunos documentos se completa la denominación con “de los Bailadores”.

 

La imagen  hecha en Santafé de Bogotá pasó a una capilla de paja, construida por el padre Ceballos con la colaboración de los naturales.

 

Habiéndose convertido Bailadores  en pueblo de blancos, el de Regla era el único pueblo de indios de la jurisdicción de la Municipalidad de La Grita.

 

Ceballos recibió en  1717 al  Arzobispo Electo  de  Santafé de Bogotá Francisco del Rincón,  para entonces Obispo  de  Caracas y antes Obispo  de Santo Domingo, quien de paso para la capital del virreinato hizo confirmaciones en el  Pueblo  de  Regla.

 

Los feligreses reglanos, que contaron con el Padre Ceballos hasta  1724 cuando fue sustituido  por Fray Cristóbal Bermúdez, recibieron permanente auxilio del cabildo gritense. Anualmente, en septiembre realizaron el censo de habitantes. Alcaldes, de primera y segunda elección, corregidores  y procuradores de indios, se alternaron en la función de convocar y registrar todos los pobladores.

 

Veinte habitantes se registran en el primer padrón. La cifra sube lentamente. Algunas veces anotan solo hombres, luego aparecen las mujeres, mas adelante los hijos,  se agregan los ausentes, y así, años tras año, el Pueblo de  Regla llega a tener doscientos sesenta habitantes, en 1743. Un año antes se había instalado  el Padre Francisco Peñaloza Velazco.

 

En 1739 ocurrió una nueva visita episcopal.  El  Arzobispo bogotano Juan de Galaviz, primado  de  América, visitó la comunidad como parte de una extensa gira pastoral.

 

El Archivo del Ayuntamiento guarda todos los detalles  de los padrones. A través de ellos se puede observar que el Pueblo de Regla no crece  a partir  de 1748.  Se detiene su ascenso.

 

Ausente el Padre Peñaloza Velazco, y  clausurado el centro proveedor de guías espirituales: el Convento de La Grita,  la comunidad queda sin sacerdote.  Solo el Capitán, denominación de la primera autoridad civil local, mantiene su presencia.

¿Qué ocurrió?

Tres invasiones de los indios Motilones, esparcidos por el Sur del Lago, acabaron con el pueblo y la  pequeña capilla de paja. Dos reconstrucciones y  dos nuevos actos de vandalismo agotaron la resistencia de los pobladores, pues al lado de los daños materiales también se  produjeron víctimas  humanas.

Llega el Padre Jiménez  Molina

El Arzobispo de Santafé de Bogotá creó en septiembre de 1774 el Curato de Nuestra Señora de Regla, en atención a las solicitudes hechas por el cabildo gritense con el aval del Vicario Eclesiástico.

 

Las cartas  confirman el deterioro y disminución ocurridos, luego de la ausencia del último sacerdote y de los ataques de “los bárbaros indios motilones”.

 

Para  proveer de sacerdote, el Arzobispado convoca a concurso. Solamente se presenta un seminarista bogotano, que  al  ser examinado obtiene el título. Un año debe esperar para  ordenarse y  la muerte del Arzobispo de Bogotá,  acude a Popayán.

 

Francisco Javier Jiménez Molina estaba verdaderamente interesado en asumir el Curato. Al no posesionarse en la oportunidad prevista  remite carta de autorización para que el 26 de  abril de 1765  asuma el Padre Buenaventura Méndez, Párroco de La Candelaria de Bailadores.

 

Su arribo al Pueblo de Regla se produjo en noviembre de 1766. Allí comienza una labor que consolida el Curato, gracias a la construcción de la primera iglesia formal, con sacristía, baptisterio, coro, puertas y ventanas de madera y  techo de tejas.

 

El Padre Jiménez  sorteó numerosas trabas administrativas, tanto en Santafé de Bogotá,  sede del Virreinato,  como en Maracaibo, donde estaba  una sede de las cajas reales españolas.

 

Se valió de apoderados para realizar trámites y gestiones indispensables. Cuando todo  está listo para comenzar la construcción  el Virrey ordenó disminuir los gastos en una tercera parte, pero el Padre Jiménez no dio marcha atrás, y construyó la iglesia con las medidas anunciadas, gracias al  aporte de los vecinos.

 

Este capítulo de la historia del Pueblo de Nuestra Señora de Regla es el mas rico en documentación. Ciento setenta documentos fueron localizados en el Archivo Nacional de Colombia  a finales de la década de los año ochenta. Sus copias originales fueron  donadas, debidamente encuadernadas y con índices al Archivo General de la Nación y al Archivo Arquidiocesano de Mérida.

 

Los hechos posteriores a la construcción de la iglesia, incluyen  la presencia del segundo Párroco,  Juan Pablo Pereira Castillo, y la creación de la Parroquia Eclesiástica de Nuestra Señora de Regla en noviembre de 1791. Pueblo y parroquia religiosa tuvieron hasta 1810 idéntica denominación.

Parroquia de Bailadores

En 1810 el Pueblo de Nuestra Señora de Regla  pasó a llamarse Parroquia de Bailadores,  dentro  del  Cantón Bailadores  con sede en  la Villa de Bailadores.  La Parroquia Eclesiástica mantuvo el nombre  de Regla.

 

Este hecho no tuvo mayor repercusión en el desarrollo de la comunidad, puesto que sus vecinos se vieron envueltos en la Guerra de la Independencia. Las incidencias bélicas en los lugares vecinos y las visitas de patriotas y realistas impidieron el auge de cultivos, comercio y propiedades.

 

Catorce parroquianos participaron en la lucha independentista. Culminado el proceso bélico, la Parroquia de Bailadores comienza  a tomar vigor. Familias de Maracaibo, La Grita y  Barinas se asientan en las tierras mocotienses, y con el auge de la agricultura surgen nuevas construcciones de viviendas, fondos comerciales y se concentra el poblado alrededor de su iglesia.

 

Tres indicadores revelan la realidad de  aquellos lejanos años: el censo poblacional, las asignaciones para  las Escuelas y el cobro de impuestos. Estas cifras, correspondientes al año 1832, se incluyen dentro de  la Descripción Política, Agrícola e Industrial de la Provincia de Mérida, hecha por el Gobernador Juan de Dios Picón.

 

La  Villa tenía  2502 habitantes y la Parroquia 2708. Una diferencia de doscientas seis personas. La asignación para las Escuelas en 1831 indica que la Villa recibía 220 pesos y la Parroquia 200. Para el cobro de los impuestos se hizo una clasificación de tres grupos. En la primera aparece Mérida, en la segunda San Cristóbal y en la tercera se incluían, entre otros lugares, a la Villa de Bailadores y a la Parroquia de Bailadores.

 

Vistas las anteriores circunstancias, los vecinos de la Parroquia, liderizados por los próceres de la independencia  Eustaquio Vivas y Silvestre Vera, acompañados de  Viviana Yánez,  en 1835, instalaron  un mercado público, cuya dimensión superaba al de la Villa.

 

Las autoridades del Cantón, asentadas en la Villa, acudieron a disolverlo, por no haber  recibido su permiso. La venta e intercambio de productos se mantuvo en la capital cantonal.

 

Este hecho generó una prolongada rivalidad, entre la Junta Comunal que gobernaba la Parroquia y el  ayuntamiento de la Villa, autoridad superior. Los vecinos de cada lugar pasaron a integrar los respectivos bandos.

Solicitan  creación del Cantón Bolívar

Los trámites, gestiones y discusiones  que condujeron a la creación de la Villa Tovar comenzaron cinco años y seis  meses antes del 19 de abril de 1850, cuando se instaló la  nueva sede gubernamental del Cantón.

 

Setenta y cinco vecinos de la Parroquia de Bailadores, encabezados por los Jueces de Paz  Ignacio Burguera y Concepción Márquez, solicitaron a la Diputación Provincial de Mérida la creación de un nuevo Cantón denominado  Bolívar,  en comunicación del 31 de octubre de 1844.

Señalaron las siguientes razones:  seis mil habitantes, seiscientos sufragantes parroquiales, cien electores, excelente  ubicación geográfica,  buenos recursos económicos, mejor clima y  suficiente hospedaje.

 

Destacaron igualmente que los cargos cantonales existentes en la Villa eran desempeñados por habitantes de la Parroquia .

 

La petición indicaba los límites: Quebrada El Volcán, Murmuquena, Guaraque y la desembocadura del río Mocotíes. Sobre Murmuquena afirmaron  que tenía población suficiente para crear una nueva parroquia, para lo cual solo faltaba construir la iglesia.

 

En la lista  de peticionarios aparecen los apellidos que se consideran tradicionalmente locales: Angulo, Burguera, Carrero, Contreras,   García, Gómez,  Gil, Gutiérrez,  Guerrero, Herrera, López,  Márquez, Medina, Méndez, Molina, Mora, Montoya, Omaña, Ortega, Paredes, Pereira, Quiñones, Ramírez,  Rodríguez, Rojas,  Rosales,  Salinas, Solano y Vivas.

 

La Diputación Provincial de Mérida acogió favorablemente la petición y acordó consultar al  Gobernador Juan de Dios Picón. Su criterio  fue adverso:

“Si las actuales secciones de la provincia poseyesen lo suficiente de los elementos que se necesitan para su completo y adecuado régimen administrativo, yo no vacilaría, Señor Presidente, en promover la subdivisión de los cantones que la constituyen”.

 

Los diputados no dieron marcha atrás. Resolvieron enviar la documentación a la Cámara de Representantes del Congreso de Venezuela con la expresa recomendación de trasladar la capital  del Cantón  de la Villa a la Parroquia y desestimaron  la creación de un nuevo Cantón.

 

El 1 de febrero de 1845 la Cámara de Representantes aprobó el informe de la Comisión de Peticiones que recomendó la continuación del trámite previsto en la Constitución.

 

Dos dias mas tarde solicitaron al Secretario de Interior y Justicia un informe comparativo sobre “edificios” para oficinas, individuos para los cargos y cantidad de habitantes.

 

Los alegatos de la Villa

La posición de los munícipes de la Villa de Bailadores se conoció  durante los días 14 y 15 de febrero de 1845. El Presidente del Concejo Municipal Antonio María Belandria, el Procurador José Antonio Palacios y el  Secretario Pedro Nolasco Omaña presentaron los alegatos a los congresantes.

 

El planteamiento fundamental lo hace Palacios. Sostiene que el establecimiento de la capital en la Villa es la razón por la cual esa comunidad no ha llegado a la ruina, admite el crecimiento poblacional y económico de la Parroquia, pero enfatiza que esa superación no ha dependido de que sea o no cabecera de Cantón.

 

También atribuye a la Villa:

 

Mayor población, mejores edificaciones públicas, mayor número de electores, clima sano, mas personas capaces para desempeñar los cargos y advierte que el desempeño de la Jefatura Política del Cantón por habitantes de la Parroquia de Bailadores se  debió a influencias políticas.

 

Estos funcionarios eran designados anualmente por el Gobernador, en base a una terna presentada por la Diputación Provincial.

 

A la exposición de los cabildantes de la Villa de Bailadores  unió nuevos argumentos el Gobernador Juan de Dios Picón, con un informe  enviado el día tres de marzo de 1845 a la Secretaria de Interior y Justicia, con encargo de  remisión al Congreso.

La Cámara de Representantes acordó archivar el expediente.

 

Insistencia de los parroquianos

 

Los parroquianos volvieron a plantear la solicitud  el 10 de noviembre de 1845, sumando el apoyo del Jefe Político del Cantón Bailadores, Bartolomé  Solano. La carta es dirigida a la Diputación Provincial de Mérida. Contiene noventa y una firmas.

 

A lo apellidos tradicionales ahora se suman otros. Aparecen  Rincón, Vera, Pineda, Labarca, Ugarte, Urdaneta, Mena, Navarro y  Yánez, que identifican un aporte poblacional procedente de tierras marabinas.  También firman señores de apellidos Aguilar, Bello, Blanco, Bustamante,  Fernández, Porras y Sanabria.

 

Con la nueva petición incluyen certificaciones judiciales que prueban la existencia de mayor cantidad de habitantes, certificaciones de rentas y dan cuenta de  que la Parroquia tiene plaza pública, escuela, cárcel y local adecuado para el establecimiento de las autoridades.

 

El debate en Mérida  divide a los integrantes de la Comisión de Peticiones. El diputado Luís Ignacio Ovalle niega la viabilidad de la solicitud, mientras que el Presidente, Domingo Guzmán, suma el apoyo  de José de Jesús Contreras, y acuerdan enviar el informe a la Cámara de Representantes.

 

Once días mas tarde los vecinos de la Villa de Bailadores reúnen ciento treinta firmas para suscribir un documento que ingresan al Concejo Municipal para su remisión a los Honorables Senadores y Representantes. El Presidente del cabildo, Bartolomé Solano, salva su voto por haber firmado  la petición de los parroquianos.

 

En uno de los párrafos exponen:

 

            “No siendo conveniente la traslación que se pretende por los vecinos de la Parroquia de Bailadores, por ningún respecto, porque ella no dejaría de causar desavenencias en dos pueblos vecinos y amigos, i en donde relacionadas las familias por parentesco y amistades, por su mucha intermediación, sería desagradable para las superioridades, oír momentáneas quejas si dicha pretensión llegase a tener efecto…”

 

Diferimiento por dos años

 

La posición del  Gobernador Provincial pesó mucho en el Congreso. Durante 1846 el expediente, para entonces de  sesenta folios, permaneció archivado. En los primeros días de la legislatura de 1847, el  doce de febrero,  se reactivó el proceso con la presentación del proyecto de decreto, en el que  la comisión especial conformada por Daniel Garmendia, José Antonio Salas y Nicanor Bolet, acogía  el traslado de la cabecera del Cantón de la  Villa a la Parroquia, cambiándolo por el de Villa Tovar.

 

Ese día se realizó la primera discusión y se convocó para la segunda una semana después. Los Representantes recibieron en ese segundo debate  (19 de febrero de 1847) al Secretario de Estado en los Despachos de Interior y Justicia, Rafael Acevedo. Sus argumentos  sirvieron para  que el expediente nuevamente se archivara, y esta vez por dos años.

 

Ante esta  situación, el  Jefe Político del Cantón José de Jesús Mora liderizó nuevas acciones para mantener vigente la aspiración de los parroquianos. El día dieciocho de septiembre de 1847 se reunió la plenaria parroquial (Junta Comunal),  presidida por el Juez Primero de Paz Andrés Omaña y conformada por los dieciocho comisarios de aldeas.

 

Acordaron solicitar informes certificados de las rentas del Concejo Municipal y exhortaron al tren edilicio a  sumarse a la aspiración parroquiana.  El Jefe Político cantonal y los munícipes José Ignacio García y José Concepción Márquez eran habitantes de la Parroquia de Bailadores.

 

Por su parte, el Síndico Parroquial Remigio Quintero solicitó al Juez de Paz  declaraciones certificadas de notables ciudadanos sobre las mejores condiciones existentes en la localidad para ser asiento de las autoridades cantonales.

 

Estas declaraciones corresponden a  Doctor  Francisco de Paula Vargas, Juan Agustín Gómez,  Tomás Urdaneta, Cosme Valbuena, Martín Bravo, Isaac Nieto, Eloy Cordero y Wenceslao Mantilla.

Los nuevos elementos argumentales no lograron que se descongelara el proyecto legislativo. El diferimiento aprobado, en presencia del Secretario Acevedo, se mantuvo invariable.

 

Villa en homenaje a Tovar Ponte

 

El nueve de enero de 1849 los vecinos de la Parroquia de Bailadores  elevaron una nueva solicitud a la Comisión de Peticiones de la Cámara de Representantes. Esta vez  pidieron que la comunidad, al ser elevada a capital del Cantón, recibiera el nombre de Villa Tovar, en homenaje a Martín Tovar Ponte.

 

Suscriben  el documento todas las autoridades locales y el Jefe Político del Cantón José de Jesús García. Destaca la presencia de un grupo militar, conformado por tres  capitanes, dos subtenientes y tres sargentos. Esto permite pensar que en ese año funcionaba un cuartel con rango de Batallón o Compañía. Igualmente aparece la firma del Párroco de Nuestra Señora de Regla Sebastián Fernández Peña.

 

La Comisión de Peticiones le dio acogida y en su informe  concluye:

            “Por lo tanto vuestra Comisión de Peticiones recomienda a la Honorable Cámara, que trayendo a la mesa el proyecto de decreto presentado el doce de febrero de 1847, por vuestra comisión especial, y que fue diferido en segunda discusión tenida el veinte del mismo mes, le dé el curso y los efectos  que con tanta justicia reclaman los ciudadanos de la Parroquia de Bailadores, hace cinco años, añadiendo al dicho proyecto la concesión de la última solicitud contraída a tomar el título de Villa Tovar”.

 

Seis discusiones de aprobación 

 

La Cámara de Representantes  realizó las dos discusiones faltantes durante el  27 de marzo y el  21 de abril de 1849, para totalizar tres. El Senado discutió   12,15 y 18 de febrero de 1850, diez meses mas tarde.

 

Antes de las discusiones senatoriales, los parroquianos  dirigieron una comunicación a esa alta cámara  el día dos de  diciembre de 1849. En ella resaltan la posición parroquiana ante los hechos políticos de la vida nacional en los años 1848 y 1849.

 

            “…allí se verá resaltar la lealtad de los parroquianos a favor de la gran causa nacional”, afirman.

 

Cumplida la aprobación senatorial, se acordó remitir el decreto legislativo al Presidente de la República para su promulgación, el día veinte de febrero de 1850.  La visita a la  sede presidencial, para entregar el documento, estuvo a cargo de los Representantes por Carabobo José de Landaeta y Miguel García Meza.

 

El Presidente José Tadeo Monagas le estampó  el “Ejecútese” el día 21 de febrero. La publicación en la “Gaceta de Venezuela” se hizo el diez de marzo. 

 

Ordenes para la instalación

 

El  Secretario de Estado en los despachos de Interior y Justicia, Francisco Parejo, remitió una comunicación el 27 de febrero de 1850 al Gobernador de la Provincia de Mérida, General José Encarnación Morales, para  informarlo oficialmente del decreto promulgado por el Poder Ejecutivo para la traslación de la Capital del Cantón Bailadores a la  nueva Villa Tovar.

 

Le comunica que el Poder Ejecutivo, en cumplimiento del artículo segundo del Decreto, resolvió que los actos  tuvieran lugar el día diecinueve de abril y solicita que  el Gobernador imparta las órdenes correspondientes para que se trasladen las nuevas autoridades y funcionarios, así como los archivos.

 

Morales suscribió una carta el 27 de marzo de 1850 para designar a Don Martín Bravo, Jefe Político del Cantón,  como responsable del cumplimiento del Decreto.

 

Bravo, uno de los partidarios del cambio de capital del Cantón, emitió  en la Villa de Bailadores un decreto el día treinta de marzo de 1850 en el cual hace las precisiones de la forma como serán realizados los actos de traslado de las oficinas cantonales e instalación oficial de la Villa Tovar.

 

“Para las seis de la mañana del 19 de abril próximo estarán arreglados y en disposición de seguir a la Villa Tovar los archivos públicos de la Jefatura Política, Alcaldía Parroquial y Administración de Rentas Municipales, internas y de correos, en cuya hora reunidos igualmente los susodichos Jefes Parroquiales y demás vecinos que puedan acompañarnos en su destino, para instalarse debidamente en las oficinas respectivas en la Villa Tovar”, dice el primer artículo.

 

En el segundo artículo convoca a los  vecinos de la antigua Parroquia de Bailadores, ahora Villa Tovar, para que acudan a la línea divisoria (en la actual Parroquia La Playa), para seguir acompañando a los funcionarios y sus archivos, hasta la formal instalación.

 

Debido a la rivalidad entre la Villa y Parroquia, Martín Bravo  previene a las autoridades para el estricto cumplimiento de sus funciones “a  efecto de  impedir la mas pequeña infracción del orden durante la instalación ceremonial” y llama a los vecinos de las dos comunidades para observar “el mayor orden y circunspección”.

 

Concluye el decreto con la invitación   “ a todos los ciudadanos habitantes del cantón para que acompañen a las autoridades a festejar de una manera digna de las buenas costumbres y patriotismo de los venezolanos el acto solemne de inauguración de la Villa Tovar, a la vez también la conmemoración de nuestra independencia nacional”.

 

Salutación del Cantón La Grita 

 

El  Presidente del Concejo Municipal del Cantón La Grita, ciudad  a  cuya jurisdicción pertenecieron los antecedentes territoriales de la Villa Tovar (Mocotíes, Nuestra Señora de Regla y Parroquia de Bailadores), José Antonio Romero, envió una salutación  al Jefe Político del Cantón Bailadores, el día doce de abril de 1850.

      

En ella felicita “a los empleados y vecinos de aquella comprensión por tan feliz resultado, reiterando sus simpatías de verdadera y franca amistad con que en lo sucesivo deberán cultivarse las relaciones y buena inteligencia que han existido”.

 

La naciente Villa Tovar, con su conversión en capital cantonal, había igualado a La Grita en jerarquía política, luego de casi tres siglos de haberse iniciado una relación  que se caracterizó por el apoyo gritense a la consolidación del poblado de indios.

 

Discurso del Presidente del Concejo Municipal

 

             El Presidente encargado del Concejo Municipal del Cantón Bailadores, Rafael María Márquez, acompañado  de los munícipes y del Secretario Pedro Nolasco Omaña, leyó  un  breve discurso  en  el lugar limítrofe de las dos Villas.

 

            “El Congreso soberano oyó vuestras súplicas y decretó la traslación de este Cantón a vuestra Parroquia y el Concejo cumpliendo con el acto legislativo hoy se presenta ante vosotros a cumplir vuestros deseos”, señaló Márquez.

 

            “Alegraos,  pues, porque hoy es uno de los días solemnes para vosotros, pues si glorioso es recordar a los venezolanos que hoy hace cuarenta años que juraron ser libres para siempre, y no depender jamás de la dominación extranjera, glorioso es para vosotros ver elevar hoy a la categoría de Capital del Cantón  vuestra antigua Parroquia de Bailadores bajo el nombre de Villa Tovar”, continuó.

 

            Luego  destacó que “…este sitio será un monumento para recordar a la posteridad el acto que hoy festejáis y será digno de un eterno recuerdo”.

 

            Concluyó exhortando a dar vivas al Gran Bolívar Libertador de la Patria y al Congreso de 1850 “que se dignó por última vez oír favorablemente vuestros deseos”.

 

Inauguración de la Villa Tovar

 

             Cumplido el acto de recepción de las autoridades, funcionarios y archivos,  la numerosa concurrencia se trasladó a la naciente Villa Tovar  para realizar el acto formal de inauguración  e instalación.

 

            La sede de la Junta Parroquial, ubicada en la esquina diagonal a la Iglesia de Nuestra Señora de Regla, donde funcionaban todos los despachos locales, sirvió de escenario para cumplir las formalidades ordenadas por el Poder Ejecutivo.

 

            Bajo la Presidencia de Don Martín Bravo, Jefe Político del Cantón (hoy se le denomina Prefecto Civil), en su condición de Delegado del Señor Gobernador, se fueron instalando las oficinas  del Concejo Municipal, administración de rentas internas y de correos, de sanidad, hacienda y manumisión.

 

            Vecinos de otras localidades acudieron al acto  por invitación que hizo  Bravo. Se cita la presencia de habitantes de Lagunillas, Pueblo Nuevo y Guaraque.

 

            Nuevamente  el munícipe Rafael María Márquez leyó un discurso en nombre de la Cámara Municipal.  Luego de relatar las incidencias del proceso legislativo y las disposiciones del Poder Ejecutivo  manifestó:

            “  Dad gracias a la Providencia por este favor que en engrandecimiento de esta antigua Parroquia os ha concedido, y dadla también al Gobierno  porque oyó vuestros incesantes reclamos.

 

El acto que hoy tiene lugar y que vosotros os habéis esforzado en solemnizar es muy digno de que siempre sea recordado con alegría por todos los habitantes, pues hoy es uno de los grandes días nacionales para Venezuela y la antigua Colombia, porque en este día  fue cuando se juró por los venezolanos no ser ya mas dominados por sus  opresores que por trescientos y mas años los habían dominado, el 19 de abril de 1810, y hoy 19 de abril de 1850 se traslada la cabecera de este Cantón a esta Parroquia”.

 

Márquez ofreció el apoyo del Concejo Municipal a todos los habitantes de la nueva Villa Tovar, les exigió  esfuerzo  para hacer cumplir lo que la municipalidad dispusiere y pidió que sigan dando pruebas de virtudes y patriotismo, trabajando por el bienestar y progreso del Cantón.

 

En directa referencia a la rivalidad de la  Villa y Parroquia demandó que el ese de las desavenencias “y seamos desde hoy en adelante unos solos, todos somos venezolanos y todos somos bailadoreños”.

 

Palabras del Alcalde  Parroquial 

 

Rafael Belandria, quien junto a Juan Bautista Moré constituía el dúo de Alcaldes Parroquiales, intervino a continuación del munícipe Márquez.  En sus palabras destacó:

 

“…animados de ser en  algo útiles a nuestra cara patria nosotros nos ofrecemos en este nueva Villa a todos vosotros y también ofrecemos trabajar incesantemente por vuestra común felicidad poniendo para ello de nuestra parte  cuando nos permitan nuestras facultades legales. Para ello contamos con vuestro apoyo, con vuestras luces y esfuerzos, y con que nos unamos todos a trabajar por la prosperidad general de nuestro Cantón y de nuestra Provincia toda”.

 

Seguidamente recomendó la paz, la fraternidad y la unión “para que a ninguno se le haga duro el castigo que la ley impone al que se desvía de su carril”.

 

“Hoy es un gran día para los venezolanos por ser el aniversario del 19 de abril de 1810 que a todos nos recuerda la época de nuestra emancipación política y lo es para vosotros porque hoy ha tenido lugar la instalación de esta nueva Villa”, expresó.

 

Belandria  concluyó dando gracias al Omnipotente y recordando “que  todos somos venezolanos y unidos podemos disfrutar de los bienes que nos dieron nuestros Libertadores, que nos legó el gran Bolívar”.

 

Se consolida la Villa Tovar 

 

Con la instalación de la Villa Tovar culminó una etapa de confusión para viajeros , cronistas e historiadores, que en sus relatos no ubicaron con precisión hechos históricos o descripción de lugares.

 

Se hablaba “de los dos Bailadores”.  Y la confusión llega a tanto que en Venezuela, hasta la publicación del Libro “Historia del Pueblo de Nuestra Señora de Regla” (Gremeica Editores, Caracas 1987), se pensaba que esa denominación correspondía a un pueblo  de lo que hoy es Colombia.

 

Desde 1850 la Villa Tovar se identifica con personalidad propia, los vecinos reconstruyen la Iglesia de Regla, se edifican nuevas casas, se inauguran dos escuelas, se mejoran los caminos y se inicia la  producción de café en gran escala con la presencia de la Casa Burguera.

 

Estos hechos consolidan la comunidad, al punto de que en menos de treinta años alcanza el título de ciudad y es asiento de la Vicaría Foránea del Obispado de Mérida, es decir la segunda sede de dirección eclesiástica de la entidad.

 

En 1884 llega la primera imprenta. Con ella se inicia otra interesante etapa de la vida tovareña, caracterizada por un elevado nivel intelectual y la presencia de poetas, ensayistas y escritores de importancia.

 

Cuatro nombres para cuatro siglos 

 

Los escolares tovareños de los años setenta no tuvimos la fortuna de conocer la historia local. Las enseñanzas nacionales coparon nuestra posibilidad de conocimientos en el aula. Fuera de ella no había publicaciones sobre los indios, vida colonial, próceres independentistas y hechos importantes de la vida local.

 

En los semanarios locales se copiaban textos de una revista hecha en 1928, en la que no se daba cuenta del origen del nombre de Tovar.

 

Cuando cursaba quinto grado pregunté  a un aficionado a la historia y colaborador de la prensa local sobre el  origen del nombre epónimo. Su respuesta, carente de toda base documental,  fue  que  Tovar  provenía de una expresión indígena.

 

Hoy, con satisfacción personal  puedo afirmar que la historia de la tierra mocotiense suma cuatrocientos cuarenta y dos años, con  cuatro  denominaciones distintas.

 

Mocotíes, Nuestra Señora de  Regla, Parroquia de Bailadores y Tovar son cuatro nombres que identifican un mismo lugar,  representan el esfuerzo de españoles y americanos  (indios, sacerdotes y seglares), y constituyen  un motivo de orgullo para quienes  como  Rafael Armando Rojas, Simón Alberto Consalvi, Milena Sardi de Selle y Héctor Bencomo Barrios, nacimos en medio de las montañas de  Mariño, La Galera,  Buscatera y  Loma de la Virgen.

 

 

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ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA

E INTEGRACIÓN CON EUROPA

  

Guanare, 17 de abril  de 2003

 

 Introducción

          Europa es la cuna de la democracia. Miles de años nos separan de las primeras experiencias políticas de la Grecia antigua. Europa es también el epicentro generador de las normas jurídico – sociales vigentes en América gracias al imperio romano. España  aportó la nueva identidad socio – cultural que nos hizo hermanos de los europeos. Francia nos dejó el legado de su revolución para abrir nuevos tiempos. Más adelante, en el siglo diecinueve, es Alemania la que nos brinda el  concepto de Estado de Derecho.

         De milenaria civilización, sometida a todas las pruebas de la historia, inmersa en guerras de gran escala, el viejo continente es nuestra referencia principal en idioma, religión, cultura y sociedad. Con escenarios diferentes, rancias costumbres y múltiple origen, lo que no recibimos de los ibéricos, lo hemos logrado con la mezcla de razas fruto de la inmigración.

         Resulta tal natural que millones de europeos habiten el continente americano, como si se tratase del patio de la ancestral casa. No hay diferencias insalvables para mantener la relación ni dificultades para incrementarla.

         El legado europeo no podemos apreciarlo sólo en el terreno cultural del pasado. No. Todos los países americanos han sido beneficiados por el trabajo denodado y sacrificado de miles de inmigrantes que han sabido explotar la tierra, que han podido hacer negocios, crear empresas y promover consorcios para generar miles de empleos, y con ellos asegurar la estabilidad económica, social y emocional de millones de latinoamericanos.

         América, y dentro de ella Venezuela, ha recibido a los inmigrantes con la alegría de quien sabe que detrás de cada europeo hay una ilusión concreta, una entrega sincera o un proyecto realizable, para hermanar patrias y para desarrollar países.

         Hoy no podemos hablar de inmigrantes, manteniendo el concepto viejo. La sensación que se tiene con los nuevos portugueses, españoles, italianos, franceses o alemanes, etc., es la de que llegan otros miembros de las familias, así como se cuentan por centenares de miles los hijos nacidos en América, de sangre europea.

         Carecemos de un censo de europeos, pero no se requiere mucho esfuerzo para saber que ya las generaciones segunda y tercera, nacidas  en el nuevo continente, son mayoría numérica en la inmigración. Esto nos lleva a pensar que se han fundido pueblos y razas, para hacer de América, territorio abierto al mundo, hermanado y comprometido a buscar aún mayor integración.

         En ese propósito hay sustento histórico real. Familias binacionales se cuentan por millones. Bisabuelos o abuelos en Europa, hijos y nietos en América. Un mismo idioma en el caso de los españoles, fáciles de entender en la expresión portuguesa e italiana, y disposición de asumir el español de franceses, alemanes u holandeses. Y como elemento aglutinador la hospitalidad americana y el espíritu creador con reciedumbre laboral del europeo.

Esa integración será posible si conservamos la vigencia del Estado de Derecho, la paz, fraternidad, solidaridad, y como denominador común el sistema democrático de gobierno proyectado con fines sociales y orientado hacia la disminución de las desigualdades.. Este es el elemento fundamental para acrecentar las relaciones Europa – América.

Cultura Política

          Los fundamentos básicos de la democracia están presentes, de mejor manera, en el viejo continente más que en el nuevo. La enseñanza cabildante de los descubridores y conquistadores españoles sirvió para crear un rústico sistema de gobierno, elitesco y restringido, pero útil para empezar a implantar  la nueva civilización.

Siglos después, cuando los avatares de la vida obligaron a cambiar, las patrias latinoamericanas siguieron inmersas en el ruralismo, atraso y falta de iniciativa modernizante.

         Esa infeliz circunstancia ha propiciado que en los tiempos recientes exista una gran inclinación hacia los estudios de la ciencia política para profundizar la democracia, en buena parte de las Universidades de todos los países. No obstante, la realidad es que todos los pueblos latinoamericanos muestran muchas carencias en la percepción cultural de la vida democrática en sociedad.

         La enseñanza escolar de ciudadanía, civismo y democracia aún conservan el simplismo y la falta de pedagogía capaz de insuflarnos ánimo para vivir civilizadamente en medio de las diarias prácticas democráticas, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad.

         No es un modo permanente pensar y actuar en democracia. Los conocimientos del hombre latinoamericano son elementales y, lamentablemente, no se profundizan con el ejemplo y prédica de dirigentes partidistas, funcionarios gubernamentales, parlamentarios, intelectuales y  medios de comunicación social.

         Hay una atávica inclinación hacia la concepción del poder en manos de un líder poderoso sobre el que recae toda la responsabilidad y el pleno ejercicio de las potestades jurídicas, no sin olvidar que el militarismo también deja penetrar su dosis autoritaria, centralista y personalista.

         Carecemos de una particular escala valorativa en la cual la democracia representativa, participativa y protagónica tenga  en nuestras mentes expresión  de práctica diaria y vigencia en instituciones concretas.

         No identificamos la democracia con el compromiso y la responsabilidad, sino con el hecho electoral, puro y simple, desprovisto de partidos políticos fuertes y vigorosos, y animado solo por el líder providencial que todo lo ofrece y todo lo puede.

         Para colmo de males, el segmento mayoritario de la población no acude a las prácticas electorales, sino que suma su negativa voluntad a la abstención. Esta indiferencia se alimenta en la idea de que democracia es corrupción, lentitud, empirismo e ineficiencia, por no saber que los elementos principales de ella  son tolerancia, diálogo, comprensión, solidaridad y civilidad.

         La idea popular asocia  cualquier cosa mala con democracia y mantiene la expresión  palabra o vocablo ”política” como  lo malo. Si en una reunión hacemos algo distinto a los propósitos sanos, no falta un ciudadano que diga “ahí lo que hay es política”.

         Perverso y dañino uso de una palabra que resume la vida en comunidad y la preocupación por los asuntos públicos, los asuntos ciudadanos, los asuntos de todos los hombres y mujeres reunidos en sociedad.

         Estando ausente una apropiada categorización, la inclinación popular no hace otra cosa que pensar en la democracia como sólo un sistema de libertad, donde cualquier dictador disfrazado de gobernante puede atentar contra  la sociedad, disminuirle su vigor político y quebrantar sus instituciones, siempre y cuando no altere el oxígeno libertario y aproveche el tesoro para darle dádivas a sectores desposeídos.

         Semejante concepción es inadmisible en la sociedad moderna y no se corresponde con las enseñanzas europeas, con los modelos que intentamos implantar, al menos en la teoría de los estudios, publicaciones y en reuniones científico – académicas.

         Este simplismo e ingenuidad constituyen un peso negativo para avanzar en la consolidación de la sociedad latinoamericana y venezolana como pueblos inmersos en procesos de crecimiento político, en avance hacia mayores estadios de civilidad y en condiciones más ventajosas de integración con otras comunidades.

Percepción del sistema por los ciudadanos

          Los ciudadanos perciben el sistema democrático como algo consustancial con sus vidas, pero lo hacen poseídos de la idea de que lo fundamental es conservar la libertad, libertad que si nos lleva al libertinaje, al desorden, a la anarquía,  al “bochinche” (como dijo el prisionero Francisco de Miranda Miranda, en La Guaira, en 1812) no nos importa.

         Es decir, que hay un concepto errado, soportado por la  creencia  de que esa libertad no debe tener condicionamientos, normas, disciplina, órdenes, ni compromisos, quedando sometidos, a la larga, a un sistema  de vida en medio de todas las carencias, sin educación  y cultura democráticas, pero alentados por la posibilidad de respirar los frescos aires libres.

         El poder es considerado una instancia lejana, pero  posible de acceder a él, a través de sus representantes, especialmente para obtener ayudas y pequeños beneficios.  No se considera que el ejercicio del poder está unido a la autoridad, sometido a los códigos,  leyes y normas, basado en criterios éticos y morales, y destinado a constituir un servicio a la comunidad total y no a individualidades..

         Por eso, el poder resulta también una posibilidad de redención social, un beneficio que se obtiene a través de un cargo o puesto, desde donde no se percibe el compromiso de servicio a la comunidad, sino que se tiene como una renta que es fruto del reparto de los bienes públicos de la democracia.

         Esa percepción generalizada, a más de falaz, resulta un serio obstáculo para  impulsar  la modernización del Estado y de la política como la actividad que lo gerencia y conduce, ya  que  los supuestos beneficios personales y grupales (partidos y sindicatos, resultan buenos ejemplos) son conquistas que no se pueden  negociar ni pueden ser objeto de renuncia.

         De esa manera, en todos los países  latinoamericanos se ha creado una inmensa masa de menesterosos de la democracia, empleados y obreros innecesarios, que constituyen un serio problema económico, debido a su alto costo y a enormes pasivos laborales que en general ni siquiera han sido cuantificados.

         En este sentido es necesario que los dirigentes y los medios de  comunicación social hagan de sus mensajes, discursos y declaraciones, informaciones, entrevistas y reportajes, oportunidades para sembrar una nueva idea democrática,  que constituyan enseñanza de cultura política y ciudadana en pro de mejorar el sistema democrático.

         Es inadmisible ceder ante la indolencia y la ignorancia, debemos cambiar la perspectiva socio – cultural de la democracia, porque el camino hacia la modernidad no es  un desfile de empleados públicos beneficiados por el gobierno, la entrega de créditos que no se cancelan o el reparto de migajas, sino que se trata del diseño y construcción de un proyecto de país, con millones de seres ocupados en su realización,  cosa más compleja y de altísima responsabilidad.

Descrédito del partido

          Los partidos políticos, en todos los países del mundo, han tenido crisis. Unas insalvables han causado la desaparición de varios. Otras, pasajeras, han dado lugar a su mejoramiento y cambio, a la renovación y hasta a su recuperación.

         En Europa el deterioro de los partidos no ha estado exento de peligros, como el populismo y la demagogia. La sociedad ha podido detenerlos a tiempo en los años recientes. En el pasado una crisis de partidos trajo el  nacionalsocialismo de Alemania, con sus secuelas de  terror y muerte.

         La enseñanza europea radica en su madurez, en la madurez cívica de la sociedad, a un punto tal que como cosa normal, allí se producen las coaliciones políticas. No ocurre lo mismo en América. Aquí solo conocemos de las coaliciones con fines electorales o en momentos de dura crisis, como en  Colombia (con  el Frente  Nacional) o en Chile (con la Concertación).

         En nuestra Venezuela asistimos a una de las mayores crisis partidarias de la historia de América. A los partidos se les atribuye, con no poca razón, el fracaso global de la gestión económica de cuarenta y cinco años. La falla ha sido de los modelo económicos populistas y de las deficiencias intelectuales y profesionales de sus ministros y dirigentes.

         El desprestigio de los funcionarios o dirigentes ha cundido a los partidos. Desaparecen o se ocultan los  culpables, pero los partidos siguen y cargan con ese fardo del descrédito. De allí solo cabe destacar que el ciudadano sigue creyendo en la democracia, por el elevado precio de la libertad, pero resiente de los partidos como las instituciones de intermediación, orientación y participación.

         El buen funcionamiento de la sociedad latinoamericana y venezolana como tal, proyectada hacia el futuro, inmersa en un  proceso integrador  con Europa, tiene uno de sus obstáculos en la mala calidad de nuestros partidos, en su ausencia de liderazgo (hoy) y en las  pésimas enseñanzas democráticas que conlleva su accionar.

         Revertir esas tendencias negativas es un compromiso con la buena salud de la sociedad. Para ello es indispensable entender que  la democracia no es  producto de la naturaleza, encontrado aquí por los españoles y portugueses, sino que se trata de una conquista de la humanidad que requiere desarrollo, perfeccionamiento y mejoramiento constantes.

         Y ese perfeccionamiento no es una responsabilidad única de los dirigentes, sino de todos los ciudadanos. Y para ello se requiere la construcción de una cultura democrática que nos haga presentes en el compromiso de ayudar a que cada día seamos más demócratas y más practicantes de los valores democráticos.

Nuevas formas asociativas

          La crisis  partidaria no ha afectado, sino que, al contrario, ha hecho florecer un nuevo tejido social conformado por asociaciones de vecinos, gremios profesionales, empresariales, clubes deportivos y culturales, fundaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, comités de protección del ambiente, grupos de defensa y otras expresiones que pueden ser  la base de la nueva estructuración social, al lado de los partidos políticos.

         Hay casos en los que el funcionamiento interno de estos grupos constituye un verdadero ejemplo de la democracia, como ocurre en asociaciones de vecinos. Ejemplo que debe ascender hacia otras capas sociales para emprender más modelos asociativos que procuren concientizar al ciudadano de las bondades de la agrupación con fines sociales y sean escuela de líderes para los partidos políticos.

Las fundaciones inspiradas en los fines  integracionistas constituyen una opción valedera para reforzar los lazos fraternos, culturales, sociales y económicos, y tienen la especial ventaja de poder atender con la misma simultaneidad asuntos académicos, jurídicos, propuestas de nuevas leyes,  estudios e investigaciones, publicaciones y eventos.

En todo caso, es vital que los sectores afines, vinculados por tradición, historia o intereses, sean comprensivos y  brinden no sólo asesoría por su dilatada experiencia, sino también apoyo humano y material, para la consecución de los altos fines de integración y solidaridad.

Estabilidad política

          El  tema de la democracia es de interés vital para todos. Hoy nos jugamos la vida y estamos en riesgo de perderla, junto con nuestros capitales humano y económico, porque  no hay estabilidad política en numerosos países de América.

         La estabilidad tiene mucho que ver con la cultura política democrática, con la comprensión y asimilación de las responsabilidad por parte de todos los ciudadanos, con el ejercicio diario, cotidiano y normal, de la vida en sociedad, defendiendo los valores del respeto, la tolerancia, la fraternidad y la solidaridad.

         Inestabilidad política no es producto único de una acción de un mandatario, es el resultado de una sucesión de hechos que horadan  el estado social, que  lo desestimula y que termina por disminuir el vigor de la sociedad.

         Una sociedad inestable es presa fácil de la anarquía, del desorden, y esos estados  anormales no son de la conveniencia de nadie, salvo de quienes procuren convocar al caos.

         Hoy, con más conciencia, tenemos la obligación de luchar para conquistar la  estabilidad de la sociedad, no sólo de sociedad política, sino de toda la integralidad humana de nuestra patria latinoamericana y venezolana..

Democracia auténtica

          La democracia representativa venezolana no se puede calificar hoy como una democracia auténtica. Las fallas de los poderes públicos son evidentes. No lo decimos por el hoy, también en el pasado hubo fallas y se postergaron las soluciones. Nos interesan las carencias del ahora, que son las que podemos subsanar.

         En el pasado nuestra democracia se caracterizó por su excesiva formalidad, es decir la atención a las  formas y no al fondo de lo social. En el presente debe impedirse la excesiva informalidad, porque cuando ella impera decae el principio de la autoridad, el orden, la norma y hasta las buenas costumbres.

         Por años vivimos inmersos  en el silencio de las mayorías, las mismas que ni siquiera intervenían en los procesos electorales, hoy nos encontramos  con  la abierta participación de casi todos los ciudadanos, al menos, en los comentarios y en el hacer diario de su propia actividad.

         Es decir, avanzamos hacia un estado de conciencia de participación o intervención. Ahora nos hace falta entrar en la nueva fase. La del compromiso organizativo, integrador de voluntades y destinado a afianzar el sistema político. Lo anterior requiere un estado de conciencia y nuevamente se revalida el papel de la  cultura política democrática.

         Estamos en un buen momento. Hoy las mayorías no sienten que la política y la conducción democrática son sólo el modo de vida de unos cuantos dirigentes políticos, sino que se trata de un asunto de interés para todos, donde podemos perder la armonía social y hasta la mismísima libertad. 

         Ha llegado el momento de recrear, airear, oxigenar, nuestro sistema democrático, de darle un nuevo giro a las instituciones. Bastante hemos escrito y hablado de la teoría política. Ya podemos pasar a la práctica para que la democracia no sea vista como un ejercicio intelectual  o un catálogo de  virtudes imposibles, sino como un sistema hecho a diario por la acción ciudadana, en cualquier aldea, caserío, pueblo, ciudad o metrópolis.

         Por supuesto  que todo esto implica que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo en la implementación  de un modelo económico apropiado, donde la igualdad de oportunidades y el juego del mercado  incida en favor de la democracia,  que alcancemos un sistema jurídico  de fácil comprensión y confiabilidad, de que tengamos una recta administración de justicia,  que despleguemos una  política exterior coherente, y de que tengamos nuevos y mejores dirigentes poseídos por el influjo de la ética, en todas sus actuaciones.

Conclusión 

         Todo lo anterior se corresponde con esa imperiosa necesidad de conquistar para América y Venezuela  la estabilidad política democrática, en procura de fortalecer las relaciones con Europa y de avanzar hacia un proceso integrador para el cual tenemos la disposición anímica, pero  carecemos de los instrumentos  socio - políticos requeridos.

         Europa nos ha mostrado el camino integrador, en un nuevo aporte de fines del siglo pasado. Contábamos con las enseñanzas de Robert Schuman,  Konrad Adenauer y Alcide De Gásperi. Ahora tenemos el ejemplo integrador, la manera de cómo dejar atrás los complejos nacionales, las fronteras, la moneda, los pasaportes, los idiomas, para ir a un esquema de unión propiciado por la modernidad.

         El pasado veintinueve de octubre de 2004 veinticinco naciones europeas, conformadas por cuatrocientos cincuenta millones de habitantes, suscribieron  el tratado contentivo de la  Constitución Europea, instrumento que aglutina  el sentido y la orientación de todos los acuerdos vigentes, y que busca sentar bases  para el nuevo esquema institucional.

         La integración  no tiene otro sentido que el de la promoción de los valores que unen y fraternizan, y para hacerlo tenemos que transitar por la estabilidad socio - política plena. De allí la necesidad de tener ciudadanos más conscientes y más educados en las prácticas políticas democráticas e integradoras.

         Conciencia clara debemos tener de que los tiempos modernos marcan una percepción cultural distinta. Europa marca un camino. Podemos transitarlo con la seguridad de que la integración nos hará más eficaces en la acción administrativa, social y económica, más solidarios y más libres en el pensamiento y desarrollo de las  ideas.

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El referendo, solución a la crisis de participación política
Lic. Nilson Guerra Zambrano

Reflexión previa
 


La crisis política venezolana no es un invento, es una realidad. Constituye una interesante encrucijada democrática con opciones de salida apropiadas, en un marco de recursos humanos y materiales suficientes para replantear la vida social y el sistema político.
Las opciones demandan un liderazgo convencido de articular acciones y programas, producir cambios y reformas, ante el reto de elevar la cultura política de los ciudadanos, incrementar los niveles de credibilidad y participación, hacer realidad el protagonismo sugerido por la nueva Constitución y, como resultado global, generar bienestar equitativo.
Gobierno y oposición son dos polos que, por ahora, lucen lejanos en afecto y trato, especialmente porque han asumido la confrontación como existencial, en la búsqueda de la aniquilación de uno u otro, sin mediar intercambio directo desde hace más de un año.
Los dos sectores reúnen un electorado de importantes dimensiones. Son los más grandes en toda la historia nacional. Ambos se caracterizan por una motivación especial para acudir a la prueba electoral del domingo, en lo que constituye un estreno de esta novedad constitucional.
Venezuela no se está jugando la paz y la armonía internas, como algunos comentaristas han sugerido. No estamos en fase de preguerra. Los dos ejércitos civiles, gobiernistas y antagónicos, se enfrentarán con solo dos armas, el si y el no, pegadas en papeletas electrónicas. Los electores no dispondrán del papel físico ni siquiera para deteriorarlo.
Lo que sí nos estamos jugando es el cambio porque tenemos la opción de olvidar la decadente participación política de las dos décadas anteriores, para ir a un esquema en el que un electorado mayoritario se sume al sufragio activo y los resultados impulsen un liderazgo capaz de sostener la legitimidad del sistema democrático de vida y de gobierno.

 

Breve recorrido histórico – político

El actual período democrático venezolano tiene su comienzo en 1958, con el término de la dictadura de una Junta Militar y del General Marcos Pérez Jiménez, iniciada en noviembre de 1948.
La aurora democrática produjo un despertar de la actividad política en todo el país, con un protagonismo dominante por parte del señor Rómulo Betancourt, líder principal de un partido que se asoció con militares para el golpe del 18 de octubre de 1945.
Los partidos devinieron en actores fundamentales de la vida social, sin limitación alguna, al punto de que los dirigentes eran figuras de la mayor relevancia y su presencia era bien acogida en cualquier lugar público o privado. En un estadio era más importante el político que el pelotero.
Este hecho propició un dominio nacional por el esquema partidista, puesto que los partidos asumieron la tarea de organizar la sociedad en sus bases sindicales, educativas, campesinas, profesionales, comerciales, empresariales y otras.
Los dos primeros gobiernos (1959 – 1968) transcurrieron en medio de amenazas de la guerrilla izquierdista, aunque ésta nunca llegó a tener opción real de conquistar el poder mediante el fuego bélico, lo que permitió durante el tercer gobierno (1969 – 1973) acordar un proceso de pacificación.
El modelo partidista mostró signos de debilidad en cuanto a conservar la hegemonía social y comenzó a proyectarse la presencia de sectores independientes, al mismo tiempo que numerosos venezolanos arribaron a la mayoridad sin inscribirse como electores. Esto sigue produciéndose y actualmente se estima en más de tres millones el número de abstencionistas no contabilizados como electores.
Las elecciones de 1973, no obstante lo anterior, mostraron la elevación de los niveles de arrastre de los dos principales partidos, al punto de que marcaron el segundo récord porcentual (96,5%) de electores participantes.
En ese año se inicia la inflación de las campañas electorales, los costos se elevan a cifras jamás pensadas (cientos de millones que pasan luego a miles), baja el activismo directo, disminuye la organización de base, irrumpen las encuestas como base de la estrategia y se implementan conceptos del marketing comercial.
También comienza a percibirse un incremento poblacional por encima de las tasas anuales de crecimiento que se tenían por tradicionales y Venezuela se abre a la modernidad, sin que sus viejos problemas de vialidad, educación, salud, vivienda y seguridad estuviesen resueltos.
Con los períodos quinto y sexto (1978 – 1988) viene una segunda etapa del debilitamiento del modelo partidista, caracterizada por la proliferación de pleitos internos, desprecio de lo ideológico, disminución del arrastre de la estructura de organización, incremento de los nuevos electores que no se inscriben para votar, elevado costo de la acción política, carencia de impacto social de la acción de gobierno y proyección de escándalos de corrupción administrativa.
La vieja y empírica idea de que los políticos roban pasó a ser una certeza ante el despliegue que hacen los medios de comunicación de situaciones que dejan mal parados a muchos administradores de fondos públicos.
En paralelo estaban otros cuestionamientos. La partidocracia había dejado a la democracia sin ciudadanos y había convertido el sistema en el eje del mando partidista, llegando a suplantar el Estado, en sus decisiones institucionales, por un reducido grupo de dirigentes dentro de los llamados comités nacionales.
Los programas de gobierno no satisfacen a la mayoría de las clases populares, el descrédito de la función pública se incrementa, al mismo tiempo que los ciudadanos ven en los partidos políticos a instituciones que ya no los representan, quedando la militancia registrada (en aquellos años portaban credenciales o carnets) como una minoría nacional.
La modernización, con su carga de numerosos nuevos actores sociales, grupos y sectores claramente definidos en sus intereses y conscientes de la autonomía de que gozan, con una mayoría poblacional en pobreza, hace más difícil la representación política, con los modos tradicionales.
Los partidos no se adecuan a la nueva y compleja realidad, sino que van quedando rezagados. En cada una de las familias surgen los profesionales y ya no son las fracciones partidistas las que pueden hablar de ingeniería, educación, economía, ciencia, salud o deportes, sino que en los sectores independientes se afianza una mayoría profesionalizada.
La política deja de ser el centro de la sociedad. Los periódicos reducen sus espacios para dar cabida a otras actividades, igualmente interesantes para mantener su clientela. Se impone una globalización de los temas, en todos los diarios, emisoras y televisoras. Se expresa un nuevo país, frente al cual no hay un discurso político innovador e interpretador y tampoco se hace un redimensionamiento de lo político.
Dirigentes, parlamentarios y estudiosos de la ciencia política advierten sobre el agotamiento del modelo político y económico, y aconsejan la creación de una comisión permanente de reforma del estado para implementar cambios que eviten el colapso. Los análisis coinciden en la necesidad de modificar el rumbo de la sociedad. Abunda la teoría pero las soluciones no se aplican con facilidad.
Un nuevo esfuerzo se hace para replantear el rumbo mediante una reforma constitucional, la cual avanza solo en discusiones cerradas y se frustra cuando los proyectistas, antes de la discusión en las cámaras parlamentarias, chocan contra los intereses de los medios de comunicación social.
Los quinquenios séptimo y octavo (1988 – 1998) fueron dirigidos por ex mandatarios que supieron aprovechar el prestigio personal para sobreponerse a las carencias de sus propios partidos, obteniendo victorias que sirvieron para represar la emergencia de nuevos líderes.
En febrero de 1992 ocurre una insurgencia de militares jóvenes, alentados por la situación general de la sociedad y especialmente por creer que la corrupción ha minado las bases morales y sociales.
La improvisación y fallas de última hora hicieron fracasar la acción militar, pero sus actores conmocionaron al país, mostraron la debilidad institucional del Estado y captaron una gran simpatía popular al apreciárseles como gente valerosa y dispuesta al sacrificio.
Rafael Caldera, uno de los fundadores de la democracia, recogió el descontento venido de antiguo, asumió como válidas las causas del disgusto social y al no condenar a los jóvenes militares por la acción, recogió la onda de simpatía y por encima de su partido se impuso en las elecciones de 1993.
Una nueva crisis partidista descompone el cuadro político. La principal dirigencia se aleja del accionar, se quiebra la disciplina del militante, se ahonda el descrédito y no surgen figuras nuevas que persuadan al electorado de evitar el voto – castigo contra el orden tradicional.
Chávez salió de la cárcel en 1995 para buscar personalmente su reivindicación popular. En Caracas lo recibe una multitud entusiasta, pero su accionar no termina de cuajar en 1996 y hasta mediados de 1997, quedando relegado a un lugar secundario en las encuestas que miden la intención del voto presidencial.
Sus giras y visitas, con mucho de espontaneidad y sin estructura de equipo, van dejando que corra el mensaje de la inconformidad y que se sumen individualidades. No alcanza a ser un peligro para el status constituido, porque la candidata socialcristiana e independiente Irene Sáez domina el escenario.
Los medios comienzan a ocuparse del militar con mayor interés en el segundo semestre de 1997 y sus declaraciones ofrecen la perspectiva de un hombre con legítima opción, con un pensamiento propio y sin ataduras de partido o grupos, lo cual es uno de los aspectos que más gusta al electorado.
El comienzo del año electoral de 1998 es el tiempo en que se inicia el declive de la opción presidencial femenina y el auge de Chávez con firmeza, a un punto tal que – no obstante su discurso beligerante y la ausencia de compromisos a futuro - recibe apoyo de militancia de base del tradicionalismo político y de empresarios de la derecha.
A mediados de año los partidos han quemado sus últimos cartuchos de popularidad y solo queda la figura del Gobernador de Carabobo Enrique Salas, en quien los viejos grupos, Ad y Copei, depositan sus postreras esperanzas y dejan a sus propios aspirantes en el aire, retirándoles apoyo.
La unidad de la derecha o del tradicionalismo, personificada en el candidato Salas, hace esfuerzos singulares para detener a Chávez, pero las elecciones le ofrecen una amplísima ventaja y se corona como la primera figura política del país, la más controvertida y de mayor expectación.
 

La abstención demuestra la crisis

Las primeras elecciones democráticas se producen en un momento de fortaleza del partido Acción Democrática, que sabe cobrar los méritos de la lucha contra la dictadura, y de expectativa sobre las otras corrientes políticas, Democracia Cristiana y Unión Republicana Democrática.
En diciembre de 1958 los que no votan suman un porcentaje del 6,6%, una cantidad que pudo haber sido menor de haber contado los partidos con mayores recursos económicos. Eran tiempos en que los militantes hacían aportes a las finanzas partidistas y el tesoro nacional no estaba en manos de gente vinculada a los candidatos en contienda.
Los ciudadanos que se inscribieron para tener cualidad de electores alcanzaron una cifra equivalente al 47,4% de los entonces seis millones cien mil habitantes.
En las segundas elecciones (1963) se produce un hecho interesante. La población nacional se eleva en más de dos millones y medio, los nuevos electores son apenas cuatrocientos cincuenta mil, lo que hace que el porcentaje de inscritos sea de solo 37,6 del número de habitantes y la abstención sube hasta 7,8 %. Allí comienza la abstención recurrente ya citada y también el auge demográfico.
En 1968 solo ciento treinta y cinco mil personas dejan de votar, reduciendo la abstención a la cifra histórica más baja, 3,3%. Este porcentaje subió en dos décimas ( a 3,5%) en las elecciones de 1973, y en adelante los ausentes de las urnas dejan guarismos de dos dígitos.
La abstención de 1978 (12,5%) agrupa a más de seiscientos mil electores en comparación con ciento sesenta mil que dejaron de votar en 1973, una cantidad que seis meses mas tarde, en junio de 1979, se eleva en casi un millón más para porcentualizar 27.1 % en las primeras votaciones municipales separadas de las presidenciales.
Los partidos fundamentales comenzaron a trabajar en el sector de los nuevos votantes con mayor interés y progresivamente lograron que el electorado se acrecentara hasta alcanzar el 50,4%, en relación con la población general, en 1983. En este año la abstención disminuye en tres décimas en relación con 1978 ( de 12,5% a 12,2%).
Las segundas elecciones separadas (1984) se realizan en medio del notable incremento de los abstencionistas que llegan a totalizar tres millones ciento ochenta y dos mil, equivalentes a un 40,7%.
En las presidenciales de 1988 el porcentaje de ausentes baja al 18,1, gracias a una campaña intensiva de los principales candidatos, cuyos resultados mostraron fortaleza y arrastre personales, por encima de partidos ya afectados por la crisis de credibilidad e identidad ideológica.
1989 es un año importante en la historia política. Se realizan las primeras votaciones para Gobernadores y Alcaldes, una experiencia que aireó la democracia participativa pero que no llegó a interesar sino al 45,6%. Es la primera oportunidad en que los ausentes (5.007.213) superan a los votantes (4.198.636). Un campanazo de alerta.
Los nuevos comicios estadales y municipales (1992) bajan el porcentaje abstencionista en 4,3% (50,7%), pero nuevamente son más los reacios al voto que los que acuden a escoger gobernadores y alcaldes. Ya el país se encuentra con veinte millones de habitantes y nueve millones ochocientos mil electores.
Muy cerca de los veintiún millones de habitantes y también cerca de los diez millones de inscritos, las presidenciales de 1993 recuperan la mayoría porcentual para los votantes y dejan la abstención en 39, .84%.
Dos nuevas elecciones se hacen para los poderes regionales y municipales en 1995 con dominio de la abstención en 53,9% y en 1998 (noviembre) con leve recuperación de sufragantes, animados por la cercanísima elección presidencial un mes después, para dejar la abstención en 45.6%.
La primera victoria del Presidente Chávez se produce en diciembre de 1998, en una Venezuela de veintitrés millones de habitantes y once millones de electores (47,0%). La abstención en este tipo de votación baja en 3,60% para quedar en 36,24%.
Los números récord vienen en otros procesos promovidos por el Presidente Chávez para llevar adelante sus ideas de transformación del sistema de gobierno.
En la consulta nacional para convocar el proceso constituyente, en la cual los ciudadanos respondieron dos preguntas (si o no y las bases normativas) se impuso la cifra histórica más elevada – hasta entonces – con 62,4%, equivalente a seis millones ochocientos mil ausentes. (25.04.1999)
La elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente bajó el número de no votantes, pero el porcentaje nuevamente resultó mayoritario con 53,7%. ( 25.07.1999)
Una vez aprobada en sesión especial el texto de la nueva carta fundamental, los venezolanos fueron convocados a su aprobación o rechazo popular. La abstención, que pudo haber sido peor por la inclemencia del tiempo en la mayor parte del país, quedó en 55,6%. (15.12.1999)
La segunda victoria presidencial de Hugo Chávez (30.07.2000) ocurre en un proceso que reivindica a los votantes, haciéndolos mayoría con 56,2% de asistentes, mientras los ajenos totalizan el 43,8%. Venezuela es un país con veinticuatro millones de habitantes y once millones setecientos mil electores.
Lo que nunca se había imaginado ocurrió cinco meses después de las décimas elecciones presidenciales, el tres de diciembre de 2000. Un referendo sindical, la elección de concejales y la novísima votación para escoger los miembros de las Juntas Parroquiales motivaron a menos de una cuarta parte de los electores.
Los votos para el tema de renovación sindical fueron ligeramente superiores a los de la elección local, pero en ambos casos la abstención triplicó el número de votantes (76,5% y 76,2%). Los abstencionistas (8.968.352) cuadruplicaron a los votos válidos (2.095.386) de la elección de munícipes y parroquialistas, un caso único en la historia política venezolana.
En las dos modalidades de elección el porcentaje de abstención duplicó al registrado durante las elecciones presidenciales de 1998, cuando ganó por primera vez Hugo Chávez.
Este breve recorrido por los caminos del anti-electoralismo nos pone en conocimiento de que un inmenso sector de venezolanos no interviene en los procesos electorales, a pesar de las costosas campañas mediáticas, de la presencia de candidatos cercanos al vecindario y no obstante que en el caso de los comicios presidenciales suele presentarse una gran polarización entre los dos principales aspirantes.
La media nacional de abstención, vistos veintiún procesos entre 1958 y 2000, es de 37,18%. Las cifras de participación ascienden a ciento tres millones y las de abstencionistas a setenta y ocho millones. Elementos interesantes para el abordaje del tema en mayor profundidad.
 

¿Cómo se llega al referendo?

La campaña electoral de 1998 tiene como elemento central la promesa del candidato Hugo Chávez de transformar el sistema político, al que califica como ineficiente y corrupto. Para ello ofrece convocar una Asamblea Constituyente que redefina el rumbo y eche las bases de una sociedad igualitaria.
Una clara mayoría da crédito al mensaje y encumbra al aspirante a la primera magistratura, en circunstancias tales que en cosa de horas – luego del veredicto electoral - su popularidad aumenta en más de quince puntos, según encuestas serias.
El dos de febrero de 1999 ocurre la investidura presidencial. Posesionado en su despacho, el mandatario anuncia la promoción del referendo para la primera consulta nacional que ocurre en abril, luego en julio se eligen los miembros del cuerpo constituyente y el texto se aprueba el quince de diciembre.
La refundación de la República con el nombre de Bolivariana ocurre el 29 de diciembre y se hace para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un Estado de justicia federal y descentralizado.
Dentro de los derechos humanos se incluyen los derechos políticos y dentro de éstos surge la novedad del referendo popular en cuatro modalidades, una de las cuales es la del revocatorio del mandato de quienes han sido electos directamente por el pueblo.
Durante las conversaciones previas a la discusión constitucional, el mandatario Chávez sostuvo su criterio de que el referendo se podía convocar con un diez por ciento de las firmas del registro electoral, pero finalmente se aprobó un veinte por ciento. Eran tiempos en los que la popularidad presidencial se mantenía en ochenta por ciento.
En el año dos mil, en vista de las nuevas pautas constitucionales, se hizo otra elección presidencial, el treinta y uno de julio, que sirvió para revalidar el mandato para un período de seis años sin tomar en cuenta los dieciocho meses anteriores como parte ya ejercitada.
Las siguientes elecciones municipales y parroquiales de diciembre del mismo año son ganadas por el oficialismo, que se mantiene invicto hasta las sindicales en octubre de 2001 cuando vence la alianza opositora.
Los procesos, salvo el sindical, corren a cargo del nuevo Poder Electoral, la quinta rama del Poder Público Nacional, conformado por tres rectores postulados por organizaciones de la sociedad civil, uno por las facultades de derecho de las universidades y otro por el Poder Ciudadano.
Revalidado el mandato presidencial, cumplidas las elecciones parlamentarias, de gobernadores y alcaldes, en las cuales triunfó la gente afecta al Presidente Chávez, Venezuela ingresa a una nueva realidad política en la que el dominio oficialista es evidente, al tiempo que los opositores buscar cohesionarse para llegar a futuras batallas políticas con mejores posibilidades.
Esa nueva realidad tiene como una de sus particularidades la presencia de empresarios, medios de comunicación, sindicalistas, dirigentes de la sociedad civil (ONGs y otros) y militares activos en plan de activistas políticos. Este nuevo protagonismo deja a muchos viejos dirigentes sin espacio social y los medios los ubican en el segmento de los “analistas políticos”.
Es, por supuesto, una distorsión en cuanto a la representatividad social y la participación política, porque la política activa cae en una red informal de intereses debidamente establecidos, pero irresponsables ante la ciudadanía por no tener el compromiso de rendir cuentas o de consultar decisiones.
La interactuación de los sectores señalados, de manera concertada, constituye una modalidad inédita en el sector de la oposición, y los medios impulsan un acuerdo institucional entre empresarios y sindicalistas, logrando un disimulado aval de la Iglesia Católica a través del Rector de la Universidad “Andrés Bello”.
El acuerdo se desvanece durante los hechos relacionados con el Golpe de Estado del once de abril de 2002, un acontecimiento que termina por fortalecer al gobierno constitucional y que provoca una crisis de identidad en la oposición.
Los opositores no esperan las normas legales que expliciten la pauta constitucional y se dedican a buscar las firmas de electores (febrero de 2003) para activar el proceso de referendo, pero éstas solo son recibidas y no avaladas por el Poder Electoral, al tiempo que el máximo tribunal niega la validez del procedimiento, lo que obliga a una nueva recolección en planillas oficializadas.
Surgen nuevas tensiones y protestas, lo que unido a las secuelas del golpe y a la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), provocan un proceso de conversaciones entre gobierno y oposición.
En mayo de 2003 opositores y gobierno suscriben un acuerdo en el que resalta la propuesta de alentar un referendo nacional para consultar al país sobre la continuación del primer mandatario. Esto da lugar a que el Tribunal Supremo decrete las normas explicativas de la pauta constitucional y que se aperture la recolección oficial de firmas en noviembre y diciembre.
Luego de jornadas de perfeccionamiento (reparos) en mayo de este año, se convoca el referendo durante el mes de junio.
Los solicitantes confirmados alcanzan al 24,3% del padrón electoral vigente para noviembre anterior, es decir que superan el veinte por ciento previsto en la Constitución. Si fuese aplicable el criterio de abstención que hemos visto anteriormente, ésta se ubicaría en 85,7%.
En vista de que se mantuvo abierto el Registro Electoral, con notable incremento, las firmas que solicitan el referendo – ocho meses más tarde - ahora equivalen al 18,10%.

 

Referendo como la gran solución

La animación de la ciudadanía alrededor del proceso referendario es una interesante novedad histórica, asumiendo, como lo hemos hecho, la existencia de una crisis de participación, que muy posiblemente en otros países no se considere preocupante.
Novedoso porque en medio del proceso constituyente y con un arraigado liderazgo presidencial, la masa de nuevos votantes que se inscribió hasta el año dos mil llegó a 548.000, mientras que entre dos mil uno y el último corte del registro hay dos millones de nuevos electores, debidamente acreditados. Una cifra jamás conocida en un período concreto de la vida nacional.
La participación que se está logrando tiene mucho de espontaneidad, apoyo de los medios masivos e intentos de articulación no partidista, en el campo de la oposición, mientras que en el sector pro-gobierno hay una movilización estructurada sobre la base del partido y con un activismo que incluye a miles de funcionarios de la administración pública.
Estamos en una polarización real. Dos polos. Solo dos alternativas. No hay la opción de los votos nulos. La abstención, que algunos podrían considerar el tercer polo, podría rondar por un treinta y cinco por ciento, una cifra elevada en medio de lo que estamos presentando como un proceso de arrastre nacional.
Grandes marchas, una presencia determinante de los medios de comunicación, activismo telefónico y mediático, un liderazgo colectivo y esfuerzos de los disminuidos partidos son el panorama de los contrarios al régimen.
En la esfera gubernamental, o del proceso revolucionario, hay un liderazgo plenamente aceptado cuya cabeza es el mismo Presidente Chávez, cuyo peso es determinante en todo el quehacer administrativo y político, sin llegar a tener segundos o terceros de fuerza real en la cadena de conducción de los hilos del poder y de la política.
La movilización dominical superará la capacidad de las organizaciones políticas, unas y otras, porque la concurrencia será grande, y no hay operaciones que puedan acarrear tantos electores. Esto es también un hecho novedoso.
Las encuestas están dando mas votos a la opción del Presidente Chávez, pero algunos diarios señalan un empate técnico y anticipan una definición final por pequeña diferencia, lo cual aumenta la expectativa y puede provocar la asistencia de remisos y personas indiferentes.
Lo concreto es que estamos ante una circunstancia importante, valorándola democráticamente, que puede permitir la renovación de la política venezolana y la apertura hacia etapas de auténtica participación masiva, siempre y cuando los actores - que deben ser nuevos en el caso opositor – sepan interpretar los signos distintos de estos tiempos y adecuar su discurso a las inesperadas circunstancias que estamos viviendo.
Es, sin duda, un hecho histórico, sin precedentes, y como tal obliga a una celosa observación por parte de Ustedes y a mayores consideraciones o análisis por los cientistas políticos.

Gracias

Conferencia ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), con motivo del Referendo Revocatorio del mandato presidencial venezolano.

 

Walter Pecly, Jefe de Misión
Edgardo C. Reis, Jefe Adjunto
Caracas, 12 de agosto de 2004 / 11.45 a.m. a 12.30 p.m.
Salones Valencia y Maracaibo/ Hotel Tamanaco
 

 

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II Convención Nacional
Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida
Universidad Bicentenaria de Aragua
Salón “Simón Bolívar”
Maracay, 16 y 17 de Marzo de 2012




LEY DE ESPECTACULOS TAURINOS
Conferencia del Lic. Nilson Guerra Zambrano
Viernes 16. 03.00 p.m.



Introducción

Hace bien el Capítulo Nacional Venezuela del Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, presidido por Nelson Hernández Ramírez, al convocar la Segunda Convención para ventilar temas de interés que permiten discusiones y diálogos provechosos, y que a la vez pueden generar compromisos institucionales para beneficiar la tauromaquia criolla.

Esto sirve, igualmente, para mostrar la profundidad de la actividad taurina, que no se trata solo de funciones en los redondeles, sino de muchas facetas culturales implícitas o explícitas, que en este caso se asumen a través de conferencias y ponencias por parte de personas experimentadas.

Es muy grato hablar a Ustedes, amigos convencionistas de España, México y Venezuela, en un escenario de la educación superior, donde se forman los profesionales del mañana y donde un buen grupo de futuros comunicadores sociales tiene entre sus asignaturas la Cátedra Taurina, novedosa y a la vez única en nuestra república, lo cual es un ejemplo interesante que se puede acoger en otras instituciones.

Claro, estamos en la cálida tierra aragüeña, la llamada cantera de toreros, con su excelente y artístico coso taurino, y también orgullosamente sede principal de la mundialmente famosa Dinastía Girón, conformada por nueve toreros de tres generaciones distintas.

Hace tres años presenté a la consideración de la afición taurina nacional, de la que forman parte varios parlamentarios nacionales y otros regionales, una propuesta que llamé Ante Proyecto de Ley de Espectáculos Taurinos, con el objeto de promover diálogos y buscar acuerdos que posibiliten su ingreso a la Asamblea Nacional como materia de estudio, bien por la vía reglamentaria de propuesta suscrita por diputados o como una iniciativa popular.

Esta materia la abordaré en la conferencia, orientándola hacia una amplia consideración que pueda servirnos luego como base de la futura Exposición de Motivos y con el deseo de provocar comentarios o sugerencias que puedan enriquecer el texto legislativo.

Dos soportes válidos tiene este trabajo. En primer lugar mi vieja afición taurina, desde la niñez en mi natal ciudad de Tovar, la que he enriquecido con lecturas, escritos y viajes a España, México, Colombia, Ecuador y Perú, y una singular experiencia de cinco años como Diputado del Congreso de la República (1989 – 1994).

El texto, a los fines de un seguimiento pleno, lo tienen Ustedes en sus manos, dentro del libro “Documentos”, entregado en el momento de registrarse como participantes.

Breve relación histórica

La fiesta taurina venezolana tiene un origen que supera los cuatro siglos y se ha caracterizado por una vivencia personalísima y distinta de lo que ha sido su desarrollo en España y otros países, toda vez que, en razón de las peculiaridades nacionales, su gestación y realización implicó una total novedad al punto de que los llamados “juegos” o “corridas” siempre fueron eventos populares, en los cuales no había “toreros” propiamente tales, sino que se trataba de fiestas con la intervención de cualquier osado y arriesgado ciudadano.

Los carteles o anuncios de las fiestas patronales, más que lidiadores identificaban comisiones de trabajo, en diferentes áreas, lo que dejaba el campo servido para que jóvenes con aptitudes atléticas pudieran sacarle un lance al toro o dibujar un quiebre o una finta, todo lo cual descartaba el sentido caballeresco y oligárquico de los orígenes de la tauromaquia española, convirtiendo el evento venezolano en jornada popular, y sin costo alguno, debido al financiamiento municipal y en algunos casos por parte de párrocos católicos.

Con el correr de los años, esas fiestas se fueron uniformando en toda América, al influjo español, y en los casos venezolanos fueron apareciendo lidiadores o toreros de origen hispano, colombiano y peruano, especialmente, junto a los nativos, para llegar a la modernidad con la presencia dominante de españoles y mexicanos.

Las crónicas eclesiales y privadas relevan los numerosos festejos celebrados en Venezuela por muy diferentes motivos, pero en todos resalta el concepto popular y alegre, lo que no significó la ausencia de los personeros gubernamentales y el uso de bandas de música, a lo que se sumó luego la actividad de los “revisteros” (llamados así porque pasaban revista o revisión). Son los cronistas del ahora.

A fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte, los primeros magistrados nacionales estaban vinculados al quehacer taurino. Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, dos mandatarios de origen andino fronterizo bien conocidos, fueron dueños de haciendas que proveían de ganado a los empresarios taurinos del centro. Ambos disfrutaron de numerosos festejos en el coso caraqueño de Puerto Escondido, en pleno centro.

Castro era esperado ansiosamente en el Circo Metropolitano de Caracas, al cual acudía con su esposa Zoila, porque con su presencia se daba “puerta franca” para el acceso de cientos, y hasta miles de personas que no tenían como pagar sus entradas. Gómez regaló encierros en varias oportunidades y asistió a presenciar la lidia de sus animales.

En fin, se trata de una expresión cultural que se arraigó en las zonas llaneras y andinas, por la presencia de toros criollos con una genética parecida a la española, lo que permitía un desenvolvimiento en los redondeles o cuadriláteros suficiente para mantener el interés de los asistentes.

Hay casos, como los de las ciudades de Valencia y Tovar, en los cuales las plazas (Arenas y Olimpia, tales sus nombres) eran auténticos ateneos o centros culturales, en los cuales se exhibían películas, conciertos, veladas culturales y novilladas populares.

Ciudades con tradición que supera los cien años son, junto a las anteriores, Caracas, Cagua, Villa de Cura, Petare, Barcelona, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Puerto Cabello, Maracaibo, Táriba, San Cristóbal, Mérida y Lobatera. Casi centenarios son los casos de La Guaira, donde hubo un Nuevo Circo, y Maiquetía.

La ciudad de Caracas tiene un amplio historial que muestra la evolución de la tauromaquia criolla, a lo largo de siglo y medio. Plazas de madera en varios lugares, una instalación por años denominada Hipódromo y el Circo Metropolitano, son antecedentes del valioso tesoro arquitectónico que es el Nuevo Circo, de la Parroquia San Agustín.

Hasta 1870 los festejos eran una suerte de “ensalada” o mixtura, combinando juegos o remedos de toreo, con saltos de garrocha, quites o requiebros y acceso a las suertes por aficionados o gente del común.

Empresarios hispanos contrataron, a partir de ese año, toreros y toreras que vestían trajes de luces, para abrir el ciclo del modernismo o implantación de la usanza ibérica, sin que, por supuesto, aquello pudiera parecerse a lo de ahora, cuando prevalece la solemnidad y el arte.

Hubo toreros españoles que trajeron toros de casta, usados en varias plazas debido a que al final de la lidia no se estoqueaban, sino que la suerte era de simulacro. El primer animal presentado en Caracas fue un verdadero tormento para el torero. Era ilidiable. Finalmente, no obstante su mal rendimiento en el redondel, esos animales se destinaron a ganaderías.

Cada empresario buscaba despertar el interés. Por eso vino un saltador de garrocha de Francia, debutó la primera mujer, Lara López, en 1897, dos señoritas españolas colocaban banderillas desde un caballo y montadas en bicicleta, un faquir se enterraba vivo en el centro de la plaza en el comienzo y lo sacaban al final, destacaron cuadrillas de cómicos venezolanos, se presentaron actuaciones especiales como “El hombre del monte”, “El hombre gordo” o “•El Zamuro” ,en fin pantomimas como un imán para la taquilla.

El cine también se mezcló con los toros. Se presentaron corridas con un solo diestro, luego de cuya actuación se proyectaba una película. Eso por los años veinte del siglo pasado. Años en que se dieron festejos simultáneos, tanto en el Circo Metropolitano como en el Nuevo Circo. En uno de ellos, los actuantes triunfaron y salieron a hombros. Los llevaron hasta el segundo recinto, donde fueron aclamados, mientras los del propio cartel, que no habían tenido suerte, fueron abucheados.

Entre otras novedades interesantes, Caracas muestra en vitrinas de los mejores comercios los capotes y trajes de toreros españoles contratados para la temporada que se iniciaba en octubre; los periódicos incluyen avisos y crónicas; se crea una Escuela Taurina en 1890; se protege a los caballos de picar con corazas de cuero (antes de que se use el peto en España) y comienza el corte de las orejas del animal en 1907 como premio a los diestros.

Varios empresarios alquilaban la plaza y ofrecían los festejos en diferentes meses del año. Uno de ellos presentó una corrida con ocho toros, para cuatro toreros españoles. Eran dos sevillanos y dos cordobeses. Algo inconcebible en estos momentos, cuando no puede haber cartel sin presencia nacional.

Los principales espectadores llevaban una cantidad importante de dinero para recompensar a los toreros triunfadores. El Presidente Cipriano Castro entregó dinero en efectivo a uno de los exitosos diestros, en medio de la euforia colectiva provocada por el actuante.

No podían faltar los antitaurinos. Gestiones ante la autoridad arrojaron un decreto que prohibió la muerte de los toros en la plaza Hipódromo, el ocho de junio de 1894, asunto recurrido en alzada por empresarios y que cayó en desuso.

En la prensa, una nota pronosticó la desaparición de los festejos taurinos, sosteniendo que la prohibición alejaría el público de los tendidos. De eso ya se han cumplido ciento once años.

Antecedentes de orden legal

La intención de aprobar normas propias para el desarrollo de los espectáculos taurinos es de vieja data. Viene de fines del siglo diecinueve, cuando se planteó la conveniencia de poner de lado aspectos del reglamento español, imitados de manera empírica y más por experiencia que por estudio y razonamiento.

A comienzos del siglo veinte se acordó un reglamento en Caracas que buscaba evitar los frecuentes desórdenes dentro de la plaza, porque el público asumía violentamente la protesta ante la mala calidad de los animales o frente a desafueros de los diestros.

Trifulcas e intentos de incendio fueron noticias frecuentes entre 1874 y 1900. Sillas, botellas, palos y otros objetos llegaron a inundar el redondel, mientras la policía buscaba apaciguar los exaltados ánimos. Varios toreros debieron ser escoltados hasta el hotel. Uno de ellos estuvo a punto de ser linchado por pésima actuación.

Las normas se fueron haciendo costumbre hasta que en 1947 se aprobó en la cámara municipal caraqueña el primer reglamento y a partir de ese instrumento surgieron los de otras plazas.

Se apreció como aconsejable que los municipios normatizaran los eventos taurinos. Valencia imitó las normas caraqueñas, seguida por Maracay, San Cristóbal y Tovar. En 1978 la Ley de Régimen Municipal radicó en esa instancia la competencia de los llamados espectáculos públicos.

En noviembre de 2006, la Asamblea Nacional aprobó un Proyecto de Ley Taurina, en primera discusión. El texto recoge las inquietudes y buenas razones para darle rango legal a los espectáculos y asegurar su desarrollo dentro de cánones uniformes, para resguardo como patrimonio cultural y protección de los públicos.

En marzo de 2009 la Comisión Permanente de Desarrollo Económico acordó reactivar el citado proyecto tomando en consideración que el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, mediante Resolución No. 010 publicada en la Gaceta Oficial No. 39.130, de fecha 03.03.2009, acordó elevar el rango de los espectáculos taurinos a “Prestadores de Servicios Turísticos”.

En apoyo a la fiesta brava, la disposición ministerial creó un mecanismo especial de acreditación, a los fines de facilitar el trámite de divisas, en los casos de contrataciones de toreros y ganado del extranjero; y asumiendo como válidos los argumentos presentados por los voceros de la Plataforma Taurina Nacional, ante la Sub – Comisión de Turismo de esta Comisión Permanente.

El proyecto, finalmente, no se reactivó en cuanto a la elaboración del informe para la segunda discusión, pero la ocasión sirvió para crear un ambiente positivo de defensa de la fiesta brava, dentro de todos los sectores que hacen vida, alrededor de ella, en diferentes estados.

Sí se aprobó una legislación en torno a la protección de los animales domésticos, en cuyo texto inicial se determinaban prohibiciones a los eventos taurinos que no llegaron a aprobarse y se optó porque la normativa siga dentro de las competencias municipales.

Durante el debate, abierto a taurinos y anti taurinos, destacó el hecho de que los espectáculos taurinos se desarrollan en catorce entidades venezolanas, con la presencia de cerca de un millón de espectadores al año, y la intervención directa e indirecta de más de diez mil personas en las cualidades de empleados y obreros, lo que a la vez permite un movimiento económico considerable, aparte de que en el país hay recintos taurinos, o infraestructuras, de gran envergadura con inversiones altamente onerosas en lo económico.

Estas edificaciones no se podrían construir en la actualidad, por los costos, pero se debe destacar que existiendo, como existen, bien podrían aprovecharse para fines asistenciales, educativos o de esparcimiento durante todo el año.

Justificación

La norma que se propone tiene pleno sentido y pertinencia, sin que se trate de un asunto dentro de las grandes prioridades nacionales, como son la actividad petrolera, la inseguridad de las personas y los bienes, la corrupción administrativa y la presencia de poderes irregulares.

Eso lo digo a manera de advertencia, pues en Venezuela, donde nunca hemos tenido prioridades ni previsiones reales, solemos escuchar, a manera de ataque, que determinado asunto no está entre las necesidades urgentes.

La Ley de Espectáculos Taurinos sirve de base para el relanzamiento de un sector influyente en los movimientos turísticos, tanto nacionales como internacionales, circunstancia de especial interés nacional ante la conveniencia y utilidad de diversificar nuestras fuentes de divisas.

Es igualmente un refuerzo a la tradición y cultura de varias ciudades y pueblos, al permitir uniformar las normas municipales existentes y crear una red de ferias y fiestas asistidas por el respaldo oficial, del cual hice mención anteriormente.

En paralelo hay toda una amplia lista de actividades culturales conexas, las cuales constituyen patrimonio inmaterial de municipios y estados sometido a protección por disposiciones internacionales que son norma nacional, por ser el país suscriptor de los respectivos tratados. Amplios detalles podemos conocerlos si entramos en el sitio de Internet de la Organización de las Naciones Unidad para la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Aquí cabe preguntar: desaparece la fiesta brava si no se aprueba una Ley, como la que propongo?

La respuesta contundente es no. Sigue y puede mejorar, articulándose acuerdos entre los sectores, logrando atraer mejores empresarios y promotores, creando mecanismos de concertación entre las autoridades municipales, fundando una red de museos y bibliotecas o videotecas, y buscando nuevos derroteros en prensa, publicidad y marketing.

La ley si propicia un nuevo status, una jerarquía distinta y permite la estabilidad como uno de los elementos de interés social, dentro de los programas de turismo, a lo interno y a lo externo.

Finalmente, si no fuesen suficientes los argumentos anteriores, sostengo que la fiesta brava es uno de los recursos culturales, y por tanto patrimoniales, de una minoría nacional. En todo el mundo, los derechos de las minorías se protegen legalmente.

Qué problemas se quieren solucionar?

No todas las leyes se hacen para solucionar problemas, porque no siempre los problemas son solucionables con este instrumento y, además, una ley es siempre un propósito cuya ejecución depende de los ciudadanos sujetos a ella.

En la tauromaquia nacional no hay problemas insalvables de tal magnitud que necesitemos aprobar unas normas, sin recurrir antes al diálogo y la concertación.

En el imaginario popular se cree que las leyes son más bien catálogos de castigos, medidas punitivas o sanciones. Es por eso que se suele decir ante cualquier desafuero: “deben aplicar la ley”. A veces no hay leyes para determinadas situaciones.

Lo que si podemos señalar es lo que se quiere lograr. Vamos a eso.
Es conveniente que haya uniformidad legal. Es decir un texto aplicable nacionalmente, tal como lo señalaron varias veces las reuniones o convenciones de las comisiones taurinas, donde se habló de un reglamento único.

Esas jornadas de estudio y análisis, de intercambio de experiencias, de revisión de detalles y casos, son hoy valederas como referencia y soporte de una ley, debido a que se trata de la autoridad local, la cual siempre es colegiada y conformada por expertos locales, generalmente aficionados o teóricos de amplia experiencia.

Se quiere que los eventos taurinos, soportados por una preferencia monetaria del Estado, sean organizados con apego a la tradición y normas sobre peso de animales, presencia e integridad de sus astas, que haya seguridad para los aficionados -en todos los sentidos- y que exista un sistema de previsión social para los involucrados.

En procura de darle estabilidad y acreditación, se crea una autoridad nacional, con registro de los ganaderos, toreros, empresarios, empleados y obreros taurinos, lo cual es un paso para la seguridad social, de tanta importancia en estos años de deterioro de los servicios médico – asistenciales públicos y de encarecimiento de las clínicas privadas.

En cuando a las erogaciones económicas, por parte del Estado, señalo que al crearse un órgano oficial de control, pero a la vez de promoción, debe disponerse de las partidas presupuestarias correspondientes. Es decir, que si hay gasto para el tesoro nacional, al cual acuden como contribuyentes tributarios miles de beneficiados de los espectáculos y aficionados.

La Ley por títulos y capítulos

Esta propuesta está conformada por seis títulos: disposiciones generales; autoridades, empresarios y personal auxiliar; comisión nacional de espectáculos taurinos; incentivos y seguridad social; del espectáculo; y régimen sancionatorio.

Los títulos engloban dieciséis capítulos en total y sesenta y dos artículos, culminando con una disposición derogatoria de las ordenanzas que contradigan la ley y las disposiciones finales.

Título I. Señala el objeto de regular la organización, funcionamiento y celebración de los espectáculos taurinos, resguardar los derechos del público asistente, la seguridad social de los actuantes, la generación de fuentes de trabajo, la conservación de los elementos histórico – tradicionales, creación del registro nacional taurino y promover la responsabilidad social.

Define lo que se entiende por espectáculos taurinos, su ámbito de aplicación, clasifica las clases de espectáculos y los recintos por categorías, establece la defensa de los espectadores y sus deberes con el orden público y precisa detalles de los animales.

Título II. Radica en el Poder Público Municipal la autoridad y potestad taurinas, con detalles sobre los comisionados, el personal auxiliar, sus funciones y las obligaciones de los empresarios.

Título III. Crea la Comisión Nacional de Espectáculos Taurinos, con sede en Caracas, dependiente del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, presidida por el titular de ese despacho, con representación de los sectores taurinos y una secretaría permanente. Allí funcionará el Registro Taurino Nacional.

Título IV. Trata sobre los incentivos directos y fiscales a la actividad taurina, propuestos por la Comisión Nacional al Poder Ejecutivo, al igual que la seguridad social, extendiendo su acción hasta la creación del Premio Nacional de Artes Taurinas.

Título V. Determina la autoridad en los festejos, la validez de sus decisiones, el carácter público de las actuaciones, la autonomía de que goza, la obligación en que están de acreditar oportunamente a los comunicadores sociales, reafirma el criterio ya vigente del interés turístico, crea la obligación de visar los contratos de los toreros extranjeros ante nuestras oficinas consulares o diplomáticas, obliga a la celebración de un espectáculo anual con solo toreros nacionales en las plazas de primera categoría y facilita el acceso de los diestros de países andinos a las plazas de segunda categoría.

Este título tiene un aspecto muy interesante, al reconocer la existencia de los gremios, los cuales deben registrarse ante la Comisión Nacional.

Título VI. Establece el régimen sancionatorio con multas que pueden ser aplicadas a todos los participantes, incluso los espectadores, con ingresos destinados a las haciendas públicas municipales. Se definen las faltas.

Apreciados amigos, en sus manos están las normas que he propuesto y en sus mentes las ideas y criterios que he expuesto. Corresponde a ustedes emitir opiniones, criterios y sugerencias, para enriquecer un ejercicio de técnica legislativa personal hecho con la mejor y más pura intención.

Corresponde luego a todos los sectores decidir el camino para que esta idea y a la vez gesto de buena voluntad llegue a convertirse en norma vigente del derecho positivo venezolano.

Muchas gracias.

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NILSON GUERRA ZAMBRANO

 

 

 EDUCACION Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PARA UNA MEJOR DEMOCRACIA

 

 


No bastan gobiernos de origen legal - electoral, la estabilidad política y la felicidad social requieren ciudadanos y pueblos democráticos, activos y responsables, afirmados en la convicción sólida de sus ideas y en una elevada cultura de participación y compromiso solidario. NGZ.


 

Educación y comunicación social para  una mejor democracia

 


 Índice

 

 

 

·        Introducción

Capítulo I

·        Ciudadanía mayoritaria pobre e inculta

·        Partidos ineficientes

·        Desencanto social

Capítulo II

·        Educación sin objetivos democráticos

·        Medios  o servicios de comunicación  social

·        La participación

Capítulo III

·        El nuevo liderazgo

·        Educación para vivir en democracia

·        El compromiso democrático

Cierre

·        Estabilidad y consensos


 

Introducción

  

            La democracia es un sistema  de gobierno, de una sociedad humana que, a través  de los años y por la vía de un proceso educativo y social, propicia la  adhesión de los ciudadanos y genera un compromiso comunitario, lo que hace que el ejercicio democrático diario constituya un modo de vida consciente y compartido.

            Ese modo de vida se caracteriza por el estado de derecho o preeminencia de la ley, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la participación, la corresponsabilidad, la promoción del hombre y la familia, el desarrollo económico sustentable y la conquista de mejores condiciones humanas para todos.

            Las características de la democracia le son intrínsecas y cada una de ellas es una meta  para cuyo alcance están comprometidos todos y cada uno de los  individuos. Por ello la búsqueda, preservación  y consolidación es un objetivo personal y, como tal, comunitario.  Es decir, que no excluye a ninguno de los ciudadanos.

            Por lo tanto,  en la sociedad democrática no puede haber personas al margen, separados, que, por ejemplo, no estén interesados  en el uso, disfrute y respeto de la libertad y los derechos humanos o que nieguen su creencia en (y adhesión a) la igualdad, la solidaridad y la preeminencia de la ley.

            La democracia deja de ser un simple enunciado teórico, materia de estudios superiores o una propuesta constitucional, como aspiración, anhelo o ilusión, para pasar a ser convicción profunda que mueve la voluntad de los hombres y mujeres para mejorarla, consolidarla o perfeccionarla.

            No obstante sus bondades, el accionar del sistema conlleva actuaciones e implica posiciones de los estamentos del gobierno en cuya ejecución puede haber errores humanos que le restan fuerza al proceso de promoción de la democracia. Esta situación  debe ser revertida mediante los mecanismos de prevención y control de conflictos, entre los cuales destacan la información de los medios y redes  sociales, la orientación de  instituciones, academias y fundaciones, la consulta o diálogo y, de carácter previo y permanente, el sistema educativo.

            Elemento principal es la conciencia, la convicción y el compromiso de los ciudadanos, debidamente capacitados y organizados, cuya motivación les llevará a buscar soluciones inmediatas  y a crear mecanismos permanentes para evitar errores, desacuerdos insuperables, fallas y  omisiones, y, consecuentemente,  deterioro del sistema.

            El sistema democrático presupone el gobierno, especie de amplia dirección o coordinación, no como un reducto pequeño de privilegiados o burócratas, triunfadores  de elección que conquistan un botín, sino como la expresión organizada de la sociedad, como un compromiso de todos y como un modelo  de  participación. Resaltan tres características básicas, cuya ligazón está constituida por el deseo general de hacer permanente realidad sus postulados.

 

            La sociedad puede tolerar la debilidad,  indiferencia, apatía o incomprensión de los ciudadanos en cuanto a conciencia y compromiso por breves períodos  de tiempo, pero no puede darse el lujo de la eternización de tales defectos debido a que siendo intrínseca la participación responsable de todos, se generan vacíos nocivos para la salud democrática.

            Es  allí donde juega un papel muy determinante la enseñanza  de la democracia, desde la  formalidad escolar y desde la tribuna  mediática, para alcanzar el fomento de los valores,  fines y  principios constitucionales, y su ejercitación práctica, y no constituir simplemente  un aporte de información y contenidos teóricos a manera  de conocimiento o  cultura general.

            Si el sistema educativo, apoyado por el proceso socializador que incluye los medios comunicacionales, las redes y las  instituciones, junto a  la acción de gobierno, no revierte la debilidad ciudadana, llegamos al desencanto social permanente y al cuestionamiento de la misma viabilidad del sistema.

            El comportamiento de todos los ciudadanos, para que efectivamente funcione la sociedad democrática, debe estar revestido de conocimiento sobre los objetivos principales o prioritarios de la sociedad, de su papel personal – el del ciudadano – en el modelo social democrático, y de la importancia, validez y vigencia de su participación responsable. Todo lo anterior aceptado voluntariamente.

            En ese sentido, el proceso formativo tiene que incluir lecciones teóricas y ejercicios prácticos  de real incidencia en la comunidad, para que se perciba el objetivo concreto de cada expresión o contenido, y para que se pueda  superar la distancia entre el texto  y la realidad.

            El ciudadano democrático sabe cual es su papel o actuación ante una  u otra situación concreta, y lo sabe  en circunstancias de convencimiento personal y de plena disposición para proceder, y nunca archiva su formación para mantenerla como un  conocimiento intelectual de esporádico uso en reuniones o conversaciones.

            Si en el proceso de enseñanza hablamos de una comunidad vecinal, junta o consejo comunal, o de un grupo de trabajo para fines sociales, esa instancia debe existir en el mismo lugar donde se está enseñando, o crearse en el más breve plazo, para que la lección se interiorice con la ejercitación directa, con la observación en sitio y con intervención provechosa.

            Y eso no puede ser de otra manera  porque la democracia está requerida de una labor constante de los ciudadanos para que sean  preservados y acrecentados los objetivos, para mantener los fines, valores y principios, para aumentar la comprensión y el entusiasmo de vivir en un  régimen democrático.

            Hoy contamos con sistemas sociales  llamados democráticos en gran número. Unos y otros difieren. Todos tienen expresiones, componentes o elementos  democráticos. No obstante, el logro de su consolidación, en todos, demanda  la elevación del  nivel cultural  y una apropiada educación,  reforzada por los medios comunicacionales,   para aprender  a vivir  en democracia. 

           


           

CAPITULO I

 

Ciudadanía mayoritaria pobre e inculta

  

            Universalmente una mayoría de ciudadanos  vive en condiciones de pobreza. Los medidores sociales aceptados para conocer las cifras  incluyen la educación, hoy inexistente en muchos lugares e insuficiente o deficiente en otros. Esto, de por sí,  hace que miles  de millones de  seres humanos no participen eficazmente del sistema político y, por supuesto, al no beneficiarse menos pueden comprender de qué se trata cuando hablamos de democracia.

            En los países donde la  educación tiene amplia cobertura - en ninguno es unánime o total - no son prioritarios los programas de formación para la democracia,  pero se viene desarrollando como hecho importante la enseñanza e investigación  de la ciencia política a nivel superior, generando un recurso humano capacitado que puede  asumir el rol magisterial.

            Una mayoría poblacional no conoce sino superficialmente lo que es el sistema. Es un reto incorporar este inmenso sector a la vivencia democrática real y directa mediante la  educación especializada, y esto tiene una incidencia social importante,  porque esos ciudadanos, ubicados al margen, que ni siquiera son electores, podrían sumar sus voluntades para convertirse en practicantes,  actores o protagonistas de la democracia.

            Es por este motivo que el ejercicio de las prácticas electorales democráticas – sustento de la representación y delegación del poder soberano – es una actividad de minorías, a las que también hay que restarle los que votan  para protestar contra todas las opciones  o que lo hacen compelidos por la norma legal de obligatorio cumplimiento.

            A pesar de ello, el sistema sigue vigente y, por muy deslegitimado que pueda parecer, conserva su base legal,  la presencia  de los poderes e instituciones y el aporte de credibilidad que le dan los medios o servicios de comunicación social, al informar y dar a conocer las ejecutorias, posiciones, criterios y declaraciones de los mandatarios y  de los demás actores de la vida pública.

            Dentro del segmento poblacional de votantes, minoritario en comparación con la población  total de un país,  los niveles  de cultura política suelen ser bajos. Y no tienen por qué ser altos, pues al ciudadano se le ha brindado una visión  social muy corta de manera informal y las más de las veces adquirida por la propia  intuición personal.

            Es por ello que se cree que el director, ejecutor y conductor de la democracia es el Poder Ejecutivo, y más específicamente el Presidente de la Nación o República. Se impone la simpleza de la apreciación que da el acto electoral, donde por la preponderancia y el peso de la campaña, se puede pensar  que se elige al único líder y  a su vez al único responsable de todos los asuntos.

            Cualquier campaña, en cualquier lugar, centra su promoción en el candidato a Presidente y tanto se personaliza la proyección que el votante enfoca hacia él sus aspiraciones, anhelos, ilusiones y pensamientos.

            Una campaña, y esto todas lo tienen en común,  evita pedirle al ciudadano otra cosa que no sea el voto. No  se le pide sumarse  a una campaña masiva de reforestación de  áreas vulnerables;  de limpieza  de cauces de agua, parques, calles, jardines y áreas verdes; o de reparación de escuelas,   por ejemplo. El votante asume que votar  es su único  y a la vez valioso aporte, por lo que en caso de ganar el candidato a quien apoya, habiendo dado el solitario aporte pedido, aspira a una  contraprestación personal, traducida en dispensa  de bienestar, posiciones, ventajas o privilegios.

            Hay ignorancia sobre los fines y propósitos del poder público. Por eso, cuando se da la  insatisfacción personal,  el votante opta por castigar al gobernante en la siguiente elección, sin aceptar la validez y utilidad de cualquier ejecutoria  de la administración pública o la limitación existente para no haber atendido su personal deseo. Es una miseria humana, estimulada  por los  manejadores de campañas o asesores  de candidatos y  por los medios comunicacionales.

            La ciudadanía inculta en lo político asume que el mandatario es un dispensador de favores personales, que el sistema está basado en el acto electoral y no conoce los beneficios de la participación política y menos del compromiso de aporte personal, grupal y comunitario.

            Y  cuando el ciudadano acude al recinto electoral poseído por el deseo de solución de su personal aspiración o asumiendo que el voto le da derecho a obtener atención a un problema específico, individual, está ejerciendo una presión no conveniente sobre el candidato porque desdibuja la imagen del aspirante y empuja a convertir la campaña  en un torneo de promesas no siempre fáciles de articular y cumplir y, sobre todo,  de asuntos tan específicos y puntuales que será difícil recordar.

            Debo sostener que son muchos los casos en los que los propios candidatos animan sus campañas con populismo y  demagogia que se aprovechan de la ignorancia popular y hacen de los electores sujetos comprables o manejables  con la promesa no pensada  o estudiada y menos planificada como solución a futuro.

            Esa siembra de engaño  es un mal  que no se ha curado todavía. Sigue infestando políticos. Las secuelas son altamente nocivas para la supervivencia del sistema democrático porque abren las puertas para su degradación, pues nunca un mandatario populista ha enfrentado los problemas reales, y siempre ha terminado en manos de manejadores o manipuladores de la opinión pública acostumbrados al maquillaje de la verdad  y  a operaciones psicológicas.

            El populismo ha fortalecido la  idea de que el gobierno puede y está obligado a satisfacer desde las necesidades primarias hasta las referidas  a vivienda, recreación y servicios, sin mediar la corresponsabilidad de los individuos.

            Hay dos aspectos involucrados en esta errada creencia.

1.                          El elector  asume supuestos falsos al imaginar el gobierno como una agencia de reparto  de bienes, más personales  que sociales y comunitarios.

2.              Partidos y dirigentes, envueltos en el objetivo de ganar, ilusionados con la victoria y presionados por sus patrocinantes o  financistas, no escatiman el uso de recursos desmedidos e irracionales para asegurar los votos.

            Los cordones de miseria de América Latina, que tanto afean las capitales y ofenden la dignidad humana, tienen mucho que ver con el reparto de ladrillos, cabillas y láminas para techo  que ocurre durante las campañas electorales y en el ejercicio mismo del gobierno.

            Una solución habitacional, aunque sea un reducido rancho, se ha tomado como un problema menos  en la puerta de la oficina de un candidato o de un funcionario de gobierno.

            No es fácil analizar y comprender los problemas sociales y de pedagogía política presentes en una campaña electoral, pero es necesario identificarlos para que en los programas educativos el docente pueda asumirlos a plenitud, como los objetivos de la materia. De esa manera la comprensión permitirá al educando salir del estado de ignorancia, en la asignatura de mayor influencia social: la política como parte del desarrollo de la sociedad  democrática.

 


             Partidos ineficientes

             

Los partidos constituyen una institución fundamental en el desarrollo de las sociedades democráticas, pues se trata de los órganos especializados en la cuestión política, en el quehacer político directo y permanente. Para ello se valen de un cuerpo dirigencial que ejerce la representación de una identidad colectiva, basada  en ideas y  programa, compartida por militantes – en muchos casos registrados o acreditados – simpatizantes, adherentes y amigos.

El siglo veintiuno se ha abierto con nuevas crisis del partido político como el instrumento clave del ejercicio de la política, por variadas razones.

a) La función clásica de agrupación de ciudadanos se la están disputando otras entidades (gremiales, profesionales, económicas, sindicales, vecinales, comunitarias, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, etc.), que procuran la defensa directa de sus intereses sin la intermediación partidista.

b) La orientación política viene siendo asumida por los medios o servicios de comunicación social, al ofrecer investigaciones, reportajes, opiniones e informaciones, de la diversidad del pensamiento político – social sin exigencia alguna al lector, oyente o televidente.

c) La participación asume cada día más las formas directas, gracias  a la municipalización, parroquialización y creación de comunas; a las nuevas tecnologías de las redes sociales,  y existe un avance modernista con el gobierno electrónico o  digital.

d) La promoción y organización de las campañas electorales es ahora una función mercantil  de agencias o compañías publicitarias, y de oficinas de politólogos o cientistas políticos.

Y como para que no quede un hueso sano en el cuerpo partidista, sus dirigentes han asumido el papel en medio de interminables pleitos personales y tendenciales que frustran la hermandad, fraternidad y solidaridad de que se hace mención privilegiada en los estatutos, normas y reglamentos internos.

Si al partido se le ha despojado de sus cuatro funciones clásicas o principales, si su dirigencia no es compacta y de armonioso comportamiento, si se han alejado los militantes, si los medios de comunicación  buscan restarle credibilidad para retener  poder o influencia, este organismo social está  a punto de sucumbir totalmente.

Con todo este grave problema existencial, ahora hay gobiernos que promueven un relacionamiento directo con el pueblo, en el mismo momento o tiempo en el que no hay un debate que busque solución o desde ya un replanteamiento de la institución partidista  o su reacomodo en una sociedad cada vez más asumida por organizaciones y grupos que antes de empezar a actuar  aclaran  que no son “políticos”, aunque, en muchos casos,  asumen roles y funciones del  partidismo.

Toda sociedad democrática  que procure estabilidad política permanente, y no circunstancial, debe tener partidos  políticos fuertes, esparcidos por todo el territorio, con arraigo y credibilidad, útiles socialmente, sin que su fortaleza  sustituya la democracia de ciudadanos -  porque son  éstos la fuente de poder- y menos que suplanten al Estado y  a sus instituciones.

Para ello es indispensable que la dirigencia partidista tenga una profunda convicción democrática (tolerancia, respeto, solidaridad, reglas de juego permanentes, fines sociales y no personales), una clara visión ideológica y programática, una  actuación coherente y un propósito nacional orientado, en todo momento, al fortalecimiento del Estado.

En este sentido,  es indispensable que los dirigentes asuman como tarea el desalojo de los tribunales de justicia  como parcelas de amigos, familiares y partidarios, para procurarse beneficios mediante sentencias complacientes o influidas  a distancia, y que los parlamentos sean las casas de la educación cívica – por los buenos ejemplos y modos  de comportamiento -  y de la ley, y no simples escalones – de altísima remuneración – para el ascenso socio –económico, mediante el  tráfico  de influencias.  Digo socio - económico y no político, porque en los últimos  años, con tan malos  parlamentarios, es muy difícil que se eleve el nivel de desempeño de un congresante y  alcance  posiciones más relevantes por méritos evidentes.

Por supuesto, que en el caso venezolano se requiere un desalojo partidista  de los poderes  electoral y ciudadano, para dar paso al concepto de institución permanente o de organismo enfocado hacia fines de la  globalidad democrática y no supeditados  a la  conveniencia, siempre  temporal y limitada, de una parcialidad política.

La gran crisis del partidismo se puede explicar en la inexistencia de dirigentes poseídos por un concepto  claro del Estado Social y de  Derecho, y que a la  vez alcancen  el liderazgo necesario para ejecutar los  cambios que son  necesarios para rescatar los espacios perdidos en los años recientes.

Los partidos han pasado a ser la institución más  pésimamente comprendida, tanto en su fuero íntimo como fuera de sus fronteras. Y para colmar  su lista de males a todos los de  América Latina les están ahogando los problemas financieros,  en algunos  países aliviados por el aporte de poderes irregulares, especialmente del narcotráfico.

Se nos presenta una  gran paradoja. Hay partidos muy pobres en lo económico, que no pueden funcionar adecuadamente, conducidos  por  dirigentes  muy ricos, cuya fortuna ha tenido mucho que ver con el desempeño de funciones partidistas y gubernamentales. No se trata de una invención literaria. Es una realidad que se puede comprobar documentalmente. Bastaría auditar  un catastro de inmuebles, un registro de comercio y empresa, o las cuentas bancarias, en cualquier capital  de  América Latina.

El operador  de la política  de hoy es una persona que debe manejar dinero (y en cantidades)  porque el ejercicio de la vida pública se hizo extremadamente costoso, especialmente por la tarificación de los apoyos electorales internos y externos,  y  porque las campañas electorales,  particularmente la logística, las encuestas y la publicidad, obligan a una enorme erogación.

Buena parte  del gasto va  a los medios de comunicación social  (y a las agencias publicitarias), empresas que no pocas veces han ensayado  candidaturas presidenciales propias e indirectas, sin tener éxito, a pesar de que se  erigen, o intentan hacerlo,  como los  grandes electores por una pretendida influencia en quienes usan esos servicios y son a la vez votantes.

La crisis partidaria impide ocupar recursos en la formación del militante, mientras el dirigente sobrevive con su ilusión de poder y su ambición personal, descuidando su nivel intelectual  y académico. Por  esa razón,  el partido tradicional no puede  ser  hoy el vehículo para acrecentar la cultura política ciudadana y menos el modelo a seguir por quienes se formen o capaciten  para el ejercicio diario  de la política democrática.

Esta necesaria formación permitirá fomentar nuevos criterios y mejores razonamientos de los ciudadanos, a la par  que facilitará el surgimiento de esquemas organizativos más consustanciados con las realidades y otras generaciones  de dirigentes, mejor dotados y conscientes  de las cambiantes exigencias de los hombres y mujeres a quienes  representan.

La nueva dirigencia es una excelente oportunidad para enfrentar el déficit democrático, caracterizado por la existencia de mayorías que no votan, escasa comprensión del hecho político, debilitada participación, estancamiento de la descentralización como proceso de expansión - hacia sectores bajos - de cuotas de poder, escaso brillo  de los parlamentarios e ineficiencia de los parlamentos, desprestigio de la judicatura, inexistente democracia interna en los partidos y como gran telón de fondo la injusticia social, inequidad, desigualdad y corrupción.

Es también ocasión para que el dirigente pase  a ser un actor principal en la  acción social comunitaria, desde los niveles bajos, para lograr que su experiencia le permita contribuir a la reversión de los elevados niveles de pobreza, los cuales atentan contra el sentido y fin de la democracia.

Solo con una nueva propuesta dirigencial, nuevos hombres y nuevas mujeres, es posible pensar en que el  futuro nos deparará partidos más cónsonos con  los nuevos signos de los tiempos, más  abiertos hacia otros  actores de la sociedad, con nuevas formas de comunicación y representación,  más orientados hacia altos  fines nacionales y alejados del personalismo, protagonismo y  populismo. E  igualmente ajenos  al beneficio lucrativo del individuo.

Todo lo anterior no impide que podamos señalar, finalmente,  el exitoso papel de los partidos en América Latina, en el pasado, en la difusión e implantación del concepto de democracia y su agregado inseparable  de la participación. Una valiosa labor socio -  cultural y pedagógica, aunque – en su mayor parte – supeditada al asunto electoral.


Desencanto social

 

Una  de las consecuencias de las fallas y errores del sistema democrático, en su puesta en práctica o implementación, es el desencanto social. Este tiene  explicación en los apartes anteriores sobre ciudadanía y partidos, pero su origen es más profundo aún.

Así como los partidos impusieron los términos democracia y participación, también convencieron  a las masas de lo que es “justicia social”. Y lo hicieron de manera tal que la ciudadanía  lo ubicó como una de las condiciones intrínsecas,  y  hasta  obligatorias, del sistema.

Eso dio  lugar a  que el hombre humilde (o mujer) asumiera que el papel del funcionario, de cualquier nivel, es dispensar una mejor calidad de vida en forma directa y personal a quien lo solicite, es decir mejorando cada individualidad con unos  recursos  que “son de todos”  y cuya finitud o limitación nunca se ha entendido o justificado.

Con esa creencia, los  venezolanos de 1958 fueron a votar  en las primeras elecciones post dictadura en más del 95%, sin importarles si el gobierno debe ocuparse  de la política exterior, de los acuerdos comerciales integracionistas, de los asuntos territoriales contiguos, de la seguridad interna o de la protección de bosques y aguas.

El sistema  recién instalado en Venezuela comenzó  a discurrir – en pocos años – por los caminos de la reimplantación del país y de su modernización, provocando el auge poblacional, nuevos  urbanismos populares y consiguientemente la aparición de masas que no pudieron ver atendidas sus necesidades más inmediatas.

Las estadísticas de pobreza fueron subiendo y las de votantes  bajando, en proporciones alarmantes. El sistema sigue funcionando, pero no satisface a las mayorías. Se cumplen las premisas básicas  de la democracia, pluralidad de opciones e ideas,  sistema  electoral universal, separación de poderes, alternabilidad, representación y participación, sin que éstas conlleven la satisfacción de las masas sin recursos.

Surgió el desencanto social, con sus  expresiones  de desmotivación por la política, descrédito del dirigente, indiferencia y apatía. En medio de su presencia, las campañas electorales se vieron precisadas de nuevos enfoques, mayor ingenio y más ofertas concretas para volver a motivar a los electores.

La nueva oferta se basó en guardar el tema de la justicia social, que aunque lucía académico se entendía claramente, para emplear otras palabras más directas: lucha contra la pobreza, unida a la búsqueda  de la igualdad  y,  tiempo después, se habló de la equidad.

El desencanto social no solo trajo consigo la baja  de la participación electoral, sino que provocó un vaciamiento de la militancia partidista y disminución de la fuerza de las sociedades intermedias, en circunstancias tales que se ha estimado en América Latina  que solo entre un 10 y un 15 por ciento de sus ciudadanos interviene en alguna expresión  organizada.

Incide también en el desencanto un mal de vieja  data, el de la corrupción administrativa. Numerosos gobiernos han terminado en descrédito y sus candidatos han perdido las elecciones por la perniciosa práctica de apoderarse  de dineros del tesoro, de manera directa  e indirecta, mediante numerosos subterfugios, comisiones por contratos o pagos y arreglos ilegales, muchas veces difíciles de ser detectados y, peor, probados en juicio.

No obstante, los tiempos recientes muestran que los pueblos no castigan los escándalos de corrupción o no los perciben como dañinos cuando los gobiernos logran crear la sensación de progreso  y de reparto de la riqueza hacia abajo, cuestión ésta que revela la baja cultura política, un individualismo preocupante y un desprecio por la honestidad, la ética y la moral social.

La evaluación crítica  de los gobiernos, especialmente por los hechos de corrupción, se acrecienta por la interesada difusión que hacen los opositores y por el papel que juegan los medios o servicios de comunicación social, lo que propicia el conocimiento general  de la situación planteada y los responsables directos o principales.

El auge corruptor está incidiendo en la apatía del electorado debido a la certeza que tienen los ciudadanos de que todos los gobiernos incurren en estas fallas administrativas o, al menos, a todos  se les acusa  de tolerar esas prácticas.

El sistema político enfrenta el desencanto, sin llegar a disiparlo, abriendo las puertas de elecciones que provocan la renovación y el cambio de mando, ofreciendo votaciones por instancias cada vez más cercanas al elector en un intento  de  generar la sensación de que el futuro puede ser mejor. Se impone, finalmente, un discernimiento suscitado por la experiencia inmediata que ha tenido el votante, sin que pueda negarse el papel de la publicidad y de la información periodística.

Cada elección es un alivio para el sistema democrático, pero constituye a la vez  un nuevo reto de gran importancia, porque ya han pasado muchos  procesos electorales sin que los porcentajes del desencanto se acaben o, al menos, se  mitiguen sustancialmente.

Se impone una mejor comprensión de  que el peso de la transformación, el desarrollo, modernización o cambio de un país, no puede recaer solo en los gobiernos, que, desde luego, están llamados a impulsarlo y promoverlo, sino que constituye una de las responsabilidades de la sociedad global en lo inmediato, porque no podemos mantener indefinidamente el estado de atraso de las mayorías.


 

CAPITULO II

 

Educación sin objetivos democráticos

 

  El sistema educativo formal  constituye la gran herramienta para la integración, cohesión  e igualación social, para identificar a los ciudadanos con objetivos alcanzables, para generar arraigo y entidad, para hermanar y para crear conciencia de patria dentro del dominante contexto de la integración y globalización.

Por eso, todo programa  educativo debe ser la expresión de cómo se quiere alcanzar un determinado estadio social y qué tipo de hombre / mujer, con determinadas cualidades físicas y mentales, se requiere para  asumir los retos que implica conquistar las metas del  desarrollo  humano  y material, plasmadas en los programas de  gobierno  y definidas universalmente  por la Organización de las Naciones  Unidas.

La  educación hace viable el ideal de país y sociedad al que aspira un colectivo nacional  y su avance marca el logro de los objetivos previamente concebidos mediante la planificación del desarrollo, porque  la sociedad no puede dejar al azar o sujeto a la improvisación el destino  de los seres humanos que la conforman.

Veamos un sencillo  ejemplo. La salud  de la población requiere un esfuerzo para planificar la infraestructura física (edificaciones con espacios para todos los servicios), estadísticas confiables y la dotación de equipos médico – científicos,  en paralelo con la  formación de médicos, investigadores, nutricionistas, laboratoristas, gerentes, administradores, enfermeros, técnicos, inspectores, empleados y obreros.

Un valioso instrumento para esta planificación son los censos de población y vivienda, porque a la par  de identificar personas permiten saber sus edades, ocupación y ubicación. Se puede  cuantificar el recurso necesario tanto material como humano, para que esa determinada población cuente con la asistencia médica que requiere y en los espacios suficientes para que no haya dificultades.

Lo mismo puede aplicarse con los servicios  de educación, vialidad, comunicaciones, transporte, alimentos, etc. Es decir, se puede planificar su alcance y el monto de las inversiones.

La democracia requiere la transformación cualitativa – formativa  de todos los ciudadanos para que sean aptos para la convivencia democrática, porque eso facilitará la inserción y participación en el proceso de búsqueda del desarrollo social. Se puede saber cuales son las necesidades más apremiantes o prioritarias y cuanta es la población. Ahora viene la planificación.

En el caso venezolano, y podemos extender a casi toda  América Latina, por años se creyó en la unanimidad de la aceptación del sistema, luego de superada la prueba de la  insurrección armada. Y se  dejó de lado la construcción de un camino de estabilización, consolidación y proyección de la democracia mediante el proceso educativo, previamente planificado en contenido y cobertura para crear la convicción democrática en el ciudadano y para así dejar atrás la aceptación pasiva.

La educación se basó en contenidos informativos, repetitivos y memorizados, de muchas materias universales, sin posibilidad de verificación, sin debate o diálogo en el aula, sin convencimiento, con lo cual – de entrada -  se negó uno de los valores  de la democracia como es la participación, y sin que los objetivos apuntaran  a la creación de valores para el comportamiento social del educando en su entorno  familiar o humano. El educador se ocupó  de enseñar lecciones, previstas en un programa,  sin sembrar en los alumnos un espíritu  pleno de convicción democrática.

La  segunda parte  del siglo veinte encontró a nuestros países con unos elevados niveles de analfabetismo, lo que obligó a realizar campañas intensivas para dominar esta falencia. Se obtuvieron positivos  resultados, sostenidos durante  años.

Allí faltó, en paralelo, sembrar la libertad y la democracia como valores internos, para que al comprender el concepto de justicia social,  éste se asimilara con la carga  de responsabilidad y compromiso que supone para cada persona, de manera permanente.

La  misión humana relevante del educador para ampliar horizontes y el papel activo del educando fueron relegados por el peso de una relación que temprano pasó  a ser conducida por agentes del sindicalismo – influidos por el ánimo anti patronal  - y no por pensadores sociales o planificadores educativos, dentro  de un gran plan de país ubicado como el  objetivo nacional.

Por ello la formación no conllevó la inserción del educando en su ambiente comunitario, local, municipal, estadal o nacional, procurando su madurez ciudadana y enrolándolo en acciones participativas que le hicieran asimilar los criterios democráticos.

Aunque se llegó a plantear como objetivo del sistema moldear conductas, hábitos y comportamientos, el enfoque resultó más informativo que formativo, más de conocimiento que de interiorización, pues la escuela estuvo aislada de la realidad organizativa y del dinamismo social.

No operó a tiempo la interacción Estado, Familia e Instituciones para alcanzar un sistema educativo enfocado hacia la formación de ciudadanos demócratas y democratizados, lo cual  - como carencia social – le resta vitalidad al sistema  político, especialmente ahora cuando hemos llegado  a la sociedad global del conocimiento.

La educación en un país democrático, o que tiene alguno de los elementos de tal condición, debe tener objetivos claros y alcanzables para perfectibilizar  el modelo político y para hacer de sus ciudadanos personas convencidas de las bondades  de la democracia y enterados de los deberes que les corresponden atender como demócratas.


 

Medios o servicios de comunicación social

 

Los medios o servicios de comunicación social constituyen un poderoso instrumento para la prosecución cultural  de los ciudadanos, más allá del sistema educativo formal,  gracias a que son veloces vehículos de la globalización y de la sociedad mundial del conocimiento, presentes en todas las sociedades nacionales y  sin limitación  de  acceso a  los hogares.

Su accionar permite que el ciudadano esté más y mejor informado, más en posesión de los elementos de una realidad cambiante, distinta  de un día para otro, lo cual no significa – necesariamente – que esa posesión de información propicie un auge  de la participación social,  del  activismo  y del compromiso político.

En un mundo cambiante, el medio comunicacional facilita el conocimiento y la adaptación  a los cambios, pero el ciudadano, previamente,  debe estar en posesión  de unos  niveles  de comprensión  - y análisis crítico - originados en la escuela, asumidos en su entorno y ejercitados de manera permanente.

Por ejemplo, no se podrá captar con exactitud  la trascendencia de los hechos o acontecimientos de la sociedad donde se está inmerso, si en la escuela la enseñanza  de los valores  y la formación de criterios han sido pobres o nulas. Temas como  familia, ambiente, derechos humanos, participación, pluralismo, tolerancia, solidaridad o salud serán de difícil comprensión si no hay una base establecida en la  escuela.

Lo mismo ocurre con la política y la realización de los fines de la sociedad a partir del ejercicio gubernamental, en todos sus niveles. Si la escolaridad  dejó inconsistencias en temas como la paz, no violencia y tolerancia, los medios pueden exacerbar rivalidades y divisiones que son funestas para la integración humana y la cohesión social.

El papel del medio o servicio en la vida política puede plantearse sosteniendo que hoy informan, sin analizar, quedando la orientación sujeta a los criterios  de la persona usuaria, pero sin que eso que eso fomente la cultura política ni estimule la  iniciativa popular. Por supuesto, en nada se acrecienta o  fomenta el compromiso  y la corresponsabilidad.

En el caso del medio televisivo, éste contribuye al conocimiento del  hecho, pero amontona inactivas audiencias que van quedando con el gusto  de saberlo todo, viéndolo en vivo o diferido, sin que esa circunstancia les motive a intervenir, a participar o a protestar. Las masas cautivas ante los receptores llegan a sentirse tan cercanas  a los hechos que en nada les importan las consecuencias, si las hay,  y menos las causas.

Una nueva discusión está por darse entre medios y políticos, ante la evidencia cierta del colapso de la institución partidista y ante la realidad  de que aquellas masas partidizadas del pasado ahora son espectadores prendados al televisor o al transistor y conectados a Internet, que gustan saberlo todo sin actuar en la escena social, aún en la más cercana a  su lugar de residencia  o de trabajo.

Y no es que haya sido  un propósito del medio ante el partido y ante la política. Son los ciudadanos los que han emigrado del partido hacia el medio, en un grado tal que a muy pocos se les  ocurre hoy mostrarse como militantes  de algún grupo político, lo cual en el pasado era una credencial de honor. Las lealtades que se conservan tienen un alto costo económico que solo  pueden soportar agrupaciones en ejercicio del poder.

No obstante, los medios no han podido  impulsar un proyecto político propio, aunque lo han intentado varias veces en América. El ciudadano, en una elección, busca su identificación en personajes que le sean cercanos, iguales o parecidos, escucha el mensaje y decide en función de su interés, usando – en lo posible – el material o insumos que le aporta el medio y dejando de lado cualquier insinuación sospechosa de ser parcializada.

La elección supone la presencia del candidato en los medios, pero eso no es todo. Hay numerosos elementos que inciden. Veamos algunos.

·        El  activismo o acción del activista, con el consabido contacto directo o motivador, sigue vigente;

·        el saludo, diálogo y visita personal del candidato suma afectos y votos;

·         los pactos o acuerdos con gremios y sindicatos aseguran adhesiones;

·        los líderes locales o comunales aportan electores;

·        las hojitas con mensajes no han pasado de moda;

·        las llamadas por teléfono aún sirven.

·        Y como asunto colateral hay que disponer de la capacitación a electores, funcionarios y testigos, su transportación y alimentación,  y la defensa  de los votos.

Conviene dejar sentado que un renovado papel de los medios o servicios permitirá sacar del marasmo al partidismo y a la política, como hechos sociales reconocidos y acreditados, mediante una promoción de los valores democráticos, la proyección  de los nuevos liderazgos y la elevación de los niveles  de discusión y debate.

Un nuevo concepto del partidismo, más en consonancia con nuevos tiempos y tendencias, también puede ayudar  a que los medios  o servicios aprecien con mayor  interés el quehacer u oficio político, organizado sobre la idea del viejo modelo pero con inspiración de modernidad, visión de grandeza nacional y asumiendo como válida la presencia de numerosos nuevos interlocutores y actores sociales

Los medios o servicios no son los todopoderosos de la vida pública, tampoco lo son los partidos, pero ambos conservan elementos que influyen en la política y ese es un hecho inocultable que convoca a un replanteamiento del papel de cada uno. Dentro de esa necesaria  revisión es importante  destacar que el sistema  comunicacional es vital para el reforzamiento de los objetivos educacionales, para afianzar la enseñanza social y para acrecentar el prestigio y reconocimiento  de la docencia – en todos sus niveles - como actividad transformadora  de la sociedad.


 

La participación política

 

Todos los ciudadanos, incluidos los menores de edad en determinados casos,  pueden y deben intervenir en actividades políticas de elección de autoridades o representantes,  asistir a reuniones y eventos  de discusión (asambleas comunales y  vecinales o cabildos abiertos, por ejemplo), a pertenecer a grupos y movimientos,  realizar actividad vecinal o comunitaria, emitir por escrito y verbalmente reclamos, quejas y protestas,  proponer soluciones a sus problemas,   ser postulados para cargos, posiciones y comisiones, y contribuir en la formación de criterios comunes, entre otras opciones.

El gran objetivo de la participación es darle viabilidad y vitalidad al sistema político democrático, mediante  la operatividad del co-gobierno en todas las instancias y niveles, en procura de un mayor control de los gobernados sobre los gobernantes o mandatarios y de una concertada ejecución de decisiones tomadas por consenso o mayoría.

La participación es el instrumento para hacer de la democracia, en la realidad del hecho diario y no solo en teoría escrita, el mejor sistema de autogobierno y una forma de vida plena y total, asumida por todos. Siendo así,  si se llega a concretar, entonces, se hace fácil la responsabilidad, tarea u oficio de gobierno.

Participar no es responsabilidad exclusiva  de los dirigentes. Siempre es bueno que estos existan. Es una obligación colectiva  que con el correr del tiempo diluirá el papel dirigencial tal como hoy se conoce, que no es otra cosa que un papel de dominio, poder, prestigio y privilegios, en lugar de constituir un servicio social caracterizado por el voluntarismo, la alterabilidad y la rendición  de cuentas.

Cada sector humano específico asume un rol participativo. Lo hace, hoy,  en la defensa de sus intereses, concretos y determinados, pero cuando la sociedad alcance un nivel superior o el estado de madurez y plenitud democrática, lo hará  en función de las conveniencias nacionales o colectivas.

Una democracia consolidada debe conservar los sectores o grupos, pero éstos – en vista del avance conceptual y práctico del sistema -  dejan atrás el criterio que les ha llevado a   asumir el rol participativo como una lucha o defensa de lo que han alcanzado o les pertenece, legal, material e institucionalmente, para desenvolverse socialmente mediante normas estables, acuerdos, aportes y contribuciones que busquen elevar la calidad de vida de todos, y no solo de aquellos  que más fuerza o influencia puedan tener.

Se trata de un nuevo estado de conciencia, gracias a  la  evolución personal del individuo y al avance de las instituciones integradoras, lo cual equivale a un adelanto del todo social basado en la confianza mutua y en el compromiso global.

El perfeccionamiento de la sociedad es el resultado de sucesivas acciones pequeñas y rutinarias en muchos casos, pero también de hechos que reciben notoriedad o que son acontecimientos. Los primeros pasan desapercibidos sin que por ello sean de  poco interés.

Una gran variedad  de personas interviene en esos hechos, tanto en unos  como  en otros, porque no se trata de una participación restringida a lo estrictamente político o dirigencial, apuntando hacia un liderazgo, no. Se trata de actuar en cada campo personal para cumplir esas tareas o realizar acciones que nos lucen sencillas, pero que impulsan – como  globalidad humana – la  integración, la estabilidad social y el cambio.

Un estudiante ayuda al colectivo social cuando aprovecha  sus horas  de clase para formarse, cuando respeta pero a la vez exige mayor nivel  a sus profesores, cuando  es honesto en sus exámenes, cuando cuida y mantiene su entorno educativo, cuando interviene en el club ecológico, cultural o deportivo, o en el centro de estudiantes.

Si analizamos el gasto hecho por el Estado en la planta física de las escuelas al comenzar cada año educativo, a causa del uso irresponsable de propios y extraños, encontramos que un buen porcentaje de ese dinero podría orientarse a otras metas humanas como la  dotación de bibliotecas, laboratorios, equipos, investigaciones y becas estudiantiles. Es, entonces, importante participar  en la custodia, conservación y mantenimiento de las instalaciones  educacionales.

Este es un buen ejemplo, de  fácil comprensión. Podemos  ver muchos otros. Para abreviar cito algunos. Participa, ejerce responsablemente su rol y fortalece la sociedad:

 

            Se puede seguir buscando ejemplos, de padres y madres  de familia, jueces, ministros, parlamentarios, rectores electorales, fiscales públicos, defensores públicos, contralores, artistas, escritores, gobernantes, economistas, contadores  públicos, entre otros.

            Lo concreto  es que la participación no se reduce a una actuación  directamente vinculada  a la política tradicional, sino que se trata de un accionar común desde cualquier posición, porque consolidar el sistema democrático es una responsabilidad global y permanente, y no exclusiva de políticos de partidos.

Juega  un papel importante la organización, sectorización, institucionalización, de la sociedad, porque el agrupamiento genera identidad, facilita la inserción, establece  obligaciones consentidas y convoca grupalmente a la responsabilidad.

Si un conglomerado humano está organizado a plenitud, cada uno de sus integrantes conoce el rol que le corresponde, se apoya en la solidaridad del grupo y toma las tareas con el compromiso generado  por la identidad, a su vez propiciada por la unión o agrupación de sus pares o iguales.

La organización  no resulta absoluta, total, pero debe contener el mayor  número de grupos posible, para acreditarse la representatividad y con ello la autoridad necesaria (respetabilidad y  credibilidad) para el desempeño de las funciones en nombre del colectivo.

Participar se conjuga  de mejor manera dentro de una estructura organizada, porque en ella hay una clara identificación de intereses y roles, y lo que se haga en grupo obliga a  todos los integrantes, los cuales  - al integrarse -  saben que hay otros sectores o  individuos con los cuales  se comparte o se interrelacionan para hacer de la vida social un respetuoso y pacífico equilibrio que preserve la autonomía y la solidaridad.

Una comunidad, un municipio, estado, provincia o país organizado en sus infinitas posibilidades, presiona sobre los estamentos públicos  - los poderes o ramas del poder público – para que cambien o se transformen las estructuras oficiales o institucionales, con el objeto de que la participación, libre y responsable, adquiera la  etiqueta de eficaz.

La participación eficaz  es lo que le da sentido y validez a la democracia como forma de  vida, ya que su ausencia ha permitido el exagerado presidencialismo, la omnipotencia de los mandatarios, el modelo centralizado de toma de decisiones y la ejecución de éstas, y un progresivo  descreimiento en la posibilidad  que tenemos de vivir y compartir  en una sociedad cuyos  fines nos unen a todos. Es decir, en una democracia legítima.


 

CAPITULO III

 

El nuevo liderazgo

 

La mayor tragedia de la democracia está signada por el hecho de que su realización, como proyecto social nunca acabado y siempre perfectible, ha estado en manos de hombres y mujeres no poseídos plenamente de convicciones democráticas, ni portadores de acrisoladas virtudes ciudadanas y, por otra parte,  ajenos a una adecuada formación político – gerencial.

Se trata de un verdadero drama, porque los ejecutantes  de la democracia son todos los ciudadanos, en diferentes grados  de responsabilidad. Sin embargo, la  realidad  es que un sector ubicado en la cima ha acaparado el ejercicio democrático y ha dejado para las inmensas mayorías solo el acto de la votación electoral, al no haberse dispuesto la descentralización de las competencias y la transferencia del poder  a instancias más cercanas al  individuo.

Muchísimos  de los hombres y mujeres del liderazgo han demostrado que no poseen una idea clara de qué  es el modelo de gobierno democrático, su por qué  y su cómo, en razón de lo cual con demasiada dificultad podrá darse la implantación, desarrollo y consolidación.

En las sociedades en vías de desarrollo debemos atribuir  el gran peso de esta responsabilidad  a lo que se conoce como  la dirigencia, ya que el subdesarrollo hace pensar que la conducción  de la sociedad  corresponde solo a un grupo o sector, al liderazgo conocido o al funcionariado administrativo. Y esa creencia es reforzada por los dirigentes, al asumir  la promoción de sus nombres para cargos en medio de ofertas  que los ubican como personas de mucho poder y gran capacidad de decisión.

No otra cosa  se demuestra periódicamente en las elecciones presidenciales, en las que resulta tan personalista la campaña que hace suponer a los electores  que con el ganador se asegura la conducción exitosa de la sociedad por una sola persona.

Las campañas suelen ser los torneos publicitarios – más que políticos – en los cuales el derroche de dinero no guarda equilibrio alguno ni se soporta en la razón, cuestión a  que se adiciona el origen perverso de esos fondos: los ahora numerosos poderes irregulares. Uno de ellos, siempre solapado,  poco aludido y nunca bien estudiado como fenómeno cultural, el de la corrupción administrativa.

Reside en los hombres y mujeres del liderazgo una debilidad intrínseca del sistema, pero al lado de ella también está un cuerpo social de bajo nivel cultural, lo que termina por crear un círculo vicioso. Una masa inculta genera una conducción desatinada. Y esa conducción  no estimula los cambios culturales pro democracia  de la ciudadanía, porque no es asunto de su inmediato interés y,  más  bien, se beneficia de la pobreza  cultural o  de la  ignorancia.

Todo lo anterior nos hace pensar en la necesidad de lograr un nuevo liderazgo social, a todos los niveles, para revertir las tendencias nocivas del pasado y para poder entrar en la fase de cambio de las estructuras mentales de las mayorías poblacionales. Esas estructuras (ideas, criterios y tendencias) han sido provocadas por comportamientos y actitudes, durante  años, de personas que carecieron de principios firmes y valores democráticos.

El nuevo liderazgo debe asumir la democracia como un medio para la realización plena de las personas, a partir de la familia y hasta la comunidad nacional o universal, fortaleciendo la libertad, fraternidad e igualdad como elementos que aseguran la   cohesión comunitaria.

Si no se entiende y asume esta premisa, con una convicción íntima y con un propósito sincero de realización, el liderazgo carece de credibilidad, arraigo y arrastre, propiciando por tanto la reedición de los errores del pasado y la parálisis del proceso de búsqueda de la democracia deseada.

Entender y asumir implica una obligación previa. Un dirigente o líder debe aceptar la primacía de los valores de carácter fundamental: el bien, la verdad, la justicia, la solidaridad  y el respeto y defensa  de la vida, al lado de los valores democráticos universales: la pluralidad, la tolerancia, la alternabilidad y la transparencia (administrativa y electoral).

Las exigencias que dan sentido a un liderazgo siempre han existido. No se trata de una novedad y, justamente, por no haber sido atendidas es por lo que no hemos alcanzado la democracia en plenitud.

Y no haberla alcanzado es un mal precedente porque la demora propicia caricaturas y falsificaciones que, a su vez, facilitan experimentos dañinos como el personalismo, el populismo y la dictadura, cuyos resultados sociales y económicos todavía se aprecian en nuestros países americanos.

En consecuencia, la realidad actual obliga a la aparición de un nuevo liderazgo que sea capaz  de reanimar las masas con prácticas moralmente admisibles, que asuma los retos o metas con afán de eficiencia, que estructure los sectores de la sociedad hoy invertebrados, que descentralice la toma de decisiones hasta niveles de vecindario y que acabe con la perversa costumbre de hacer de la democracia una conspiración de todos contra todos.

En el centro de ese programa, del que solo he trazado un esbozo, está un modelo educativo formal y no formal que impulse el colectivo social a un nuevo estado mental, una nueva conciencia, para asumir directamente los cambios que justifiquen y den legitimidad al sistema democrático.

Un nuevo liderazgo es posible, pero no es admisible que sea una copia del pasado con sus prácticas, vicios y corruptelas,  sino que constituya el fruto de convicciones y decisiones de quienes no han intervenido en la política tradicional. Ellos harán la nueva política con partidos o sin ellos, imponiendo el valor de la ciudadanía por encima de la militancia y proclamando la ética social como valor impostergable.


 

Educación para vivir en democracia

 

La debilidad en la posesión personal y el uso o práctica constante de los valores inherentes a la democracia, por parte de los ciudadanos, solo se puede enfrentar  - por tratarse  de un problema social – a través  de programas  educativos permanentes, de vasto alcance, y de cambios  en las instituciones públicas y privadas que constituyen el entramado social, a las cuales  acuden los habitantes de un conglomerado  de manera permanente.

Esos programas educativos están condicionados o sujetos a los grandes objetivos que se han trazado para el país, nación o república, en la delineación  dogmática  de su Constitución, Carta o Estatuto, que en el caso venezolano se llama Preámbulo.

Al leer esta parte, sobresalen o se infieren los grandes temas que debe atender una sociedad concreta en la búsqueda o consecución de unos determinados estados del desarrollo humano, de felicidad de sus habitantes, para  lo cual se requiere un esfuerzo colectivo o corresponsabilidad.

El análisis teórico – práctico del “dogma social” previsto en la Constitución es lo que permite  determinar las áreas de estudio, las materias de investigación, el enfoque del programa educativo y, sobre todo, las metas que se quieren alcanzar.

Si no se plantean metas concretas, no podemos diseñar con acierto un modelo educativo destinado a un específico objetivo social, porque es  a partir  de una planeación del todo social como se pueden  definir los distintos roles de: individuo, familia, vecindario o comunidad, escuela, empresa, unidad económica, sociedad, municipio, entidad federal o territorial, Estado, etc.

Resulta indispensable que alrededor de la tesis constitucional exista el más amplio consenso, obtenido por la participación, diálogos, debates, conversaciones, consultas, etc., previos, como elementos integradores de voluntades y como generadores de compromiso para una acción coherente del todo social.

El “credo constitucional” suele contener expresiones que apuntan a determinar  el tipo de ciudadano que  se quiere formar mediante el despliegue del  programa que representa la Constitución, para cuya completo desarrollo hay otras precisiones, pautas o líneas de acción  en las diferentes materias de interés general. Todas, en conjunto, representan el proyecto  de país y su relación con el entorno universal.

Igualmente hay enunciados sobre el tipo de institución que educa (pública, privada, concentrada, descentralizada, autónoma, etc.), sobre la igualdad de oportunidades, libre acceso y gratuidad, sobre el  financiamiento, sobre el recurso humano docente (perfil y formación) y  sobre los criterios democráticos y participativos de la enseñanza y del aprendizaje.

  Con una base como la anterior, constitucional  y consentida por todos, se abre el debate y comienza el trabajo de planear contenidos educativos basados en los valores democráticos aceptados universalmente y en las características del entorno  humano – social, tomando en cuenta que cada lugar o comunidad posee una especificidad que reta  a la innovación y a la creatividad.

Libertad, igualdad, paz, ecología, tolerancia, pluriculturalidad, estado de derecho y de justicia, al lado del análisis crítico de la realidad humana (pobreza, exclusión, violencia, autoritarismo, poderes irregulares, corrupción del funcionario y de la persona, etc.),  son asuntos que bajo el paraguas de los derechos humanos constituyen prioridad en un programa educativo

Y esto es así porque la democracia no es un hecho natural  o consustancial, sino una creación humana y como tal, después de veinticinco siglos  de su génesis en Grecia, requiere enseñarse y ejercitarse para hacerla realidad y no mantenerla como una mera teoría.

Por supuesto, no se excluye el estudio de teoría del Estado, el poder y la autoridad, los fines  de la sociedad, los bienes públicos, constitución y leyes, la sociedad internacional y la integración, funcionamiento de las ramas del poder público, el tesoro nacional, la seguridad y la defensa,  y otros aspectos de interés general.

Observando este breve catálogo, no podemos dejar de pensar que la desidia, apatía y desinterés por lo político y electoral  se soporta – en mucho – en el desconocimiento de relevantes aspectos  de la vida en sociedad, necesarios para la sana convivencia y el progreso general,  que no han sido enseñados ni ejercitados.

Conviene aclarar que una propuesta educativa para enseñar a vivir en democracia, aparte  de permanente y de largo plazo – o sea  permanente de verdad – implica integración, coordinación y acuerdo entre el sector que administra la nación (gobierno  o poder ejecutivo) por tener  a su cargo la enseñanza, y los órganos electorales (Poder Electoral  en Venezuela), el Parlamento (casa de la ley y garante de la soberanía popular), los  actores políticos y la sociedad no partidizada o civil.

Este  acuerdo o consenso institucional dará sentido a los programas educativos, facilitará el financiamiento y hará que el gasto constituya una inversión social orientada, en definitiva,  a  generar la indispensable estabilidad democrática que requiere un país para su avance en todos los campos.

Estabilidad, propiciada por un nivel cultural pro- democracia y una organización social eficiente,  es el mejor incentivo para  una participación mayoritaria. Esa dinámica participativa podría hacer que se recupere el accionar  de los partidos políticos como  instituciones democráticas, lo que – en plenitud -  no fueron en el pasado y no lo son ahora.

Precisamente, han sido los partidos el centro de los mayores reclamos por el incremento de la desconfianza ciudadana en la política (que se asimila con democracia),  porque estos pretendieron suplantar la democracia de ciudadanos y sustituir al Estado para  ejercitar el poder y conducir la sociedad desde un reducido círculo conformado por dirigentes.

El sistema educativo o modelo para vivir en democracia no puede contener como objetivo que los partidos de vieja data regresen a la escena principal, porque el  éxito educacional hará que los ciudadanos opten por otros modelos asociativos o, en todo caso,  por novedosas instancias que ellos mismos podrán crear gracias al estudio, investigación y  experimentación social.

Hay otros asuntos que conviene tratar. Uno de ellos  es el análisis, aunque parcial, de lo que tenemos como programas educativos. La enseñanza de la historia es inadecuada, pues  se hace en base a héroes solitarios, sin pueblo, a cuya actuación esporádica, accidentada, empírica, valerosa y hasta temeraria debemos “la libertad e independencia”. No hay otra cosa semejante que promueva el personalismo y el caudillismo, tan contrarios a democracia y participación.

Igualmente destaca la falta de: sensibilidad  de padres y representantes, promoción de actitudes y destrezas, participación y democracia en el aula, normas e iniciativas  de los propios educandos para su autoformación y, en fin, un estilo agradable y entusiasta – nunca aburrido- de la enseñanza.

Superados los escollos anteriores, o al menos vistos para no repetirlos como vicios, el plan  debe orientarse a transmitir el concepto de democracia no como adquisición intelectual o mero conocimiento, sino como un raciocinio que tiene aplicación práctica en la vida, que se ejercita, se practica, se observa, y que ofrece buenos resultados en el lugar concreto donde discurre la vida del educando.

Así podemos crear interés y motivación por la democracia y sus instituciones, ya que la lección se corrobora en el diario hacer o ejercitar, se contrasta positivamente. Lo cotidiano y el aula – u otro espacio educativo – no son polos opuestos y contradictorios, sino afortunadas coincidencias que reafirman conceptos y fortalecen criterios de vida.

La  evolución de la sociedad necesariamente es lenta, pero desplegando el programa educativo   pro democracia el avance se torna firme y sostenido hasta alcanzar una auténtica y verdadera convivencia democrática, en la que los factores fundamentales, los ciudadanos, actúan  con pleno conocimiento (saben que la democracia no es solo un modo de gobierno sino  un estilo de vida)  por estar en posesión y vivencia de hábitos y virtudes que impulsan el cambio social.

La infancia es el primer grupo de atención en un sistema educativo. Educar  a los niños para vivir en democracia es una esperanzadora responsabilidad. Su inclusión en el modelo nuevo implica dejar atrás los atrasados esquemas del regaño y el caramelo, o juguete, para lograr  que en la primera  edad se comience  a tener un pequeño grado o nivel  de convicción, responsabilidad, disciplina, solidaridad y satisfacción sin egoísmo.

 Adolescencia y juventud deben encontrar respuestas a sus dudas y desconciertos, propios de la edad, mediante el logro de un arraigado sentido de lo social- trascendente, una conciencia crítica, mejor capacidad de discernimiento y compromiso con los valores de la persona y de la sociedad.

Los jóvenes de hoy están necesitados de vías y caminos para ingresar a instituciones, organismos y grupos que modelen liderazgos y que permitan canalizar energías hacia soluciones sociales o estudiantiles, en el marco de un sistema legal o sublegal (reglamentario, normativo o estatutario) que se debe asimilar o aprender como práctica y experiencia de participación.

Estando en posesión de acendrados criterios sobre bien público, solidaridad, ciudadanía, participación, pertenencia a la comunidad y no violencia, el educando llega a la  edad mayor en capacidad  de intervenir (como votante o candidato)  en todos los procesos electorales, sectoriales, locales, regionales o  nacionales.

Lo hará con un sentido crítico, con una acertada percepción de la realidad, ajeno al simplismo, sin dejarse llevar por la demagogia y la mala calidad de los candidatos, buscando  - además-  lo que  a su formado juicio es  el beneficio para la sociedad global o la más alta conveniencia nacional.

En cuanto a las instituciones, con las  cuales se relaciona el ciudadano, debe considerarse que su adecuación para una nueva etapa histórica es necesidad inocultable y requisito imprescindible para subsistir. Los cambios servirán para un refrescamiento, una evolución hacia  la participación directa y eficiente, acceso a la   discusión popular de las leyes, normas, ordenanzas y decretos, el inicio del control comunitario de las obras e inversiones, la iniciativa popular, la descentralización del poder y la consulta permanente.

Solo así  se hará realidad la democracia y la autodeterminación colectiva, y se dejará atrás la caricatura o imitación inauténtica en que se ha convertido nuestro modo de gobierno y forma  de vida.


El compromiso democrático

 

La democracia restringida  a lo electoral o la ficción de sistema democrático no es una casualidad, sino consecuencia de hechos y situaciones que durante años no han permitido desarrollar culturalmente a la ciudadanía  para alcanzar una nueva  actitud ante la vida y la sociedad.

De ese bajo nivel de cultura política proviene un equivocado  imaginario popular, la pasividad, el conformismo y la indiferencia, detrás  de los  cuales se ha instalado el individualismo o  personalismo, tan detestable por excluyente e irresponsable. Este último es el gran enemigo para la auténtica formación de la voluntad colectiva sobre bases de corresponsabilidad.

Integrar la sociedad mediante la organización de base es la mejor respuesta al creciente individualismo, respuesta con ribetes de pedagogía que es también  un antídoto contra la deshumanización, contra los ataques al medio ambiente y contra el ejercicio omnímodo del poder por una sola persona.

El paso de una forma muy rudimentaria de democracia a un nuevo modelo, efectivo y eficaz,  implica asumir un compromiso democrático individual y colectivamente, a largo plazo y sin que exista mediatización.

Ese compromiso no es una declaración de principios o un manifiesto, al modo de las proclamas a que estamos acostumbrados, sino una convicción generada por la educación formal e informal,  asistida  por  el  apoyo  de los medios de comunicación social. Fruto de esa formación es un estado mental que impulsa la acción  hacia metas sociales previamente concertadas y deseadas en plenitud.

El nuevo ciudadano, salido  del proceso educativo, es una  persona en posesión de herramientas culturales para impulsar el cambio social, dentro de una red organizada y con bien identificados fines colectivos, en la  cual los partidos pueden ser una modalidad o medio, entre otras opciones impuestas por las realidades vigentes.

Ya no se tratará de intervenir ofreciendo opiniones para la orientación de la política comunal, local, municipal, estadal o nacional, para que otros tomen las decisiones y ejecuten las medidas u  obras, no, sino que el ciudadano asumirá un rol protagónico y la ejecución directa, en medio de una vivencia de participación consciente, libre y responsable.

Esa participación no consiste en la asistencia del hombre o la mujer a una asamblea o reunión, donde se les participa en medio de una simulada consulta. Es el encuentro solidario con el otro, con el vecino, con el par o igual, asumiendo compromisos y responsabilidades concertados en comunidad, en uso y despliegue de criterios asimilados y articulados para la acción personal y colectiva.

Compromiso y responsabilidad  que se incrementarán por la vía  de la comprensión de que el esfuerzo solidario es un aporte humano y material que no se puede perder por la improvisación o el desorden, puesto que el plan participativo y comunitario se entrelaza con muchos otros de todas las instancias territoriales del país.

El avance cultural impulsará pequeños proyectos comunitarios, gerenciados y controlados por los ciudadanos del vecindario, dando lugar a una ejercitación real de los conocimientos teóricos, pero eso no solo será para un fin concreto sino  que propiciará la escuela  de las nuevas generaciones de dirigentes políticos más consustanciados y embebidos en la idea del compromiso democrático.

Si el vecindario ejecuta un proyecto con aporte solidario de mano de obra, supervisión y control, equipos, vigilancia, mantenimiento, etc., la inversión será asumida como una propiedad vecinal, especialmente en la necesidad del mantenimiento, dejando atrás el viejo paternalismo sin contraparte en el ciudadano,  espectador de tantas obras que se hicieron, en el pasado, para cumplir con la cuota de un patrocinante electoral.

Así como la pequeña comunidad, educada en los fines sociales y políticos, asume el reto, lo mismo diremos de la Parroquia, el Municipio o Distrito, el Estado, Departamento o Provincia y el País en cuanto a grandes inversiones económicas, programas de desarrollo y  macro proyectos.

El compromiso democrático es el elemento  espiritual (nutriente, renovador e impulsor) que no ha estado en la mente y en la vida del ciudadano de América Latina, para hacer que se sienta el discurrir de la sociedad como un asunto que nos incumbe a todos y que la administración pública no es un cuerpo de funcionarios pagados para reemplazarnos en nuestras responsabilidades y hasta en nuestro modo de pensar.

En una sociedad democrática es inadmisible  - además – que el burócrata considere un privilegio el hecho de poseer un cargo, posición de servicio que transforma en  actitud prepotente,  beneficio personal y expresión de superioridad ante los demás ciudadanos.

Esta y otras, aún  presentes, son desviaciones corregibles dentro de la perfectibilidad del ser humano y del sistema democrático, y eso es, justamente, uno de los grandes objetivos de la educación para vivir en democracia,  con el  refuerzo comunicacional.


FINAL


 Estabilidad y consensos

 

Las sociedades latinoamericanas han vivido períodos de elevada inestabilidad política y luego han podido recuperar el normal funcionamiento de la sociedad, sin que por ello se pueda afirmar que hay una consolidación del sistema político.

 Los momentos de baja tensión social (gobernabilidad, paz y sosiego) no son definitivos, porque la gerencia pública tradicional deja insatisfacción – dada las situaciones sociales irreversibles en  corto plazo - y porque en el caso de los perdedores electorales queda en ellos un ánimo que dispone sus mentes para lanzar ataques o formular denuncias en procura de nuevos escándalos y buscando, siempre, la inestabilidad política.

Históricamente, un sector político busca conmover al otro para restarle vigor electoral y esa actitud o estrategia ha permitido la renovación  o alternabilidad en los mandos ejecutivos y parlamentarios, especialmente cuando se logra desprestigiar a los mandatarios aunque ello se haga con truculencias y mentiras.

Conviene dejar en claro que la estabilidad alcanzada, que puede ser breve o prolongada, ha tenido como telón de fondo – no siempre considerado – una baja cultura política, inexistencia de educación para vivir en democracia y mayoritarios sectores humanos viviendo en pobreza.

Entonces, no estamos hablando de una auténtica estabilidad, sino de una aparente quietud  de las masas en medio de un accionar político no transparente y de baja calidad, en el que los niveles culturales no concuerdan con las exigencias nacionales de una acertada gerencia del desarrollo humano.

 En ese sentido es necesario sostener que la complejización de todas las sociedades, en medio  de una avasallante  globalización, impide mantener vigentes los criterios  de coordinación e integración social vigentes en las décadas anteriores, de acuerdo con los cuales un poder ejecutivo centralizaba todas las decisiones importantes y ahogaba con su peso político – electoral  a parlamentarios y jueces.

Los ajustes descentralizadores hacia Estados (Departamentos y Provincias) y de allí a municipios, parroquias y comunas, incorporan más ciudadanos al ejercicio del poder ejecutivo, y ese hecho descarga de peso al gobierno central y posibilita la toma de decisiones locales, en los mismos  lugares en que se debe ejecutar, sin los patrones o modelos nacionales que uniforman las soluciones.

El proceso descentralizador ha venido a ser un  adecuado remedio para el cansancio e ineficacia del presidencialismo, pero no alcanza a tener el mismo efecto curativo frente al agotamiento del papel del Estado, de los partidos políticos, de los parlamentos y  de la judicatura.

Por ello se impone abordar con objetividad un debate en torno al nuevo rol del Estado, de los partidos, del parlamento y de la judicatura, como la base para buscar novedosos instrumentos que ayuden a la estabilidad democrática, tomando  en cuenta  que el modelo de gobierno y funcionamiento social de la democracia puede asumir formas nuevas, inéditas y desconocidas, tanto en su propio funcionamiento como en la  relación entre poderes para contribuir a los fines del  Estado.

De esas formas nuevas, una de ellas es la organización de la sociedad sobre la base de esquemas vecinales o comunitarios dotados de potestad  legal (sustrato legal y competencia normativa) y recursos presupuestarios, en procura de una expansión (numérica y descentralizada) de  un poder ejecutivo probadamente ineficiente.

La idea democrática, así entendida, será el eje conductor de la enseñanza escolar para aprender  a vivir en democracia, como lo he venido sosteniendo, y en su desarrollo programático deben destacar los nuevos roles de Estado, partidos,  parlamentos y poder judicial.

En síntesis, una estabilidad a medias o estabilidad basada en  ignorancia y desarticulación social, tiene que ceder  el espacio a una estabilidad soportada por un elevado nivel de cultura democrática, una organización hacia abajo que expanda el gobierno (siendo éste ya un nuevo rol del Estado), partidos inmersos en la nueva realidad social,  parlamentos igualmente descentralizados, útiles y menos costosos, y un poder judicial autónomo e  independiente, capaz  de investigar y sentenciar a personeros  de las otras ramas del poder público.

Superar la ignorancia política permitirá que los ciudadanos comprendan las situaciones y restricciones del quehacer público, y que puedan  evaluar con certeza la acción de sus gobernantes,mandatarios y representantes.

A partir de una ciudadanía culta y exigente, en los usos y fines democráticos, será más fácil la concreción de los consensos permanentes en todas las materias y el logro del compromiso personal de activar, o vivir, procurando el bien global de la sociedad.

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Venezuela,  desconfianza y crisis impiden sociedad armónica

Intervención en el Directorio Nacional Ampliado  de la Federación Nacional  de Ganaderos (Fedenaga).   Caracas, 05 de abril  de 2017.  Presidencia  de Carlos Odoardo Albornoz C.

 

            Uno  de los  grandes males  de nuestra sociedad es la desconfianza,  no solo entre las personas, sino también entre  los organismos,  instituciones,  gremios, partidos y agrupaciones vecinales  o comunales, lo cual arrincona al ser humano en el individualismo, el personalismo, la inmediatez (visión de corto plazo y nula reflexión), la inacción, la falta de solidaridad real y la ausencia de metas  comunes. Desconfiar genera inseguridad personal y  colectiva, e incentiva la indiferencia ante  la participación. Tan desafortunado panorama nos convierte en espectadores de lo ajeno, del  acontecer general,  sin que haya disposición interna, ánimo, para  participar o intervenir, más allá de lo familiar, en lo colectivo.   

            Desconfiamos de los vecinos y no nos sentimos comprometidos en la vivencia fraterna,  por lo que poco nos importan los asuntos comunes (condominio) y así vamos  acumulando deudas y postergando compromisos que terminan por afectar la propia, personal, calidad  de vida. Desconfiamos del entorno más amplio  que encontramos en la calle o en el lugar de trabajo. Las instituciones ya no firman aquellos convenios de cooperación del pasado y los  vigentes   no se cumplen.  Los gremios no  gravitan  en la nación, como  ejes de orientación e influencia  capaces de provocar decisiones de  gobierno, reacciones o  apoyos.  Los partidos se unen, pero no se integran. Son tan numerosos que,  si  de algo sirvieran podríamos exportar.  No son capaces de articular un mensaje que vaya más allá de los minutos  que dura una rueda  de prensa. Sus dirigentes no  se sienten hermanados en una causa.  Al contrario, son rivales en aspiraciones de candidaturas, posiciones y aparición en los medios de comunicación social.

            Frente a la perniciosa  influencia de la desconfianza, que golpea  el   asociacionismo o agrupamiento han surgido otro  modelo   participativo, tornado en representación,  constituido por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que  se nutren  de  aportes   de empresas, organismos e  instituciones.  Atienden asuntos del más variado tipo, lo que  les genera  atractivo en la sociedad. Algunas llegan  a  tener afiliados y  voluntarios.   Las   hay   de  asuntos ambientales, jurídicos, educativos, deportivos, sociales, religiosos, etc. Los medios  les promocionan  sus  actividades.  No agrupan cantidades significativas de personas ni  son entidades con democracia interna.

            Todo eso, y hay muchos casos más, conduce  a mayor desconfianza, porque no hay soporte para la integración alrededor de un proyecto sectorial, estadal, regional o de país, sentido  y consentido, lo que termina por fortalecer la acción individual, aunque comerciantes, industriales, ganaderos, abogados, médicos y educadores sigan teóricamente agrupados y pagando las cuotas económicas mensuales que imponen sus gremios. Hay una ilusión  de  agremiación, más por tradición que por convencimiento  de su  utilidad, pues no existe una dirección, un rumbo o una meta.  No  vamos hacia un tipo o modelo de sector, estado, región o nación concreto, más bien nos estamos saliendo del  país que intentamos ser en  décadas recientes.

            Esa desconfianza ha sido fortalecida por la crisis social. La ausencia de soluciones eficaces impide confiar. Solo indicaré problemas que ustedes conocen a manera  de inventario, sin culpables, sin causas que los originan y sin mayores  detalles.  Todos  al margen de un programa nacional,  hoy imposible de llevar adelante por la  falta de  recursos monetarios, y en momentos  en que la población, aún con la estampida  de un millón  de personas a más de sesenta países,  sigue superando los treinta millones  de habitantes.

            Aumento de la desigualdad social con alto porcentaje de pobreza extrema, vivienda (no se ha podido demoler un solo barrio y se han creado barrios verticales en las ciudades),  menor ingesta alimentaria y disminución  de proteínas y calorías, aumento de enfermedades (gastroentéricas, respiratorias,  dérmicas y mentales –emocionales), deterioro de vialidad, parques, jardines y espacios recreativos,  aumento  de la inseguridad de las personas y los bienes, corrupción administrativa y policial, deterioro  de la  estatal petrolera,  reservas monetarias que no garantizar importaciones alimenticias por dos meses, menos  calidad en telecomunicaciones y  disminución  de las opciones de servicios  aéreos, creciente deserción estudiantil en  bachillerato,  aumento  de la sexualidad infantil y consiguientemente los embarazos precoces, y en  medio  de todo, un submundo  de la economía no cuantificado, deuda externa no auditada que deberán pagar varias generaciones y una inflación anual de cuatro dígitos que supera la  capacidad adquisitiva de las grandes mayorías. 

            Este submundo está conformado por los poderes irregulares. En primer lugar el narcotráfico, con su poderosa red  de empleados y sus permanentes inversiones en todos los estados de la federación, tan cuantiosas  que han venido  a constituir un  elevado porcentaje del Producto Interno Bruto;  la corrupción policial al servicio  de cualquier interés dañino: secuestros, sicariato, robos, asaltos, extorsión, chantaje, decomisos ilegales sin  acta, testigos y  remisión de objetos al órgano correspondiente, y tráfico de  armas;  siguen actuando bandas de robo de vehículos, incluso con cuotas diarias por ciudades;  hoy son famosos los delincuentes encarcelados, llamados pranes, con  redes  de operadores e informadores  para cometer variados delitos;  hay delincuencia que trafica  con las divisas oficiales y que manipula su precio,  con tan buena fortuna que los  casos más escandalosos de asignación de dólares a compañías inexistentes no han sido sancionados;  no se han acabado las  mafias  que mueven el contrabando, a pesar  del cierre fronterizo  con Colombia,  siendo una de las  lucrativas la que exporta gasolina  comprada  a precios  de bolívares y vendida  en  dólares. Miles  de personas trafican con combustible subsidiad hacia las fronteras. Y el gremio de ganaderos sufre el abigeo.

            La inflación también tiene un alto porcentaje  derivado de  la desconfianza. Es imposible  saber los precios de cualquier mercancía a la hora de hacer un  pedido. El comerciante está constreñido a pagar por adelantado para mantener los costos, pero el problema no termina porque los fletes pueden varias en horas. No  hay un medidor para saber en qué porcentaje deben subir los precios. Todo depende del personalísimo cálculo del vendedor, proveedor o mayorista, quien se imagina un precio aplicable a la hora  de reponer el inventario de lo que vende. De  esa manera el consumidor no tiene seguridad de adquirir lo que necesita,  porque  su capacidad es limitada y la planificación del   gasto  es devorada  por la inflación.       

              A los males  de la economía podemos unir los problemas  derivados de la percepción  cultural, del imaginario y de las aspiraciones del venezolano. Vale decir   de la cultura, entendida como fenómeno social que impulsa el actuar o  lo  soporta.  Una persona actúa de una u otra manera, porque  cree  que eso  es lo correcto y lo que se ajusta a  su conveniencia.  Ese  venezolano de hoy vive en medio de una crisis cultural, donde cada día es menor el número de palabras que utiliza, muchas de las cuales vienen del lenguaje carcelario, tiene menos acceso a los periódicos (costosos. Numerosos han desaparecido),  adquiere menos libros (han cerrado casas editoras),  acude menos a  bibliotecas, teatros, museos y cines, no recibe culturización positiva y edificante a   través  de la radio y televisión y no cuenta  con  los programas  de extensión  de las universidades (hoy  en colapso económico), que en el pasado era un recurso gratuito, y no tiene los estudios – a cualquier nivel – como un elemento transformador  de la personalidad sino como opción para insertarse en el mercado del trabajo.

            En  ese mismo orden  cultural, el gobierno nacional ha llevado  a  cabo  un programa muy costoso dirigido  a obtener la hegemonía comunicacional,  con lo cual ahora posee una importante red  de medios que nutre  de contenidos a sus partidarios de manera  permanente.  Uno de ellos es el diario más  barato y  de más alta  circulación.  Otro diario de la red  es gratuito. Abundan las televisoras y  emisoras radiales oficialistas, y oficinas ocupadas de revisar e incidir en las redes sociales. En adición hay un uso exagerado  de las cadenas informativas que conectan  todas las estaciones radioeléctricas de manera simultánea.

            El mensaje oficial es ideologizado. Busca mantener el  poder alrededor de una propuesta centralizadora, donde  el empleo, la  alimentación, la salud, el transporte, los servicios, educación, deporte y recreación son asuntos de la incumbencia del Estado, aunque subsiste un precario  sector privado sometido a las mayores  presiones y  a la discrecionalidad del funcionariado.

            Por supuesto, el Estado no está en condiciones de atender las necesidades de treinta  millones  de habitantes,  por carecer de los recursos monetarios requeridos (petróleo ya no  es suficiente), por no tener un aparato  de distribución y  control, especialmente que  asegure calidad, por la ausencia de un voluntariado  eficaz, y  por  no  existir una  sociedad  intermedia con  grupos de base que apoye  una iniciativa de atención global a la población. Esto lo digo para destacar que se trata de  la premisa o propuesta centralizadora  gubernamental, puesto que ninguna nación puede sostenerse (salvo condiciones  de penuria como Cuba) dejando  que el eje gobernante  lo haga todo, sin  sector privado  productivo   que asuma responsabilidades concretas, para lo cual, ustedes lo saben, se requiere un ambiente de libertad, seguridad jurídica y  condiciones que propicien iniciativas de crecimiento, expansión y riqueza.

            Visto lo anterior, podemos coincidir en que el ambiente  o los signos  de los tiempos nutren la desconfianza  y  la desarticulación  de la sociedad, para favorecer las opciones personales, personalistas,  individuales  e individualistas, en  detrimento de la cohesión  social y la unidad  de grandes propósitos.

            Frente a esta  situación es necesario tener criterios claros  sobre la  recomposición, reinstitucionalización o mejoramiento del sistema político  de gobierno, pensado o imaginado desde las nuevas coyunturas y  exigencias  sociales para  alcanzar  una implantación que  evite  los problemas  del pasado como la ineficiencia  administrativa, la exclusión  social,  la  corrupción  social  y  de   los entes públicos,  la influencia  de los poderes irregulares, el  fracaso  del modelo  educativo para generar  cambios y el mal uso de los medios de comunicación  social.

            En  ese nuevo sistema democrático,  en  tiempos tan distintos a los de hace medio siglo  y los  recientes, un nuevo papel deben jugar  las   instituciones. Comenzamos por sostener que  los partidos políticos, organizaciones políticas, movimientos y grupos de electores deben seguir existiendo, bajo otros conceptos y superando los errores del pasado.  Junto a ellos deben activar los  sectores independientes, es  decir no partidistas, pero sujetos  a las  condicionantes legales.

  Las Academias Nacionales, de acuerdo a  la ley,  son  instituciones asesoras del Estado venezolano, por   lo cual su  papel debe  ser fundamental en las  áreas correspondientes. Se requiere  una  adecuada comprensión de los gobernantes y una motivación  de  servicio  nacional por parte  de los académicos, sin  afanes  de protagonismo.   Las  universidades se  constituyeron para expandir el conocimiento  de manera sistemática y con el tiempo derivaron hacia centros de  investigación  aplicada  y servicios  a la comunidad.  Bueno, ese  papel debe  ser reasumido para una etapa cambiante y  envuelta en el modernismo. Los  gremios profesionales deben  repensarse, hacia adentro y  hacia afuera,  para que  sean instrumentos al servicio  de una mejor  calidad de  vida  de todos  y no  solo de sus afiliados.

Papel especial, no  desvinculado  del  medio nacional, corresponde  a  los gremios  de  la producción. En este  caso nos interesa la actividad  agropecuaria y dentro de ella  la ganadería,  representada en esta  federación nacional. Es de  tanta importancia  que se impone la creación de una base  legal o jurídica  para todo el  sector, en consonancia  con los   nuevos tiempos para sustentar al productor  como empresario y  convertirlo en un agente económico más estable,  materia que puede  ser objeto de un Código de  Derecho  Agrario, donde   también  se  trate  sobre  la participación  del  trabajador en los beneficios  de las explotaciones agrícolas  y pecuarias.

En los gremios siempre ha existido  la tendencia o  tentación de que  sus  dirigentes  activen en el medio político, lo cual no  es malo per se.  Lo malo está en que lo primero  o el punto de partida  es  que el gremio cumpla  las funciones   para las cuales fue  ideado  o creado. Estas  no son otras que el logro de  la unidad del sector, la integración en torno a políticas y estrategias consensuadas,   el logro de la estabilidad económica del área, en este caso ganadera,   la defensa  frente  a las amenazas sociales,  económicas  y  políticas,  la incidencia  en la  comercialización, la obtención   de beneficios como  adquisición de  equipos  y maquinarias, la responsabilidad social y  la  creación  de   una identidad  gremialista.

Si el gremio no cumple la  misión, sus  dirigentes podrán  ser muy conocidos y aceptados pero  no podrán  ser identificados como gente importante  en la  política pública o   general, porque  si a la verdad nos sometemos,  ser  dirigente ganadero es  también activar  en  la política. Acaso no  se  trata del sector  proveedor de comida y  es la comida  el factor de mayor incidencia a  la hora  de contabilizar  un  resultado electoral.

Imaginemos,  por un  momento, que Fedenaga  es un gremio que cuenta  con las más confiables estadísticas  sobre  espacios  productivos,  cabezas  de ganado, productividad lechera  y cárnica, empleo,  producto bruto, calidad de leche y carne,  niveles de consumo, inversiones existentes a   valores  actualizados, niveles de rentabilidad, política crediticia de la banca,  propuesta  de expansión   de las  áreas ocupadas, estimaciones   ajustadas de crecimiento en  base al  aumento poblacional,  investigaciones genéticas y  sobre  alimentación animal, sistemas  de seguridad, etc.

    Eso implica tener una  oficina especializada o instituto de  alto nivel, con profesional calificado, para obtener  logros de importante  incidencia social y económica, dentro de los cuales  podría  destacar  un  plan  nacional de  aumento  de la producción, con cifras  precisas,   mediante  el aporte  del Estado en  vialidad (cuantificada),  servicios públicos y  seguridad,  libre acceso a los insumos, etc.,  y  contando  con las inversiones  de los afiliados  o potenciales nuevos inversionistas (para quienes el gremio  podría vender su  asesoría).  

Una  propuesta de ustedes en esta orientación, con base y  argumentos,  mostraría un gremio útil a la sociedad, en disposición  de hacer más,  lo  cual tendrá mayor incidencia  que   numerosas  declaraciones  de  dirigentes de la política ya conocida.  Si llegáramos  a  ese   gremio ideal, sus directivos no estarían  buscando posiciones o  ubicación  política, sino que  serían compelidos por el electorado para  asumir compromisos mayores, asumiendo  que  tendrán la misma eficiencia.   Esa  es   la mejor política desde un gremio.

En  este  momento, cuando se insinúan protestas violentas o reprimidas violentamente en varios  estados venezolanos, lo recomendable para  el gremio es que   actúe  con prudencia, que logre presencia activa  en  asuntos  de su  especialidad como por ejemplo ferias y  exposiciones zonales, que  se  tenga  un mensaje  hacia los agremiados y hacia  el país, que el liderazgo  sea institucional y  que la proyección sea de alcance nacional.   No se  requiere competir  con otros  gremios, ni  perfilar una candidatura para  algún  proceso inminente  o lejano.  Es necesario realizar visitas  en todas las entidades, para  fortalecer las asociaciones y abrir nuevos horizontes  institucionales, durante   las   cuales se sostenga el mensaje sin  dejarlo decaer.

Venezuela no  anda buscando que  tengamos un gran  presidente  del gremio, un  líder del sector para   insinuarlo  como candidato presidencial.  No. Lo posible  y  necesario, ahora mismo, es que  Fedenaga sea  un órgano socio – productivo de   peso y  presencia  nacional.

En este  mismo sentido, vinculado a la política, entro  en la parte  final de mi participación.  La  nueva política  venezolana, la   nueva  democracia o  el nuevo modo de  activar en democracia, para rescatar  la confianza y alcanzar la armonía, exige   que los sectores productivos  asuman  un mayor compromiso  con la  sociedad nacional, primero mediante  el logro de  un óptimo funcionamiento interno  que sea  a  la vez un mensaje  claro de integración y unidad, y  en  segundo lugar imponiendo un estilo distinto donde los gremios  interactúen con los partidos  políticos, movimientos o agrupaciones para  hacer  que la expresión y  el sentimiento gremial  de miles  de personas (que son productivas y no parásitas, que arriesgan  su capital todos los  días y  aseguran la alimentación)  forme  parte  del conocimiento del liderazgo  nacional y  que  sirva para  tomar decisiones que, en el caso de los ganaderos,  tienen  la   virtud  de  estar  soportadas en  experiencias, vivencias, logros  y  riesgos que han  servido para acrecentar  la riqueza venezolana. Ganaderos han sido los pioneros, los fundadores e  inventores de los grandes emporios económicos que hoy  son Perijá del Zulia y  el Sur  del Lago de Maracaibo.  Hay autoridad histórica y  moral.

Un gremio fuerte  tendrá la virtud de  hablarle con  fuerza  al estamento  gubernamental, de interactuar respetuosamente con los otros poderes  públicos, pero también servirá para  comprometer  a los partidos (entes  especializados  en política,  pero no  exclusivos en el hacer de la política)  en aceptar que  el camino  es  la integración, la unidad y  el compromiso solidario  para alcanzar  la cohesión nacional (Sociedad armónica).   Vale  la pena  atreverse. Hay una gran oportunidad  para  servir a  Venezuela en medio  de una ilusionada y  apasionada  entrega.